484 agentes del Estado habrían participado de crímenes contra líderes sociales
Un informe presentado por la Comisión Colombiana de Juristas ante la JEP afirma que la Fiscalía tiene identificados a miembros del Ejército, la Policía y agentes del DAS que habrían participado de crímenes contra defensores de derechos humanos entre 1985 y 2016. Esto fue lo que pasó en el país en tres décadas.
Agentes del extinto DAS e integrantes del Ejército y de la Policía habrían participado de crímenes contra defensores de derechos humanos cometidos entre 1985 y 2016, según información de la Fiscalía. Según el ente investigador, son 484 agentes de Estado quienes tendrían responsabilidad en varios casos. De ellos, 415 están vinculados formalmente a distintos procesos judiciales.
En esta información se basó la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) para entregarle a la JEP el pasado 26 de mayo el informe titulado “El ‘enemigo interno’: deshumanización e impunidad contra personas defensoras de derechos humanos”. Colombia+20 conoció el documento de antesala al informe oficial en el que la organización caracterizó los crímenes cometidos por el Estado en dos décadas.
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En este documento, la organización de defensa de derechos humanos denunció que durante 31 años, hasta antes de la firma del Acuerdo de Paz, las zonas del país donde más se registraron hechos violentos como amenazas, desplazamientos, intimidaciones y homicidios contra defensores de derechos humanos y liderazgos sociales fueron Antioquia, Bogotá, Arauca, Norte de Santander, Atlántico y Cesar.
El año más violento
En 1997, de hecho, se registró el pico más alto de violencia en esas tres décadas: 1.471 líderes y lideresas sociales denunciaron amenazas en su contra, en especial quienes tenían algún trabajo político, que representaban 1.330 personas. Luego estuvo el de activismo de derechos humanos con 39 casos y le siguió el sector sindical con 32.
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Precisamente en 1997 -año en el que además hubo elecciones locales en Colombia-, la violencia política se agudizó, en especial en departamentos del país con presencia de grupos guerrilleros y paramilitares. Human Rights Watch documentó en ese momento que en los primeros ocho meses de ese año se cometieron al menos 35 masacres en todo el país, 27 de ellas fueron responsabilidad de grupos paramilitares y ocho de ellas se cometieron por parte de la guerrilla de las Farc.
Otro dato es que solo Antioquia ese año se documentaron 566 casos de amenazas contra líderes y lideresas sociales por parte de grupos armados ilegales.
Esa época también coincidió con las declaraciones hechas por el oficial de reserva y subdirector del DAS José Miguel Narváez, quien señaló públicamente que “la mayor parte de los subversivos se encontraban desarmados e infiltrados o enmascarados en el común de la gente″. Por esas fechas también se pronunció oficialmente la Brigada XX encargada de inteligencia, quienes resaltaron que apenas el “15 % de los subversivos se encontraba alzado en armas. El 85 % restante, según los militares, no estaban armados y adelantaban la guerra política”, como lo documenta el informe entregado por la CCJ.
De acuerdo con los investigadores, la participación del Estado, en especial de agentes militares o de Fuerza Pública en los crímenes contra defensores en esta época fue indirecta y relacionada con la estigmatización de sus roles sociales. “El ente acusador plantea como hipótesis que la estigmatización ejercida contra individuos y grupos de defensores se da al considerarlos como “un apoyo a las organizaciones subversivas o un obstáculo para su posicionamiento en la guerra en contra de la insurgencia””, dice el informe.
Una de las conclusiones del informe es que hasta 1990, el papel de los agentes de Estado en algunos de estos casos fue indirecto. Es decir, a través de señalamientos y estigmatización y que quienes perpetraron los crímenes después fueron grupos paramilitares.
Más allá de las amenazas, según la base de datos de violencia sociopolítica de la CCJ, los homicidios fueron la segunda agresión más cometida contra los defensores, con 290 casos en todo ese año. A partir de allí y hasta el 2003, la cifra no bajó de 300 asesinatos anuales. Un año más tarde, en el 2004, los homicidios descendieron a 214 casos. Los tipos de liderazgo más afectados en el país en ese momento coyuntural y de escenarios de violencia electoral fueron los liderazgos políticos, luego los sindicales y por último los comunitarios.
Vea: Así fue la primera audiencia contra Colombia por inteligencia ilegal a defensores
En la Fiscalía actualmente hay 184 investigaciones (de los cuales apenas hay 161 activos) en los que hay indicios de participación de agentes del Estado en estos delitos. Dos de estas indagaciones fueron remitidas a la Justicia Penal MIlitar, trece más fueron inhabilitados y el resto precluyeron o fueron archivados. Para la CCJ esa inacción de la justicia representa un patrón de impunidad “que se explica por las pocas o nulas instrucciones probatorias en contexto y que se dan por los perfiles de las víctimas”.
Hechos históricos
La Comisión Colombiana de Juristas documentó algunos hechos contra reconocidos defensores de derechos humanos que ocurrieron entre 1979. Entre ese año y 1983, el Ejército detuvo arbitrariamente y torturó a los abogados de presos políticos Sebastián Arias, Manuel Martínez, Julio Pachón, Alfonso Salamanca, Luz Valencia y Jorge Franco.
En 1981 ocurrió el asesinato del líder del pueblo indígena Katío Luis Aníbal Tascón, y el marzo de 1982 el grupo Muerte a Secuestradores asesinó a Cipagauta Galvis, que representaba jurídicamente a presos políticos y otras víctimas de crímenes del Estado. Ese mismo año ocurrieron los homicidios de Alberto Alava y José Adolfo Caicedo, ambos defensores de presos políticos y en marzo de 1983 desapareció José María Agudelo, también jurista.
Entre 1983, según reza en el informe, se documentó el asesinato de Ignacio Mustafá, un asesor sindical. “En 1985 se registaron detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública: una de esas contra Ramón Castillo, abogado del Comité de Derechos Humanos de Urabá, quien fue detenido, golpeado y ultrajado por miembros de la Policía”.
Un año más tarde quedó documentado el caso dde Ramón Emilio Arcila, abogado y dirigente social de Marinilla (Antioquia) en el marco de una jornada de manifestaciones en la que fue retenido durante una semana en la policía. En 1987, de acuerdo con el informe, ocurrió el caso de José Francisco Ramírez, un líder cívico y exdirigente de la Unión Patriótica que fue asesinado por mandos militares. Para ese año también registraron los casos de Luis Fernando Vélez, Carlos Gónima, ambos defensores de derechos humanos y asesinados. Y el caso Alirio de Jesús Pedraza, desaparecido forzosamente el 4 de julio del año 1990.
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Sobre este punto, la investigación concluye que “la victimización de jueces y abogados(as), entre 1979 y 1991, la violencia contras abogadas(os) se relacionó con la vulneración de los derechos humanos en el país. Se identificó que los homicidios y atentados contras los(as) profesionales del derecho se presentaron en una dinámica diferente por tres periodos, dejando un saldo total de 105 hechos de violencia”.
Una de las conclusiones del informe es que hasta 1990, el papel de los agentes de Estado en algunos de estos casos fue indirecto. Es decir, a través de señalamientos y estigmatización y que quienes perpetraron los crímenes después fueron grupos paramilitares. Uno de esos casos es el de Martín Calderón Jurado, era asesor del Comité de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. El 8 de octubre de 1988 fue interceptado en una carretera que conduce a Chitagá (Norte de Santander) por un grupo de paramilitares que lo asesinaron con 50 disparos. Ese líder ya había denunciado amenazas y estigmatizaciones por parte de integrantes del Ejército.
La violencia en los años 90
Aunque entre 1991 y 2001 el panorama político del país cambió luego de la nueva Constitución Política, el informe que entregó la CCJ a la JEP especifica que la situación de derechos humanos en Colombia se agravó luego de que los defensores fueran objeto de amenazas contra sus vidas a través de llamadas, notas anónimas y amenazas personales.
“Les decían que debían abandonar su trabajo o sufrir las consecuencias. Luego, los ataques y las ejecuciones extrajudiciales contra las(os) defensoras(es) fueron hechos frecuentes en Colombia. Las personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas de investigaciones penales sin fundamento, las cuales generalmente tenían como soporte informes de inteligencia del Ejército Nacional, pero no relacionaban las pruebas que vinculaban a las y los defensores con grupos armados ilegales. Además, varias organizaciones denunciaron ante la Comisión que las fuerzas de inteligencia del Estado realizaron actividades de inteligencia contra su labor”, dice el informe.
Para el período de 1990-1995 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz documentó 51.439 hechos violentos contra líderes y lideresas, de los cuales 4.736 fueron asesinatos. También se presentaron desapariciones forzadas a 1.088 personas, 569 hechos de tortura, 1.148 amenazas y 5.024 detenciones. La mayoría de víctimas mortales eran integrantes de organizaciones políticas, seguido de sindicalistas, organizaciones cíviles y populares, campesinos, indígenas, organizaciones de DD.HH. y estudiantes. Para analizar este período de tiempo, el informe explica que “desde 1993 se incluyó la presunta responsabilidad de los actores armados, evidenciando que entre 1993 - 1995 participaron directamente en la violencia sociopolítica tanto paramilitares como otros agentes de Estado a personas que venían siendo amenazados, hostigados, asesinados o desaparecidos sin que el gobierno brinde las garantías necesarias para el desempeño de las labores de defensa y promoción”.
Durante ese período, las organizaciones de derechos humanos reiteraron el riesgo inminente en el que estaban los integrantes de Asfaddes (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), quienes en 1992 fueron víctimas de señalamientos, amenazas, hotigamientos y atentados.
Esta organización, también conocida como Colectivo 82, fue la primera en el país en denunciar desapariciones forzadas a sindicalistas y líderes estudiantiles en Bogotá, inicialmente, por parte de agentes del extinto F2, una estructura de inteligencia de la Policía en los ochenta.
Uno de los casos más emblemáticos de la organización fue el de Ángel Quintero y Claudia Monsalve, ambos líderes y defensores de derechos humanos de las familiares víctimas de desaparición. En octubre del año 2000 en Medellín, ambos fueron abordados por hombres armados que los obligaron a subirse a una camioneta para desaparecerlos. Las investigaciones por este crimen han arrojado que las líneas telefónicas de ambos habían sido interceptadas ilegalmente por personal del Gaula Urbano de Medellín en el que, para le época, estaba el teniente Mauricio Santoyo Velasco, quien años después fue ascendido a secretario de Seguridad en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
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En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
En estos años se comenzó a implementar la Política de Seguridad Democrática que, de acuerdo con el informe de la CCJ, dejó como resultado un incremento en el registro de violaciones a los derechos humanos atribuidas a agentes del Estado, y además involucró a la población civil en el conflicto armado, desconociendo el principio de distinción entre civiles y combatientes”. En ese lapso se presentaron 958 agresiones contra líderes y lideresas sociales, empezando por las amenazas (663 casos), seguido de los asesinatos (124), las detenciones arbitrarias (101), los atentados (44), entre otras victimizaciones.
Los principales responsables de esos delitos cometidos entre 2002-2010 fueron los paramilitares, a quienes se les atribuyen 521 agresiones. Personas desconocidas o nunca identificadas son responsables de 199 casos, seguido de los agentes del Estado, con 192 agresiones en esos ocho años. Luego, a la guerrilla le fueron documentados 44 casos y uno fue perpetrado por un agente extranjero. Asimismo, según la caracterización de la Comisión, el departamento con más victimizaciones fue Santander, luego Bogotá, después Cauca, Valle, Antioquia, Arauca, Meta y Atlántico, por mencionar algunos.
Por su parte, la CCJ destacó que “durante este periodo se presentó un contexto hostil promovido por el gobierno, a través de manifestaciones estigmatizantes y la implementación de una política de espionaje y seguimiento por parte de agencias de inteligencia”. En el documento especifican, por ejemplo, que entre enero de 2002 y diciembre de 2009, al menos hubo 110 personas asesinadas, de las cuales 11 habían sido desaparecidas forzosamente. “En estos casos se identificó la participación del Estado en el 43 % de los casos (63 víctimas) entre las que hubo perpetración directa (9 víctimas) y omisión, tolerancia o apoyo a grupos paramilitares (54 víctimas)”, se lee en el documento.
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De hecho, especifican que este período fue el que más registró amenazas por parte de líderes y lideresas sociales. Entre el 2000 y 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recibe denuncias de todo el continente, recepcionó 44 casos colombianos, lo que los llevó a determinar que esos actos están “dirigidos a causar temor generalizado y, por consiguiente, desanimar a las demás defensoras y defensores de derechos humanos, así como a atemorizar y silenciar las denuncias, reclamos y reivindicaciones de las víctimas de derechos humanos alimentando la impunidad e impidiendo la plena realización del Estado de derecho y la democracia”. Uno de los años más violentos en esos ocho años fue el 2008, en el que se documentaron 40 asesinatos a sindicalistas y a 16 docentes.
Para intentar mitigar la crisis que se vivía en la época, la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU, en una visita que hizo al país en 2009, dejó constancia que habían remitido 39 comunicaciones al Gobierno advirtiendo del inminente riesgo que estaban viviendo los defensores de derechos humanos con el elevado número de homicidios, desapariciones y amenazas.
La situación en el gobierno Santos
Para el período 2011-2016, justo hasta antes de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, según el programa Somos Defensores, este gobierno no protegió los derechos de los líderes y lideresas sociales “ya que, durante esos años las agresiones nunca disminuyeron y, por el contario, se incrementaron año tras año”. Explican, de hecho, que de las 2.244 agresiones registradas en esos cinco años “la impunidad está en el 100% de las investigaciones”. Además, explicaron que en este lapso se presentaron otro tipo de agresiones distintas, tal como la violencia sexual, el uso arbitrario del robo del sistema penal y el robo de información sensible. Por primera vez en el informe, se documentaron dos casos de violencia sexual y 34 de hurto de información.
Aunque para esta época ya se había llevado a cabo la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, según este documento, “el 2014 fue el año con más reportes de ataques por parte de grupos paramilitares, este hallazgo es importante porque evidencia que el fenómeno del paramilitarismo en el país no terminó con la desmovilización de estas estructuras”. De acuerdo con los investigadores, los grupos que en el país todavía se autodenominan paramilitares, tal como las Agc (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo) fueron los responsables de 1.673 ataques en ese año. Después están las personas desconocidas o no identificadas, quienes serían responsables de 726 hechos y luego, agentes del Estado con 269 casos.
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“Hay una constante en la violencia paramilitar desde 1996 hasta 2006. En este espacio de tiempo, los años con las mayores agresiones fueron el 2004 y el 2003 con 401 y 400 casos respectivamente. Esta cifra fue disminuyendo a medida que estos grupos empezaron el proceso de negociación en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez así: 2005, 295 casos; 2006,136 casos. El pico más bajo en la violencia paramilitar en contra de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales desde julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2015 fue en el año 2007, pues solo se presentan 65 casos”, explica el documento.
"Entre 2011 y 2016 se presentaron otro tipo de agresiones distintas, tal como la violencia sexual, el uso arbitrario del robo del sistema penal y el robo de información sensible”
Informe de la CCJ
Sin embargo, a partir del 2011, según los investigadores, la cifra comenzó a aumentar nuevamente en el país, pasando de 166 casos en 2011 a 249 en 2012. Un año más tarde, en 2013, se presentaron 384 hechos y en 2014 hubo 657. “Este pico de agresiones descendió en 2015 en 313 casos. Sin embargo, esta cifra es similar a las presentadas antes del proceso de desmovilización de estos grupos, por lo que es importante analizar si el proceso de desmovilización, desarme y reintegración de estos grupos eliminó la violencia paramilitar o por el contrario este fenómeno estructural continúo operando en el país”.
Esas violaciones contra personas defensoras y líderes sociales se han registrado en 87 municipios y en 23 departamentos, con 536 víctimas identificadas. Siendo los departamentos de Antioquia, Bogotá D.C., Arauca, Norte de Santander, Atlántico y Cesar donde más se registraron estos hechos de violencia, con el 57,6 % de los casos ocurridos entre 1985 y 2016.
De acuerdo con los investigadores de la CCJ, estos datos no pueden ser analizados como “simples posturas personales de los funcionarios públicos involucrados en las investigaciones, puesto que estos casos han tenido, hasta la actualidad, políticas de Estado que respaldan no solo las ideas en sí, sino también el accionar que llevan a la consolidación de dichos planteamientos”.
Es por eso que entregaron un documento posterior a este a la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de que esa justicia estudie la posibilidad de abrir un subcaso o rama de investigación sobre violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia en el macrocaso que pronto abrirán relacionado con la concentración de crímenes de la Fuerza Pública.
Agentes del extinto DAS e integrantes del Ejército y de la Policía habrían participado de crímenes contra defensores de derechos humanos cometidos entre 1985 y 2016, según información de la Fiscalía. Según el ente investigador, son 484 agentes de Estado quienes tendrían responsabilidad en varios casos. De ellos, 415 están vinculados formalmente a distintos procesos judiciales.
En esta información se basó la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) para entregarle a la JEP el pasado 26 de mayo el informe titulado “El ‘enemigo interno’: deshumanización e impunidad contra personas defensoras de derechos humanos”. Colombia+20 conoció el documento de antesala al informe oficial en el que la organización caracterizó los crímenes cometidos por el Estado en dos décadas.
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En este documento, la organización de defensa de derechos humanos denunció que durante 31 años, hasta antes de la firma del Acuerdo de Paz, las zonas del país donde más se registraron hechos violentos como amenazas, desplazamientos, intimidaciones y homicidios contra defensores de derechos humanos y liderazgos sociales fueron Antioquia, Bogotá, Arauca, Norte de Santander, Atlántico y Cesar.
El año más violento
En 1997, de hecho, se registró el pico más alto de violencia en esas tres décadas: 1.471 líderes y lideresas sociales denunciaron amenazas en su contra, en especial quienes tenían algún trabajo político, que representaban 1.330 personas. Luego estuvo el de activismo de derechos humanos con 39 casos y le siguió el sector sindical con 32.
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Precisamente en 1997 -año en el que además hubo elecciones locales en Colombia-, la violencia política se agudizó, en especial en departamentos del país con presencia de grupos guerrilleros y paramilitares. Human Rights Watch documentó en ese momento que en los primeros ocho meses de ese año se cometieron al menos 35 masacres en todo el país, 27 de ellas fueron responsabilidad de grupos paramilitares y ocho de ellas se cometieron por parte de la guerrilla de las Farc.
Otro dato es que solo Antioquia ese año se documentaron 566 casos de amenazas contra líderes y lideresas sociales por parte de grupos armados ilegales.
Esa época también coincidió con las declaraciones hechas por el oficial de reserva y subdirector del DAS José Miguel Narváez, quien señaló públicamente que “la mayor parte de los subversivos se encontraban desarmados e infiltrados o enmascarados en el común de la gente″. Por esas fechas también se pronunció oficialmente la Brigada XX encargada de inteligencia, quienes resaltaron que apenas el “15 % de los subversivos se encontraba alzado en armas. El 85 % restante, según los militares, no estaban armados y adelantaban la guerra política”, como lo documenta el informe entregado por la CCJ.
De acuerdo con los investigadores, la participación del Estado, en especial de agentes militares o de Fuerza Pública en los crímenes contra defensores en esta época fue indirecta y relacionada con la estigmatización de sus roles sociales. “El ente acusador plantea como hipótesis que la estigmatización ejercida contra individuos y grupos de defensores se da al considerarlos como “un apoyo a las organizaciones subversivas o un obstáculo para su posicionamiento en la guerra en contra de la insurgencia””, dice el informe.
Una de las conclusiones del informe es que hasta 1990, el papel de los agentes de Estado en algunos de estos casos fue indirecto. Es decir, a través de señalamientos y estigmatización y que quienes perpetraron los crímenes después fueron grupos paramilitares.
Más allá de las amenazas, según la base de datos de violencia sociopolítica de la CCJ, los homicidios fueron la segunda agresión más cometida contra los defensores, con 290 casos en todo ese año. A partir de allí y hasta el 2003, la cifra no bajó de 300 asesinatos anuales. Un año más tarde, en el 2004, los homicidios descendieron a 214 casos. Los tipos de liderazgo más afectados en el país en ese momento coyuntural y de escenarios de violencia electoral fueron los liderazgos políticos, luego los sindicales y por último los comunitarios.
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En la Fiscalía actualmente hay 184 investigaciones (de los cuales apenas hay 161 activos) en los que hay indicios de participación de agentes del Estado en estos delitos. Dos de estas indagaciones fueron remitidas a la Justicia Penal MIlitar, trece más fueron inhabilitados y el resto precluyeron o fueron archivados. Para la CCJ esa inacción de la justicia representa un patrón de impunidad “que se explica por las pocas o nulas instrucciones probatorias en contexto y que se dan por los perfiles de las víctimas”.
Hechos históricos
La Comisión Colombiana de Juristas documentó algunos hechos contra reconocidos defensores de derechos humanos que ocurrieron entre 1979. Entre ese año y 1983, el Ejército detuvo arbitrariamente y torturó a los abogados de presos políticos Sebastián Arias, Manuel Martínez, Julio Pachón, Alfonso Salamanca, Luz Valencia y Jorge Franco.
En 1981 ocurrió el asesinato del líder del pueblo indígena Katío Luis Aníbal Tascón, y el marzo de 1982 el grupo Muerte a Secuestradores asesinó a Cipagauta Galvis, que representaba jurídicamente a presos políticos y otras víctimas de crímenes del Estado. Ese mismo año ocurrieron los homicidios de Alberto Alava y José Adolfo Caicedo, ambos defensores de presos políticos y en marzo de 1983 desapareció José María Agudelo, también jurista.
Entre 1983, según reza en el informe, se documentó el asesinato de Ignacio Mustafá, un asesor sindical. “En 1985 se registaron detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública: una de esas contra Ramón Castillo, abogado del Comité de Derechos Humanos de Urabá, quien fue detenido, golpeado y ultrajado por miembros de la Policía”.
Un año más tarde quedó documentado el caso dde Ramón Emilio Arcila, abogado y dirigente social de Marinilla (Antioquia) en el marco de una jornada de manifestaciones en la que fue retenido durante una semana en la policía. En 1987, de acuerdo con el informe, ocurrió el caso de José Francisco Ramírez, un líder cívico y exdirigente de la Unión Patriótica que fue asesinado por mandos militares. Para ese año también registraron los casos de Luis Fernando Vélez, Carlos Gónima, ambos defensores de derechos humanos y asesinados. Y el caso Alirio de Jesús Pedraza, desaparecido forzosamente el 4 de julio del año 1990.
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Sobre este punto, la investigación concluye que “la victimización de jueces y abogados(as), entre 1979 y 1991, la violencia contras abogadas(os) se relacionó con la vulneración de los derechos humanos en el país. Se identificó que los homicidios y atentados contras los(as) profesionales del derecho se presentaron en una dinámica diferente por tres periodos, dejando un saldo total de 105 hechos de violencia”.
Una de las conclusiones del informe es que hasta 1990, el papel de los agentes de Estado en algunos de estos casos fue indirecto. Es decir, a través de señalamientos y estigmatización y que quienes perpetraron los crímenes después fueron grupos paramilitares. Uno de esos casos es el de Martín Calderón Jurado, era asesor del Comité de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. El 8 de octubre de 1988 fue interceptado en una carretera que conduce a Chitagá (Norte de Santander) por un grupo de paramilitares que lo asesinaron con 50 disparos. Ese líder ya había denunciado amenazas y estigmatizaciones por parte de integrantes del Ejército.
La violencia en los años 90
Aunque entre 1991 y 2001 el panorama político del país cambió luego de la nueva Constitución Política, el informe que entregó la CCJ a la JEP especifica que la situación de derechos humanos en Colombia se agravó luego de que los defensores fueran objeto de amenazas contra sus vidas a través de llamadas, notas anónimas y amenazas personales.
“Les decían que debían abandonar su trabajo o sufrir las consecuencias. Luego, los ataques y las ejecuciones extrajudiciales contra las(os) defensoras(es) fueron hechos frecuentes en Colombia. Las personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas de investigaciones penales sin fundamento, las cuales generalmente tenían como soporte informes de inteligencia del Ejército Nacional, pero no relacionaban las pruebas que vinculaban a las y los defensores con grupos armados ilegales. Además, varias organizaciones denunciaron ante la Comisión que las fuerzas de inteligencia del Estado realizaron actividades de inteligencia contra su labor”, dice el informe.
Para el período de 1990-1995 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz documentó 51.439 hechos violentos contra líderes y lideresas, de los cuales 4.736 fueron asesinatos. También se presentaron desapariciones forzadas a 1.088 personas, 569 hechos de tortura, 1.148 amenazas y 5.024 detenciones. La mayoría de víctimas mortales eran integrantes de organizaciones políticas, seguido de sindicalistas, organizaciones cíviles y populares, campesinos, indígenas, organizaciones de DD.HH. y estudiantes. Para analizar este período de tiempo, el informe explica que “desde 1993 se incluyó la presunta responsabilidad de los actores armados, evidenciando que entre 1993 - 1995 participaron directamente en la violencia sociopolítica tanto paramilitares como otros agentes de Estado a personas que venían siendo amenazados, hostigados, asesinados o desaparecidos sin que el gobierno brinde las garantías necesarias para el desempeño de las labores de defensa y promoción”.
Durante ese período, las organizaciones de derechos humanos reiteraron el riesgo inminente en el que estaban los integrantes de Asfaddes (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), quienes en 1992 fueron víctimas de señalamientos, amenazas, hotigamientos y atentados.
Esta organización, también conocida como Colectivo 82, fue la primera en el país en denunciar desapariciones forzadas a sindicalistas y líderes estudiantiles en Bogotá, inicialmente, por parte de agentes del extinto F2, una estructura de inteligencia de la Policía en los ochenta.
Uno de los casos más emblemáticos de la organización fue el de Ángel Quintero y Claudia Monsalve, ambos líderes y defensores de derechos humanos de las familiares víctimas de desaparición. En octubre del año 2000 en Medellín, ambos fueron abordados por hombres armados que los obligaron a subirse a una camioneta para desaparecerlos. Las investigaciones por este crimen han arrojado que las líneas telefónicas de ambos habían sido interceptadas ilegalmente por personal del Gaula Urbano de Medellín en el que, para le época, estaba el teniente Mauricio Santoyo Velasco, quien años después fue ascendido a secretario de Seguridad en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
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En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
En estos años se comenzó a implementar la Política de Seguridad Democrática que, de acuerdo con el informe de la CCJ, dejó como resultado un incremento en el registro de violaciones a los derechos humanos atribuidas a agentes del Estado, y además involucró a la población civil en el conflicto armado, desconociendo el principio de distinción entre civiles y combatientes”. En ese lapso se presentaron 958 agresiones contra líderes y lideresas sociales, empezando por las amenazas (663 casos), seguido de los asesinatos (124), las detenciones arbitrarias (101), los atentados (44), entre otras victimizaciones.
Los principales responsables de esos delitos cometidos entre 2002-2010 fueron los paramilitares, a quienes se les atribuyen 521 agresiones. Personas desconocidas o nunca identificadas son responsables de 199 casos, seguido de los agentes del Estado, con 192 agresiones en esos ocho años. Luego, a la guerrilla le fueron documentados 44 casos y uno fue perpetrado por un agente extranjero. Asimismo, según la caracterización de la Comisión, el departamento con más victimizaciones fue Santander, luego Bogotá, después Cauca, Valle, Antioquia, Arauca, Meta y Atlántico, por mencionar algunos.
Por su parte, la CCJ destacó que “durante este periodo se presentó un contexto hostil promovido por el gobierno, a través de manifestaciones estigmatizantes y la implementación de una política de espionaje y seguimiento por parte de agencias de inteligencia”. En el documento especifican, por ejemplo, que entre enero de 2002 y diciembre de 2009, al menos hubo 110 personas asesinadas, de las cuales 11 habían sido desaparecidas forzosamente. “En estos casos se identificó la participación del Estado en el 43 % de los casos (63 víctimas) entre las que hubo perpetración directa (9 víctimas) y omisión, tolerancia o apoyo a grupos paramilitares (54 víctimas)”, se lee en el documento.
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De hecho, especifican que este período fue el que más registró amenazas por parte de líderes y lideresas sociales. Entre el 2000 y 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recibe denuncias de todo el continente, recepcionó 44 casos colombianos, lo que los llevó a determinar que esos actos están “dirigidos a causar temor generalizado y, por consiguiente, desanimar a las demás defensoras y defensores de derechos humanos, así como a atemorizar y silenciar las denuncias, reclamos y reivindicaciones de las víctimas de derechos humanos alimentando la impunidad e impidiendo la plena realización del Estado de derecho y la democracia”. Uno de los años más violentos en esos ocho años fue el 2008, en el que se documentaron 40 asesinatos a sindicalistas y a 16 docentes.
Para intentar mitigar la crisis que se vivía en la época, la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU, en una visita que hizo al país en 2009, dejó constancia que habían remitido 39 comunicaciones al Gobierno advirtiendo del inminente riesgo que estaban viviendo los defensores de derechos humanos con el elevado número de homicidios, desapariciones y amenazas.
La situación en el gobierno Santos
Para el período 2011-2016, justo hasta antes de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, según el programa Somos Defensores, este gobierno no protegió los derechos de los líderes y lideresas sociales “ya que, durante esos años las agresiones nunca disminuyeron y, por el contario, se incrementaron año tras año”. Explican, de hecho, que de las 2.244 agresiones registradas en esos cinco años “la impunidad está en el 100% de las investigaciones”. Además, explicaron que en este lapso se presentaron otro tipo de agresiones distintas, tal como la violencia sexual, el uso arbitrario del robo del sistema penal y el robo de información sensible. Por primera vez en el informe, se documentaron dos casos de violencia sexual y 34 de hurto de información.
Aunque para esta época ya se había llevado a cabo la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, según este documento, “el 2014 fue el año con más reportes de ataques por parte de grupos paramilitares, este hallazgo es importante porque evidencia que el fenómeno del paramilitarismo en el país no terminó con la desmovilización de estas estructuras”. De acuerdo con los investigadores, los grupos que en el país todavía se autodenominan paramilitares, tal como las Agc (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo) fueron los responsables de 1.673 ataques en ese año. Después están las personas desconocidas o no identificadas, quienes serían responsables de 726 hechos y luego, agentes del Estado con 269 casos.
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“Hay una constante en la violencia paramilitar desde 1996 hasta 2006. En este espacio de tiempo, los años con las mayores agresiones fueron el 2004 y el 2003 con 401 y 400 casos respectivamente. Esta cifra fue disminuyendo a medida que estos grupos empezaron el proceso de negociación en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez así: 2005, 295 casos; 2006,136 casos. El pico más bajo en la violencia paramilitar en contra de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales desde julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2015 fue en el año 2007, pues solo se presentan 65 casos”, explica el documento.
"Entre 2011 y 2016 se presentaron otro tipo de agresiones distintas, tal como la violencia sexual, el uso arbitrario del robo del sistema penal y el robo de información sensible”
Informe de la CCJ
Sin embargo, a partir del 2011, según los investigadores, la cifra comenzó a aumentar nuevamente en el país, pasando de 166 casos en 2011 a 249 en 2012. Un año más tarde, en 2013, se presentaron 384 hechos y en 2014 hubo 657. “Este pico de agresiones descendió en 2015 en 313 casos. Sin embargo, esta cifra es similar a las presentadas antes del proceso de desmovilización de estos grupos, por lo que es importante analizar si el proceso de desmovilización, desarme y reintegración de estos grupos eliminó la violencia paramilitar o por el contrario este fenómeno estructural continúo operando en el país”.
Esas violaciones contra personas defensoras y líderes sociales se han registrado en 87 municipios y en 23 departamentos, con 536 víctimas identificadas. Siendo los departamentos de Antioquia, Bogotá D.C., Arauca, Norte de Santander, Atlántico y Cesar donde más se registraron estos hechos de violencia, con el 57,6 % de los casos ocurridos entre 1985 y 2016.
De acuerdo con los investigadores de la CCJ, estos datos no pueden ser analizados como “simples posturas personales de los funcionarios públicos involucrados en las investigaciones, puesto que estos casos han tenido, hasta la actualidad, políticas de Estado que respaldan no solo las ideas en sí, sino también el accionar que llevan a la consolidación de dichos planteamientos”.
Es por eso que entregaron un documento posterior a este a la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de que esa justicia estudie la posibilidad de abrir un subcaso o rama de investigación sobre violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia en el macrocaso que pronto abrirán relacionado con la concentración de crímenes de la Fuerza Pública.