Militares de falsos positivos le darán la cara a la JEP

En enero de 2008 cinco jóvenes, provenientes del municipio de Soacha (Cundinamarca), fueron llevados mediante engaños y falsas promesas de trabajo hasta Ocaña (Norte de Santander), en donde fueron asesinados a sangre fría y presentados por miembros del Ejército como integrantes de grupos ilegales muertos en combate.

Lea: Falsos positivos: empieza la participación de las víctimas en la JEP

La investigación que asumió la justicia ordinaria terminó en abril de 2017 con la condena en primera instancia de 21 militares a penas superiores a los 37 años de prisión por la muerte de Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, el 26 de enero de 2008, y Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jáder Andrés Palacio Bustamante, asesinados el 25 de agosto del mismo año.

Hoy, diez años después de los hechos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizará la primera audiencia pública en contra de 14 de ellos, que solicitaron acogerse a este sistema de justicia. En la diligencia, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas monitoreará si los miembros de la Fuerza Pública están comprometidos con aportar a la verdad, a la reparación y no incurrir de nuevo en estas conductas, a cambio de recibir los incentivos de la JEP: libertades condicionadas, traslados de sitios de reclusión o eliminación de órdenes de captura.

Lea: Madres de Soacha piden asistir como colectivo a audiencia en la JEP

El colectivo Madres de Soacha asistirá a la audiencia y cinco de ellas tendrán la oportunidad de tomar la palabra. Ellas exigirán que se satisfagan sus derechos a la verdad y que haya un castigo efectivo contra los responsables. “Queremos una verdad de verdad, no a medias. También tenemos el derecho de hablar y de preguntar, y ellos tendrán que contestarnos”, asegura Adelina Páez, madre de Eduardo Garzón Páez, quien fue asesinado en una zona rural de Santander.

De acuerdo con la investigación que adelantó la justicia ordinaria, en agosto de 2008 los militares se aliaron para reclutar a las víctimas, trasladarlas vía terrestre hasta Ocaña y entregarlos a los uniformados adscritos a la Brigada Móvil 15 en un falso retén. Posteriormente, los subieron a un camión y los llevaron hasta zonas rurales en donde los asesinaron. Los testimonios dentro del proceso indican que el costo por cada joven reclutado era de $1 millón y que las unidades militares se encargaban del armamento. La sentencia fue apelada por los militares y está siendo estudiada por el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Gabriel de Jesús Rincón Amado

Fue el jefe de operaciones del Batallón José Joaquín Vargas, adscrito a la Brigada Móvil 15. Según la sentencia en su contra, el oficial sabía que sus subalternos buscaban personas para presentarlas como muertos en combate, y cuando le aseguraron que debía pagar $1 millón “por cada personaje” y que la consecución de las armas corría por cuenta del batallón, aprobó el supuesto operativo. Uno de los casos por los que fue condenado indica que Blanco dispuso la operación de un “grupo de localización de cabecillas” para montar el falso retén y de esa manera asesinar a dos jóvenes provenientes de Soacha en un combate simulado. El alto oficial habría dado el aval para que el 28 de enero de 2008 un uniformado entregara a otro un sobre con el dinero. Fue sentenciado a 46 años de prisión.

Henry Blanco

Fue el comandante de la Compañía E del Batallón Contraguerrilla de la Brigada 15. La justicia lo señala de haber acatado la orden de Rincón Amado de montar el falso retén militar y de coordinar los detalles. Los reclutadores aseguraron que cuando pasaron por el retén en motocicletas, en compañía de las víctimas, los militares las hicieron descender de los vehículos, les pidieron su documentación, las hicieron subir a un camión y, posteriormente, los presentaron como muertos en combate. En primera instancia se estableció que no se encontraba adscrito al Batallón 96, sino al 97. Tampoco aparecía en la Misión Táctica ni en la orden de operaciones.

Lea: Falsos positivos, el caso 003 de la JEP

Mauricio Cuniche

El soldado, oriundo de Paz de Ariporo (Casanare), integraba la unidad de mando del suboficial Jojoa Bastidas. La Fiscalía aseguró durante el proceso que su papel fue determinante debido a que conocía a los jóvenes que fueron reclutados en Soacha, desaparecidos y asesinados en el municipio de Ocaña. Si bien no accionó su arma de dotación, se estableció que fue cómplice en los hechos. Fue condenado a 48 años.

Richard Armando Jojoa Bastidas

Se desempeñó como comandante de escuadra del grupo de militares que tuvo el supuesto contacto armado que nunca existió. Aunque el cabo segundo aseguró que hubo un enfrentamiento con integrantes del grupo armado ilegal en la vereda Papamito del municipio de Ocaña, la justicia no creyó en su versión. “De antemano sabía la procedencia y destino que les acarrearía a tres jóvenes (...) con el único propósito de obtener resultados exitosos con las correspondientes congratulaciones”, dijo el despacho que lo condenó a 48 años.

Nixon Arturo Cubides

Este soldado de la Brigada Móvil 15 hacía parte del grupo de militares que dispararon desde un lugar estratégico a tres civiles inocentes (Diego Tamayo, Víctor Gómez y Jader Palacios) que se desplazaban por un camino de la vereda Papamito, en Ocaña (Norte de Santander).También preparó la escena del crimen y presentó a los jóvenes como muertos en combate. Fue condenado a 48 años.

Ricardo Eliud González Gómez

Este soldado profesional nació en Ocaña, Norte de Santander y era parte del pelotón Grupo de Localización de Cabecillas Espada, adscrito al Batallón Contraguerrilla número 96 de la Segunda División de la Brigada Móvil 15. Tenía entonces 26 años. Duque es uno de los 12 soldados condenados a 37 años de prisión por asesinar fuera de combate a tres de los jóvenes que desaparecieron en Soacha. Según la sentencia del Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca, González y sus compañeros observaron la llegada y entrega de los jóvenes víctimas, los asesinaron y dieron apariencia de combate. Luego, guardaron silencio.

Jhon Ánderson Díaz Ortega

Nacido en Buga (Valle), integraba el “grupo de localización de cabecillas”, a través del cual montaron el falso retén para justificar la detención arbitraria de las víctimas, que luego fueron asesinadas. Díaz fue uno de los 12 soldados que montaron un teatro de los acontecimientos, simulando un enfrentamiento armado. Tenía 26 años. Fue condenado por este delito a 37 años de prisión en abril de 2017.

Luis Alirio López

Se desempeñaba como soldado del grupo localizador Gruloc Espada 1, del Batallón Contraguerrilla de la Brigada Móvil 15, en Ocaña (Norte de Santander). Según el fallo, fue uno de los integrantes del equipo de combate que cometió los homicidios de Jhonatan Bermúdez y Julio Mesa, quienes estaban en estado de indefensión. También participó en los asesinatos de Diego Tamayo, Víctor Gómez y Jáder Palacios, usando la modalidad ya descrita. “Se demostró que los militares manipularon las evidencias, la escena y que existió premeditación de los acusados, sabían y conocían lo que estaban haciendo (...)”, dice la sentencia. Fue condenado a 49 años de prisión.

José Fernández

Oriundo de Valparaíso (Caquetá), Fernández tenía 25 años cuando participó en los asesinatos de tres jóvenes en una vereda de Ocaña (Norte de Santander) y su posterior presentación como muertos en combate. Para entonces se desempeñaba como soldado en la Brigada Móvil 15 de ese municipio. Su participación en las ejecuciones extrajudiciales estaba articulada a una red de reclutadores y a la actuación consciente de otros miembros del grupo militar, según la sentencia. Fernández fue condenado a 48 años de cárcel por ser coautor de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y desaparición forzada.

Éider Andrés Guerrero Andrade

Nació en Sandoná (Nariño). Tenía 26 años en el momento de los hechos e integraba el “grupo de localización de cabecillas” del Ejército. Como soldado profesional es uno de los 12 soldados que fueron condenados a 37 años de prisión por matar y hacer pasar como “bajas en combate” a los jóvenes desaparecidos en Soacha. Guerrero y sus compañeros estaban bajo el mando del sargento del Ejército Jáner Ediel Duque, que a su vez le respondía al capitán y comandante de patrulla Henry Mauricio Blanco Barbosa.

Medardo Ríos

Hacía parte del Batallón Santander. La sentencia en primera instancia indica que el soldado profesional Ríos iba en una de las motocicletas que transportaban a las dos víctimas. En la otra iba Alexánder Carretero, el reclutador del barrio San Nicolás de Soacha. La tarea delictiva de Ríos fue comprar los tiquetes vía terrestre hasta Ocaña (Norte de Santander) para transportar a los jóvenes a la zona rural en donde estaba el retén y ponerlos a disposición de los miembros del Ejército, que después les quitaron la vida. Fue condenado a 45 años de prisión.

Fuentes, Grijalba y Hernández

Géiner Fuentes, Ferney Grijalba y José Adolfo Hernández eran soldados de la tropa que asesinó a Diego Tamayo, Víctor Gómez y Jáder Palacios. Según el informe de la Procuraduría, vigilaron desde lugares distantes el sitio en que fueron asesinadas las víctimas, “sin que se reportara el gasto de munición”. Es decir, no fueron actores directos de los homicidios. Sin embargo, hicieron parte de la tropa que entregó a las víctimas. Guardaron silencio y permitieron que fueran ejecutadas, dice la sentencia. Fueron condenados a 37 años de cárcel por homicidio agravado.

En enero de 2008 cinco jóvenes, provenientes del municipio de Soacha (Cundinamarca), fueron llevados mediante engaños y falsas promesas de trabajo hasta Ocaña (Norte de Santander), en donde fueron asesinados a sangre fría y presentados por miembros del Ejército como integrantes de grupos ilegales muertos en combate.

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La investigación que asumió la justicia ordinaria terminó en abril de 2017 con la condena en primera instancia de 21 militares a penas superiores a los 37 años de prisión por la muerte de Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, el 26 de enero de 2008, y Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jáder Andrés Palacio Bustamante, asesinados el 25 de agosto del mismo año.

Hoy, diez años después de los hechos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizará la primera audiencia pública en contra de 14 de ellos, que solicitaron acogerse a este sistema de justicia. En la diligencia, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas monitoreará si los miembros de la Fuerza Pública están comprometidos con aportar a la verdad, a la reparación y no incurrir de nuevo en estas conductas, a cambio de recibir los incentivos de la JEP: libertades condicionadas, traslados de sitios de reclusión o eliminación de órdenes de captura.

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El colectivo Madres de Soacha asistirá a la audiencia y cinco de ellas tendrán la oportunidad de tomar la palabra. Ellas exigirán que se satisfagan sus derechos a la verdad y que haya un castigo efectivo contra los responsables. “Queremos una verdad de verdad, no a medias. También tenemos el derecho de hablar y de preguntar, y ellos tendrán que contestarnos”, asegura Adelina Páez, madre de Eduardo Garzón Páez, quien fue asesinado en una zona rural de Santander.

De acuerdo con la investigación que adelantó la justicia ordinaria, en agosto de 2008 los militares se aliaron para reclutar a las víctimas, trasladarlas vía terrestre hasta Ocaña y entregarlos a los uniformados adscritos a la Brigada Móvil 15 en un falso retén. Posteriormente, los subieron a un camión y los llevaron hasta zonas rurales en donde los asesinaron. Los testimonios dentro del proceso indican que el costo por cada joven reclutado era de $1 millón y que las unidades militares se encargaban del armamento. La sentencia fue apelada por los militares y está siendo estudiada por el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Gabriel de Jesús Rincón Amado

Fue el jefe de operaciones del Batallón José Joaquín Vargas, adscrito a la Brigada Móvil 15. Según la sentencia en su contra, el oficial sabía que sus subalternos buscaban personas para presentarlas como muertos en combate, y cuando le aseguraron que debía pagar $1 millón “por cada personaje” y que la consecución de las armas corría por cuenta del batallón, aprobó el supuesto operativo. Uno de los casos por los que fue condenado indica que Blanco dispuso la operación de un “grupo de localización de cabecillas” para montar el falso retén y de esa manera asesinar a dos jóvenes provenientes de Soacha en un combate simulado. El alto oficial habría dado el aval para que el 28 de enero de 2008 un uniformado entregara a otro un sobre con el dinero. Fue sentenciado a 46 años de prisión.

Henry Blanco

Fue el comandante de la Compañía E del Batallón Contraguerrilla de la Brigada 15. La justicia lo señala de haber acatado la orden de Rincón Amado de montar el falso retén militar y de coordinar los detalles. Los reclutadores aseguraron que cuando pasaron por el retén en motocicletas, en compañía de las víctimas, los militares las hicieron descender de los vehículos, les pidieron su documentación, las hicieron subir a un camión y, posteriormente, los presentaron como muertos en combate. En primera instancia se estableció que no se encontraba adscrito al Batallón 96, sino al 97. Tampoco aparecía en la Misión Táctica ni en la orden de operaciones.

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Mauricio Cuniche

El soldado, oriundo de Paz de Ariporo (Casanare), integraba la unidad de mando del suboficial Jojoa Bastidas. La Fiscalía aseguró durante el proceso que su papel fue determinante debido a que conocía a los jóvenes que fueron reclutados en Soacha, desaparecidos y asesinados en el municipio de Ocaña. Si bien no accionó su arma de dotación, se estableció que fue cómplice en los hechos. Fue condenado a 48 años.

Richard Armando Jojoa Bastidas

Se desempeñó como comandante de escuadra del grupo de militares que tuvo el supuesto contacto armado que nunca existió. Aunque el cabo segundo aseguró que hubo un enfrentamiento con integrantes del grupo armado ilegal en la vereda Papamito del municipio de Ocaña, la justicia no creyó en su versión. “De antemano sabía la procedencia y destino que les acarrearía a tres jóvenes (...) con el único propósito de obtener resultados exitosos con las correspondientes congratulaciones”, dijo el despacho que lo condenó a 48 años.

Nixon Arturo Cubides

Este soldado de la Brigada Móvil 15 hacía parte del grupo de militares que dispararon desde un lugar estratégico a tres civiles inocentes (Diego Tamayo, Víctor Gómez y Jader Palacios) que se desplazaban por un camino de la vereda Papamito, en Ocaña (Norte de Santander).También preparó la escena del crimen y presentó a los jóvenes como muertos en combate. Fue condenado a 48 años.

Ricardo Eliud González Gómez

Este soldado profesional nació en Ocaña, Norte de Santander y era parte del pelotón Grupo de Localización de Cabecillas Espada, adscrito al Batallón Contraguerrilla número 96 de la Segunda División de la Brigada Móvil 15. Tenía entonces 26 años. Duque es uno de los 12 soldados condenados a 37 años de prisión por asesinar fuera de combate a tres de los jóvenes que desaparecieron en Soacha. Según la sentencia del Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca, González y sus compañeros observaron la llegada y entrega de los jóvenes víctimas, los asesinaron y dieron apariencia de combate. Luego, guardaron silencio.

Jhon Ánderson Díaz Ortega

Nacido en Buga (Valle), integraba el “grupo de localización de cabecillas”, a través del cual montaron el falso retén para justificar la detención arbitraria de las víctimas, que luego fueron asesinadas. Díaz fue uno de los 12 soldados que montaron un teatro de los acontecimientos, simulando un enfrentamiento armado. Tenía 26 años. Fue condenado por este delito a 37 años de prisión en abril de 2017.

Luis Alirio López

Se desempeñaba como soldado del grupo localizador Gruloc Espada 1, del Batallón Contraguerrilla de la Brigada Móvil 15, en Ocaña (Norte de Santander). Según el fallo, fue uno de los integrantes del equipo de combate que cometió los homicidios de Jhonatan Bermúdez y Julio Mesa, quienes estaban en estado de indefensión. También participó en los asesinatos de Diego Tamayo, Víctor Gómez y Jáder Palacios, usando la modalidad ya descrita. “Se demostró que los militares manipularon las evidencias, la escena y que existió premeditación de los acusados, sabían y conocían lo que estaban haciendo (...)”, dice la sentencia. Fue condenado a 49 años de prisión.

José Fernández

Oriundo de Valparaíso (Caquetá), Fernández tenía 25 años cuando participó en los asesinatos de tres jóvenes en una vereda de Ocaña (Norte de Santander) y su posterior presentación como muertos en combate. Para entonces se desempeñaba como soldado en la Brigada Móvil 15 de ese municipio. Su participación en las ejecuciones extrajudiciales estaba articulada a una red de reclutadores y a la actuación consciente de otros miembros del grupo militar, según la sentencia. Fernández fue condenado a 48 años de cárcel por ser coautor de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y desaparición forzada.

Éider Andrés Guerrero Andrade

Nació en Sandoná (Nariño). Tenía 26 años en el momento de los hechos e integraba el “grupo de localización de cabecillas” del Ejército. Como soldado profesional es uno de los 12 soldados que fueron condenados a 37 años de prisión por matar y hacer pasar como “bajas en combate” a los jóvenes desaparecidos en Soacha. Guerrero y sus compañeros estaban bajo el mando del sargento del Ejército Jáner Ediel Duque, que a su vez le respondía al capitán y comandante de patrulla Henry Mauricio Blanco Barbosa.

Medardo Ríos

Hacía parte del Batallón Santander. La sentencia en primera instancia indica que el soldado profesional Ríos iba en una de las motocicletas que transportaban a las dos víctimas. En la otra iba Alexánder Carretero, el reclutador del barrio San Nicolás de Soacha. La tarea delictiva de Ríos fue comprar los tiquetes vía terrestre hasta Ocaña (Norte de Santander) para transportar a los jóvenes a la zona rural en donde estaba el retén y ponerlos a disposición de los miembros del Ejército, que después les quitaron la vida. Fue condenado a 45 años de prisión.

Fuentes, Grijalba y Hernández

Géiner Fuentes, Ferney Grijalba y José Adolfo Hernández eran soldados de la tropa que asesinó a Diego Tamayo, Víctor Gómez y Jáder Palacios. Según el informe de la Procuraduría, vigilaron desde lugares distantes el sitio en que fueron asesinadas las víctimas, “sin que se reportara el gasto de munición”. Es decir, no fueron actores directos de los homicidios. Sin embargo, hicieron parte de la tropa que entregó a las víctimas. Guardaron silencio y permitieron que fueran ejecutadas, dice la sentencia. Fueron condenados a 37 años de cárcel por homicidio agravado.