Mancuso daría información sobre Álvaro Uribe, Iván Cepeda y otros a cambio de entrar a la JEP

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien este año terminará de pagar su condena por narcotráfico en Estados Unidos, está cada vez más cerca de entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta justicia no solo decidió estudiar su caso como tercero civil —es decir, como un financiador, colaborador o auspiciador de grupos armados—, sino que ya recibió un primer borrador de su plan de contribución a la verdad y reparación a las víctimas, un requisito fundamental para garantizar los derechos de las víctimas.

Los magistrados de la Sala de Reconocimiento analizaron los documentos de compromiso y luego hicieron una serie de requerimientos para que el excomandante especifique acontecimientos y nexos que demuestren que está dispuesto a realizar un gran aporte de verdad. En su respuesta, Mancuso manifestó conocer hechos que aún no se han investigado o que, si lo fueron, no pudo participar en su esclarecimiento. “Hace hincapié en aquellas investigaciones que en su mayoría han terminado con sentencias absolutorias y señala como responsables o partícipes a las siguientes personas: Santiago Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez, Piedad Córdoba, Iván Cepeda, “el doctor Lara” y la familia de Alfonso López”, reza el auto 04/00-84/19, conocido por este diario.

Mancuso agregó en su primer borrador del plan de contribución de verdad y reparación a las víctimas una lista de hechos que demostrarían que, entre 1989 y 1996, desempeñó el rol de tercero, según la notificación, “viéndose comprometido con acciones de intimidación y muertes violentas de personas pertenecientes a grupos de izquierda, al igual que con acciones de destrucción y apropiación de bienes civiles (despojo de tierras) en el municipio de Turbo (sector Tulapas del departamento de Antioquia), bajo la premisa de una lucha antisubversiva”.

(Lea también: La ventana para que los “paras” entren a la JEP)

Dentro de los crímenes está el asesinato de dos guerrilleros que extorsionaron sus negocios familiares en 1989. También mencionó que, en 1991, los empresarios y ganaderos de Córdoba, bajo su liderazgo, financiaron grupos de vigilancia privada bajo órdenes del comandante del Batallón de Contraguerrilla Coyarac de la Brigada XI. Cuando murió el comandante de esta unidad militar, un año después, Mancuso asumió el mando de dichos grupos y los respaldó con recursos de sus actividades de ganadería y agricultura. Y, en 1995, creó la empresa de seguridad y vigilancia Horizonte y promovió su réplica en varios municipios de Córdoba y en la región de Urabá.

Se refirió también a su contribución en la consolidación de la escuela de entrenamiento militar ilegal en la Finca La 35, ubicada entre Córdoba y Antioquia, y sus incursiones en los corregimientos de El Tres y Currulao, en el municipio de Turbo, donde asesinaron y desaparecieron a decenas de personas con el apoyo de los denominados “Comandos Populares”, en 1996. Según la investigación de la JEP, estos hechos no han sido judicializados en Justicia y Paz ni en la justicia ordinaria.

Aunque mencionó varios hechos, la JEP le pidió ampliar su plan de verdad que, de acuerdo con los plazos, ya debió ser entregado a la magistratura los primeros días de enero, a través del formulario F1, creado por la Sección de Apelación para los terceros que quieren someterse voluntariamente a esta justicia.

Ahora la Jurisdicción deberá entregárselos a las víctimas acreditadas en la Situación Territorial de la Región de Urabá, donde operó, y la Procuraduría para que la revisen. Luego la Sala de Reconocimiento intervendrá y zanjará la discusión. Lo cierto es que, a través de esta notificación, la Sala de Reconocimiento dejó claro que está avanzando en el análisis de la solicitud de acogimiento de Mancuso, una instancia que hasta ahora no ha sido alcanzada por otro exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), pero que podría abrir un capítulo de esclarecimiento del conflicto armado más integral.

(Lea también: Salvatore Mancuso se acoge a la JEP)

En varias decisiones, en las que les ha cerrado las puertas a miembros de las Auc, la Jurisdicción ha argumentado que uno de los requisitos para ingresar como tercero civil es no haber ostentado categoría de combatiente en ningún grupo armado y que, en el caso de los paramilitares, su juez natural es Justicia y Paz.

Sin embargo, la JEP ha hecho una excepción, a la luz de otros fallos en la justicia ordinaria, para aquellos exparamilitares que antes de ingresar a las filas financiaron o contribuyeron a estructuras armadas, como Mancuso ha reiterado que es su caso. A eso se le ha llamado “la circulación de roles entre terceros civiles y miembros de grupos armados ilegales”, un hecho notorio de la historia del conflicto armado en Colombia.

Así lo afirma el auto: “En la práctica puede darse el caso de un tercero civil que inicialmente emprendió acciones de promoción, financiación y auspicio o colaboración con grupos paramilitares, y posteriormente derivó en una adscripción completa a la estructura, convirtiéndose en miembro por tener una función continua de combate”. En ese caso, el solicitante debe demostrar esa circulación.

El exjefe de las Auc, que pidió pista en la JEP desde abril de 2018, se comprometió con los magistrados a dar una verdad exhaustiva y aseguró que, si bien aportó una vasta información en Justicia y Paz, en la que menciona a empresas y personas naturales, agregó que no fueron investigadas y por ello retomará los relatos en la JEP para que no queden impunes.

La magistratura explicó que “la verdad detallada y exhaustiva que el solicitante aportará ante esta justicia transicional no será diferente a la ya planteada ante Justicia y Paz, como el caso de Carlos Mattos mencionado en sus relatos sobre la ‘paraeconomía’, sin embargo, estos versarán sobre los detalles que conoce y que permitirán develar los motivos de la inoperancia judicial para sancionar de manera selectiva a unos cuantos”.

(Vea: 'Sin los empresarios no se cierra el conflicto armado': Philipp Wesche)

Cabe recordar que un proceso similar vivieron los excongresistas David Char y Álvaro Ashton, quienes después de entregar las mejoras en su plan de verdad fueron aceptados en la Jurisdicción y hoy están rindiendo versiones sobre su participación en la guerra como financiadores y colaboradores del paramilitarismo.

Mancuso se encuentra preso en Atlanta (Estados Unidos) desde 2008, cuando fue extraditado por el delito de tráfico de drogas. Desde allá siguió con sus procesos en Justicia y Paz. De hecho, el año pasado Luz Marina Zamora Buitrago, jueza de ejecución de penas de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó dejarlo en libertad tras cumplir ocho años preso, la condena obligatoria de los máximos responsables del paramilitarismo. Se espera que llegue al país este año. 

De acuerdo con la Fiscalía, Mancuso estuvo al frente de 139 masacres, en las que asesinaron a 837 personas en el país. Entre ellas están la del corregimiento El Salado, del municipio de Carmen de Bolívar, donde fueron asesinadas cerca de cuarenta personas en febrero de 2000; el corregimiento de El Aro, del municipio de Ituango (Antioquia), donde asesinaron a 17 campesinos, robaron sus bienes y quemaron el pueblo, en 1997, y la del municipio de Mapiripán, donde ejecutaron a 75 campesinos, en el mismo año.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien este año terminará de pagar su condena por narcotráfico en Estados Unidos, está cada vez más cerca de entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta justicia no solo decidió estudiar su caso como tercero civil —es decir, como un financiador, colaborador o auspiciador de grupos armados—, sino que ya recibió un primer borrador de su plan de contribución a la verdad y reparación a las víctimas, un requisito fundamental para garantizar los derechos de las víctimas.

Los magistrados de la Sala de Reconocimiento analizaron los documentos de compromiso y luego hicieron una serie de requerimientos para que el excomandante especifique acontecimientos y nexos que demuestren que está dispuesto a realizar un gran aporte de verdad. En su respuesta, Mancuso manifestó conocer hechos que aún no se han investigado o que, si lo fueron, no pudo participar en su esclarecimiento. “Hace hincapié en aquellas investigaciones que en su mayoría han terminado con sentencias absolutorias y señala como responsables o partícipes a las siguientes personas: Santiago Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez, Piedad Córdoba, Iván Cepeda, “el doctor Lara” y la familia de Alfonso López”, reza el auto 04/00-84/19, conocido por este diario.

Mancuso agregó en su primer borrador del plan de contribución de verdad y reparación a las víctimas una lista de hechos que demostrarían que, entre 1989 y 1996, desempeñó el rol de tercero, según la notificación, “viéndose comprometido con acciones de intimidación y muertes violentas de personas pertenecientes a grupos de izquierda, al igual que con acciones de destrucción y apropiación de bienes civiles (despojo de tierras) en el municipio de Turbo (sector Tulapas del departamento de Antioquia), bajo la premisa de una lucha antisubversiva”.

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Dentro de los crímenes está el asesinato de dos guerrilleros que extorsionaron sus negocios familiares en 1989. También mencionó que, en 1991, los empresarios y ganaderos de Córdoba, bajo su liderazgo, financiaron grupos de vigilancia privada bajo órdenes del comandante del Batallón de Contraguerrilla Coyarac de la Brigada XI. Cuando murió el comandante de esta unidad militar, un año después, Mancuso asumió el mando de dichos grupos y los respaldó con recursos de sus actividades de ganadería y agricultura. Y, en 1995, creó la empresa de seguridad y vigilancia Horizonte y promovió su réplica en varios municipios de Córdoba y en la región de Urabá.

Se refirió también a su contribución en la consolidación de la escuela de entrenamiento militar ilegal en la Finca La 35, ubicada entre Córdoba y Antioquia, y sus incursiones en los corregimientos de El Tres y Currulao, en el municipio de Turbo, donde asesinaron y desaparecieron a decenas de personas con el apoyo de los denominados “Comandos Populares”, en 1996. Según la investigación de la JEP, estos hechos no han sido judicializados en Justicia y Paz ni en la justicia ordinaria.

Aunque mencionó varios hechos, la JEP le pidió ampliar su plan de verdad que, de acuerdo con los plazos, ya debió ser entregado a la magistratura los primeros días de enero, a través del formulario F1, creado por la Sección de Apelación para los terceros que quieren someterse voluntariamente a esta justicia.

Ahora la Jurisdicción deberá entregárselos a las víctimas acreditadas en la Situación Territorial de la Región de Urabá, donde operó, y la Procuraduría para que la revisen. Luego la Sala de Reconocimiento intervendrá y zanjará la discusión. Lo cierto es que, a través de esta notificación, la Sala de Reconocimiento dejó claro que está avanzando en el análisis de la solicitud de acogimiento de Mancuso, una instancia que hasta ahora no ha sido alcanzada por otro exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), pero que podría abrir un capítulo de esclarecimiento del conflicto armado más integral.

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En varias decisiones, en las que les ha cerrado las puertas a miembros de las Auc, la Jurisdicción ha argumentado que uno de los requisitos para ingresar como tercero civil es no haber ostentado categoría de combatiente en ningún grupo armado y que, en el caso de los paramilitares, su juez natural es Justicia y Paz.

Sin embargo, la JEP ha hecho una excepción, a la luz de otros fallos en la justicia ordinaria, para aquellos exparamilitares que antes de ingresar a las filas financiaron o contribuyeron a estructuras armadas, como Mancuso ha reiterado que es su caso. A eso se le ha llamado “la circulación de roles entre terceros civiles y miembros de grupos armados ilegales”, un hecho notorio de la historia del conflicto armado en Colombia.

Así lo afirma el auto: “En la práctica puede darse el caso de un tercero civil que inicialmente emprendió acciones de promoción, financiación y auspicio o colaboración con grupos paramilitares, y posteriormente derivó en una adscripción completa a la estructura, convirtiéndose en miembro por tener una función continua de combate”. En ese caso, el solicitante debe demostrar esa circulación.

El exjefe de las Auc, que pidió pista en la JEP desde abril de 2018, se comprometió con los magistrados a dar una verdad exhaustiva y aseguró que, si bien aportó una vasta información en Justicia y Paz, en la que menciona a empresas y personas naturales, agregó que no fueron investigadas y por ello retomará los relatos en la JEP para que no queden impunes.

La magistratura explicó que “la verdad detallada y exhaustiva que el solicitante aportará ante esta justicia transicional no será diferente a la ya planteada ante Justicia y Paz, como el caso de Carlos Mattos mencionado en sus relatos sobre la ‘paraeconomía’, sin embargo, estos versarán sobre los detalles que conoce y que permitirán develar los motivos de la inoperancia judicial para sancionar de manera selectiva a unos cuantos”.

(Vea: 'Sin los empresarios no se cierra el conflicto armado': Philipp Wesche)

Cabe recordar que un proceso similar vivieron los excongresistas David Char y Álvaro Ashton, quienes después de entregar las mejoras en su plan de verdad fueron aceptados en la Jurisdicción y hoy están rindiendo versiones sobre su participación en la guerra como financiadores y colaboradores del paramilitarismo.

Mancuso se encuentra preso en Atlanta (Estados Unidos) desde 2008, cuando fue extraditado por el delito de tráfico de drogas. Desde allá siguió con sus procesos en Justicia y Paz. De hecho, el año pasado Luz Marina Zamora Buitrago, jueza de ejecución de penas de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó dejarlo en libertad tras cumplir ocho años preso, la condena obligatoria de los máximos responsables del paramilitarismo. Se espera que llegue al país este año. 

De acuerdo con la Fiscalía, Mancuso estuvo al frente de 139 masacres, en las que asesinaron a 837 personas en el país. Entre ellas están la del corregimiento El Salado, del municipio de Carmen de Bolívar, donde fueron asesinadas cerca de cuarenta personas en febrero de 2000; el corregimiento de El Aro, del municipio de Ituango (Antioquia), donde asesinaron a 17 campesinos, robaron sus bienes y quemaron el pueblo, en 1997, y la del municipio de Mapiripán, donde ejecutaron a 75 campesinos, en el mismo año.