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En noviembre de 2022, cuando Roberto Carlos Vidal se posesionó como presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los grandes objetivos que le trazó a su mandato fue el de abrir un macrocaso correspondiente a investigaciones sobre violencia sexual en el contexto del conflicto armado colombiano.
Este desafío significaba superar una tras escena desalentadora. Víctimas del flagelo de violencia sexual, que es este 25 de mayo conmemoran el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado, han vivido años a la sombra de promesas incumplidas, diligencias judiciales a medias y respuestas institucionales que no han logrado atender a cabalidad los reclamos por los dolores inmensurables que padecieron sus cuerpos.
Detrás de un sinfín de subregistros, se almacenan historias que no se han contado todavía por temores de estigmatización o por no confiar en que haya un acompañamiento pleno por parte del Estado para que los traumas se tramiten de la mejor forma posible.
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En los registros de la Unidad para las Víctimas hay más de 33.000 personas que han llegado hasta esta instancia por ser blanco de algún tipo de violencia sexual durante la guerra. De esa cifra, al menos el 95% son mujeres. Diferentes organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos no titubean al afirmar que el universo de afectaciones en este caso puede ser mucho mayor y que se podría conocer con más exactitud cuando la JEP abra y ofrezca un caso dedicado a estas situaciones que no fueron, ni mucho menos, casos aislados durante el conflicto armado.
A la cabeza de estos debates ha estado la Red Petra Mujeres Valientes, organización que se ha puesto en la tarea de visibilizar la dignidad de mujeres rurales (especialmente afro), frente a las condiciones de vida que les dejó la guerra. En marzo de 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP recibió por parte de las mujeres de Petra un informe llamado Los objetos son cuerpo sin alma que el viento se llevó, una recopilación de centenares de testimonios que desde distintas regiones del país dieron su voz para ser visibles ante la justicia transicional por causas de violencias sexuales que padecieron en sus territorios.
Ese documento es el primer texto de este tipo que llega a manos de la JEP, en el que hay evidencia de causas, consecuencias y efectos de la violencia sexual cometida por guerrillas, paramilitares y agentes del Estado en los años del conflicto armado colombiano.
María Fernanda Arboleda, vocera de Petra, insiste en que ya es momento para que se abra el macrocaso 11 de la JEP -que tratará temas de violencia sexual- para indagar estos hechos que, para ella y su colectivo, fueron la degradación más grande de la guerra en Colombia.
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“La JEP ya nos prometió a todas que le van a dar una línea jurídica a los crímenes que vivimos durante las violencias sexuales que dejó el conflicto. Algo llamativo es que acá se articularían temas del macrocaso 10 (crímenes no amnistiables) y se evaluaría cómo la violencia sexual dio paso a escenarios de desplazamiento forzado, secuestros, homicidios selectivos y reclutamiento forzado. Estamos ante un crimen complejo en el que muchas partes no han reconocido su responsabilidad, comenzando por el Estado”, explicó a Colombia+20.
Si bien el informe que Petra le hizo llegar a la JEP y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es de carácter privado, desde esta red defensora de mujeres compartieron algunos puntos que sirven para dar luces en la protección de víctimas. Por un lado, para la Red Petra Mujeres Valientes ha sido primordial mapear la complejidad del crimen par así dimensionar las rutas de apoyo y asesoría a las víctimas.
“Hay muchos factores diferenciales y por eso no culpamos del todo la lentitud que ha habido en abrir un macrocaso dedicado a esto. No cualquier magistrado lo puede asumir, no todas las víctimas se han preparado para hablar y hay una complejidad enorme. Partimos de entender que este flagelo no discriminó mujeres de ninguna orilla. En el informe y en nuestro trabajo somos conscientes de la esclavitud sexual intrafilas que vivieron exguerrilleras de las FARC; las violencias sexuales sobre mujeres negras a quienes siempre nos quisieron callar; las formas en las que actores armados de diferentes grupos nos usaron como botín de guerra para humillar y ultrajar nuestros cuerpos y más situaciones que se vivieron desde tiempos de nuestras ancestras, que se marcaron más en la guerra y que no queremos volver a repetir”, explicó Arboleda.
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La Comisión de la Verdad recopiló en su informe final las voces de 1.154 mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto. Centenares de ellas también dieron su voz para el informe de Petra y a la conclusión general que llegaron sobre las responsabilidades de estos crímenes fue que las afectadas por estas conductas no serían innumerables si no fuera por la complicidad permanente del Estado colombiano y “su tendencia a querer callar voces que podrían incomodar a gente poderosa o con alta influencia social”, como se lee en el Informe Final.
De hecho, la Red Petra le ha hecho solicitudes directas a la JEP para que haya un subcaso dirigido exclusivamente a los atentados que el Estado permitió en contra de sus cuerpos. Para ellas, el silencio y la permisividad fueron los factores que permitieron más daño físico y psicológico para las víctimas.
“La institucionalidad en el país se limitó a callarnos. La “prevención” del Estado frente a la violencia sexual fue darnos condones. No dimensionaron nunca los alcances de un actor armado ante la vulnerabilidad que teníamos. Nos violaron en la cara de todo el mundo. Promovieron campos de concentración para que nos atacaran. Nos mandaban a prostíbulos, nos obligaban a perder el control de nuestros cuerpos y a que nos pisotearan”, resumen desde Petra.
La violencia sexual en el marco de la guerra posibilitó que miles de familias, especialmente lideradas por mujeres, perdieran su rumbo fuera de sus territorios, rompieran sus núcleos y demoraran sus proyectos de vida. Así lo establece el Informe Final de la CEV y es el punto de partida que tienen desde la JEP para abrir en breve el macrocaso de violencia sexual.
De hecho, partiendo de documentos de Red Petra, de las peticiones del Informe Final de la CEV y de pliegos que han hecho desde distintas vocerías de víctimas a nivel nacional, fue que delegados ante la justicia transicional de la Procuraduría General instaron al magistrado Roberto Vidal a iniciarle las investigaciones por crímenes sexuales durante la guerra.
“No podemos ser inferiores al acto de valentía de quienes insisten en la apertura del macrocaso. El país tiene una deuda enorme con las víctimas de estos atroces delitos que deben ser visibilizados, investigados, reparados y sancionados”, manifestaron desde el Ministerio Público.
Una conmemoración sin fondos, pero con ilusión
La Red Petra se ha articulado con el paso de los años con otros colectivos femeninos para visibilizar luchas y reclamos frente a la justicia, durante y después del conflicto. Para la conmemoración de este Día Nacional de la Dignificación a las Víctimas de Violencia Sexual en el marco del Conflicto Armado Interno alegan que no tienen fondos para organizar talleres, tertulias o encuentros -como habitualmente hacen- pero eso sin ser pretexto de dejar de visibilizar sus causas.
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“La ilusión cada año está en que todas las mujeres víctimas de violencia sexual en nuestro país puedan alzar la voz. Si alguien como yo, que lleva años dirigiendo procesos para que seamos más escuchadas, es ignorada pues no imaginan cómo le toca al grueso de compañeras. Con o sin fondos conmemoramos todos los días nuestras luchas para salir adelante y que entiendan que debemos ser reparadas, sanadas y que hay varios responsables, muchísimos y casi incontables, que deben ser sancionados”, concluyó María Fernanda Arboleda.
La conmemoración de este jueves tiene un sentido que encuentra fuerza en una frase que colectivos femeninos que defienden derechos humanos le hicieron llegar a Heidy Baldosea, magistrada de la Comisión de Género de la JEP, en una diligencia reciente para pedir la apertura del macrocaso 11: “¿Cuántas veces más tenemos que contar nuestras historias para acceder a nuestros derechos? Es hora de la justicia para los cuerpos que vulneraron”.