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El general (r) Mario Montoya Uribe comparece este jueves ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de la investigación por los denominados falsos positivos mientras fue comandante del Ejército.
Durante el inicio de la diligencia, la secretaría de la JEP enumeró los procesos y denuncias que obran en la justicia ordinaria contra el oficial en retiro. Para ello, el pasado 28 de agosto, la Sala, al conocer las investigaciones por presuntas violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH por cuenta de Montoya, ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP que practicara una inspección judicial para identificar los hechos y las víctimas de tales investigaciones.
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Entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre, esa unidad de la JEP recopiló información que sirvió como base para realizar la diligencia para la firma del acta de sometimiento a este sistema de justicia transicional. En el expediente no solo se menciona a Montoya Uribe, sino también a los generales del Ejército Luis Roberto Pico Hernández, Óscar González Peña y Jorge Arturo Salgado Restrepo por su posible responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida. Contra los altos oficiales testificó el coronel Luis Fernando Borja Aristizábal.
Asimismo, para llamar a comparecer a Montoya Uribe la Sala también tuvo en cuenta hechos como la Operación Orión, registrada el 16 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín. Tras esta actuación, en la que participaron uniformados de la IV Brigada, se denunciaron homicidios, desapariciones forzadas y heridos. En ese momento el general en retiro fungía como comandante de esa unidad militar.
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Entre los hechos por los cuales también se investiga a Montoya Uribe también se incluyen los denominados falsos positivos de Soacha y Bogotá. Las madres que hacen parte de este colectivo también comparecieron a esta diligencia y, antes de que se diera inicio, exigieron a Montoya que contribuyera al esclarecimiento de la verdad.
A esos casos, se sumaron una veintena de víctimas en distintas zonas del país. No obstante, durante la diligencia se advirtió que el número de víctimas puede ser superior.
Entre tanto, con pancartas y afiches, grupos de ciudadanos se manifestaron frente a la sede de la JEP, en Bogotá, y mostraron su desacuerdo ante la intención del oficial en retiro de probar su inocencia en el sistema de justicia transicional. “Queremos que Montoya diga la verdad”, clamaron.
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Desde Medellín, Adriana Arboleda, representante de víctimas de violaciones a los DD.HH. tras la Operación Orión, criticó que no se hubiesen convocado a las personas afectadas por ejecuciones extrajudiciales en la Comuna 13. “Nos preocupa que no las hayan convocado. ¿Cómo hacemos para que las víctimas de Medellín participen a una audiencia en Bogotá? Nos preocupa que no se tenga en cuenta el enfoque territorial”, indicó.
El general (r) solicitó en julio pasado someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Con la audiencia de este jueves, Montoya deberá firmar un acta de sometimiento con el compromiso de aportar al esclarecimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y a la no repetición de las conductas.
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Cabe recordar que en la jurisdicción ordinaria el proceso que se adelantaba en contra de Montoya por su posible responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales no prosperó. Desde inicios de 2016, se intentó realizar la diligencia de imputación de cargos –a través de la cual se inicia formalmente la investigación penal-, sin embargo, la audiencia quedó aplazada desde entonces.
Montoya, a través de su abogado Andrés Garzón, ha insistido en su inocencia y que sus órdenes estuvieron ajustadas a la ley.