Minjusticia dice que ex-FARC no interpretaron bien polémico proyecto sobre zonas de sanción

Continua la polémica por el borrador de proyecto que presentó el Ministerio de Justicia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las “Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria” para ejecutar las sanciones que ese tribunal le imponga a sus comparecientes. Dicha iniciativa fue rechazada por los siete miembros del último secretariado de las extintas FARC, quienes emitieron un comunicado para pedir que se derogue el documento, así como el retiro del CONPES 4094, que le da facultad a la cartera de justicia para articular y dialogar con la JEP.

Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko y ahora firmante de paz, cuestionó al presidente Gustavo Petro por las actuaciones en materia de justicia. “Sorprendió la propuesta emitida por su ministra de Justicia acerca del modelo de sanciones propias de la JEP, en la cual se emulan colonias penales. ¿Ese es el modelo de justicia para la paz de su gobierno?”, dijo el exFARC.

En respuesta a los recientes pronunciamientos y reclamos, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dijo en entrevista con W Radio que los firmantes de paz “no interpretaron correctamente el borrador” y que apenas se trata de un “incipiente” documento que está presto a todo tipo de discusiones. Asimismo, lo que la ministra resaltó fue que su cartera logró convocar nuevamente una reunión para abordar el tema de sanciones propias que todavía no han podido ser impuestas y que ha sido uno de los reclamos principales.

Las sanciones propias son uno de los tres tipos de sanciones que puede imponer la JEP (las otras dos son las penas alternativas y las ordinarias), y son impuestas a quienes reconozcan de forma exhaustiva su responsabilidad en los hechos más graves cometidos durante el conflicto armado.

Lea también: ¿Colonias penales? Polémica por propuesta para que exFARC cumplan sanciones de JEP

“Este año se ha venido trabajando con el Ministerio de Justicia y algunos despachos de magistrados de la JEP tratando de ayudar a conformar las sanciones en cada caso. Si bien es cierto que la JEP tiene la competencia para imponer las sanciones y atribuir la forma de resarcir a las víctimas, también hay una serie de elementos importantes a definir previamente“, dijo la ministra Buitrago.

Y agregó: “El ministerio está trabajando en ocho casos a la par, en donde ha derogado un presupuesto superior de los mil millones para que con cada uno de los magistrados se realice esta actividad. Eso se le informó al presidente, el doctor Ramelli y eso llevó a que se hiciera un borrador de propuesta en términos de lo que consideramos debe ser el debido proceso para los comparecientes y las víctimas. Estamos tratando de que se definan los componentes de las sanciones propias”, dijo la ministra.

Asimismo, Buitrago explicó que también tuvieron una reunión con los firmantes de paz donde se puso de presente el borrador y van a tener mesas técnicas a partir de enero. Sin embargo, el descontento de los ex-FARC a raíz del documento fue tanta que incluso emitieron un comunicado de tres páginas rechazando algunos puntos que planteó el ministerio de Justicia, principalmente lo similar a las “colonias penales” y lo relacionado a las restricciones de movilidad.

La propuesta de los ZRRC señala que los comparecientes estarán sujetos a medidas de restricción de movimiento y que tendrá “vigilancia supervisada por un equipo multidisciplinario que garantice el cumplimiento de las condiciones de sanción (…) y que la restricción no implicará condiciones penitenciarias tradicionales, sino un régimen basado en principios restaurativos y de dignidad humana”.

Según el Acuerdo de Paz, no se habla de una restricción de movimiento sino de una restricción efectiva de libertad, en la que los sancionados cumplen unas funciones sin estar concentrados en un solo lugar. Al respecto, los firmantes explican que dicha restricción para cumplir sanciones debe estar determinada directamente por la JEP y que en ningún momento se debe entender como cárcel o prisión, ni medidas de aseguramiento equivalentes. Sin embargo, los firmantes señalan que es el Ministerio de Justicia el que propone dichas zonas, aun sin tener competencia para ello.

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Al respecto, el comunicado del antiguo secretariado señaló la necesidad de derogar dicho borrador. “El enfoque que ha tomado el Gobierno Nacional frente a este tema no solo representa un retroceso en la implementación del Acuerdo de Paz, sino que también pone en riesgo la estabilidad del proceso y la confianza de las partes involucradas. Es necesario un replanteamiento urgente, con consultas previas basadas en los principios originales del Acuerdo Final”, se lee en el comunicado.

Por su parte, la ministra de Justicia explicó en la cadena radial que no existe la idea de que sea una especie de campo de concentración y que tampoco se ha tomado una decisión final. “No interpretaron correctamente el borrador. Lo que se dice es que hay dos componentes: uno retributivo y uno restaurativo. Eso no quiere decir que se haya tomado una política. Se está formulando una propuesta y está supeditada a todas las discusiones”.

Además, la ministra señaló que si bien Rodrigo Londoño no estuvo presente en la reunión, sino sus abogados y Pastor Alape, lo importante es sentarse a discutir entre todos y definir pronto las sanciones propias. “Vamos a tener una sesión particular con cada uno de los grupos, firmantes de paz, la JEP, organismos internacionales. La preocupación nuestra es que se entienda en la medida de lo posible la discusión y lo que significa escuchar a todas las partes”, agregó.

Para ello, la ministra dijo que ya están programadas las primeras reuniones para las semanas entrantes de enero donde se va a discutir y a trabajar al rededor del borrador de propuesta. Además, se espera que en ese primer encuentro de 2025, se logren aclarar algunos temas que, según la ministra, no han salido a luz.

“Ellos dicen que se sentaron en la JEP y que ya dijeron qué aceptan y qué no aceptan. Esa información no es pública, no la conocemos, no sé cuál fue la conversación, pero en el borrador que pasó la JEP no está ninguna de esas propuestas. Hay que hablar para saber si eso ya está pre definido o no. El ministerio no conoce ninguna discusión de esta índole donde se haya determinado qué clase de sanciones se van a imponer”, dijo la ministra Buitrago.

Para darle desarrollo a ese pendiente, la ministra dijo que le solicitaron información a la JEP para efectos de saber si ya están definidas las sanciones, pero al mismo tiempo resaltó que fue el mismo tribunal especial quien llamó a esa cartera para diseñar las posibles sanciones propias para algunos casos específicos.

El otro tema que fue rechazado por el exsecretariado de las FARC tiene que ver con la ubicación que tendrían estas Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria, pues, según el documento, se realizaría “en áreas rurales o semiurbanas con alta afectación por el conflicto armado”. Y aunque el documento no lo diga, este diario pudo corroborar que se trataría de 41 zonas.

“En la actualidad en Colombia se desarrollan al menos ocho conflictos armados y el Estado no ha logrado garantizar la seguridad y protección integral de la población firmante, lo que ha generado una grave crisis que ha costado la vida de 443 firmantes, amenazas, desplazamiento que condujo a abandonar de manera forzada siete Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y la constante estigmatización a la que nos enfrentamos día a día los y las constructoras de paz”, explica el comunicado.

Al respecto, la ministra respondió que solo se trata de un borrador. “La propuesta de las zonas tenía varias opciones. No es una propuesta firmada, es un borrador. Esas zonas pueden ser incluso para diálogo con las víctimas. Esto de sanciones propias no solo es para firmantes, es para todos”, dijo. Y concluyó que la idea es entender qué va a pasar con las sanciones propias, cuáles son y qué significan.

Colombia+20 consultó con la JEP sobre su postura frente al borrador entregado por el MinJusticia, pero el tribunal dijo que por ahora no se pronunciaría y solo envió una escueta respuesta en la que decía: “Esa propuesta formulada en la mesa técnica deberá ser estudiada en su momento por la JEP”.

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Continua la polémica por el borrador de proyecto que presentó el Ministerio de Justicia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las “Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria” para ejecutar las sanciones que ese tribunal le imponga a sus comparecientes. Dicha iniciativa fue rechazada por los siete miembros del último secretariado de las extintas FARC, quienes emitieron un comunicado para pedir que se derogue el documento, así como el retiro del CONPES 4094, que le da facultad a la cartera de justicia para articular y dialogar con la JEP.

Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko y ahora firmante de paz, cuestionó al presidente Gustavo Petro por las actuaciones en materia de justicia. “Sorprendió la propuesta emitida por su ministra de Justicia acerca del modelo de sanciones propias de la JEP, en la cual se emulan colonias penales. ¿Ese es el modelo de justicia para la paz de su gobierno?”, dijo el exFARC.

En respuesta a los recientes pronunciamientos y reclamos, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dijo en entrevista con W Radio que los firmantes de paz “no interpretaron correctamente el borrador” y que apenas se trata de un “incipiente” documento que está presto a todo tipo de discusiones. Asimismo, lo que la ministra resaltó fue que su cartera logró convocar nuevamente una reunión para abordar el tema de sanciones propias que todavía no han podido ser impuestas y que ha sido uno de los reclamos principales.

Las sanciones propias son uno de los tres tipos de sanciones que puede imponer la JEP (las otras dos son las penas alternativas y las ordinarias), y son impuestas a quienes reconozcan de forma exhaustiva su responsabilidad en los hechos más graves cometidos durante el conflicto armado.

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“Este año se ha venido trabajando con el Ministerio de Justicia y algunos despachos de magistrados de la JEP tratando de ayudar a conformar las sanciones en cada caso. Si bien es cierto que la JEP tiene la competencia para imponer las sanciones y atribuir la forma de resarcir a las víctimas, también hay una serie de elementos importantes a definir previamente“, dijo la ministra Buitrago.

Y agregó: “El ministerio está trabajando en ocho casos a la par, en donde ha derogado un presupuesto superior de los mil millones para que con cada uno de los magistrados se realice esta actividad. Eso se le informó al presidente, el doctor Ramelli y eso llevó a que se hiciera un borrador de propuesta en términos de lo que consideramos debe ser el debido proceso para los comparecientes y las víctimas. Estamos tratando de que se definan los componentes de las sanciones propias”, dijo la ministra.

Asimismo, Buitrago explicó que también tuvieron una reunión con los firmantes de paz donde se puso de presente el borrador y van a tener mesas técnicas a partir de enero. Sin embargo, el descontento de los ex-FARC a raíz del documento fue tanta que incluso emitieron un comunicado de tres páginas rechazando algunos puntos que planteó el ministerio de Justicia, principalmente lo similar a las “colonias penales” y lo relacionado a las restricciones de movilidad.

La propuesta de los ZRRC señala que los comparecientes estarán sujetos a medidas de restricción de movimiento y que tendrá “vigilancia supervisada por un equipo multidisciplinario que garantice el cumplimiento de las condiciones de sanción (…) y que la restricción no implicará condiciones penitenciarias tradicionales, sino un régimen basado en principios restaurativos y de dignidad humana”.

Según el Acuerdo de Paz, no se habla de una restricción de movimiento sino de una restricción efectiva de libertad, en la que los sancionados cumplen unas funciones sin estar concentrados en un solo lugar. Al respecto, los firmantes explican que dicha restricción para cumplir sanciones debe estar determinada directamente por la JEP y que en ningún momento se debe entender como cárcel o prisión, ni medidas de aseguramiento equivalentes. Sin embargo, los firmantes señalan que es el Ministerio de Justicia el que propone dichas zonas, aun sin tener competencia para ello.

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Al respecto, el comunicado del antiguo secretariado señaló la necesidad de derogar dicho borrador. “El enfoque que ha tomado el Gobierno Nacional frente a este tema no solo representa un retroceso en la implementación del Acuerdo de Paz, sino que también pone en riesgo la estabilidad del proceso y la confianza de las partes involucradas. Es necesario un replanteamiento urgente, con consultas previas basadas en los principios originales del Acuerdo Final”, se lee en el comunicado.

Por su parte, la ministra de Justicia explicó en la cadena radial que no existe la idea de que sea una especie de campo de concentración y que tampoco se ha tomado una decisión final. “No interpretaron correctamente el borrador. Lo que se dice es que hay dos componentes: uno retributivo y uno restaurativo. Eso no quiere decir que se haya tomado una política. Se está formulando una propuesta y está supeditada a todas las discusiones”.

Además, la ministra señaló que si bien Rodrigo Londoño no estuvo presente en la reunión, sino sus abogados y Pastor Alape, lo importante es sentarse a discutir entre todos y definir pronto las sanciones propias. “Vamos a tener una sesión particular con cada uno de los grupos, firmantes de paz, la JEP, organismos internacionales. La preocupación nuestra es que se entienda en la medida de lo posible la discusión y lo que significa escuchar a todas las partes”, agregó.

Para ello, la ministra dijo que ya están programadas las primeras reuniones para las semanas entrantes de enero donde se va a discutir y a trabajar al rededor del borrador de propuesta. Además, se espera que en ese primer encuentro de 2025, se logren aclarar algunos temas que, según la ministra, no han salido a luz.

“Ellos dicen que se sentaron en la JEP y que ya dijeron qué aceptan y qué no aceptan. Esa información no es pública, no la conocemos, no sé cuál fue la conversación, pero en el borrador que pasó la JEP no está ninguna de esas propuestas. Hay que hablar para saber si eso ya está pre definido o no. El ministerio no conoce ninguna discusión de esta índole donde se haya determinado qué clase de sanciones se van a imponer”, dijo la ministra Buitrago.

Para darle desarrollo a ese pendiente, la ministra dijo que le solicitaron información a la JEP para efectos de saber si ya están definidas las sanciones, pero al mismo tiempo resaltó que fue el mismo tribunal especial quien llamó a esa cartera para diseñar las posibles sanciones propias para algunos casos específicos.

El otro tema que fue rechazado por el exsecretariado de las FARC tiene que ver con la ubicación que tendrían estas Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria, pues, según el documento, se realizaría “en áreas rurales o semiurbanas con alta afectación por el conflicto armado”. Y aunque el documento no lo diga, este diario pudo corroborar que se trataría de 41 zonas.

“En la actualidad en Colombia se desarrollan al menos ocho conflictos armados y el Estado no ha logrado garantizar la seguridad y protección integral de la población firmante, lo que ha generado una grave crisis que ha costado la vida de 443 firmantes, amenazas, desplazamiento que condujo a abandonar de manera forzada siete Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y la constante estigmatización a la que nos enfrentamos día a día los y las constructoras de paz”, explica el comunicado.

Al respecto, la ministra respondió que solo se trata de un borrador. “La propuesta de las zonas tenía varias opciones. No es una propuesta firmada, es un borrador. Esas zonas pueden ser incluso para diálogo con las víctimas. Esto de sanciones propias no solo es para firmantes, es para todos”, dijo. Y concluyó que la idea es entender qué va a pasar con las sanciones propias, cuáles son y qué significan.

Colombia+20 consultó con la JEP sobre su postura frente al borrador entregado por el MinJusticia, pero el tribunal dijo que por ahora no se pronunciaría y solo envió una escueta respuesta en la que decía: “Esa propuesta formulada en la mesa técnica deberá ser estudiada en su momento por la JEP”.

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