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Naya Nidiria Ruiz Medina no tiene tocaya. Su primer nombre fue elegido por su madre en honor a la cuenca del río Naya, que bordea su territorio y las vio nacer a ambas. El mismo río del que se han abastecido, que las ha transportado, que ha servido como vínculo espiritual con sus raíces y por donde ha corrido mucha sangre de inocentes. Su lucha, a sus 29 años, es por encontrar a las y los desaparecidos en el río que los grupos armados ilegales, que controlan ese paso fluvial, han arrojado inescrupulosamente en los últimos 20 años de conflicto armado.
A su corta edad, y como licenciada en educación con énfasis en Ciencias Sociales y Antropología aplicada, ya tiene un reconocimiento como lideresa social y defensora de los derechos humanos de las 73 comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario del Río Naya, en la Buenaventura rural. Hace siete años, junto a dos de sus hermanas fundó la Asociación de Mujeres AINI Fuente de la Primavera con la que documenta los casos de desaparición de la que ella y su familia tampoco son ajenas.
Regrese al especial: Los mapas de la desaparición forzada en Buenaventura
En 2011, diez años después de que ocurriera la masacre del Naya por parte de 220 paramilitares del Bloque Calima, un hermano y un cuñado de Nidiria (no daremos sus nombres por petición de la familia) salieron juntos a celebrar las fiestas patronales de San Miguel Arcángel junto a comunidades del río Micay, en el Cauca. Pero en el camino desaparecieron y todavía sus familiares, amigos y conocidos no tienen rastro de ellos.
El fenómeno de la desaparición forzada, en voz de Nidiria, es una de las peores victimizaciones que han vivido los afrodescendientes tanto en la zona urbana como en la zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca). A diferencia de los asesinatos, este es un crimen fácil de ocultar, según ella, por lo que representa la ausencia de cuerpo y la zozobra que deja la incertidumbre de dónde y cómo estará la persona.
El distrito de Buenaventura tiene una particularidad: es el más extenso del departamento del Valle del Cauca pero sólo el 1 % de su territorio representa la zona urbana. El 99 % restante es rural, y está compuesto por comunidades afrodescendientes y algunos cabildos indígenas que habitan los pasos fluviales que conectan el corazón del Pacífico con López de Micay (Cauca), con el Tapón del Darién (Chocó), en frontera con Panamá y con algunos municipios del Valle del Cauca, como Dagua. A pesar de su distribución, el 90 % de la población bonaverense vive en la ciudad y sólo el 10 % restante está ubicado en los consejos comunitarios justo en donde se topa el mar con el río.
Justamente allí es que se ubican las 23.000 personas que viven en los 73 consejos afro de la cuenca del Río Naya. Es en esta zona, donde la mayoría de la población vive de la pesca y labores propias de las riberas, en donde más se ha sentido el conflicto armado en Buenaventura. El Naya, además, es conocido por haber presenciado una masacre hace 20 años en la que fueron asesinadas más de 30 personas a manos de paramilitares que buscaban imponer terror en la comunidad y exterminar a las guerrillas, al costo que fuera. Aunque en 2017, luego de la firma del Acuerdo de Paz, hubo una sensación de tranquilidad en la zona, los desplazamientos masivos, las amenazas, las desapariciones y los homicidios parecieran volver a tomarse ese territorio ancestral.
Un informe que entregó la Asociación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el 13 de abril de 2021, da cuenta de 70 casos de desaparición forzada que se cometieron entre 1990 y 2020 por parte del Frente 30 de las Farc, el Frente Pacífico (o Héroes del Chocó, como también se hacían llamar) y el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia que controlaban el paso fluvial del Naya al departamento del Cauca y al Chocó.
En ese documento explican que la política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, “y en un contexto de agudización del conflicto armado, se implementó con intensidad la estrategia de red de informantes y cooperantes. Esta estrategia coincidió con el aumento de casos de desaparición forzada en el territorio del Naya por parte de las Farc”.
La antigua guerrilla, de acuerdo con información de la Asociación, sería quien más tendría responsabilidad e información sobre los desaparecidos en estos consejos comunitarios, pues a diferencia de las dinámicas de conflicto armado en la zona urbana, “los actores del conflicto en la zona rural sí suelen vestir de uniforme y ser fácilmente identificables por sus estructuras”, como también dijo el alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, en entrevista con este diario.
Actualmente, la Asociación de Mujeres AINI reúne a 300 mujeres de todos los consejos comunitarios de la cuenca del río Naya y busca hacer memoria sobre las victimizaciones que han vivido por cuenta del conflicto armado interno y los enfrentamientos de los nueve grupos armados que hoy persisten allí.
Según la Fiscalía, actualmente el ELN y el grupo conocido como Frente Fuerza Unida del Pacífico hacen presencia en zonas rurales de Buenaventura . Además, confirmó que en Puerto Merizalde, uno de los corregimientos de la zona, han inhumado a “un número considerable de víctimas de desaparición forzada”.
Aunque Nidiria es prudente y cautelosa para hablar sobre este tema, asegura que el rol de las mujeres en la búsqueda de desaparecidos ha sido fundamental para identificar unos primeros puntos sobre el río en los que se presume podría haber “acuafosas”, aunque prefiere no profundizar en el tema porque por ello ha sido amenazada tres veces. “Muchas veces nos hemos enfrentado al victimario. Les hemos dicho: devuélvanos los cuerpos, pero la política de temor o zozobra que impregnaron estos actores armados ilegales fue algo indescriptible y hay temor”, cuenta.
Lo dice por experiencia, pues apenas cinco años después de la desaparición de su hermano y su cuñado, en 2016, cuando se celebraba la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y la otrora guerrilla de las Farc, desaparecieron a su primo-hermano, que era comerciante, luego de que saliera de su vivienda en la comunidad Joaquín Grande, en la zona baja de la cuenca. “Él agarró una lancha y salió. Uno se pregunta por qué no llegará, qué pasa, pero no sabemos nada más”. Junto a su familia han cuestionado de frente a los victimarios, han recorrido comunidad por comunidad preguntando por sus seres queridos y han buscado hasta donde han podido cualquier rastro certero.
“Hay personas que dicen que vieron cómo los asesinaban o que presenciaron cosas de esas, pero aquí reina la ley del silencio porque la misma gente sabe que si le da información a los familiares de desaparecidos, su misma vida corre peligro”, dice.
Y eso lo asegura porque conoce las dinámicas de su territorio y sabe que, mientras en la ciudad el conflicto armado se traduce en actores menos visibles, más difusos y difíciles de identificar, en las comunidades del río Naya “todo mundo sabe lo de todo mundo, hasta los mismos grupos ilegales”. Por eso prefiere no nombrar públicamente detalles de la cartografía que hicieron para que el Estado emprenda la búsqueda de los desaparecidos.
Sin embargo, en medio de la balsada llevada a cabo el 12 de abril de este año sobre el estero San Antonio en la zona urbana de Buenaventura, Naya Nidiria recalcó la importancia de que la búsqueda de los desaparecidos sea en ambas vías: “Nosotros no sabemos dónde están los cuerpos en el mar o en el río, pero es posible que aquí haya cuerpos de personas de la zona rural, y viceversa, que en el río Naya tengamos cuerpos de personas que desaparecieron aquí”.
Aunque con la entrega del informe a la JEP la lideresa esperara que se solucionen varios de los problemas estructurales de su territorio, lo cierto es que desde 2002 todos estos consejos comunitarios tienen una medida cautelar interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, según ella, no ha servido de nada, pues las incursiones armadas siguen siendo una constante y la falta de presencia estatal es todavía el mayor problema.
(Vea: En Buenaventura se hará la primera búsqueda de desaparecidos en el mar)
Por ejemplo, cuenta que una de las razones por las que cuando se habla de desaparición forzada no se incluye lo que ha ocurrido con las poblaciones rurales de Buenaventura se debe a que para interponer una denuncia ante un ente de investigación, como la Fiscalía, tienen que transportarse por más de tres horas en lancha rápida para llegar hasta el casco urbano. Eso, sin contar los gastos en transporte y muchas veces el hospedaje que representa este trámite.
Eso, y la intimidación de los grupos armados que tienen controlado el paso y que en algunas ocasiones hacen “retenes” en medio del agua para indagar sobre las razones del desplazamiento, mantienen a cientos de casos de personas desaparecidas en el anonimato. Por eso, en el marco de la firma del Pacto por la Búsqueda de Desaparecidos que lideró la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, junto a la JEP y la Comisión de la Verdad el 13 de abril, Nidiria exigió una sola cosa: “No se olviden de la Buenaventura rural y de nuestros desaparecidos”.
Su esperanza es encontrar algún desaparecido con vida o, por lo menos, recuperar los cuerpos de los que asesinaron y arrojaron a los afluentes. Ella sabe que son más de 70 casos los que ha vivido su pueblo y, con la articulación de las entidades, espera que el subregistro comience a disminuir con la confianza y apoyo de la gente.
En la construcción del informe ante la JEP, incluso, entregaron una serie de sugerencias sobre la forma en la que quieren ser reparadas por parte del antiguo Frente 30 de las Farc que operó en esta zona y se enfrentó con el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia. Algunas de esas ideas son: “Que el partido de los Comunes cumpla su obligación con el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de las personas desaparecidas y las garantías de no repetición, y que ésta sea ratificada en un acto público de reconocimiento de responsabilidades; que el Estado colombiano financie la construcción de un monumento en memoria del crimen de Juana Bautista Angulo Hinestroza, el desplazamiento forzado, las desapariciones, los asesinatos y las afectaciones al territorio en el marco del conflicto; que se acompañe y apoye de manera diferencial la búsqueda de las personas desaparecidas hasta encontrarlas y que el Estado reconozca y repare integralmente, el daño cometido”.
La voz de Nidiria no será apagada. Ahora será quien represente a la Asociación de Mujeres AINI ante la justicia transicional y quien estará en cabeza del proceso cuando se logren acreditar como víctimas del conflicto armado ante el Tribunal de Paz, en caso de que se abra algún macrocaso de desaparición forzada o de violencia sexual en la JEP. A pesar de las intimidaciones, ella quiere seguir haciendo honor y homenaje a su nombre, y dice que no se dejará callar de los actores que están detrás de ella. “El psicólogo me dijo que a Naya Nidiria se le perdió ya el miedo. Mientras yo hablo y reivindico la vida en el territorio con amor, no tengo nada qué temer”.
