Ninguna víctima de David Char se ha acreditado ante la JEP

El exsenador David Char, quien fue acusado de haber tenido nexos con el frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la justicia ordinaria, se encontrará otra vez hoy con los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para continuar con su aporte a la verdad sobre su participación en el conflicto armado, luego de someterse a esta justicia especial. La diligencia se realiza en Barranquilla, su ciudad natal. Y aunque se esperaba que algunas víctimas asistieran, hasta ahora, en su proceso no hay personas acreditadas como afectadas, a pesar de que el político no sólo ingresó a la JEP sino que también se le concedió la libertad condicionada, luego de presentar un programa detallado de reparación y aporte a la verdad.

En la primera audiencia, Char confesó varios de sus delitos: reconoció su relación con el frente José Pablo Díaz de las Auc, que le ayudó en sus candidaturas para la Cámara de Representantes y el Senado y cómo esta realidad contribuyó a la consolidación y expansión del proyecto del Bloque Norte en el Atlántico. También contó cómo los paramilitares, a través de cuotas políticas, lograron apropiarse de varias entidades, como el Hospital Materno Infantil, su fortín en el municipio Soledad.

Ese mismo día, la JEP hizo un llamado a quienes se consideran víctimas de Char Navas para que se acreditaran, pues sobre lo que el exsenador declare en las audiencias públicas y privadas, las personas afectadas podrán hacer comentarios y preguntas. Sin embargo, ahora la incógnita es a quién se les entregará sus versiones si no hay nadie que se haya reportado.

Acudiendo al principio de la centralidad de las víctimas, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos elevó el 11 de septiembre de este año una petición, conocida por este diario, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en la que pregunta quiénes podrían pertenecer al universo de víctimas del caso de Char.

Como su proceso no está enmarcado en un macrocaso sino en los delitos que él cometió — entre ellos el concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas— la organización no supo cómo orientar a posibles víctimas, lo que afecta su participación y acceso a la justicia.

Humberto Torres Díaz, director del área jurídica del Comité, aseguró que en este proceso hay una serie de dudas, a partir de lo que el exsenador ha confesado. Por ejemplo, si pueden participar o no las 6.000 víctimas del Bloque Norte, teniendo en cuenta que él los financió con armas que se pudieron utilizar para masacres y desplazamientos: “Si con el dinero que entregó Char se mató gente; desde el sociólogo y docente Alfredo Correa hasta Nelson Mejía, exalcalde de Santo Tomás, pueden ser víctimas”.

En la petición también se cuestionó si en vista de que Char Navas ayudó a que los paramilitares del Bloque Norte que cooptaron el Hospital Materno Infantil de Soledad, “¿debe considerarse entonces a todos los usuarios del sistema de salud en Soledad (Atlántico), ante la falta de servicio o deficiencias del mismo, víctimas indirectas del compareciente David Char Navas?”. O si en los casos de parapolítica en regiones en las que existió cooptación de las entidades del Estado “¿debería entenderse como víctima cualquier ciudadano que se beneficiara de los servicios prestados por dichas entidades?”.

El Comité también le preguntó a la JEP si había contemplado consideraciones adicionales para la acreditación de las víctimas en los casos de los terceros civiles o agentes del Estado y cuáles serían las rutas para aquellas víctimas indirectas que quieran hacer observaciones por los delitos que se le imputan a Char. Esta serie de cuestionamientos, de acuerdo con el oficio, “son fundamentales para la labor que desarrollan las organizaciones de víctimas y de derechos humanos que trabajan en distintos territorios, donde las alianzas entre grupos paramilitares y funcionarios del Estado afectaron considerablemente los mecanismos democráticos y los derechos fundamentales de sectores políticos y sociales”.

Y también, según Torres, para los procesos de reparación. Hoy el exsenador goza de beneficios, pero nadie sabe a quién va a reparar. En su propuesta presentada por Char ante la JEP se esbozó un proyecto agrícola de maíz tierno y ají dulce para las víctimas y así apoyar a la población afectada. El político dijo que estaría en el municipio de Repelón (Atlántico), donde hubo hechos violentos de este grupo.

La pregunta que plantea esta organización no es un asunto menor. Para Juan Carlos Ospina, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, hay varias discusiones que se deben tejer sobre quiénes deben ser reconocidos y reparados en estos casos de los terceros civiles que son acusados por corrupción o alianzas con grupos ilegales. Por un lado, hay que preguntarse sobre la participación de las víctimas indirectas en la JEP, pues hasta ahora no tienen representación. Ospina resaltó que en este punto hay una complejidad: es imposible visibilizar estas víctimas si no hay organizaciones de por medio. Y en Colombia pocas veces alguien o un colectivo se ha reconocido como víctima de la corrupción. En el caso del hospital que cita el Comité, por ejemplo, hasta ahora no se ha hecho un seguimiento de si la falta de acceso a la salud o la escasez de medicamentos es causada por la alianza entre Char con los paramilitares.

Para resolver este problema, es pertinente, según el jurista, que haya una comprensión general de justicia transicional, en la que se establezca que los casos de corrupción causan una serie de victimizaciones que, si bien no pueden ser determinadas en tres o cuatro personas, podrían ser determinables en grupos sociales (puede tener enfoque regional) o en afectaciones a los recursos públicos, la democracia o la participación política.

“Hay un punto que no se puede dejar de lado: la sociedad como víctima. Es necesario que la sociedad sepa cómo otras personas se apropiaron de recursos públicos o lograron acceder a cargos públicos para promover dinámicas políticas de actores armados. Ahí también podría hacerse la construcción”, agregó. Pero eso en materia judicial no se ha hecho. En el caso de Justicia y Paz, el tribunal que juzgó a los paramilitares, si no había víctima específica, no había proceso.

La respuesta de la JEP ante la petición llegó hace dos días al Comité, pero no dejó muy contentos a los integrantes de esta organización. Para los magistrados, los interrogantes planteados en la petición corresponden a requerimientos de carácter judicial y no a una solicitud de información. Al mismo tiempo, les pide a los posibles afectados presentar un relato argumentando por qué se consideran víctimas del exsenador, especificando fecha y los hechos puntuales que las afectaron, para que luego la magistratura se pronuncie si lo son o no.

La JEP, a través de su departamento de Comunicaciones, le dijo a este diario que en “todas las diligencias que se llevan a cabo en la JEP está presente la Procuraduría quien representa a las víctimas indeterminadas; en este caso teniendo en cuenta que los delitos por los que fue acusado David Char protegen bienes jurídicos del Estado y la sociedad”. Además, dejó claro que esta es apenas la primera parte del proceso y “las víctimas pueden solicitar su acreditación en cualquier momento de la actuación que lleva a cabo la JEP contra David Char Navas”.

Para Torres, la culpa de que no haya víctimas hoy en la audiencia es de la justicia transicional: “La JEP no ha asumido el tema con la responsabilidad que amerita”. Para Ospina, es indispensable mejorar el método de reconocimiento y de multiplicar los espacios de divulgación en las regiones involucradas. Aunque no descartó la necesidad de vincular a otro tipo de organizaciones encaminadas al impacto de la corrupción o de estas alianzas en los derechos sociales. Ante la negativa de esclarecer el universo, el Comité interpondrá una tutela con el fin proteger a las víctimas que aún no se reconocen.

El exsenador David Char, quien fue acusado de haber tenido nexos con el frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la justicia ordinaria, se encontrará otra vez hoy con los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para continuar con su aporte a la verdad sobre su participación en el conflicto armado, luego de someterse a esta justicia especial. La diligencia se realiza en Barranquilla, su ciudad natal. Y aunque se esperaba que algunas víctimas asistieran, hasta ahora, en su proceso no hay personas acreditadas como afectadas, a pesar de que el político no sólo ingresó a la JEP sino que también se le concedió la libertad condicionada, luego de presentar un programa detallado de reparación y aporte a la verdad.

En la primera audiencia, Char confesó varios de sus delitos: reconoció su relación con el frente José Pablo Díaz de las Auc, que le ayudó en sus candidaturas para la Cámara de Representantes y el Senado y cómo esta realidad contribuyó a la consolidación y expansión del proyecto del Bloque Norte en el Atlántico. También contó cómo los paramilitares, a través de cuotas políticas, lograron apropiarse de varias entidades, como el Hospital Materno Infantil, su fortín en el municipio Soledad.

Ese mismo día, la JEP hizo un llamado a quienes se consideran víctimas de Char Navas para que se acreditaran, pues sobre lo que el exsenador declare en las audiencias públicas y privadas, las personas afectadas podrán hacer comentarios y preguntas. Sin embargo, ahora la incógnita es a quién se les entregará sus versiones si no hay nadie que se haya reportado.

Acudiendo al principio de la centralidad de las víctimas, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos elevó el 11 de septiembre de este año una petición, conocida por este diario, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en la que pregunta quiénes podrían pertenecer al universo de víctimas del caso de Char.

Como su proceso no está enmarcado en un macrocaso sino en los delitos que él cometió — entre ellos el concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas— la organización no supo cómo orientar a posibles víctimas, lo que afecta su participación y acceso a la justicia.

Humberto Torres Díaz, director del área jurídica del Comité, aseguró que en este proceso hay una serie de dudas, a partir de lo que el exsenador ha confesado. Por ejemplo, si pueden participar o no las 6.000 víctimas del Bloque Norte, teniendo en cuenta que él los financió con armas que se pudieron utilizar para masacres y desplazamientos: “Si con el dinero que entregó Char se mató gente; desde el sociólogo y docente Alfredo Correa hasta Nelson Mejía, exalcalde de Santo Tomás, pueden ser víctimas”.

En la petición también se cuestionó si en vista de que Char Navas ayudó a que los paramilitares del Bloque Norte que cooptaron el Hospital Materno Infantil de Soledad, “¿debe considerarse entonces a todos los usuarios del sistema de salud en Soledad (Atlántico), ante la falta de servicio o deficiencias del mismo, víctimas indirectas del compareciente David Char Navas?”. O si en los casos de parapolítica en regiones en las que existió cooptación de las entidades del Estado “¿debería entenderse como víctima cualquier ciudadano que se beneficiara de los servicios prestados por dichas entidades?”.

El Comité también le preguntó a la JEP si había contemplado consideraciones adicionales para la acreditación de las víctimas en los casos de los terceros civiles o agentes del Estado y cuáles serían las rutas para aquellas víctimas indirectas que quieran hacer observaciones por los delitos que se le imputan a Char. Esta serie de cuestionamientos, de acuerdo con el oficio, “son fundamentales para la labor que desarrollan las organizaciones de víctimas y de derechos humanos que trabajan en distintos territorios, donde las alianzas entre grupos paramilitares y funcionarios del Estado afectaron considerablemente los mecanismos democráticos y los derechos fundamentales de sectores políticos y sociales”.

Y también, según Torres, para los procesos de reparación. Hoy el exsenador goza de beneficios, pero nadie sabe a quién va a reparar. En su propuesta presentada por Char ante la JEP se esbozó un proyecto agrícola de maíz tierno y ají dulce para las víctimas y así apoyar a la población afectada. El político dijo que estaría en el municipio de Repelón (Atlántico), donde hubo hechos violentos de este grupo.

La pregunta que plantea esta organización no es un asunto menor. Para Juan Carlos Ospina, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, hay varias discusiones que se deben tejer sobre quiénes deben ser reconocidos y reparados en estos casos de los terceros civiles que son acusados por corrupción o alianzas con grupos ilegales. Por un lado, hay que preguntarse sobre la participación de las víctimas indirectas en la JEP, pues hasta ahora no tienen representación. Ospina resaltó que en este punto hay una complejidad: es imposible visibilizar estas víctimas si no hay organizaciones de por medio. Y en Colombia pocas veces alguien o un colectivo se ha reconocido como víctima de la corrupción. En el caso del hospital que cita el Comité, por ejemplo, hasta ahora no se ha hecho un seguimiento de si la falta de acceso a la salud o la escasez de medicamentos es causada por la alianza entre Char con los paramilitares.

Para resolver este problema, es pertinente, según el jurista, que haya una comprensión general de justicia transicional, en la que se establezca que los casos de corrupción causan una serie de victimizaciones que, si bien no pueden ser determinadas en tres o cuatro personas, podrían ser determinables en grupos sociales (puede tener enfoque regional) o en afectaciones a los recursos públicos, la democracia o la participación política.

“Hay un punto que no se puede dejar de lado: la sociedad como víctima. Es necesario que la sociedad sepa cómo otras personas se apropiaron de recursos públicos o lograron acceder a cargos públicos para promover dinámicas políticas de actores armados. Ahí también podría hacerse la construcción”, agregó. Pero eso en materia judicial no se ha hecho. En el caso de Justicia y Paz, el tribunal que juzgó a los paramilitares, si no había víctima específica, no había proceso.

La respuesta de la JEP ante la petición llegó hace dos días al Comité, pero no dejó muy contentos a los integrantes de esta organización. Para los magistrados, los interrogantes planteados en la petición corresponden a requerimientos de carácter judicial y no a una solicitud de información. Al mismo tiempo, les pide a los posibles afectados presentar un relato argumentando por qué se consideran víctimas del exsenador, especificando fecha y los hechos puntuales que las afectaron, para que luego la magistratura se pronuncie si lo son o no.

La JEP, a través de su departamento de Comunicaciones, le dijo a este diario que en “todas las diligencias que se llevan a cabo en la JEP está presente la Procuraduría quien representa a las víctimas indeterminadas; en este caso teniendo en cuenta que los delitos por los que fue acusado David Char protegen bienes jurídicos del Estado y la sociedad”. Además, dejó claro que esta es apenas la primera parte del proceso y “las víctimas pueden solicitar su acreditación en cualquier momento de la actuación que lleva a cabo la JEP contra David Char Navas”.

Para Torres, la culpa de que no haya víctimas hoy en la audiencia es de la justicia transicional: “La JEP no ha asumido el tema con la responsabilidad que amerita”. Para Ospina, es indispensable mejorar el método de reconocimiento y de multiplicar los espacios de divulgación en las regiones involucradas. Aunque no descartó la necesidad de vincular a otro tipo de organizaciones encaminadas al impacto de la corrupción o de estas alianzas en los derechos sociales. Ante la negativa de esclarecer el universo, el Comité interpondrá una tutela con el fin proteger a las víctimas que aún no se reconocen.