El peso de vivir con el estigma de guerrillero luego de una detención arbitraria
Un informe de Dejusticia, entregado a la JEP, recoge los testimonios de 31 víctimas de detenciones arbitrarias en Montes de María y que fueron señaladas como guerrilleras. El grupo exige que haya un perdón público, que ese tribunal abra un macrocaso y la reparación a su buen nombre.
Emilse Hernández abandonó el trabajo organizativo que ejercía desde los 17 años en los Montes de María, luego de que el Ejército la acusara de ser guerrillera y de que la enviaran a una cárcel en Cartagena sin pruebas. A partir de esa detención arbitraria su vida se trastocó: nunca más trabajó en una Junta de Acción Comunal ni alzó su voz para exigir educación, salud y vías para su comunidad. Tuvo que abandonar su finca, perdió a su esposo y vivió de ahí en adelante con el estigma de haber sido tachada de guerrillera.
Los señalamientos comenzaron en 2002 cuando el Ejército empezó a preguntar por ella a quienes pasaban por los puestos militares que ponían sobre las vías. Sacaron una foto de su cédula y la mostraban a la gente mientras la calificaban de “terrorista”. “Al principio me daba risa. Luego empecé a sentir una presión más fuerte porque el Ejército iba una vez a la semana a mi casa. Llegaban y me revolvían las cosas, dejaban todo tirado y algunas veces me las dañaban. Un día me quemaron todos los papeles de la Junta porque nosotros estábamos legalizados y teníamos nuestros papeles”, cuenta Emile.
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No había razones para que la señalaran de guerrillera. Los hombres del Ejército solamente llegaban a las reuniones de la Junta y les decían que la guerrilla los había mandado organizar. La primera vez que la capturaron fue el 26 de marzo de 2003. “Con la Fuerza Pública siempre andaban unos “cara tapada”, encapuchados. Uno sabía que eran los que iban señalando a la gente para capturarla. Muchas veces eran de la misma región, delincuentes que aprovechaban la oportunidad para ganarse la plata que el Gobierno daba por delatar. Ese día iban seis”, dice ella. En esa ocasión, la liberaron el mismo día.
Recién había comenzado la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y bajo su política de Seguridad Democrática creó diversos mecanismos para contrarrestar la violencia en el país. Decretó el Estado de conmoción interior entre 2002 y 2003, estableció las “zonas de rehabilitación y consolidación” para que el Estado recuperara militarmente estos territorios; disminuyó las garantías en los procedimientos de capturas y allanamientos, estableció que la Fiscalía, la Procuraduría y la Fuerza Pública trabajaran de manera coordinada y creó la Red de Cooperantes y de Informantes.
Además: Detalles del plan para ubicar a 1.808 desaparecidos en los Montes de María
Los Montes de María fue una de las regiones donde la Fuerza Pública adquirió funciones de autoridad civil gracias a estos mecanismos. Desde los años ochenta todos los grupos armados ilegales hicieron presencia en esa región: el Eln, las Farc, el Ejército Revolucionario del Pueblo y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Los enfrentamientos entre los grupos paramilitares y guerrilleros a partir de los 2000 incrementaron la intensidad del conflicto en esta zona y en muchos casos los habitantes eran señalados de colaborar con estos grupos solo por vivir en este territorio.
Así lo muestra el informe “Que nos llamen inocentes. Detenciones arbitrarias en el Carmen de Bolívar 1991 - 2005″, que Dejusticia le entregó el pasado 30 de diciembre a la Jurisdicción Especial para la Paz, y que revela que esta política “entendió a la población civil como un enemigo colectivo, procediendo a sus capturas para aumentar las cifras de judicializados y mostrar ante la opinión pública la ‘victoria contra el terrorismo’”.
Emilse hizo parte de las detenciones masivas que ocurrieron en este municipio para la época. Se identificaron por lo menos 419 personas capturadas en los mismo operativos. 31 de ellas hacen parte de este informe. Según el documento, entre 2002 a 2006 se capturaron a 7.134 personas en condiciones parecidas a las de Emilse en 29 de los 32 departamentos del país.
Las víctimas que están en el informe son 28 hombres y 3 mujeres entre los 17 y los 66 años. Eran personas campesinas, trabajadoras ambulantes, que ejercían liderazgos sociales, eran conductores, amas de casas y estudiantes. Todas son víctimas del conflicto armado y fueron capturadas en operaciones conjuntas realizadas por miembros de la Fuerza Pública (Policía Nacional, Ejército Nacional y Armada Nacional-Infantería de Marina); Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), bajo el señalamiento de ser miembros o colaboradoras de las guerrillas, sindicándoles el delito de rebelión.
Las 31 personas de Montes de María reclaman que haya un perdón público por parte del presidente de Colombia, que se reconozca que fueron y son inocentes y se restablezca su buen nombre y dignidad
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En todos los casos, las detenciones se llevaron a cabo con las mismas características: las personas eran arrestadas en sus viviendas, algunas sin orden judicial o sin que se las mostraran. Eran capturas masivas en las que además había un gran despliegue de militares y en las que se usaron informantes o “cooperantes” que recibían pagos a cambio de sus testimonios. Además, hay registro de actos de violencia, como golpes, amenazas y violencia sexual. Esto último le ocurrió a Emilse:
“Uno de ellos (de los militares) me dijo: —¿Eres la presidenta de la Junta o eres la secretaría de Martín Caballero?—. Yo le contesté: —No tengo nada que ver con la guerrilla, yo soy presidenta de la Junta de Acción Comunal—. Entonces cogieron mi bolso, vaciaron todo en el suelo y me dijeron que me quitara la ropa. Yo hasta ese momento había tratado de estar tranquila, pero cuando hicieron eso del bolso y además me dijeron lo de la ropa, me llené de ira”.
Entre 2002 a 2006 fueron capturadas al menos 7.134 personas de forma arbitraria en 29 de los 32 departamentos
Las 31 personas fueron recluidas en sitios que no eran para capturas y la Fuerza Pública entregó información sobre ellos a los medios de comunicación locales para mostrar resultados. Los medios publicaron la información sin verificar bajo qué fundamentos se les acusaba de guerrilleros, lo que aumentó el estigma social sobre ellos.
Lea también: La nueva ola de violencia en los Montes de María
“Las víctimas de las capturas arbitrarias en El Carmen de Bolívar antes de ser detenidas cargaban el estigma de cohabitar, colaborar y auxiliar a los grupos armados. Al ser capturadas, lo que era un señalamiento de los actores armados se transformó en una imputación estatal que fue difundida local y regionalmente”, señala el informe.
Estas personas estuvieron privadas de su libertad por un periodo de entre 5 y 570 días (poco más de año y medio); la mayoría entre 15 y 26 días (13 personas), dos de ellas estuvieron detenidas por 75 días y dos más por 180 días. A todas se les dejó en libertad y se les cerraron las investigaciones penales sin darles claridad sobre su situación jurídica. Nunca hubo un reconocimiento de la afectación a ellas y sus familias por parte del Estado.
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Los impactos de las detenciones arbitrarias
El 25 de octubre de 2005, un tropel de soldados volvió a capturar a Emilse en su finca. Llegaron de nuevo con un “cara tapada” y no traían orden de captura. La subieron a un helicóptero y de ahí la llevaron a las oficinas de las Armada en el barrio Bocagrande de Cartagena. Luego la dejaron en la Cárcel San Diego durante ocho días hasta que el fiscal, tras revisar su caso, la dejó en libertad de inmediato.
“Cuando yo salí de la cárcel ya no fue lo mismo: quedé como sin aliento para nada. Y ahí sí me dio todo el miedo que no me había dado antes. Me dio mucho temor. Yo no quería morirme. A varias personas las habían capturado y decían que después, cuando las soltaban, las mataban; así que yo ya no sabía si coger para mi casa o coger para dónde: ¿Qué hacer? Entonces me quedé en Cartagena”, describe.
En esta ciudad se quedó trabajando como empleada doméstica durante varios meses. Cuando decidió regresar su marido ya estaba con otra mujer y su casa estaba abandonada. Tuvo que empezar desde cero.
“No he vuelto a confiar en el Gobierno porque yo digo que aún en medio de este proceso de paz, sabe uno que siguen acusando a gente inocente, que esto no se va a componer. Esa confianza no se recupera. Entonces, no sé, la vida mía me cambió. Casi nunca más he ido a una reunión de junta ni de nada. A veces amanezco con ganas, pero me entra algo y me digo: “Ya no, ya no quiero.””, afirma.
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Como Emilse, las víctimas que recoge el informe de Dejusticia siguen viviendo las consecuencias de una captura arbitraria. En casi todos los casos, las y los capturados eran proveedoras de sus familias que perdieron sus empleos y bienes luego de ser detenidos. Otros quedaron con problemas del corazón, traumas y cicatrices a raíz de los golpes que recibieron.
Hubo un daño a su buen nombre y dignidad con la publicación de su información en los medios de comunicación y cargaron con el estigma de ser delincuentes aun cuando la justicia cerró sus procesos e investigaciones. Vieron truncados sus proyectos de vida y tuvieron que desplazarse por el riesgo de muerte o para buscar nuevas oportunidades laborales.
A través del informe, las 31 personas reclaman que haya un perdón público por parte del presidente de Colombia, que se reconozca que fueron y son inocentes y se restablezca su buen nombre y dignidad. A la JEP le piden que abra un caso de detenciones arbitrarias a nivel nacional o que abra el caso territorial de los Montes de María donde también investigue estos hechos. También demandan la verdad: que esta justicia transicional establezca quién ordenó capturarlos, que se esclarezca la ocurrencia de actos de violencia así como el acervo probatorio que supuestamente motivó las capturas y que se defina su situación jurídica.
Emilse Hernández abandonó el trabajo organizativo que ejercía desde los 17 años en los Montes de María, luego de que el Ejército la acusara de ser guerrillera y de que la enviaran a una cárcel en Cartagena sin pruebas. A partir de esa detención arbitraria su vida se trastocó: nunca más trabajó en una Junta de Acción Comunal ni alzó su voz para exigir educación, salud y vías para su comunidad. Tuvo que abandonar su finca, perdió a su esposo y vivió de ahí en adelante con el estigma de haber sido tachada de guerrillera.
Los señalamientos comenzaron en 2002 cuando el Ejército empezó a preguntar por ella a quienes pasaban por los puestos militares que ponían sobre las vías. Sacaron una foto de su cédula y la mostraban a la gente mientras la calificaban de “terrorista”. “Al principio me daba risa. Luego empecé a sentir una presión más fuerte porque el Ejército iba una vez a la semana a mi casa. Llegaban y me revolvían las cosas, dejaban todo tirado y algunas veces me las dañaban. Un día me quemaron todos los papeles de la Junta porque nosotros estábamos legalizados y teníamos nuestros papeles”, cuenta Emile.
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No había razones para que la señalaran de guerrillera. Los hombres del Ejército solamente llegaban a las reuniones de la Junta y les decían que la guerrilla los había mandado organizar. La primera vez que la capturaron fue el 26 de marzo de 2003. “Con la Fuerza Pública siempre andaban unos “cara tapada”, encapuchados. Uno sabía que eran los que iban señalando a la gente para capturarla. Muchas veces eran de la misma región, delincuentes que aprovechaban la oportunidad para ganarse la plata que el Gobierno daba por delatar. Ese día iban seis”, dice ella. En esa ocasión, la liberaron el mismo día.
Recién había comenzado la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y bajo su política de Seguridad Democrática creó diversos mecanismos para contrarrestar la violencia en el país. Decretó el Estado de conmoción interior entre 2002 y 2003, estableció las “zonas de rehabilitación y consolidación” para que el Estado recuperara militarmente estos territorios; disminuyó las garantías en los procedimientos de capturas y allanamientos, estableció que la Fiscalía, la Procuraduría y la Fuerza Pública trabajaran de manera coordinada y creó la Red de Cooperantes y de Informantes.
Además: Detalles del plan para ubicar a 1.808 desaparecidos en los Montes de María
Los Montes de María fue una de las regiones donde la Fuerza Pública adquirió funciones de autoridad civil gracias a estos mecanismos. Desde los años ochenta todos los grupos armados ilegales hicieron presencia en esa región: el Eln, las Farc, el Ejército Revolucionario del Pueblo y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Los enfrentamientos entre los grupos paramilitares y guerrilleros a partir de los 2000 incrementaron la intensidad del conflicto en esta zona y en muchos casos los habitantes eran señalados de colaborar con estos grupos solo por vivir en este territorio.
Así lo muestra el informe “Que nos llamen inocentes. Detenciones arbitrarias en el Carmen de Bolívar 1991 - 2005″, que Dejusticia le entregó el pasado 30 de diciembre a la Jurisdicción Especial para la Paz, y que revela que esta política “entendió a la población civil como un enemigo colectivo, procediendo a sus capturas para aumentar las cifras de judicializados y mostrar ante la opinión pública la ‘victoria contra el terrorismo’”.
Emilse hizo parte de las detenciones masivas que ocurrieron en este municipio para la época. Se identificaron por lo menos 419 personas capturadas en los mismo operativos. 31 de ellas hacen parte de este informe. Según el documento, entre 2002 a 2006 se capturaron a 7.134 personas en condiciones parecidas a las de Emilse en 29 de los 32 departamentos del país.
Las víctimas que están en el informe son 28 hombres y 3 mujeres entre los 17 y los 66 años. Eran personas campesinas, trabajadoras ambulantes, que ejercían liderazgos sociales, eran conductores, amas de casas y estudiantes. Todas son víctimas del conflicto armado y fueron capturadas en operaciones conjuntas realizadas por miembros de la Fuerza Pública (Policía Nacional, Ejército Nacional y Armada Nacional-Infantería de Marina); Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), bajo el señalamiento de ser miembros o colaboradoras de las guerrillas, sindicándoles el delito de rebelión.
Las 31 personas de Montes de María reclaman que haya un perdón público por parte del presidente de Colombia, que se reconozca que fueron y son inocentes y se restablezca su buen nombre y dignidad
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En todos los casos, las detenciones se llevaron a cabo con las mismas características: las personas eran arrestadas en sus viviendas, algunas sin orden judicial o sin que se las mostraran. Eran capturas masivas en las que además había un gran despliegue de militares y en las que se usaron informantes o “cooperantes” que recibían pagos a cambio de sus testimonios. Además, hay registro de actos de violencia, como golpes, amenazas y violencia sexual. Esto último le ocurrió a Emilse:
“Uno de ellos (de los militares) me dijo: —¿Eres la presidenta de la Junta o eres la secretaría de Martín Caballero?—. Yo le contesté: —No tengo nada que ver con la guerrilla, yo soy presidenta de la Junta de Acción Comunal—. Entonces cogieron mi bolso, vaciaron todo en el suelo y me dijeron que me quitara la ropa. Yo hasta ese momento había tratado de estar tranquila, pero cuando hicieron eso del bolso y además me dijeron lo de la ropa, me llené de ira”.
Entre 2002 a 2006 fueron capturadas al menos 7.134 personas de forma arbitraria en 29 de los 32 departamentos
Las 31 personas fueron recluidas en sitios que no eran para capturas y la Fuerza Pública entregó información sobre ellos a los medios de comunicación locales para mostrar resultados. Los medios publicaron la información sin verificar bajo qué fundamentos se les acusaba de guerrilleros, lo que aumentó el estigma social sobre ellos.
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“Las víctimas de las capturas arbitrarias en El Carmen de Bolívar antes de ser detenidas cargaban el estigma de cohabitar, colaborar y auxiliar a los grupos armados. Al ser capturadas, lo que era un señalamiento de los actores armados se transformó en una imputación estatal que fue difundida local y regionalmente”, señala el informe.
Estas personas estuvieron privadas de su libertad por un periodo de entre 5 y 570 días (poco más de año y medio); la mayoría entre 15 y 26 días (13 personas), dos de ellas estuvieron detenidas por 75 días y dos más por 180 días. A todas se les dejó en libertad y se les cerraron las investigaciones penales sin darles claridad sobre su situación jurídica. Nunca hubo un reconocimiento de la afectación a ellas y sus familias por parte del Estado.
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Los impactos de las detenciones arbitrarias
El 25 de octubre de 2005, un tropel de soldados volvió a capturar a Emilse en su finca. Llegaron de nuevo con un “cara tapada” y no traían orden de captura. La subieron a un helicóptero y de ahí la llevaron a las oficinas de las Armada en el barrio Bocagrande de Cartagena. Luego la dejaron en la Cárcel San Diego durante ocho días hasta que el fiscal, tras revisar su caso, la dejó en libertad de inmediato.
“Cuando yo salí de la cárcel ya no fue lo mismo: quedé como sin aliento para nada. Y ahí sí me dio todo el miedo que no me había dado antes. Me dio mucho temor. Yo no quería morirme. A varias personas las habían capturado y decían que después, cuando las soltaban, las mataban; así que yo ya no sabía si coger para mi casa o coger para dónde: ¿Qué hacer? Entonces me quedé en Cartagena”, describe.
En esta ciudad se quedó trabajando como empleada doméstica durante varios meses. Cuando decidió regresar su marido ya estaba con otra mujer y su casa estaba abandonada. Tuvo que empezar desde cero.
“No he vuelto a confiar en el Gobierno porque yo digo que aún en medio de este proceso de paz, sabe uno que siguen acusando a gente inocente, que esto no se va a componer. Esa confianza no se recupera. Entonces, no sé, la vida mía me cambió. Casi nunca más he ido a una reunión de junta ni de nada. A veces amanezco con ganas, pero me entra algo y me digo: “Ya no, ya no quiero.””, afirma.
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Como Emilse, las víctimas que recoge el informe de Dejusticia siguen viviendo las consecuencias de una captura arbitraria. En casi todos los casos, las y los capturados eran proveedoras de sus familias que perdieron sus empleos y bienes luego de ser detenidos. Otros quedaron con problemas del corazón, traumas y cicatrices a raíz de los golpes que recibieron.
Hubo un daño a su buen nombre y dignidad con la publicación de su información en los medios de comunicación y cargaron con el estigma de ser delincuentes aun cuando la justicia cerró sus procesos e investigaciones. Vieron truncados sus proyectos de vida y tuvieron que desplazarse por el riesgo de muerte o para buscar nuevas oportunidades laborales.
A través del informe, las 31 personas reclaman que haya un perdón público por parte del presidente de Colombia, que se reconozca que fueron y son inocentes y se restablezca su buen nombre y dignidad. A la JEP le piden que abra un caso de detenciones arbitrarias a nivel nacional o que abra el caso territorial de los Montes de María donde también investigue estos hechos. También demandan la verdad: que esta justicia transicional establezca quién ordenó capturarlos, que se esclarezca la ocurrencia de actos de violencia así como el acervo probatorio que supuestamente motivó las capturas y que se defina su situación jurídica.