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Durante su primera comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el general (r) Mario Montoya Uribe insistió en su inocencia en el marco de la investigación por los denominados falsos positivos y, de entrada, no reconoció a las víctimas de estos hechos mientras fue comandante del Ejército, entre 2006 y 2008.
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“Para la fecha, el general Montoya era comandante del Ejército y esos hechos ocurrieron en unas unidades tácticas (Batallón de Contraguerrilla N° 35 y Batallón Santander), con los cuales el general Montoya no tenía la tarea de subordinación, ya que esta solo la tienen los comandantes de las divisiones”, explicó su abogado, Andrés Garzón, quien interpuso un recurso de reposición.
A partir de este argumento, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidió suspender la diligencia hasta que resuelva este recurso. Deberán estudiar los argumentos de la defensa, que insiste que, a la luz de la doctrina militar “era imposible” que el general Montoya conociera esos hechos. Por eso, la defensa insistió en la inocencia del oficial y que no pedirá perdón por hechos sobre los cuales no tuvo conocimiento. “Él debe arrepentirse de lo que ha hecho y no debe arrepentirse de las cosas de terceros. En este caso viene a demostrar su inocencia”.
Los representantes de víctimas aseguraron que esta suspensión “es una burla” y pidieron que se eviten nuevos trámites que pueden ir en detrimento de los derechos de las víctimas. “Esto tiene dos connotaciones: la primera, la JEP es excesivamente ritualista. Las víctimas lo han dicho, acá queremos escuchar verdades. La segunda, el argumento de la defensa es absurdo, para no reconocer a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales”, dijo el abogado Germán Romero.
Por otro lado, para Juan Carlos Ospina, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas, este es un debate de fondo sobre el tema de la cadena de mando y la responsabilidad por omisión. “Esta audiencia no era el momento procesal para discutir sobre la responsabilidad de mando ni sobre la inexistencia de los hechos y, en consecuencia, de víctimas, que fue lo que hizo el abogado del compareciente”.
Los casos
Durante el comienzo de la diligencia, la secretaría de la JEP enumeró los procesos y denuncias que obran en la justicia ordinaria contra el oficial en retiro. Para ello, el pasado 28 de agosto, la Sala, al conocer las investigaciones por presuntas violaciones a los DD. HH. e infracciones al DIH por cuenta de Montoya, ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP que practicara una inspección judicial para identificar los hechos y las víctimas de tales investigaciones.
Entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre, esa Unidad recopiló información que sirvió como base para realizar la diligencia para la firma del acta de sometimiento a este sistema de justicia transicional. En el expediente no solo se menciona a Montoya Uribe, sino también a los generales del Ejército Luis Roberto Pico Hernández, Óscar González Peña y Jorge Arturo Salgado Restrepo por su posible responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida. Contra estos altos oficiales testificó el coronel Luis Fernando Borja Aristizábal.
Asimismo, para llamar a comparecer a Montoya Uribe la Sala también tuvo en cuenta hechos como la Operación Orión, registrada el 16 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín. Tras esta actuación, en la que participaron uniformados de la IV Brigada, se denunciaron homicidios, desapariciones forzadas y heridos. En ese momento el general en retiro fungía como comandante de esa unidad militar.
Entre los hechos por los cuales también se investiga a Montoya Uribe también se incluyen los denominados falsos positivos de Soacha. A esos casos se sumaron una veintena de víctimas que fueron presentadas como muertos en combate en distintas zonas del país. No obstante, durante la diligencia se advirtió que el número de víctimas puede ser superior.
El clamor
Mientras se desarrollaba la audiencia, grupos de ciudadanos se manifestaron frente a la sede de la JEP, en Bogotá, y mostraron su desacuerdo ante la intención del oficial en retiro de probar su inocencia en el sistema de justicia transicional. “Queremos que Montoya diga la verdad”.
Desde Medellín, Adriana Arboleda, representante de víctimas de violaciones a los DD. HH. tras la Operación Orión, criticó que no se hubiesen convocado a las personas afectadas por ejecuciones extrajudiciales en la Comuna 13. “Nos preocupa que no las hayan convocado a todas. ¿Cómo hacemos para que las víctimas de Medellín participen a una audiencia en Bogotá? Nos preocupa que no se tenga en cuenta el enfoque territorial”, indicó.
El general (r) solicitó en julio pasado someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz y con la audiencia de este jueves se tenía previsto que Montoya firmara el acta de sometimiento con el compromiso de aportar al esclarecimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y a la no repetición de las conductas.
Esta es la primera vez que Montoya, el militar más condecorado de la historia y el cerebro de la Operación Jaque, acude ante un juez debido a que en la justicia ordinaria no hubo avances en su caso. Desde inicios de 2016, la Fiscalía anunció audiencia de imputación de cargos por la investigación que se adelanta por su posible responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. Esa diligencia, a través de la cual se buscaba iniciar la investigación formal en su contra, se aplazó para noviembre de ese año, y desde entonces fue suspendida de manera indefinida.
Ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene la misión de esclarecer los hechos por los cuales Montoya es investigado. El oficial insiste en su inocencia y la JEP reanudará la diligencia cuando llegue a una conclusión alrededor de los argumentos de la defensa para garantizar el debido proceso. Hasta entonces, Montoya podrá firmar el acta e ingresar a la justicia transicional.