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Uno de los reclamos interminables de las Fuerzas Militares en Colombia es para que también los reconozcan como víctimas del conflicto. Dicen que aunque son actores armados, muchos murieron producto de atentados o masacres perpetradas por otros grupos al margen de la ley. Así lo cuentan Eduard Fernando Díaz, Anéider González y José Guillermo Quintero, tres de los 23 sobrevivientes del atentado a la base militar del municipio de Santa María (Huila), cometido el 24 de febrero de 2004 por la extinta guerrilla de las Farc.
En voces de los exsoldados que presenciaron el hecho, era medianoche cuando comenzaron a sonar ráfagas hacia el batallón de Artillería Tenerife de la Novena Brigada. Según ellos, habrían sido excombatientes del frente Joselo Losada de las Farc, y aunque en varios medios se habló de un combate, ellos aseguran que fue un ataque que los tomó por sorpresa. “Empezaron a sonar cilindros, bombas, granadas, explosivos, todo fue inesperado porque nosotros no estábamos atacando, estábamos en control y vigilancia…y lo peor de todo fueron los tiros de gracia cuando había compañeros ya en el piso completamente indefensos”, narra González.
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El coronel Javier Hernán Gamboa, coordinador del grupo regional de memoria histórica y de contexto de la Quinta División del Ejército, dice que ese hecho “es representativo por los patrones de violencia que se evidenciaron allí”. Este es uno de los seis casos que entrega hoy el Ejército ante la Comisión de la Verdad (CEV) como parte de los insumos finales que ha documentado desde 2018 en libros, informes y relatos.
Y aunque el debate sobre el mandato de la CEV está encendido por las acusaciones de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa del gobierno de Juan Manuel Santos, quien dijo el pasado 8 de julio en su cuenta de Twitter que los comisionados “registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados” y aseguró que la Comisión “no es creíble para toda la sociedad”, los militares víctimas y las familias consultadas por El Espectador dicen que valoran mucho que sus historias lleguen hasta esta entidad.
“Para nosotros es muy importante que se conozca nuestra verdad y que estos hechos no queden impunes, que no nos olviden. Y si la Comisión es para conocer la verdad, pues queremos estar ahí incluidos”, comentó Ányela Prieto Cano, hermana de Carlos Prieto Cano, uno de los soldados que murieron en el atentado de 2004.
El dolor no es solo para las familias que perdieron un ser querido. Judy Katherin Cardozo, la esposa de Eduard Fernando Díaz, soldado profesional activo y uno de los sobrevivientes, dice que hay una deuda histórica con la salud mental de quienes vivieron esos hechos del conflicto armado en carne propia. En eso coincide Aracely Tapiero, madre del exsoldado Aneider González quien comenta que pese a que su hijo quedó con vida, el impacto psicológico que ha tenido no ha sido atendido y tiene traumas por lo que pasó esa noche. Por eso piden que sus historias sean escuchadas y que no invisibilicen este hecho solo porque sus seres queridos llevaban un camuflado. De hecho, ninguno de los sobrevivientes ni las familias de quienes murieron en esa masacre han sido reconocidas como víctimas en el Registro Único de Víctimas.
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“Queremos estar en la historia del conflicto armado y que esto lo conozca todo el país”, afirma el exmilitar Quintero.La entrega final que hacen las Fuerzas Militares a la Comisión de la Verdad es un proyecto de investigación titulado “En surcos de dolores”. Fue elaborada por la Dirección de Apoyo a la Transición del Departamento Jurídico, está compuesta por cuatro informes que son: “Dinámicas de las comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta”, “El poder de la coca en la región del Catatumbo”, “Impactos étnico-culturales del pueblo embera-katío eyábida” y “Transformaciones institucionales de carácter jurídico del Ejército”.
También se documentaron seis casos: “La barbarie de Puerres (1996)”, “El Hotel Bomba de Puerto Toledo (2005)”, “El ataque en la vereda Guayabal, Paz de Ariporo, Guaviare (2002”), “El ataque en la vereda Flor de Amarillo, ocurrido en Tame, Arauca (2013)”, “El niño bomba de Fortul (2003)” y el caso del atentado a la base militar de Santa María, Huila (2004). En ese acto entregarán 16 libros que forman parte de la colección del Bicentenario del Centro de Estudios Históricos del Ejército, en los que se habla de los centros de educación militares en el conflicto armado, la brigada de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento en el conflicto, entre otros temas.
Angélica Antequera, investigadora de la Quinta División del Ejército, comenta que los patrones de violencia que más se identifican son las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se vivieron en muchos casos, como en el mencionado de Santa María, Huila. “Los tiros de gracia que dispararon cuando los soldados ya estaban en el piso sin poder defenderse son una muestra de esa violación al DIH. Además de que no fue un combate entre ambos grupos, sino un ataque”.
Una característica de los documentos que exponen las Fuerzas Armadas a la CEV hoy es que es la única de las seis entregas en total en las que se incluyen relatos de víctimas civiles que también fueron heridas o asesinadas. Los testimonios que se recopilaron, además de los de exsoldados y sus familias, son los de población civil, niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados, comunidades indígenas: arhuacas, kankuamas, koguis y wiwas (de la Sierra Nevada de Santa Marta) e indígenas de los resguardos Gabarra-Catalaura y Motilón Barí (de Norte de Santander) y comunidades embera-katío eyábida del Urabá antioqueño.
Sin embargo, los responsables de los hechos victimizantes que exponen no son únicamente las extintas Farc. Las Autodefensas Unidas de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional también aparecen en los casos e informes como responsables de varios crímenes cometidos. Según el Ejército, en esta última entrega se habla de 76 víctimas fatales entre civiles, militares y menores de edad, 59 personas heridas y 675 víctimas indirectas.
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Aunque comentan que perdieron contacto con muchas de las familias también afectadas, aseguran que las heridas psicológicas han sido más fuertes que las físicas. “Yo, por ejemplo, aunque han pasado 16 años todavía no logro conciliar el sueño cuando pienso en eso”, asegura Aneider González, soldado retirado hace 10 años. Eduard Fernando Díaz, sobreviviente y militar activo, comenta que aunque no ha podido hacer el duelo por los amigos que vio morir, quiso seguir en el Ejército porque es su vocación. “Si bien el conflicto ha cambiado y no es el mismo desde que se desmovilizaron las Farc, igual uno vive es el día a día porque no se sabe qué va pasar”. Y José Guillermo Quintero, enfermero de combate, asegura que haber atendido a los heridos y no haber podido hacer nada más por ellos no se le va olvidar nunca. “Fue a la medianoche y tengo todavía en la cabeza los sonidos de los cilindros bomba y las ráfagas”, dice.
Las víctimas dicen que pocas veces les preguntan por lo que vivieron en el conflicto. Expresan que se han sentido solos en el duelo y prefieren no opinar sobre el Acuerdo de Paz. Lo único certero para todos es que han depositado su confianza en que la Comisión de la Verdad incluya su voz dentro del informe final que están construyendo.
