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El 29 de octubre de 2008, el Gobierno Nacional anunció una purga sin precedentes en el Ejército: 27 altos mandos militares fueron retirados de sus cargos tras destaparse el escándalo en el que jóvenes desaparecidos en Soacha, al sur de Bogotá, fueron encontrados muertos en Ocaña (Norte de Santander) como guerrilleros muertos en combate por el Ejército. Era el origen de lo que se conocería como el fenómeno de los ‘falsos positivos’. Cinco días después, el 4 de noviembre, el propio comandante del Ejército, Mario Montoya, renunció a su cargo y apareció el nombre de su reemplazo: el general Óscar Enrique González Peña.
Se trataba del hombre que había seguido los pasos de Montoya en cada una de las comandancias que él iba dejando a medida que ascendía en el escalafón del Ejército. Lo reemplazó en la Cuarta Brigada en 2003, luego en la División que tenía a cargo esa brigada en 2005 (primera en el caso de Montoya y séptima en el caso de González Peña) y luego en el Comando Conjunto No.1 Caribe, en 2006.
En ese momento, se mostró al general González Peña como el encargado de liderar la estrategia para ponerle fin a los ‘falsos positivos’ en las filas. Sin embargo, un documento que llegará a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el próximo 2 de septiembre, pone en tela de juicio el papel del general no solo cuando asumió la comandancia del Ejército, sino a lo largo de su trayectoria, desde que en diciembre de 2003 asumió como comandante de la Cuarta Brigada, con jurisdicción en Antioquia. “La Continuación de la Política del Horror”, se titula la investigación, entregada por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en la que le endilgan responsabilidad al general (r) en 1.653 ejecuciones extrajudiciales.
Formalmente, el general (r) González Peña no ha sido vinculado a investigación alguna por esos hechos, aunque la Fiscalía investiga casos sucedidos a manos de unidades del Ejército bajo su jurisdicción. Sin embargo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, de cuyo observatorio salen los casos endilgados en el documento al general (r), fue una de las fuentes principales para que la JEP estableciera la cifra de ‘falsos positivos’ en 6.402.
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El jueves 17 de marzo de 2005, Ovidio de Jesús Durán Montes, un campesino y líder comunitario de Sonsón (oriente antioqueño) salió de su finca en la vereda La Ciénaga, donde era presidente de la junta, hacia una casa vecina para hacer labores de construcción. Esa fue la última vez que su esposa y sus seis hijas lo vieron con vida. En la noche del viernes, escucharon disparos de arma de fuego en una vereda aledaña y el sábado vieron que un helicóptero del Ejército aterrizó en la zona.
Lo siguiente que supieron de él fue que el domingo apareció muerto en la morgue del municipio de Rionegro, reportado por miembros del Batallón Grupo de Caballería Mecanizada No. 4 Juan del Corral como guerrillero muerto en combate. Se había encontrado junto a su cadáver armamento y munición.
Quince días antes de ese hecho, militares acantonados en la base militar del municipio aledaño de Argelia habían retenido a Francelly Durán, una de las hijas de Ovidio de Jesús Durán, con el argumento de que era guerrillera. La condición impuesta por los uniformados para dejarla en libertad era que su padre debía presentarse en esa base, como en efecto lo hizo al día siguiente. Una vez en la base, según contó después a sus familiares, le dieron almuerzo, lo trataron bien, le tomaron las huellas dactilares y le tomaron fotografías. Según creen sus familiares y sus representantes, desde ese día Ovidio de Jesús Durán quedó sentenciado.
El batallón Juan del Corral pertenece a la Cuarta Brigada del Ejército, que para esa época estaba al mando del general González Peña. El de Ovidio de Jesús Durán es uno de los 318 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que la investigación le atribuye al general (r) mientras fue comandante de la Cuarta Brigada, entre diciembre de 2003 y julio de 2005. De esos, el informe documenta explícitamente 88 casos, en los que pone de presente el nombre de la víctima, la fecha en que ocurrió su asesinato, el lugar y las circunstancias en que ocurrió.
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No solo se vinculó al general (r) en esos casos por su cargo de comandante de la brigada para la época de los hechos, sino que se recogieron testimonios obtenidos por la Fiscalía en que miembros de unidades bajo su mando lo señalaron de ser quien ejercía presión sobre los comandantes de batallones para mostrar “bajas enemigas”. Así fue en el caso del capitán Beismarck Salamanca Nempeque, quien se desempeñó como comandante de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEUR No. 5) mientras González Peña era el comandante de la brigada.
Salamanca Nempeque fue condenado en 2015 por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir por tres eventos de ejecuciones extrajudiciales que dejaron cinco víctimas. En ese proceso, un soldado declaró: “(Salamanca Nempeque) reunió a la agrupación a decirles que había que dar resultados operacionales porque lo estaban presionando de la brigada. Para nadie es un secreto que en ese entonces en esa unidad se presionaba para dar resultados; esa presión era dar bajas porque las capturas no servían”.
Otro testimonio recogido en la investigación y que también fue incluido en el informe de Human Rights Watch de 2015 sobre ‘falsos positivos’ es el de un suboficial retirado que informó a la Fiscalía sobre siete de esos casos en los que participó o tuvo conocimiento mientras integró la AFEUR No. 5. Dijo que uno de sus comandantes había recibido presiones del general González Peña para que mostrara resultados.
“El comandante de la brigada, general González Peña, le había dicho a él que lo iba a relevar porque no había hecho ningún resultado. (El comandante) me llamó y me dijo que le tenía que dar un resultado esa misma noche. Esa noche buscaron un muchacho que supuestamente era un delincuente y resultó siendo un vendedor de aguacate; lo subieron por un camino y le dispararon”.
“Dada la masividad de casos y el evidente conocimiento de todas las etapas de dicha práctica, por mandos medios y altos, las declaraciones de los soldados pertenecientes a la AFEUR No. 5 revelaron el control de Óscar Enrique González Peña sobre las actuaciones de dicha unidad especial y el conocimiento previo y pleno exigiendo y presionando por la presentación de altos resultados de muertes en combate que ubicaran a su unidad como la número uno entre todas las unidades del país”, se lee en el documento. Mientras González Peña fue comandante de la Cuarta Brigada, su superior fue el general Mario Montoya, entonces comandante de la Primera División.
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En agosto de 2005, González Peña ascendió a comandante de la Séptima División, que quedó bajo el mando del Comando Conjunto No.1 Caribe, que entró a dirigir el general Montoya. En esa división estuvo hasta octubre de 2006, lapso en el cual la investigación le atribuye 150 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales, de los cuales 62 se exponen de forma detallada en el documento.
Pero la comandancia en la que más casos de ‘falsos positivos’ se le atribuyen al general (r) es la que desempeñó en el Comando Conjunto No.1 Caribe, desde marzo de 2006 – cuando reemplazó a Montoya – hasta noviembre de 2008. En ese lapso, estuvo al mando de las unidades que cometieron algunos de los casos más emblemáticos de este fenómeno, como el de los 11 jóvenes de Toluviejo o lo descubierto recientemente en Dabeiba por la JEP.
En julio de 2007, 11 jóvenes del municipio sucreño de Toluviejo fueron contactados por civiles (reclutadores) que se los llevaron con la promesa de trabajar en fincas de ese departamento y de Córdoba. Con el paso de los meses, empezaron a aparecer reportados como guerrilleros muertos en combate por la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre y el Gaula Córdoba de la Brigada XI. Ambas estructuras pertenecían al Comando Conjunto No. 1 Caribe, al mando de González Peña.
Entre 2005 y 2007, militares pertenecientes a la Brigada XI, como se supo después en la JEP, asesinaron y presentaron como guerrilleros muertos en combate a jóvenes del municipio de Dabeiba que luego quedaron enterrados en el cementerio de ese municipio. Para esa época, González Peña fue el comandante de la Séptima División, a la que pertenecía la Brigada XI, y del Comando Conjunto del Caribe, al que pertenecía la Séptima División.
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En total, en todo su periodo de comandancia de ese comando conjunto, entre marzo de 2006 y noviembre de 2008, el informe le atribuye 1.130 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales, de los cuales se detallan en la investigación 190 casos. En 2006, el general González Peña fue exaltado por el comandante general de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla, como el mejor comandante de tropa en todo el país durante ese año, por encima de cualquier comandante de división, brigada, fuerza de tarea conjunta, fuerza naval y base aérea.
Además, existe un testimonio que el teniente coronel Robinson González del Río, quien ha reconocido responsabilidad en casos de ‘falsos positivos’, entregó a la Fiscalía. Según lo dicho por él, cuando comandó el Gaula Antioquia, adscrito a la Cuarta Brigada, González Peña, entonces comandante del Comando Conjunto del Caribe, le habría sugerido que trabajara con organizaciones criminales (paramilitares) para cometer ‘falsos positivos’.
Ya como comandante del Ejército, entre noviembre de 2008, tras la salida del general Montoya, y agosto de 2010, el informe le atribuye 128 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales, de los cuales se detallan 12. Además, el documento recogió que en 2009, el inspector general del Ejército, Carlos Suárez, informó a la embajada de Estados Unidos en Bogotá que González Peña, comandante del Ejército, era uno de los oficiales involucrados en ‘falsos positivos’ o que los aprobaron tácitamente. Asimismo, que él le había ordenado detener las investigaciones relacionadas con esa conducta porque “estaban minando la moral de los oficiales y conduciendo a menos asesinatos en combate”.
Liliana Durán Pérez es una de las hijas de Ovidio de Jesús Durán, víctima de esta práctica. Tras su asesinato en marzo de 2005, su familia salió desplazada de la finca, que terminaron perdiendo. Cuenta que como su madre, Consuelo de Jesús Pérez, no podía sostener a las seis hijas, las mayores de 14 se fueron a trabajar en Sonsón en casas de familia y en otros oficios. Con los años Liliana se unió al colectivo de víctimas Tejiendo Memorias, que reúne víctimas de ‘falsos positivos’ en Antioquia, y ha participado en otras entregas de informes sobre ese fenómeno a la JEP. Actualmente, cuenta con medidas de protección porque ha recibido amenazas. “Yo no quisiera que nadie fuera condenado por eso. No me gustaría decir ‘qué bueno que se vayan a la cárcel’, porque a esas personas las separarían de sus familias. Las personas que hicieron eso ya el daño nos lo hicieron; queremos escuchar es la verdad”, reclama hoy.
