Los miedos de los militares en la JEP

En los cuarteles de invierno de los militares y policías retirados se cocina un plan para evitar que lo que ellos consideran puntos de honor sean evacuados del Acto Legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata de una carta al presidente Juan Manuel Santos que estaría firmada por más de 20 generales, entre ellos excomandantes de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea y exdirectores de la Policía. Son los mismos oficiales en retiro que han impulsado una proposición, radicada ante la Comisión Primera del Senado, para despejar, según dicen, “dudas que ponen en peligro su seguridad jurídica”.

Por eso se reunieron ayer en la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), con el fin de ultimar los detalles de la mencionada carta que enviarán al primer mandatario. El Espectador conoció el borrador de la misiva y en ella los militares retirados expresan su malestar por los términos con los que se ha tramitado la JEP, que esta semana tendrá que iniciar su curso en el Senado, y su preocupación por dos de las personas que integran el comité seleccionador de los magistrados de dicho sistema transicional.

“Nos permitimos informarle que se ha radicado una proposición ante la Comisión Primera del Senado de la República a través de la cual se señala la necesidad de modificar algunos apartes del Capítulo VII en relación con el tratamiento especial diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública, señalándose las conductas punibles que entrarían a esta jurisdicción y lo concerniente a la responsabilidad de mando frente a los hechos que sean motivo de investigación, judicialización y sanción penal”, dirá la carta firmada, entre otros, por los generales (r) Luis Ernesto Gilibert, Rafael Zamudio, Héctor Camilo Zúñiga, Fabio Zapata Vargas, Manuel José Bonnet y Jorge Enrique Mora Rangel, este último miembro de la delegación de paz en La Habana.

“Por otra parte, señor presidente, queremos expresar nuestra preocupación por la presencia en la Comisión que elegirá a los magistrados de la JEP de algunas personas que no ofrecen a nuestras instituciones militares y de policía mayor garantía en cuanto a idoneidad e imparcialidad respecto a las funciones que les correspondería al interior de esta jurisdicción, teniendo en cuenta su reconocido perfil y antecedentes que los señalan como activistas destacados dentro de la extrema izquierda radical a nivel regional e internacional”, señala el documento.

Y agrega: “Nos referimos, señor presidente, por ahora a estas personas: Diego García-Sayán, ciudadano peruano designado por la ONU, quien como ministro de Justicia de su país firmó distintas resoluciones para acortar penas y rebajas de sentencias en favor de muchos terroristas pertenecientes a Sendero Luminoso. Como miembro de la Comisión Andina de Juristas, impulsó también varias amnistías e indultos en beneficio de esta organización. En su condición de juez y presidente de la CIDH, participó en fallos condenatorios contra nuestro país como las masacres de Mapiripán, Pueblo Bello, Ituango, y otros casos relacionados con supuesta desaparición”.

La otra persona es al argentino Juan E. Méndez, designado por el Centro Internacional de Justicia Transicional para la tarea de escoger a los magistrados de la JEP. Al respecto, los oficiales expresan: “En su condición de abogado tuvo participación directa en la defensa de integrantes de organizaciones terroristas peronistas. Fue sometido a varios arrestos durante el gobierno de la Junta Militar. Queremos expresarle que en nuestra condición de exministros de Defensa y comandantes de la Fuerza Pública, frente a esta crítica situación, usted como jefe supremo de nuestras Fuerzas Armadas, símbolo de la unidad nacional, es la única autoridad que en este momento institucional e histórico tiene la capacidad para resolver y garantizar la seguridad jurídica de nuestras Fuerzas Armadas, defensoras insustituibles del orden constitucional”.

Finalmente se refieren a lo que bien puede interpretarse como un malestar general entre los militares y policías hoy activos: “Quienes alcanzamos los más altos cargos al interior en la institución militar, conscientes de que la nación está por encima de todas las contingencias, no podemos ser inferiores al reclamo o expectativas de los subalternos que antiguamente comandamos para reiterarle respetuosamente el anhelado cumplimiento de ese gran compromiso adquirido respecto de la JEP”.

En concreto, los miembros de Acore sienten que se les está incumpliendo la palabra empeñada del jefe de Estado en cuanto a que sus actuaciones en desarrollo de la guerra no serán juzgadas a la luz del Estatuto de Roma y que no habrá responsabilidad del mando en otras como los falsos positivos. Preocupaciones que han recorrido los cuarteles desde el 23 de septiembre de 2016, cuando se alcanzó un acuerdo con las Farc en materia de justicia. Tanta ha sido la presión de este grupo de exuniformados que hay quienes cuentan que pusieron contra las cuerdas el presidente el día de la firma del Acuerdo en el Teatro Colón y le exigieron que entre las correcciones de última hora se incluyera esta petición a cambio de no dar a conocer la carta de renuncia de los altos mandos militares. 

En los cuarteles de invierno de los militares y policías retirados se cocina un plan para evitar que lo que ellos consideran puntos de honor sean evacuados del Acto Legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata de una carta al presidente Juan Manuel Santos que estaría firmada por más de 20 generales, entre ellos excomandantes de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea y exdirectores de la Policía. Son los mismos oficiales en retiro que han impulsado una proposición, radicada ante la Comisión Primera del Senado, para despejar, según dicen, “dudas que ponen en peligro su seguridad jurídica”.

Por eso se reunieron ayer en la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), con el fin de ultimar los detalles de la mencionada carta que enviarán al primer mandatario. El Espectador conoció el borrador de la misiva y en ella los militares retirados expresan su malestar por los términos con los que se ha tramitado la JEP, que esta semana tendrá que iniciar su curso en el Senado, y su preocupación por dos de las personas que integran el comité seleccionador de los magistrados de dicho sistema transicional.

“Nos permitimos informarle que se ha radicado una proposición ante la Comisión Primera del Senado de la República a través de la cual se señala la necesidad de modificar algunos apartes del Capítulo VII en relación con el tratamiento especial diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública, señalándose las conductas punibles que entrarían a esta jurisdicción y lo concerniente a la responsabilidad de mando frente a los hechos que sean motivo de investigación, judicialización y sanción penal”, dirá la carta firmada, entre otros, por los generales (r) Luis Ernesto Gilibert, Rafael Zamudio, Héctor Camilo Zúñiga, Fabio Zapata Vargas, Manuel José Bonnet y Jorge Enrique Mora Rangel, este último miembro de la delegación de paz en La Habana.

“Por otra parte, señor presidente, queremos expresar nuestra preocupación por la presencia en la Comisión que elegirá a los magistrados de la JEP de algunas personas que no ofrecen a nuestras instituciones militares y de policía mayor garantía en cuanto a idoneidad e imparcialidad respecto a las funciones que les correspondería al interior de esta jurisdicción, teniendo en cuenta su reconocido perfil y antecedentes que los señalan como activistas destacados dentro de la extrema izquierda radical a nivel regional e internacional”, señala el documento.

Y agrega: “Nos referimos, señor presidente, por ahora a estas personas: Diego García-Sayán, ciudadano peruano designado por la ONU, quien como ministro de Justicia de su país firmó distintas resoluciones para acortar penas y rebajas de sentencias en favor de muchos terroristas pertenecientes a Sendero Luminoso. Como miembro de la Comisión Andina de Juristas, impulsó también varias amnistías e indultos en beneficio de esta organización. En su condición de juez y presidente de la CIDH, participó en fallos condenatorios contra nuestro país como las masacres de Mapiripán, Pueblo Bello, Ituango, y otros casos relacionados con supuesta desaparición”.

La otra persona es al argentino Juan E. Méndez, designado por el Centro Internacional de Justicia Transicional para la tarea de escoger a los magistrados de la JEP. Al respecto, los oficiales expresan: “En su condición de abogado tuvo participación directa en la defensa de integrantes de organizaciones terroristas peronistas. Fue sometido a varios arrestos durante el gobierno de la Junta Militar. Queremos expresarle que en nuestra condición de exministros de Defensa y comandantes de la Fuerza Pública, frente a esta crítica situación, usted como jefe supremo de nuestras Fuerzas Armadas, símbolo de la unidad nacional, es la única autoridad que en este momento institucional e histórico tiene la capacidad para resolver y garantizar la seguridad jurídica de nuestras Fuerzas Armadas, defensoras insustituibles del orden constitucional”.

Finalmente se refieren a lo que bien puede interpretarse como un malestar general entre los militares y policías hoy activos: “Quienes alcanzamos los más altos cargos al interior en la institución militar, conscientes de que la nación está por encima de todas las contingencias, no podemos ser inferiores al reclamo o expectativas de los subalternos que antiguamente comandamos para reiterarle respetuosamente el anhelado cumplimiento de ese gran compromiso adquirido respecto de la JEP”.

En concreto, los miembros de Acore sienten que se les está incumpliendo la palabra empeñada del jefe de Estado en cuanto a que sus actuaciones en desarrollo de la guerra no serán juzgadas a la luz del Estatuto de Roma y que no habrá responsabilidad del mando en otras como los falsos positivos. Preocupaciones que han recorrido los cuarteles desde el 23 de septiembre de 2016, cuando se alcanzó un acuerdo con las Farc en materia de justicia. Tanta ha sido la presión de este grupo de exuniformados que hay quienes cuentan que pusieron contra las cuerdas el presidente el día de la firma del Acuerdo en el Teatro Colón y le exigieron que entre las correcciones de última hora se incluyera esta petición a cambio de no dar a conocer la carta de renuncia de los altos mandos militares.