Medidas para esclarecer la desaparición forzada

Desde que se dio vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con el Acto 01 del 4 de abril de 2017, se ha hablado de la necesidad de articular las tres entidades que lo componen (la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos). Una tarea difícil en medio de los retos propios que ha tenido cada órgano para su funcionamiento.

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Sin embargo, desde hace unos meses se viene adelantando un proceso entre la JEP y la Unidad de Búsqueda, que busca proteger al menos 16 lugares del país, ubicados en cinco departamentos, donde se presume que están inhumadas personas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado.

Todo empezó con la petición que le hizo el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) a la JEP, el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Para el Movice, los riesgos que enfrentan estos lugares “van más allá del deterioro causado por la tierra”. Señalan que son sitios en constante riesgo de que personas vinculadas a procesos de investigación en su contra eliminen pruebas que los pueda incriminar y que, además, en algunos casos están priorizados para adelantar grandes proyectos minero-energéticos.

En Antioquia, por ejemplo, se busca proteger Hidroituango, la Comuna 13, Betulia y Puerto Berrío. En relación con el megaproyecto Hidroituango, el Movice cita que los grupos paramilitares han reconocido ante Justicia y Paz que se cometieron más de 1.500 desapariciones en el Norte y Bajo Cauca antioqueño, donde tendría influencia este proyecto, que no ha entrado a funcionar aún por fallas técnicas.

En la Comuna 13 de Medellín se ha solicitado el “cierre inmediato” de los sitios denominados como La Escombrera y La Arenera, destinados como botadero de escombros. Una petición que fue respaldada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en 2013.

En el Magdalena caldense se pidió la protección en los municipios de Samaná, Riosucio, Victoria y Norcasia, ya que según el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), del Instituto de Medicina Legal, se registran 1.934 personas desaparecidas en Caldas. Los ríos del municipio de Samaná: Manso, Hondo, San Antonio y Moro han sido, durante varios períodos de violencia, grandes tumbas de agua. Y a esto se suma la preocupación de las víctimas porque este oriente caldense y parte del occidente han sido lugares priorizados para la ejecución de grandes proyectos hidroeléctricos y mineros.

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En el Magdalena Medio las medidas de protección están relacionadas con las pretensiones del dueño de un predio en Aguachica (Cesar), donde queda un cementerio, y hoy ese propietario quiere construir un edificio en el lugar. También se busca atender las denuncias de víctimas para proteger lugares en San Vicente de Chucurí, Lebrija y Cimitarra (Santander), a propósito de las declaraciones de paramilitares del bloque Central Bolívar, que confesaron en las audiencias de Justicia y Paz que allí hay fosas comunes. De hecho, según el Movice, en 1989 fue hallada una fosa común con los restos de más de 50 personas, pero la mayoría de estas aún no han sido identificadas ni entregadas a sus familiares.

El quinto departamento es Sucre, y allí se pidió resguardar los cementerios de Sincelejo, Corozal y San Marcos, así como las fincas La Alemania y El Palmar, donde habría fosas comunes de la época paramilitar, pero hoy hay proyectos de ganadería extensiva, monocultivos de palma aceitera y teca.

Medidas cautelares

Si bien todavía faltan algunos meses para que se conozca alguna orden judicial sobre estos casos, ya se han dado importantes avances, como que la JEP haya ratificado su competencia para tomar medidas cautelares (que permitiría ordenar la no intervención de estos espacios) y que haya pedido mayor información para tomar una decisión a las autoridades locales, al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

Este diario conoció que, incluso, algunas de estas entidades ya han aportado información valiosa y que, por ejemplo, la Fiscalía entregó documentación y aseguró que aportará más. El Ministerio del Interior entregó una USB con información que ya se está tramitando en la JEP.

Para Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, esta acción coordinada con la JEP ha permitido por primera vez para la Unidad visualizar maneras de articulación entre órganos de este sistema. Monzón aclara que si bien en el país hay un marco jurídico que ya obliga a las autoridades a implementar acciones de protección sobre lugares donde se presume que hay cuerpos de personas desaparecidas, hay un desconocimiento de estas normas que ha impedido que se avance en estos temas.

Por eso celebra que la JEP ratifique su competencia para tomar medidas cautelares, ya que si bien la Unidad tiene como mandato la implementación de acciones humanitarias encaminadas a la búsqueda y localización de personas desaparecidas en el conflicto armado, esta no puede solicitar la protección de un lugar sin tener listo el Plan Nacional de Búsqueda. La metodología que está en construcción requiere información y participación de las familias y organizaciones que buscan a personas desaparecidas, así como de otras entidades. Además, por su carácter extrajudicial y humanitario, la Unidad no puede ordenar medidas cautelares. Sus acciones son administrativas y no judiciales, y solo se pondrán en marcha cuando tengan el plan de búsqueda.

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“Esta petición surge por el riesgo que tienen estos 16 lugares para la recuperación de cuerpos. Una vez entra una máquina a excavar o construyes un edificio, las posibilidades de encontrar los cuerpos que puedan estar ahí se pierden para siempre. Por eso este caso ha sido un aprendizaje de nuevas formas de relacionamiento interinstitucional con un objetivo común: la satisfacción de los derechos de las víctimas”, comentó con acierto Monzón.

Para quienes llevan décadas buscando a sus familiares desaparecidos en estos 16 lugares es clave que la JEP proteja estos sitios mientras se toman decisiones de fondo, como ordenar exhumaciones. Claro, la JEP solo lo hará en aquellos sitios en donde haya suficiente evidencia para creer que se puede avanzar en el esclarecimiento y entrega de cuerpos de uno de los delitos más masivos y crueles que padeció el país durante el conflicto armado: la desaparición forzada.

Desde que se dio vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con el Acto 01 del 4 de abril de 2017, se ha hablado de la necesidad de articular las tres entidades que lo componen (la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos). Una tarea difícil en medio de los retos propios que ha tenido cada órgano para su funcionamiento.

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Sin embargo, desde hace unos meses se viene adelantando un proceso entre la JEP y la Unidad de Búsqueda, que busca proteger al menos 16 lugares del país, ubicados en cinco departamentos, donde se presume que están inhumadas personas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado.

Todo empezó con la petición que le hizo el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) a la JEP, el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Para el Movice, los riesgos que enfrentan estos lugares “van más allá del deterioro causado por la tierra”. Señalan que son sitios en constante riesgo de que personas vinculadas a procesos de investigación en su contra eliminen pruebas que los pueda incriminar y que, además, en algunos casos están priorizados para adelantar grandes proyectos minero-energéticos.

En Antioquia, por ejemplo, se busca proteger Hidroituango, la Comuna 13, Betulia y Puerto Berrío. En relación con el megaproyecto Hidroituango, el Movice cita que los grupos paramilitares han reconocido ante Justicia y Paz que se cometieron más de 1.500 desapariciones en el Norte y Bajo Cauca antioqueño, donde tendría influencia este proyecto, que no ha entrado a funcionar aún por fallas técnicas.

En la Comuna 13 de Medellín se ha solicitado el “cierre inmediato” de los sitios denominados como La Escombrera y La Arenera, destinados como botadero de escombros. Una petición que fue respaldada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en 2013.

En el Magdalena caldense se pidió la protección en los municipios de Samaná, Riosucio, Victoria y Norcasia, ya que según el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), del Instituto de Medicina Legal, se registran 1.934 personas desaparecidas en Caldas. Los ríos del municipio de Samaná: Manso, Hondo, San Antonio y Moro han sido, durante varios períodos de violencia, grandes tumbas de agua. Y a esto se suma la preocupación de las víctimas porque este oriente caldense y parte del occidente han sido lugares priorizados para la ejecución de grandes proyectos hidroeléctricos y mineros.

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En el Magdalena Medio las medidas de protección están relacionadas con las pretensiones del dueño de un predio en Aguachica (Cesar), donde queda un cementerio, y hoy ese propietario quiere construir un edificio en el lugar. También se busca atender las denuncias de víctimas para proteger lugares en San Vicente de Chucurí, Lebrija y Cimitarra (Santander), a propósito de las declaraciones de paramilitares del bloque Central Bolívar, que confesaron en las audiencias de Justicia y Paz que allí hay fosas comunes. De hecho, según el Movice, en 1989 fue hallada una fosa común con los restos de más de 50 personas, pero la mayoría de estas aún no han sido identificadas ni entregadas a sus familiares.

El quinto departamento es Sucre, y allí se pidió resguardar los cementerios de Sincelejo, Corozal y San Marcos, así como las fincas La Alemania y El Palmar, donde habría fosas comunes de la época paramilitar, pero hoy hay proyectos de ganadería extensiva, monocultivos de palma aceitera y teca.

Medidas cautelares

Si bien todavía faltan algunos meses para que se conozca alguna orden judicial sobre estos casos, ya se han dado importantes avances, como que la JEP haya ratificado su competencia para tomar medidas cautelares (que permitiría ordenar la no intervención de estos espacios) y que haya pedido mayor información para tomar una decisión a las autoridades locales, al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

Este diario conoció que, incluso, algunas de estas entidades ya han aportado información valiosa y que, por ejemplo, la Fiscalía entregó documentación y aseguró que aportará más. El Ministerio del Interior entregó una USB con información que ya se está tramitando en la JEP.

Para Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, esta acción coordinada con la JEP ha permitido por primera vez para la Unidad visualizar maneras de articulación entre órganos de este sistema. Monzón aclara que si bien en el país hay un marco jurídico que ya obliga a las autoridades a implementar acciones de protección sobre lugares donde se presume que hay cuerpos de personas desaparecidas, hay un desconocimiento de estas normas que ha impedido que se avance en estos temas.

Por eso celebra que la JEP ratifique su competencia para tomar medidas cautelares, ya que si bien la Unidad tiene como mandato la implementación de acciones humanitarias encaminadas a la búsqueda y localización de personas desaparecidas en el conflicto armado, esta no puede solicitar la protección de un lugar sin tener listo el Plan Nacional de Búsqueda. La metodología que está en construcción requiere información y participación de las familias y organizaciones que buscan a personas desaparecidas, así como de otras entidades. Además, por su carácter extrajudicial y humanitario, la Unidad no puede ordenar medidas cautelares. Sus acciones son administrativas y no judiciales, y solo se pondrán en marcha cuando tengan el plan de búsqueda.

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“Esta petición surge por el riesgo que tienen estos 16 lugares para la recuperación de cuerpos. Una vez entra una máquina a excavar o construyes un edificio, las posibilidades de encontrar los cuerpos que puedan estar ahí se pierden para siempre. Por eso este caso ha sido un aprendizaje de nuevas formas de relacionamiento interinstitucional con un objetivo común: la satisfacción de los derechos de las víctimas”, comentó con acierto Monzón.

Para quienes llevan décadas buscando a sus familiares desaparecidos en estos 16 lugares es clave que la JEP proteja estos sitios mientras se toman decisiones de fondo, como ordenar exhumaciones. Claro, la JEP solo lo hará en aquellos sitios en donde haya suficiente evidencia para creer que se puede avanzar en el esclarecimiento y entrega de cuerpos de uno de los delitos más masivos y crueles que padeció el país durante el conflicto armado: la desaparición forzada.