Los nuevos casos de la JEP para masacres, desplazamiento, desaparición y violencia sexual

En cuestión de semanas la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá dos nuevos casos, que se sumarán a los siete macrocasos que esa justicia ya tiene abiertos para investigar lo sucedido durante el conflicto armado en Colombia. A diferencia de los abiertos hasta ahora, enfocados en delitos o casos específicos (secuestro, reclutamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y victimizaciones de miembros de la Unión Patriótica) o regiones particulares (Pacífico nariñense, norte del Cauca y Urabá), estos serán “casos sombrilla”, que estudiarán diversos delitos en conjunto, cometidos por las Farc y por la Fuerza Pública en alianza con grupos paramilitares.

Así lo anunció ayer Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, quien explicó que dentro de esos dos “casos sombrilla” -uno para las Farc y el otro para la Fuerza Pública y sus alianzas con los paramilitares- se investigarán los delitos de desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual y masacres. “Esta lógica de investigación permite comprender la complejidad del conflicto y reconocer que estos actos no se dan de manera aislada y que tienen una relación estrecha entre sí: el uso de la violencia sexual como instrumento de guerra genera temor en las regiones y provoca el desplazamiento de sus poblaciones”, ejemplificó Cifuentes. Agregó que esa metodología de “casos sombrilla” busca establecer los patrones de macrocriminalidad y los diferentes repertorios que los conforman.

Según esa estrategia de investigación, el caso de las Farc tendrá tres subcasos: medios y métodos ilícitos de guerra, crímenes no amnistiables cometidos por estructuras urbanas de las Farc y control territorial y social. Es en este último en el que aparecerán el desplazamiento, la violencia sexual y la desaparición. Para el caso que se abrirá para investigar las relaciones entre paramilitares y agentes del Estado, el togado no entregó mayores detalles.

(Lea también: Finca donde habría desaparecidos está arrendada a sobrino de un exministro)

En principio, los dos nuevos casos parecerían responder a las peticiones que desde hace años sectores de víctimas han elevado a la JEP para que abra casos específicos para la violencia sexual o la desaparición forzada. Sin embargo, hay opiniones divididas en cuanto al anuncio de la JEP.

Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), respaldó el anuncio del presidente de la Jurisdicción en lo concerniente a la manera en que está siendo tratado el desplazamiento forzado en esa justicia. “Lo primero que debo decir es que queda claro que el tema desplazamiento está siendo considerado de manera robusta, fuerte y significativa por la JEP”, sostuvo.

“Los ‘casos sombrilla’ los entendimos como análisis de situaciones donde se combinan muchas dinámicas de vulneración de derechos, y que no tiene sentido estudiar el desplazamiento por sí solo, porque está interconectado con otros fenómenos. El desplazamiento es la punta del iceberg: la gente ya ha sido víctima porque les han reclutado a los hijos o han sido víctimas de minas antipersonal, toma de pueblos, bombardeos indiscriminados, masacres. Pero, por otro lado, cuando la gente sale de sus territorios ocurre lo que se denomina el daño emergente, que es lo que pierden: la tierra, la vivienda, las cosechas, los animales, el derecho a votar, y mirar todo eso es muy importante. Creo que vamos a tener una oportunidad de justicia en sentido más estructural”, añadió Romero.

De hecho, resaltó que la impunidad en la justicia ordinaria obtenida hasta ahora en materia de desplazamiento es del 95% y que las víctimas de ese delito, que son alrededor de 8’154.000 “van a tener más justicia en el contexto de la justicia transicional, que toda la que han tenido en el resto de la historia”.

Ese énfasis estructural que tendrán los nuevos casos también fue resaltado por Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), organización que había pedido varias veces a la JEP abrir un caso para investigar las relaciones entre paramilitares y agentes del Estado. “Desde la puesta en marcha de la JEP habíamos planteado la necesidad de evaluar esas relaciones, pero no de forma aislada como se hizo en Justicia y Paz. Ver esto de manera más holística es un avance”, dijo.

(Le puede interesar: De la Casa de la Tortura a Casa de Paz: 22 años de la masacre de La Gabarra)

Si bien la jurisdicción especial ya había encontrado en medio del caso 03, sobre ejecuciones extrajudiciales, que hubo alianzas entre miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares para cometer esa práctica, abrir un caso específico para esas relaciones tiene otras dimensiones, dijo el abogado. “En el caso 03 se investiga un fenómeno criminal específico y como parte de una modalidad de comisión de esos hechos la JEP encontró que existió esa alianza para cometer este fenómeno particular de violencia. Abrir un caso sombrilla permite un análisis más macro del fenómeno en donde lo que se pone en tela de discusión es la utilización por parte del Estado de una política paramilitar. Es decir, el paramilitarismo como una expresión de una política de Estado y una estrategia de exterminio de diferentes grupos sociales”.

Las organizaciones que acogen y representan a las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado tienen una opinión muy diferente. Mariana Ardila, abogada de Women’s Link worldwide, lo explica así: “Lo anunciado por el presidente de la JEP no es lo que habíamos solicitado, y realmente no es novedad, pues se supone que en todos los casos temáticos y territoriales que ha priorizado la JEP hasta el momento deben estar investigando las violencias basadas en género en el conflicto. Serían dos nuevos casos en los que se corre el riesgo de que enfrenten los mismos obstáculos que tienen los actuales para investigar estas violencias”. Lo dice, además, como parte de la alianza Cinco Claves, conformada también por Colombia Diversa, Corporación Humanas, Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres, alianza desde la que han solicitado abrir un caso nacional de violencia sexual.

“Algo que nos preocupa en Women’s Link es que en lo que respecta al nuevo caso de las Farc del que habló el presidente se parece asumir que toda violencia sexual fue hecha para conseguir control territorial por parte de este grupo. Dónde queda la violencia intrafilas contra mujeres, que no está cubierta por el caso de reclutamiento, ya que no fue contra niñas, sino hacia mujeres adultas. Nos parece que no soluciona el vacío que hasta ahora hemos identificado en los casos priorizados por la JEP”, puntualizó la abogada.

En el mismo sentido se pronunció Ángela María Escobar, de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, quien calificó la decisión como una ofensa para las víctimas. “Hemos luchado para que la violencia sexual no quede transversal. (La JEP) no puede anunciar que quedará como un subcaso, porque se perdería la violencia sexual. Las víctimas no lo vamos a permitir, porque ha sido una lucha grande. Hemos entregado 37 informes donde tienen toda la información para abrir un macrocaso. Eso fue lo que exigimos las víctimas”.

Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad y vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), dijo que el anuncio es contrario a las solicitudes de las organizaciones sociales. “Desde la Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada le hemos insistido a la JEP que abra un macrocaso, porque es un crimen de Estado que compromete a la Fuerza Pública, a agentes del Estado. Eso es diferente a otras formas de desaparición que se han dado en el marco del conflicto armado, como los casos de reclutamiento y secuestro, y de los mismos combatientes luego de enfrentamientos”, aseguró.

“Nos deja en una situación de perplejidad, de no tener claro cuál es el abordaje que la JEP le dará a este crimen. Sería muy grave que la JEP desvirtuara la responsabilidad directa del Estado en este crimen”, añadió.

Varios de los consultados para este artículo coincidieron en que están a la espera de que la JEP entregue más detalles sobre esta nueva priorización y que esta no vaya a implicar invisibilización de algún delito particular.

Le recomendamos:

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En cuestión de semanas la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá dos nuevos casos, que se sumarán a los siete macrocasos que esa justicia ya tiene abiertos para investigar lo sucedido durante el conflicto armado en Colombia. A diferencia de los abiertos hasta ahora, enfocados en delitos o casos específicos (secuestro, reclutamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y victimizaciones de miembros de la Unión Patriótica) o regiones particulares (Pacífico nariñense, norte del Cauca y Urabá), estos serán “casos sombrilla”, que estudiarán diversos delitos en conjunto, cometidos por las Farc y por la Fuerza Pública en alianza con grupos paramilitares.

Así lo anunció ayer Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, quien explicó que dentro de esos dos “casos sombrilla” -uno para las Farc y el otro para la Fuerza Pública y sus alianzas con los paramilitares- se investigarán los delitos de desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual y masacres. “Esta lógica de investigación permite comprender la complejidad del conflicto y reconocer que estos actos no se dan de manera aislada y que tienen una relación estrecha entre sí: el uso de la violencia sexual como instrumento de guerra genera temor en las regiones y provoca el desplazamiento de sus poblaciones”, ejemplificó Cifuentes. Agregó que esa metodología de “casos sombrilla” busca establecer los patrones de macrocriminalidad y los diferentes repertorios que los conforman.

Según esa estrategia de investigación, el caso de las Farc tendrá tres subcasos: medios y métodos ilícitos de guerra, crímenes no amnistiables cometidos por estructuras urbanas de las Farc y control territorial y social. Es en este último en el que aparecerán el desplazamiento, la violencia sexual y la desaparición. Para el caso que se abrirá para investigar las relaciones entre paramilitares y agentes del Estado, el togado no entregó mayores detalles.

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En principio, los dos nuevos casos parecerían responder a las peticiones que desde hace años sectores de víctimas han elevado a la JEP para que abra casos específicos para la violencia sexual o la desaparición forzada. Sin embargo, hay opiniones divididas en cuanto al anuncio de la JEP.

Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), respaldó el anuncio del presidente de la Jurisdicción en lo concerniente a la manera en que está siendo tratado el desplazamiento forzado en esa justicia. “Lo primero que debo decir es que queda claro que el tema desplazamiento está siendo considerado de manera robusta, fuerte y significativa por la JEP”, sostuvo.

“Los ‘casos sombrilla’ los entendimos como análisis de situaciones donde se combinan muchas dinámicas de vulneración de derechos, y que no tiene sentido estudiar el desplazamiento por sí solo, porque está interconectado con otros fenómenos. El desplazamiento es la punta del iceberg: la gente ya ha sido víctima porque les han reclutado a los hijos o han sido víctimas de minas antipersonal, toma de pueblos, bombardeos indiscriminados, masacres. Pero, por otro lado, cuando la gente sale de sus territorios ocurre lo que se denomina el daño emergente, que es lo que pierden: la tierra, la vivienda, las cosechas, los animales, el derecho a votar, y mirar todo eso es muy importante. Creo que vamos a tener una oportunidad de justicia en sentido más estructural”, añadió Romero.

De hecho, resaltó que la impunidad en la justicia ordinaria obtenida hasta ahora en materia de desplazamiento es del 95% y que las víctimas de ese delito, que son alrededor de 8’154.000 “van a tener más justicia en el contexto de la justicia transicional, que toda la que han tenido en el resto de la historia”.

Ese énfasis estructural que tendrán los nuevos casos también fue resaltado por Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), organización que había pedido varias veces a la JEP abrir un caso para investigar las relaciones entre paramilitares y agentes del Estado. “Desde la puesta en marcha de la JEP habíamos planteado la necesidad de evaluar esas relaciones, pero no de forma aislada como se hizo en Justicia y Paz. Ver esto de manera más holística es un avance”, dijo.

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Si bien la jurisdicción especial ya había encontrado en medio del caso 03, sobre ejecuciones extrajudiciales, que hubo alianzas entre miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares para cometer esa práctica, abrir un caso específico para esas relaciones tiene otras dimensiones, dijo el abogado. “En el caso 03 se investiga un fenómeno criminal específico y como parte de una modalidad de comisión de esos hechos la JEP encontró que existió esa alianza para cometer este fenómeno particular de violencia. Abrir un caso sombrilla permite un análisis más macro del fenómeno en donde lo que se pone en tela de discusión es la utilización por parte del Estado de una política paramilitar. Es decir, el paramilitarismo como una expresión de una política de Estado y una estrategia de exterminio de diferentes grupos sociales”.

Las organizaciones que acogen y representan a las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado tienen una opinión muy diferente. Mariana Ardila, abogada de Women’s Link worldwide, lo explica así: “Lo anunciado por el presidente de la JEP no es lo que habíamos solicitado, y realmente no es novedad, pues se supone que en todos los casos temáticos y territoriales que ha priorizado la JEP hasta el momento deben estar investigando las violencias basadas en género en el conflicto. Serían dos nuevos casos en los que se corre el riesgo de que enfrenten los mismos obstáculos que tienen los actuales para investigar estas violencias”. Lo dice, además, como parte de la alianza Cinco Claves, conformada también por Colombia Diversa, Corporación Humanas, Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres, alianza desde la que han solicitado abrir un caso nacional de violencia sexual.

“Algo que nos preocupa en Women’s Link es que en lo que respecta al nuevo caso de las Farc del que habló el presidente se parece asumir que toda violencia sexual fue hecha para conseguir control territorial por parte de este grupo. Dónde queda la violencia intrafilas contra mujeres, que no está cubierta por el caso de reclutamiento, ya que no fue contra niñas, sino hacia mujeres adultas. Nos parece que no soluciona el vacío que hasta ahora hemos identificado en los casos priorizados por la JEP”, puntualizó la abogada.

En el mismo sentido se pronunció Ángela María Escobar, de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, quien calificó la decisión como una ofensa para las víctimas. “Hemos luchado para que la violencia sexual no quede transversal. (La JEP) no puede anunciar que quedará como un subcaso, porque se perdería la violencia sexual. Las víctimas no lo vamos a permitir, porque ha sido una lucha grande. Hemos entregado 37 informes donde tienen toda la información para abrir un macrocaso. Eso fue lo que exigimos las víctimas”.

Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad y vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), dijo que el anuncio es contrario a las solicitudes de las organizaciones sociales. “Desde la Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada le hemos insistido a la JEP que abra un macrocaso, porque es un crimen de Estado que compromete a la Fuerza Pública, a agentes del Estado. Eso es diferente a otras formas de desaparición que se han dado en el marco del conflicto armado, como los casos de reclutamiento y secuestro, y de los mismos combatientes luego de enfrentamientos”, aseguró.

“Nos deja en una situación de perplejidad, de no tener claro cuál es el abordaje que la JEP le dará a este crimen. Sería muy grave que la JEP desvirtuara la responsabilidad directa del Estado en este crimen”, añadió.

Varios de los consultados para este artículo coincidieron en que están a la espera de que la JEP entregue más detalles sobre esta nueva priorización y que esta no vaya a implicar invisibilización de algún delito particular.

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