Las posibilidades que tiene “Jorge 40” para aterrizar desde EE.UU. en la JEP

La condena de la mayoría de los exjefes paramilitares en Estados Unidos está llegando a su final. Ya se ha hablado bastante del caso del máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, quien está en la pelea jurídica para que le garanticen la vida y la seguridad al regresar al país y contar lo que sabe sobre las relaciones entre el paramilitarismo y varios sectores políticos y económicos del país.

A su turno, a finales de septiembre se sabe también que regresará a Colombia Rodrigo Tovar Pupo, “Jorge 40”, quien era el segundo al mando del Bloque Norte de las AUC y quien tiene 35 órdenes de captura, 38 medidas de aseguramiento y 1.450 procesos. Es decir, tan pronto llegue a Colombia será arrestado por las autoridades, dijo el comisionado de paz Miguel Ceballos. El Gobierno colombiano también ha informado que desde el sábado pasado se encuentra en una prisión de migración en Pensilvania desde donde podría ser enviado en un avión de la DEA.

La expectativa sobre este otro exjefe paramilitar no es menor, pues, previo a su aterrizaje en el país, pidió ser acogido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No obstante, al menos por ahora, no ha tenido éxito. En enero de este año, los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le negaron la entrada como excombatiente de las AUC argumentando ser un tribunal de paz que no tiene competencia sobre los exintegrantes de grupos paramilitares ni de otros grupos armados ilegales diferentes a las extintas Farc EP.

A pesar de esto, los magistrados de la JEP le han dejado la puerta abierta tanto a Tovar como otros exjefes paramilitares para que puedan ingresar a esta justicia solo si cometieron delitos como terceros civiles, es decir, como financiadores o auspiciadores de organizaciones paramilitares desde 1996 a 1998, antes de ingresar a las AUC.

(Lea también: El exjefe paramilitar “Jorge 40” podría entrar a la JEP como tercero civil)

La historia de Tovar en la JEP comenzó en septiembre de 2019, cuando desde Estados Unidos envió su solicitud de ingreso, argumentando que había participado en el conflicto como “el segundo al mando del Bloque Norte”. Contó que luego de haber recibido el título profesional como administrador agropecuario en 1982, ejerció actividades de su profesión en su departamento como líder gremial en Valledupar en la Federación Nacional de Arroceros del Cesar. Incluso, en el sector público fue inspector de precios y medidas, y Secretario de Hacienda de Valledupar.

Según le relató a la JEP, desde 1996, por la presencia de grupos guerrilleros del ELN y las extintas FARC, quienes incurrían en extorsiones, asesinatos y secuestros, impulsó y financió pequeños grupos de autodefensas. Pero sólo hasta 1998 decidió formar parte activa de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

Más adelante se convertiría en una de las cabezas del Bloque Norte y su nombre en uno de los más mentados y temidos en la Región Caribe. Jorge 40, proveniente de una familia prestante e hijo de un mayor del Ejército, es el responsable de varios hechos atroces, como las masacres del Salado (2000), al sur de Bolívar, donde asesinaron a 60 personas; de Sitio Nuevo (2000), en Magdalena, donde mataron a 40 pescadores; y de Bahía Portete (2004), en la alta Guajira, donde con sevicia los paramilitares acabaron con la vida de 12 indígenas wayú.

(Vea: “Jorge 40”: el regreso del autor de la masacre de El Salado)

A pesar de las afectaciones a miles de víctimas, en su primera decisión, la JEP dejó claro que Tovar ha sido un paramilitar y, en ese sentido, no tiene competencia sobre sus delitos cometidos cuando fue un excombatiente. La magistratura, en reiteradas ocasiones, ha dejado claro que quienes pertenecieron a las AUC “no suscribieron un Acuerdo Final de Paz con el Gobierno Nacional” y tampoco son rebeldes porque no quisieron subvertir el orden constitucional vigente. Al contrario, con ayuda de la Fuerza Pública, en ocasiones, ejecutaron sus delitos.

Para la JEP, su gran oportunidad para saldar cuentas con la justicia era el Tribunal de Justicia y Paz, creado después de la desmovilización de las AUC en 2005, donde debía contar toda la verdad sobre los 600 delitos de desplazamiento, homicidio, tortura, desaparición forzada, reclutamiento, entre otros, que se le había imputado hasta este entonces. Pero fue expulsado en 2015, por el incumplimiento de los compromisos adquiridos: “Prolongó indefinidamente la dilucidación y la materialización de los fines del principio de Justicia y Paz, evadiendo confesiones con el argumento de que habría consultas o subalternos que sin embargo nunca llevó a cambo”, señaló la Corte Suprema hace cinco años.

Por esta razón, los magistrados le negaron su ingreso a la JEP y le dejaron claro que “no es una justicia subsidiaria a la de Justicia y Paz, ni un nuevo escenario de justicia transicional que pueda ser utilizado como una estrategia oportunista para evadir los procedimientos y sanciones de la justicia ordinaria”.

Los togados advirtieron que si de verdad Tovar busca enmendar el daño causado a las víctimas puede acudir a otros escenarios, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas o la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, instancias legales que también surgieron a la luz del Acuerdo de Paz de La Habana.

No obstante, Jorge 40 apeló la decisión y el pasado 28 de agosto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidió reafirmar su postura, así que el proceso fue enviado a la Sección Apelación de la JEP, que ahora tiene la pelota en su campo para tomar la última decisión.

En todo caso, como decíamos, la JEP le dejó la puerta abierta para que entre a esa justicia como tercero civil que será el delito por el que lo juzguen, por eso es que se dice que, aún siendo acogido bajo esa figura, no podrá evadir los cientos de procesos judiciales que tiene en la justicia ordinaria. De todas maneras, la Sala le explicó que si quería entrar como un tercero civil debía “subsanar su solicitud”, que significa volver a armarla y adjuntar las pruebas que demuestren que, tal y como lo afirmó, de 1996 a 1998 auspició grupos de autodefensas. Para eso le concedió 20 días hábiles aunque la defensa del exjefe paramilitar aún está surtiendo la etapa de apelación antes de decidir si solicita ingresar como tercero.

(Le puede interesar: Jorge Tovar no renuncia a ser coordinador de víctimas)

La JEP le recordó que esa decisión no significaba su ingreso inmediato sino que su caso sería objeto de un segundo análisis. También le pidió que expresara, de manera escrita su compromiso concreto, programado y claro de contar la verdad y reparar a las víctimas. Para ello debía establecer hechos y aportar datos; describir los programas que quiere crear para reparar a las víctimas; contar cómo sería su colaboración que podría extender a la Unidad de Búsqueda y la Comisión de la Verdad, y comprometerse a la no repetición.

La última vez que el nombre de Jorge 40 sonó en la opinión pública fue cuando su hijo, Rodrigo Tovar, terminó nombrado como coordinador de víctimas en el Ministerio del Interior en mayo de este año. Para entonces, las organizaciones de víctimas rechazaron la decisión del Gobierno y le recordaron al país que la reconciliación sólo podía ser posible si el exjefe paramilitar asumía su responsabilidad y contaba la verdad de los hechos. Pero eso, hasta el momento, no ha sucedido.

La condena de la mayoría de los exjefes paramilitares en Estados Unidos está llegando a su final. Ya se ha hablado bastante del caso del máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, quien está en la pelea jurídica para que le garanticen la vida y la seguridad al regresar al país y contar lo que sabe sobre las relaciones entre el paramilitarismo y varios sectores políticos y económicos del país.

A su turno, a finales de septiembre se sabe también que regresará a Colombia Rodrigo Tovar Pupo, “Jorge 40”, quien era el segundo al mando del Bloque Norte de las AUC y quien tiene 35 órdenes de captura, 38 medidas de aseguramiento y 1.450 procesos. Es decir, tan pronto llegue a Colombia será arrestado por las autoridades, dijo el comisionado de paz Miguel Ceballos. El Gobierno colombiano también ha informado que desde el sábado pasado se encuentra en una prisión de migración en Pensilvania desde donde podría ser enviado en un avión de la DEA.

La expectativa sobre este otro exjefe paramilitar no es menor, pues, previo a su aterrizaje en el país, pidió ser acogido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No obstante, al menos por ahora, no ha tenido éxito. En enero de este año, los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le negaron la entrada como excombatiente de las AUC argumentando ser un tribunal de paz que no tiene competencia sobre los exintegrantes de grupos paramilitares ni de otros grupos armados ilegales diferentes a las extintas Farc EP.

A pesar de esto, los magistrados de la JEP le han dejado la puerta abierta tanto a Tovar como otros exjefes paramilitares para que puedan ingresar a esta justicia solo si cometieron delitos como terceros civiles, es decir, como financiadores o auspiciadores de organizaciones paramilitares desde 1996 a 1998, antes de ingresar a las AUC.

(Lea también: El exjefe paramilitar “Jorge 40” podría entrar a la JEP como tercero civil)

La historia de Tovar en la JEP comenzó en septiembre de 2019, cuando desde Estados Unidos envió su solicitud de ingreso, argumentando que había participado en el conflicto como “el segundo al mando del Bloque Norte”. Contó que luego de haber recibido el título profesional como administrador agropecuario en 1982, ejerció actividades de su profesión en su departamento como líder gremial en Valledupar en la Federación Nacional de Arroceros del Cesar. Incluso, en el sector público fue inspector de precios y medidas, y Secretario de Hacienda de Valledupar.

Según le relató a la JEP, desde 1996, por la presencia de grupos guerrilleros del ELN y las extintas FARC, quienes incurrían en extorsiones, asesinatos y secuestros, impulsó y financió pequeños grupos de autodefensas. Pero sólo hasta 1998 decidió formar parte activa de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

Más adelante se convertiría en una de las cabezas del Bloque Norte y su nombre en uno de los más mentados y temidos en la Región Caribe. Jorge 40, proveniente de una familia prestante e hijo de un mayor del Ejército, es el responsable de varios hechos atroces, como las masacres del Salado (2000), al sur de Bolívar, donde asesinaron a 60 personas; de Sitio Nuevo (2000), en Magdalena, donde mataron a 40 pescadores; y de Bahía Portete (2004), en la alta Guajira, donde con sevicia los paramilitares acabaron con la vida de 12 indígenas wayú.

(Vea: “Jorge 40”: el regreso del autor de la masacre de El Salado)

A pesar de las afectaciones a miles de víctimas, en su primera decisión, la JEP dejó claro que Tovar ha sido un paramilitar y, en ese sentido, no tiene competencia sobre sus delitos cometidos cuando fue un excombatiente. La magistratura, en reiteradas ocasiones, ha dejado claro que quienes pertenecieron a las AUC “no suscribieron un Acuerdo Final de Paz con el Gobierno Nacional” y tampoco son rebeldes porque no quisieron subvertir el orden constitucional vigente. Al contrario, con ayuda de la Fuerza Pública, en ocasiones, ejecutaron sus delitos.

Para la JEP, su gran oportunidad para saldar cuentas con la justicia era el Tribunal de Justicia y Paz, creado después de la desmovilización de las AUC en 2005, donde debía contar toda la verdad sobre los 600 delitos de desplazamiento, homicidio, tortura, desaparición forzada, reclutamiento, entre otros, que se le había imputado hasta este entonces. Pero fue expulsado en 2015, por el incumplimiento de los compromisos adquiridos: “Prolongó indefinidamente la dilucidación y la materialización de los fines del principio de Justicia y Paz, evadiendo confesiones con el argumento de que habría consultas o subalternos que sin embargo nunca llevó a cambo”, señaló la Corte Suprema hace cinco años.

Por esta razón, los magistrados le negaron su ingreso a la JEP y le dejaron claro que “no es una justicia subsidiaria a la de Justicia y Paz, ni un nuevo escenario de justicia transicional que pueda ser utilizado como una estrategia oportunista para evadir los procedimientos y sanciones de la justicia ordinaria”.

Los togados advirtieron que si de verdad Tovar busca enmendar el daño causado a las víctimas puede acudir a otros escenarios, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas o la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, instancias legales que también surgieron a la luz del Acuerdo de Paz de La Habana.

No obstante, Jorge 40 apeló la decisión y el pasado 28 de agosto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidió reafirmar su postura, así que el proceso fue enviado a la Sección Apelación de la JEP, que ahora tiene la pelota en su campo para tomar la última decisión.

En todo caso, como decíamos, la JEP le dejó la puerta abierta para que entre a esa justicia como tercero civil que será el delito por el que lo juzguen, por eso es que se dice que, aún siendo acogido bajo esa figura, no podrá evadir los cientos de procesos judiciales que tiene en la justicia ordinaria. De todas maneras, la Sala le explicó que si quería entrar como un tercero civil debía “subsanar su solicitud”, que significa volver a armarla y adjuntar las pruebas que demuestren que, tal y como lo afirmó, de 1996 a 1998 auspició grupos de autodefensas. Para eso le concedió 20 días hábiles aunque la defensa del exjefe paramilitar aún está surtiendo la etapa de apelación antes de decidir si solicita ingresar como tercero.

(Le puede interesar: Jorge Tovar no renuncia a ser coordinador de víctimas)

La JEP le recordó que esa decisión no significaba su ingreso inmediato sino que su caso sería objeto de un segundo análisis. También le pidió que expresara, de manera escrita su compromiso concreto, programado y claro de contar la verdad y reparar a las víctimas. Para ello debía establecer hechos y aportar datos; describir los programas que quiere crear para reparar a las víctimas; contar cómo sería su colaboración que podría extender a la Unidad de Búsqueda y la Comisión de la Verdad, y comprometerse a la no repetición.

La última vez que el nombre de Jorge 40 sonó en la opinión pública fue cuando su hijo, Rodrigo Tovar, terminó nombrado como coordinador de víctimas en el Ministerio del Interior en mayo de este año. Para entonces, las organizaciones de víctimas rechazaron la decisión del Gobierno y le recordaron al país que la reconciliación sólo podía ser posible si el exjefe paramilitar asumía su responsabilidad y contaba la verdad de los hechos. Pero eso, hasta el momento, no ha sucedido.