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¿Las directivas del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en cabeza de Darío Acevedo, alteraron los contenidos de una exposición luego de que se había concertado con ocho pueblos indígenas del país? Desde el 7 de abril pasado, esa es la pregunta por la que indagan los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que estudian decretar medidas cautelares sobre esa pieza, denominada ‘SaNaciones’, en caso de que sea necesario protegerla. El trámite lo inició esa justicia después de que Colombia+20 reveló que dicha exposición habría sido modificada por Acevedo y Fabio Bernal, entonces director del Museo de la Memoria.
Contexto: ‘SaNaciones’, la otra exposición que habría sido censurada en el Centro Nacional de Memoria
‘SaNaciones, diálogos de la memoria’ es una exposición elaborada por los equipos de Enfoque Étnico y Curaduría del CNMH, que explora las formas de sanar de los pueblos indígenas nasa, wiwa, awá, barí, huitoto, muinane, bora y okaine. Como buena parte de esos pueblos indígenas habitan en los territorios priorizados por la JEP en los casos territoriales 02 (pacífico nariñense) y 05 (norte del Cauca), esa justicia optó por intervenir para proteger los derechos de las víctimas.
Los primeros testimonios que han escuchado a puerta cerrada los magistrados a cargo del trámite, Belkis Izquierdo y Raúl Eduardo Sánchez (relatores de los casos territoriales 02 y 05), les han dado luces sobre las modificaciones que habría sufrido la pieza museográfica poco antes de empezar a ser pública y la importancia que ello tendría para los pueblos indígenas que participaron en la exposición.
Uno de los testimonios que resulta clave en el proceso es el de Tania Helena Gómez, quien fungió como coordinadora del Enfoque Étnico entre junio de 2019 y diciembre de 2020 y denunció lo sucedido en el artículo de Colombia+20. Ante los magistrados de esa justicia, detalló que el origen de ‘SaNaciones’ había sido una exposición anterior del mismo CNMH, llamada ‘Endulzar la Palabra’, construida y concertada con los mismos ocho pueblos indígenas que participarían de la nueva exposición.
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Según su relato, los autores de esta nueva pieza retomaron el acumulado de esa exposición, así como todo lo recogido durante años por ese centro de memoria en sus diálogos con los pueblos indígenas, y construyeron la estructura para SaNaciones, sobre cinco ejes temáticos: Disposición al diálogo, Territorios, Larga Duración, la Fuerza de lo colectivo y Naciones.
Fue esa estructura y sus textos correspondientes lo que se empezó a socializar y concertar con los representantes de los pueblos indígenas participantes de la exposición, quienes a su vez lo consultaban con sus comunidades y autoridades en los territorios. La exfuncionaria fue enfática en que todos los contenidos fueron acordados con los pueblos y que ya se hicieron socializaciones en la Sierra Nevada con los wiwa, en el Amazonas con los cuatro pueblos de La Chorrera, en Norte de Santander con los barí, y se estaba organizando un encuentro con los nasa.
“Todo tuvo siempre una comunicación constante y una concertación permanente con ellos, porque el ejercicio de memoria cuando se trata de pueblos victimizados y discriminados históricamente debe pasar por procesos de participación y elaboración de su propia narrativa”, explicó la exfuncionaria ante los magistrados que indagaron por el nivel de participación de los pueblos indígenas en los contenidos.
Las modificaciones de las directivas
Un documento que la exfuncionaria del centro de memoria puso en conocimiento de la JEP dejó constancia de las objeciones que tuvo el equipo de Enfoque Étnico a las nuevas versiones de los contenidos de la exposición, construidas por el director Fabio Bernal con el respaldo de la dirección general. Entre los principales reparos estaba que se omitió por completo la referencia a la larga duración de las violencias, un pilar en los pueblos étnicos para construir su memoria histórica. “Se excluyó todo el eje de larga duración, que hace alusión a uno de los principios de los decretos ley 4633 y 4635 (sobre los pueblos étnicos) que reconoce que los pueblos étnicos se remontan a la larga duración de las violencias que los han excluido, discriminado y exterminado, por lo que el conflicto reciente es solo una expresión más de un repertorio histórico de violencias contra los pueblos étnicos. Pretender eliminar este concepto implica desconocer la ley y los derechos ganados por los pueblos étnicos víctimas”, dijo el equipo en el documento entregado en diciembre de 2020.
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Eso también lo respaldó ante los magistrados Óscar Montero, indígena kankuamo y coordinador principal del informe nacional de pueblos indígenas Tiempos de Vida y Muerte, que construyeron entre la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el centro nacional de memoria. Sostuvo que suprimir la larga duración de las violencias y las alusiones a la conquista española va contra todo lo que ya quedó documentado en ese informe nacional y en un sinnúmero de decisiones judiciales que respaldan esa forma de construir memoria histórica por parte de los pueblos indígenas.
“Uno de los capítulos del informe se titula ‘La conquista no ha acabado, la conquista continúa’ y plantea que no se puede hacer una lectura del conflicto armado y los pueblos indígenas si no hay una lectura de las violencias de larga duración. Para nosotros la violencia no empieza en 1948, sino en 1492; no se puede ocultar o negar lo que les ha pasado a los pueblos indígenas desde la colonización y el exterminio al que han sido sometidos. El conflicto armado es el reciclaje de todo ese repertorio de violencia que hemos vivido”, explicó Montero.
De igual gravedad para los pueblos indígenas y los autores originales de la exposición resultó el haber eliminado las referencias a la responsabilidad del Estado en la victimización histórica a los pueblos indígenas. “La última versión de los textos omite de manera reiterada la responsabilidad del Estado en el conflicto armado. Esto implica el no reconocimiento de las políticas de guerra implementadas por el Estado en los territorios, por lo que no pueden entenderse los hechos victimizantes ocasionados solamente por agentes del Estado accionando de manera aislada contra los pueblos, sino que las afectaciones han sido parte de un conflicto armado donde el Estado ha participado activamente con políticas de guerra identificables en la larga duración y en la historia reciente”, resaltó el documento con las observaciones del equipo de Enfoque Étnico a los textos editados por Fabio Bernal.
Floresmiro Noscué, delegado del pueblo nasa para la concertación de la exposición SaNaciones con el CNMH, afirmó ante la JEP que si bien en los diálogos fueron enfáticos en que sus comunidades han sido víctimas tanto de actores legales como ilegales, eso no lo vieron reflejado en las versiones finales de los textos: “Nosotros hemos sufrido el conflicto de todos los actores armados, de derecha y de izquierda. Pero ahí solo hablaban de la afectación que nos ha hecho la guerrilla o la disidencia; la verdad es que a nosotros nos ha matado el Ejército, la Policía, la guerrilla. No podemos solamente inclinarnos a un solo grupo que nos ha afectado”. En ello lo respaldó también Óscar Montero, quien reiteró que ese aspecto también quedó documentado en el informe nacional de pueblos indígenas, del mismo CNMH.
Según puso en conocimiento de los magistrados la excoordinadora étnica, en la última versión de los textos se dio un tratamiento que ‘folclorizaba’ a las comunidades indígenas participantes de la exposición. “Los textos recurren a términos, explicaciones y lugares comunes que distan mucho de una comprensión formada e informada de lo étnico; todo lo relativo a los pueblos indígenas resulta ser oscurecido por el uso gratuito de términos como ancestral, saber, cultural, cosmovisión, simbolizar, práctica, significado, entre otras”.
Lo grave de esa folclorización o romantización de los pueblos indígenas, según Tania Helena Gómez, es que ocultaría, por ejemplo, el despojo de tierra material que han sufrido los pueblos indígenas, más allá de que en su ‘cosmovisión’ la tierra ‘signifique’ algo en particular. En sus palabras: “La referencia al despojo de tierra que los pueblos étnicos sistemáticamente han enfrentado desde la primera conquista se enuncia únicamente en su dimensión simbólica. Por ejemplo, en la parte introductoria que alcanzó a ser publicada decía: ‘lo que significan en sus cosmovisiones la tierra, el agua, el sol, la luna, entre otros elementos en el origen de la vida misma y su curso’. Todo el entorno de las comunidades importa porque garantiza la supervivencia física, material, de los pueblos, no solo por su significado en la cosmovisión. Esto resta importancia y despoja de materialidad al problema de la usurpación de los territorios de los pueblos étnicos por parte de múltiples actores sociales y políticos del país”.
Floresmiro Noscué aseguró ante los magistrados que, hasta ese momento, se entendía que los textos estaban en proceso de concertación y era necesario continuar las socializaciones con las comunidades para ajustarlas a sus demandas, porque en caso de no incluir esas peticiones, no harían parte de la exposición. Sin embargo, en noviembre de 2020 los contenidos se fueron publicando en la plataforma web de la exposición sin consenso alguno con las comunidades, ni con los autores originales del equipo de Enfoque Étnico y Curaduría.
Al respecto, la excoordinadora Tania Gómez señaló que “había un afán de la dirección del Museo por empezar a subir los contenidos a la plataforma virtual y hacer pública la exposición, porque había tiempos administrativos para cumplir metas”. Sin embargo, luego de los reparos de los autores y los representantes indígenas a los primeros textos subidos, se detuvo la publicación y la página de la exposición quedó a medio construir. Hoy, luego del artículo de Colombia+20 y el inicio del trámite cautelar en la JEP, en la página web de la exposición solo hay un aviso que anuncia: “los contenidos de la exposición “SaNaciones. Diálogos de la memoria” se encuentran en proceso de construcción y concertación con las comunidades participantes.”
Ante los magistrados de la JEP, la exfuncionaria Tania Gómez reiteró la denuncia que hizo a través de este diario, según la cual habría sido amonestada por Darío Acevedo, bajo el argumento de que aquello que su equipo estaba aplicando en la exposición “no era enfoque étnico, sino ideología”. Igualmente, señaló a los togados que el argumento de las directivas para no incluir la larga duración de las violencias en los contenidos era que ello excedía el mandato del centro, que debe documentar las victimizaciones del conflicto armado reciente.
Cuando la JEP abrió el trámite de medidas cautelares sobre la exposición, Darío Acevedo se pronunció en su cuenta de Twitter y afirmó que esa justicia pretende que el CNMH, que él dirige, se rija por los principios del sistema de justicia transicional y no por el decreto 4803 de 2011 que fija sus funciones. Reclamó que ya es la segunda exposición sobre la cual la JEP abre medidas cautelares (luego de haber intervenido en Voces para Transformar a Colombia) sin haberlo escuchado previamente. “Nos defenderemos respetando las leyes, pero no dejaremos de advertir al país y a las víctimas la grave perturbación y afectación de nuestra misión por la intromisión de la JEP en los asuntos del CNMH”.
El pasado 20 de agosto, los magistrados Raúl Sánchez y Belkis Izquierdo emitieron el auto AT 1757 de 2021, en el que decretaron la toma de otros 13 testimonios, entre ellos, representantes de los pueblos indígenas y funcionarios del centro de memoria que participaron en la construcción de la exposición. Pero además, fueron citados a dar su versión Fabio Bernal, entonces director del Museo de la Memoria, y Darío Acevedo, director general del CNMH, quienes serán escuchados los próximos 11 y 18 de octubre, respectivamente.