“Me preocupan las manifestaciones en contra del sistema de justicia transicional”: ONU DDHH

Este viernes 26 de febrero, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dio su informe sobre la situación en esta materia de cinco países, entre esos, Colombia. Bachelet comenzó su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización reconociendo los esfuerzos del Estado colombiano para “responder a la pandemia de la COVID-19 con un enfoque de derechos humanos”. Sin embargo, en materia de conflicto armado, la situación que observó la alta comisionada no fue nada alentadora.

“En 2020, recibimos información sobre 81 masacres, de las que documentamos 76, el mayor número desde 2014. Asimismo, registramos 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los que documentamos 90. La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia también documentó al menos 252 asesinatos de excombatientes de las FARC desde la firma del Acuerdo de paz”, dijo la funcionaria.

Por esta razón instó al Estado a “redoblar esfuerzos para proteger a la población, estableciendo una presencia estatal integral en los territorios más afectados”, pues su oficina observa que el crecimiento de la violencia se debe a “la expansión de grupos armados no estatales y de grupos criminales”. Además, también pidió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adoptar una política pública para desmantelar las organizaciones criminales y al Estado “a seguir fortaleciendo la unidad especial de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación”.

En medio de estas preocupaciones, Bachelet destacó los avances en la justicia transicional. “Estos avances, y la futura publicación del informe de la Comisión de la Verdad, constituyen una oportunidad histórica para garantizar los derechos de las víctimas y abrirle camino a una reconciliación que permita superar décadas de violencia y conflicto”, dijo al tiempo que anotó su preocupación por los “las manifestaciones en contra del sistema de justicia transicional, incluyendo las propuestas legislativas de abolir la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Por esta razón urgió al Estado a proteger a la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, así como a sus funcionarios y a todas las personas que acuden a ellas.

En días pasados la representante en Colombia de la oficina de Michelle Bachelet, Juliette de Rivero, en entrevista con Colombia2020, se refirió al informe que hizo su oficina, en el que, por ejemplo, detallan que en las 76 masacres que pudieron verificar fueron asesinadas 292 personas de las cuales 24 eran niños y niñas. De Rivero, además, dijo que era importante que las instituciones se coordinaran para erradicar el problema de los asesinatos de líderes sociales y que “el énfasis es en una política pública de desmantelamiento y en acciones de prevención de la violencia”.

(Le recomendamos: “El énfasis debe ser en una política para desmantelar grupos armados”: ONU DD.HH)

Este viernes 26 de febrero, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dio su informe sobre la situación en esta materia de cinco países, entre esos, Colombia. Bachelet comenzó su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización reconociendo los esfuerzos del Estado colombiano para “responder a la pandemia de la COVID-19 con un enfoque de derechos humanos”. Sin embargo, en materia de conflicto armado, la situación que observó la alta comisionada no fue nada alentadora.

“En 2020, recibimos información sobre 81 masacres, de las que documentamos 76, el mayor número desde 2014. Asimismo, registramos 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los que documentamos 90. La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia también documentó al menos 252 asesinatos de excombatientes de las FARC desde la firma del Acuerdo de paz”, dijo la funcionaria.

Por esta razón instó al Estado a “redoblar esfuerzos para proteger a la población, estableciendo una presencia estatal integral en los territorios más afectados”, pues su oficina observa que el crecimiento de la violencia se debe a “la expansión de grupos armados no estatales y de grupos criminales”. Además, también pidió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adoptar una política pública para desmantelar las organizaciones criminales y al Estado “a seguir fortaleciendo la unidad especial de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación”.

En medio de estas preocupaciones, Bachelet destacó los avances en la justicia transicional. “Estos avances, y la futura publicación del informe de la Comisión de la Verdad, constituyen una oportunidad histórica para garantizar los derechos de las víctimas y abrirle camino a una reconciliación que permita superar décadas de violencia y conflicto”, dijo al tiempo que anotó su preocupación por los “las manifestaciones en contra del sistema de justicia transicional, incluyendo las propuestas legislativas de abolir la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Por esta razón urgió al Estado a proteger a la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, así como a sus funcionarios y a todas las personas que acuden a ellas.

En días pasados la representante en Colombia de la oficina de Michelle Bachelet, Juliette de Rivero, en entrevista con Colombia2020, se refirió al informe que hizo su oficina, en el que, por ejemplo, detallan que en las 76 masacres que pudieron verificar fueron asesinadas 292 personas de las cuales 24 eran niños y niñas. De Rivero, además, dijo que era importante que las instituciones se coordinaran para erradicar el problema de los asesinatos de líderes sociales y que “el énfasis es en una política pública de desmantelamiento y en acciones de prevención de la violencia”.

(Le recomendamos: “El énfasis debe ser en una política para desmantelar grupos armados”: ONU DD.HH)