Modificar la Jep podría abrir las puertas para intervención de la CPI: magistrado de la JEP

El magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) Eduardo Cifuentes celebró que el proyecto de ley que buscaba ampliar el número de magistrados en esa entidad esté casi hundido. “Hemos observado en este proyecto, que afortunadamente naufragó el propósito de alterar el buen funcionamiento de la Jep de manera poco constructiva”, señaló. El togado advirtió que ese tipo de modificaciones a la justicia transicional podrían abrirle las puertas a una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en Colombia. “Esa sería la prueba reina ante la CPI de que en Colombia no existe voluntad alguna de adelantar procesos de investigación y juzgamiento”, enfatizó.

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El proyecto de ley dio mucho de qué hablar por la forma como se tramitó en el Congreso. En un primer momento el Centro Democrático defendió la tesis según la cual se debía crear una sala especial para juzgar a los miembros de la Fuerza Pública. El proyecto inicial del partido de Gobierno señalaba que los integrantes de las fuerzas estatales que no reconocieran la verdad igualmente podrían acceder a los beneficios de la jurisdicción especial.

Esa iniciativa parecía naufragar por falta de quórum auspiciado por las bancadas de oposición y senadores (como Roy Barreras) que fueron cercanos a la negociación entre el Estado y las Farc. Sin embargo, en un debate definitivo parecieron completarse los votos necesarios por la presencia de los parlamentarios del Partido Liberal. Fue ese el momento en el que se dio una negociación entre el Centro Democrático y los diferentes partidos.

A puerta cerrada, en una sala del capitolio nacional llegaron a un acuerdo. Los únicos que se opusieron a hacer parte del pacto, y lo criticaron, fueron los senadores del Polo Democrático y de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido de la exguerrilla de las Farc. Varios medios de comunicación celebraron el hecho como “histórico” y como un paso para darle “legitimidad” al sistema de justicia transicional que fue criticado por el uribismo incluso antes de que entrara en funcionamiento.

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El acuerdo contemplaba incluir a 14 nuevos magistrados en las salas de reconocimiento, verdad y responsabilidad, la sala de definición de situaciones jurídicas y las secciones de revisión y apelación. Esos nuevos togados serían elegidos por el Procurador General, el Consejo Superior de la Judicatura y un delegado de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. En suma, el pacto en el Congreso significaba una modificación a los acuerdos que el Gobierno firmó con las Farc en el 2016.

La inseguridad jurídica que podría crear la aplicación de ese pacto era lo que preocupaba al magistrado Cifuentes. Sin embargo, esta semana el proyecto de ley está moribundo debido a que el Centro Democrático se negó a votar  las cirscunscripciones especiales de paz para las víctimas del conflicto armado, contempladas en el acuerdo de paz, y con eso negaron el quórum necesario para el proyecto de los 14 magistrados.

Por otro lado, Cifuentes también se refirió a los choques que ha tenido la Jep con la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Dijo que veía cierto nerviosismo por parte del ente investigador en las fases iniciales del funcionamiento de la justicia transicional con la idea de que la Jep podría usurpar las funciones de la entidad. Hizo un llamado a que las entidades estatales se comprometan con la construcción de paz y el objetivo de lograr verdad y justicia “Los demás órganos del Estado deben colaborar y asumir como función propia los encargos que provengan de la propia Jep”, aseguró. Esas palabras las pronunció en medio del conversatorio Balance de la justicia transicional, a dos años de la firma del Acuerdo de Paz, de Colombia2020.

A su vez, se refirió a las críticas que le han hecho a la Jep algunas víctimas y personas que han comparecido ante el tribunal. “Todo lo que se ha hecho gira en torno a las víctimas y a garantizar un debido proceso para los comparecientes” resaltó.  Concluyó con lo que puede ser leído como una promesa frente a los resultados que debe arrojar el sistema de justicia transicional: “estamos en los procesos iniciales y lo que se va a observar hacia el futuro es que las víctimas van a ver cómo la Jep va a garantizar verdad, justicia y reparación”.

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El magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) Eduardo Cifuentes celebró que el proyecto de ley que buscaba ampliar el número de magistrados en esa entidad esté casi hundido. “Hemos observado en este proyecto, que afortunadamente naufragó el propósito de alterar el buen funcionamiento de la Jep de manera poco constructiva”, señaló. El togado advirtió que ese tipo de modificaciones a la justicia transicional podrían abrirle las puertas a una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en Colombia. “Esa sería la prueba reina ante la CPI de que en Colombia no existe voluntad alguna de adelantar procesos de investigación y juzgamiento”, enfatizó.

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El proyecto de ley dio mucho de qué hablar por la forma como se tramitó en el Congreso. En un primer momento el Centro Democrático defendió la tesis según la cual se debía crear una sala especial para juzgar a los miembros de la Fuerza Pública. El proyecto inicial del partido de Gobierno señalaba que los integrantes de las fuerzas estatales que no reconocieran la verdad igualmente podrían acceder a los beneficios de la jurisdicción especial.

Esa iniciativa parecía naufragar por falta de quórum auspiciado por las bancadas de oposición y senadores (como Roy Barreras) que fueron cercanos a la negociación entre el Estado y las Farc. Sin embargo, en un debate definitivo parecieron completarse los votos necesarios por la presencia de los parlamentarios del Partido Liberal. Fue ese el momento en el que se dio una negociación entre el Centro Democrático y los diferentes partidos.

A puerta cerrada, en una sala del capitolio nacional llegaron a un acuerdo. Los únicos que se opusieron a hacer parte del pacto, y lo criticaron, fueron los senadores del Polo Democrático y de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido de la exguerrilla de las Farc. Varios medios de comunicación celebraron el hecho como “histórico” y como un paso para darle “legitimidad” al sistema de justicia transicional que fue criticado por el uribismo incluso antes de que entrara en funcionamiento.

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La inseguridad jurídica que podría crear la aplicación de ese pacto era lo que preocupaba al magistrado Cifuentes. Sin embargo, esta semana el proyecto de ley está moribundo debido a que el Centro Democrático se negó a votar  las cirscunscripciones especiales de paz para las víctimas del conflicto armado, contempladas en el acuerdo de paz, y con eso negaron el quórum necesario para el proyecto de los 14 magistrados.

Por otro lado, Cifuentes también se refirió a los choques que ha tenido la Jep con la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Dijo que veía cierto nerviosismo por parte del ente investigador en las fases iniciales del funcionamiento de la justicia transicional con la idea de que la Jep podría usurpar las funciones de la entidad. Hizo un llamado a que las entidades estatales se comprometan con la construcción de paz y el objetivo de lograr verdad y justicia “Los demás órganos del Estado deben colaborar y asumir como función propia los encargos que provengan de la propia Jep”, aseguró. Esas palabras las pronunció en medio del conversatorio Balance de la justicia transicional, a dos años de la firma del Acuerdo de Paz, de Colombia2020.

A su vez, se refirió a las críticas que le han hecho a la Jep algunas víctimas y personas que han comparecido ante el tribunal. “Todo lo que se ha hecho gira en torno a las víctimas y a garantizar un debido proceso para los comparecientes” resaltó.  Concluyó con lo que puede ser leído como una promesa frente a los resultados que debe arrojar el sistema de justicia transicional: “estamos en los procesos iniciales y lo que se va a observar hacia el futuro es que las víctimas van a ver cómo la Jep va a garantizar verdad, justicia y reparación”.

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