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Se acerca la hora para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imponga las primeras sanciones a los máximos responsables del conflicto armado. Deberá hacerlo este año en los dos casos que lleva más adelantados: el Caso 01, más conocido como secuestro, llamado Toma de rehenes, graves privaciones a la libertad, que incluye los hechos perpetrados por las Farc entre 1993 y 2002; y en el Caso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.
Colombia+20 conoció en primicia la propuesta que radicaron ante la JEP los comparecientes de la antigua guerrilla de las Farc para el cumplimiento de las sanciones propias en el Caso 01, cuya primera e histórica imputación contra el antiguo secretariado se realizó el 28 de enero de 2021.
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El texto contiene, entre otras cosas, varios proyectos para la reparación de sus víctimas, la creación de un mecanismo de consulta con las personas que fueron afectadas por su accionar, los roles que cumplirán los excombatientes en los trabajos a desarrollar en las comunidades y la propuesta sobre el espinoso tema de la restricción de los derechos y libertades.
Las sanciones propias son uno de los tres tipos de sanciones que puede imponer la JEP (las otras dos son las penas alternativas y las ordinarias) y son impuestas a quienes reconozcan de forma exhaustiva su responsabilidad en los hechos más graves cometidos durante el conflicto armado.
Estas sanciones propias tendrán un periodo de cumplimiento entre cinco y ocho años, con restricciones efectivas de libertad y derechos. Quienes decidan no aceptar los delitos que se les imputan ni aportar verdad sobre los hechos que conozcan del conflicto, podrían recibir condenas de hasta 20 años en prisión.
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¿Habrá restricción de libertades?
La restricción de la libertad será el reto más duro para la Sección de Reconocimiento y Responsabilidad del Tribunal para la Paz de la JEP porque los opositores al Acuerdo han reclamado cárcel para los máximos comandantes de la exguerrilla y se han opuesto a que tengan curules en el Congreso. Sin embargo, la esencia del Acuerdo de Paz fue promover una justicia restaurativa que aportara a la reconstrucción de las comunidades, la reparación de las víctimas, la resocialización de los comparecientes, a través de los TOAR (Trabajos, Obras, Actividades con contenido reparador y restaurador). ¿Pero cómo se logra eso, por ejemplo, con los excombatientes que son congresistas?
El documento cobija en principio al último secretariado que tuvo esta guerrilla y cuyos miembros participaron el 21, 22 y 23 de junio pasado en la primera audiencia de reconocimiento por secuestro, donde pidieron perdón y reconocieron ese crimen. Ese grupo está conformado por Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra, Rodrigo Granda, Julián Gallo y Milton de Jesús Toncel.
“Lo primero es dejar claro que de las 10 personas que están en el Congreso, solo dos (Pablo Catatumbo y Julián Gallo) son comparecientes ante la JEP. Para los firmantes es fundamental que se respete el derecho a la participación en política que está previsto en el Acuerdo, además de la participación en la implementación, el proceso de reincorporación y ahora las condiciones de seguridad”, explicó a Colombia+20 Felipe León, coordinador del equipo jurídico de TOAR de los ex Farc.
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El documento afirma que en la fijación de los horarios para la ejecución de los proyectos, el lugar de estos y la residencia del compareciente debe haber una “ponderación judicial” entre la restricción efectiva y “su compatibilidad con la participación en política, tareas u obligaciones derivadas de la implementación del Acuerdo Final de Paz”. El abogado León reconoce que no será fácil. “Sabemos que será incómodo para muchos sectores de la sociedad, pero eso fue lo que se pactó, eso se firmó y así está. Justamente la dejación de las armas llevaba consigo el compromiso de la participación en política. Esa es la esencia del Acuerdo”, afirma.
El proyecto también aborda la restricción al movimiento, a las libertades y a la residencia de los comparecientes. León lo explica así: “La propuesta es que mientras el compareciente esté ejecutando el proyecto tendrá restricción de movimiento en el lugar en donde se haga ese proyecto. Pongo un ejemplo: la persona vive en Bogotá, pero el proyecto es en Dabeiba, Antioquia. Entonces los días o semanas que esté ejecutando el proyecto allí no puede moverse de Dabeiba. El Mecanismo de Verificación que se activó con ONU debe ser el que verifique que esa persona estuvo allí. Ahí entra la segunda parte: no es que se vaya a otro lado, sino que debe volver a su lugar de residencia. Entonces la JEP debe verificar que el compareciente vaya efectivamente al lugar de ejecución del proyecto, que esté allá y no se mueva mientras se dé esa ejecución y que regrese a su lugar de residencia”, explica León.
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El texto remarca que se deben tener en cuenta las condiciones de dignidad de los procesos de reincorporación y que para ello presentarán ante la JEP “una ficha con los perfiles actuales, situación de salud, actividades y responsabilidades de cada compareciente”. Asimismo, pide tener en cuenta las condiciones de seguridad para los excombatientes, dado que ya van 342 firmantes asesinados desde 2016.
Estas propuestas no son en absoluto definitivas. Se trata apenas de un proyecto que los comparecientes le presentaron a la Sala de Reconocimiento, y que debe ser consultado con las víctimas. Luego de una revisión y aprobación, la Sala incorpora las propuestas en la resolución de conclusiones que le entrega a la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz, que puede devolverla o modificarla y, finalmente, imponer las sanciones propias en la sentencia que emita.
Los proyectos de restauración
La propuesta contempla proyectos para la reconstrucción de memoria y la reparación simbólica, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la acción integral contra las minas antipersonal y la contribución al medioambiente como víctima del conflicto.
Sobre el primer componente se propone un libro y un audiolibro construidos entre las partes con el relato de las historias de vida de víctimas y comparecientes. “No se trata de las memorias de las Farc, sino de las memorias de las víctimas. Los comparecientes tienen que impulsar esas acciones”, indica el abogado.
También incluye pedagogía sobre la memoria transformativa a partir de la reconstrucción de los hechos acontecidos en la guerra. De acuerdo con el documento, “deberá dictarse en un número preestablecido de sesiones” e incluir el “origen, causas y desarrollo del conflicto colombiano, el reto de construir paz en Colombia; los daños, afectaciones, importancia de las víctimas y su memoria y la prevención para la no repetición”.
“Sabemos que será incómodo para muchos sectores de la sociedad, pero eso fue lo que se pactó, eso se firmó y así está. Justamente la dejación de las armas llevaba consigo el compromiso de la participación en política. Esa es la esencia del Acuerdo”.
Felipe León, coordinador del equipo jurídico de TOAR de los ex Farc
Ese componente también incluye el impulso y radicación de proyectos de ley desde las curules de los antiguos miembros de las Farc en el Congreso “que reconozcan el daño a las familias víctimas del conflicto y a las organizaciones y a su vez exalte la construcción de la memoria histórica”.
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Sobre las personas dadas por desaparecidas, la propuesta comprende entre otras acciones una cartografía nacional y regional sobre sitios de posible enterramiento, jornadas nacionales para la búsqueda de información relevante que permita aportar al esclarecimiento de casos de desaparición forzada y otras para la entrega de restos en condiciones de dignidad. Además, cartas personales de reconocimiento de responsabilidad que serán de dos tipos: unas en las que se pedirá perdón a las familias y otras dirigidas a la opinión pública y medios de comunicación en los que se reconozcan esos actos.
Igualmente, se propone la realización de encuentros regionales de solicitud de perdón, una cátedra abierta “para decir nunca más a la desaparición forzada”, proyectos de ley que exalten la labor de las familias buscadoras. También un libro in memoriam de las víctimas de desaparición forzada y las personas buscadoras y la elaboración de placas en las calles principales en las capitales del país y cabeceras municipales de los municipios PDET “con los nombres de las víctimas, en general, y de las víctimas de desaparición forzada, en particular”. Por último, placas que se instalarán con un mensaje en los lugares frecuentados por las víctimas de desaparición forzada.
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El componente sobre las acciones contra las minas antipersonal comprende el suministro de información de territorios y áreas sospechosas de contaminación de este tipo de artefactos, así como municiones sin explosionar o trampas explosivas. De este punto, un piloto ya se adelantó en varias zonas del país (vereda El Orejón en Briceño, Antioquia, y vereda Santa Helena en Mesetas, Meta).
También se propone una reparación simbólica a sobrevivientes de minas antipersonal a través de encuentros nacionales, visitas regionales, acompañamiento psicosocial y “apoyo, en casos particulares, en la ubicación y entrega de cuerpos de víctimas”. Además, se contempla educación en riesgo de las minas y actividades de incidencia pública.
El último tipo de proyecto propuesto por los ex Farc es denominado Suma-PAZ y está concentrado en el reconocimiento del medioambiente como víctima, especialmente del territorio aledaño a ese páramo. Por ello, contempla acciones de restauración a ecosistemas del bosque andino, de ecoturismo y de educación ambiental.
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Los tres roles para cumplir las sanciones
La defensa de los comparecientes afirma que para determinar el papel de los excombatientes en los proyectos de sanción deberán tenerse en cuenta las capacidades físicas y los saberes de los sancionados. En el documento presentan tres roles: líderes de proyecto, quienes dirigirán las fases regionales. El documento afirma que deberían ejercer esta función “personas que por su trayectoria” en las antiguas Farc tengan “mayor legitimidad entre antiguos mandos y base” para cohesionar al grupo.
Sobre este punto, León explica que no se trata de que quienes tenían mando de guerra siguen ordenando a otros en la reincorporación para ejecutar las sanciones: “Es que así funciona el esquema por el tipo de liderazgo, de legitimidad, de reconocimiento, de respeto y de influencia que tienen unos comparecientes sobre las personas. No en todos los casos es así, por supuesto”.
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El segundo rol es el de los líderes territoriales, cuya tarea será ejecutar los proyectos en terreno. La propuesta recomienda a excombatientes que tengan “mayor relación, conocimiento y/o arraigo al territorio donde se ejecutará el trabajo de reparación. El tercer rol es el de los ejecutores voluntarios que incluye a “firmantes del Acuerdo, comparecientes o no ante la JEP, vinculados o no al macrocaso por el que se impone la sanción, que tienen interés en ejecutar los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador”.
Tanto en el primero como en el segundo rol se trataría de comparecientes a quienes la JEP les imponga las sanciones de cinco a ocho años.
Otros puntos de la propuesta
El proyecto, que según se afirma se construyó con base en “acercamientos y escuchas activas de las víctimas, sus afectaciones, daños, ideas y propuestas”, contempla tres criterios fundamentales: que tenga el mayor impacto reparador y restaurador posible, la aceptabilidad jurídica y la viabilidad técnica.
Para ello, los excombatientes afirman que se necesitan cinco elementos en la formulación de cada proyecto: la centralidad de las víctimas, las condiciones de seguridad para cada compareciente, el momento vital -que encierran la situación familiar, de salud y condición física, los saberes propios y el arraigo de cada excombatiente-. También los procesos colectivos que ya llevan por ejemplo las cooperativas de los firmantes del Acuerdo de Paz y la oferta institucional y la delimitación de las subregiones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
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Así mismo, la propuesta afirma que tendrá un enfoque diferencial en el que se dará relevancia a niños, niñas y adolescentes, personas mayores y/o con discapacidad, tendrá perspectiva de género, étnico-racial y territorial.
Sobre el mecanismo de consulta con las organizaciones, contemplado por la JEP, el documento propone que este no solo cobije a las víctimas acreditadas ante la jurisdicción. Además, que los encuentros cuenten con las condiciones de bienestar emocional de los participantes y que las actividades y metodologías que se desarrollen sean concertadas. También que “el mecanismo solo sea de carácter consultivo y no deliberativo”.
Esos espacios de consulta, afirma la propuesta, podrían hacerse a través de las Mesas de Víctimas municipales y departamentales o de los Consejos territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia. Sin embargo, hacen énfasis en que debe haber una focalización a nivel veredal y barrial con las Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas de Acción Local (JAL).
Los exfarc contemplan las fases de ese mecanismo como un diálogo entre víctimas y comparecientes, la retroalimentación de los proyectos de sanción propuestos ante la Sala y las víctimas, y la presentación final de estos.
