‘No hay justificación para el secuestro’: excomandantes de las Farc
Tras conocerse el último escrito de hechos y conductas en el caso 01 sobre secuestro, emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los exmiembros de la guerrilla acusados por este delito de lesa humanidad reiteraron su compromiso con el Acuerdo de Paz y la búsqueda de la verdad.
Tras conocerse la primera acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra ocho excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc por el delito de secuestro, los acusados respondieron en un comunicado conjunto que dieron a conocer a la opinión pública.
Rodrigo Londoño Echeverri o Timochenko, Pastor Alape Lascarro, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Granda Escobar, Milton de Jesús Toncel Redondo o Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra o Mauricio Jaramillo y Juan Hermilo Cabrera, conocido como Bertulfo Álvarez, quien falleció este 27 de enero, manifestaron que reiteraban su compromiso de contar la verdad de los hechos de los que se les acusan y de responderle a las víctimas. “Estamos aquí para, desde lo más profundo de nuestro corazón, pedirle perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familias”, aseguraron en el documento.
La decisión de la JEP, en la que los acusa como autores, coautores y responsables por mando, es histórica, pues es la primera que toma esta justicia, creada en 2017 tras la firma del Acuerdo de Paz. Esta se enmarca en caso 01 ahora conocido como Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP.
Los excomandantes de las Farc dijeron también en la misiva que el “secuestro fue un error gravísimo” del que solo pueden arrepentirse. Reconocieron que es una profunda herida en la historia del país y en la de todas las víctimas y sus familiares a quienes se les arrebató su dignidad y libertad.
“Durante las comparecencias, tanto individuales como colectivas, relacionadas con el caso en mención, tuvimos la oportunidad de aportar verdad, contribuir a esclarecer hechos de secuestro y satisfacer demandas de las víctimas; esa conducta nuestra no cambiará ya que nuestro compromiso con la paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición es indeclinable”, resaltan al final.
En entrevista con Colombia 2020 de El Espectador, Pastor Alape, quien fue comandante del Frente Nº 4 del Bloque Magdalena Medio, aseguró que “Conocimos el auto el miércoles en la noche, seguimos en comunicación con los abogados para que hagan el estudio en términos jurídicos para ver cómo vamos a responder. Pero de antemano le estamos reafirmando al país nuestro compromiso con la verdad y con el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación”.
“Nosotros reconocimos nuestras responsabilidades en los crímenes de secuestro y solicitamos el perdón a las víctimas. Fueron hechos injustificables en el marco de una sociedad. Aquí estamos dispuestos a asumir las responsabilidades a ver cómo avanzamos en la construcción de paz”, añadió Alape.
Hay que recordar que en el escrito de la Sala de Reconocimiento de la JEP se asegura que en la versión colectiva nacional de los integrantes del secretariado “ellos afirmaron que no tuvieron conocimiento de los tratos crueles, degradantes e inhumanos relatados por las víctimas que hayan ejecutado sus subalterno”. Al preguntarle sobre esto a Alape, él aseguró que “Las fallas que cometieron algunos de nuestros subordinados nosotros las estamos asumiendo. En ningún momento nosotros hemos rechazado esto, pero sí queremos aclarar que se trataba de una estructura armada irregular que no había posibilidad de hacer un control efectivo de cada uno de los hechos que se estuvieran generando”.
Por su parte, Julián Gallo Cubillos conocido como Carlos Antonio Lozada, declaró a la emisora RCN Radio, que: “Nosotros hicimos comparecencias individuales y colectivas por bloques, reconociendo públicamente la responsabilidad de las Farc como organización en el delito de secuestro y otras conductas que violan el Derecho Internacional Humanitario”.
Añadió además que “se está demostrando la razón de ser de esta Jurisdicción Especial Para la paz (JEP), que tenía como objetivo precisamente que todas las conductas que violaron el Derecho Internacional Humanitario en medio del conflicto no quedaran impunes como sucedió en otros procesos de paz”.
Por el momento, tal como lo anunció Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, este es el primer paso de este proceso, pero se esperan nuevos autos sobre la responsabilidad de mandos medios en este delito. Cifuentes, resaltó además que la decisión sobre este caso es “trascendental para las víctimas porque así se identifican políticas, prácticas sobre este grupo armado y así, por primera vez, se hace una imputación a los responsables de estas prácticas, planes y políticas muchas veces deliberados y explícitos, y otros que se deducen de la práctica y que dan patrones de criminalidad”.
Sobre el caso de secuestro, la JEP ha acreditado un total de 2.528 víctimas individuales a través de 45 autos de acreditación. Ellos a través de sus representantes legales y de manera directa han sido participes de los diálogos, contrastes de información, peticiones de rectificación a los responsables y demás procesos que ha adelantado el tribunal de paz para garantizarles verdad y garantías de no repetición. Ahora, las víctimas tienen 30 días hábiles para responder a esta decisión de la JEP. Asimismo, los acusados y la procuraduría deben hacerlo en el mismo tiempo.
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Rodrigo Londoño Echeverri o Timochenko, Pastor Alape Lascarro, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Granda Escobar, Milton de Jesús Toncel Redondo o Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra o Mauricio Jaramillo y Juan Hermilo Cabrera, conocido como Bertulfo Álvarez, quien falleció este 27 de enero, manifestaron que reiteraban su compromiso de contar la verdad de los hechos de los que se les acusan y de responderle a las víctimas. “Estamos aquí para, desde lo más profundo de nuestro corazón, pedirle perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familias”, aseguraron en el documento.
La decisión de la JEP, en la que los acusa como autores, coautores y responsables por mando, es histórica, pues es la primera que toma esta justicia, creada en 2017 tras la firma del Acuerdo de Paz. Esta se enmarca en caso 01 ahora conocido como Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP.
Los excomandantes de las Farc dijeron también en la misiva que el “secuestro fue un error gravísimo” del que solo pueden arrepentirse. Reconocieron que es una profunda herida en la historia del país y en la de todas las víctimas y sus familiares a quienes se les arrebató su dignidad y libertad.
“Durante las comparecencias, tanto individuales como colectivas, relacionadas con el caso en mención, tuvimos la oportunidad de aportar verdad, contribuir a esclarecer hechos de secuestro y satisfacer demandas de las víctimas; esa conducta nuestra no cambiará ya que nuestro compromiso con la paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición es indeclinable”, resaltan al final.
En entrevista con Colombia 2020 de El Espectador, Pastor Alape, quien fue comandante del Frente Nº 4 del Bloque Magdalena Medio, aseguró que “Conocimos el auto el miércoles en la noche, seguimos en comunicación con los abogados para que hagan el estudio en términos jurídicos para ver cómo vamos a responder. Pero de antemano le estamos reafirmando al país nuestro compromiso con la verdad y con el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación”.
“Nosotros reconocimos nuestras responsabilidades en los crímenes de secuestro y solicitamos el perdón a las víctimas. Fueron hechos injustificables en el marco de una sociedad. Aquí estamos dispuestos a asumir las responsabilidades a ver cómo avanzamos en la construcción de paz”, añadió Alape.
Hay que recordar que en el escrito de la Sala de Reconocimiento de la JEP se asegura que en la versión colectiva nacional de los integrantes del secretariado “ellos afirmaron que no tuvieron conocimiento de los tratos crueles, degradantes e inhumanos relatados por las víctimas que hayan ejecutado sus subalterno”. Al preguntarle sobre esto a Alape, él aseguró que “Las fallas que cometieron algunos de nuestros subordinados nosotros las estamos asumiendo. En ningún momento nosotros hemos rechazado esto, pero sí queremos aclarar que se trataba de una estructura armada irregular que no había posibilidad de hacer un control efectivo de cada uno de los hechos que se estuvieran generando”.
Por su parte, Julián Gallo Cubillos conocido como Carlos Antonio Lozada, declaró a la emisora RCN Radio, que: “Nosotros hicimos comparecencias individuales y colectivas por bloques, reconociendo públicamente la responsabilidad de las Farc como organización en el delito de secuestro y otras conductas que violan el Derecho Internacional Humanitario”.
Añadió además que “se está demostrando la razón de ser de esta Jurisdicción Especial Para la paz (JEP), que tenía como objetivo precisamente que todas las conductas que violaron el Derecho Internacional Humanitario en medio del conflicto no quedaran impunes como sucedió en otros procesos de paz”.
Por el momento, tal como lo anunció Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, este es el primer paso de este proceso, pero se esperan nuevos autos sobre la responsabilidad de mandos medios en este delito. Cifuentes, resaltó además que la decisión sobre este caso es “trascendental para las víctimas porque así se identifican políticas, prácticas sobre este grupo armado y así, por primera vez, se hace una imputación a los responsables de estas prácticas, planes y políticas muchas veces deliberados y explícitos, y otros que se deducen de la práctica y que dan patrones de criminalidad”.
Sobre el caso de secuestro, la JEP ha acreditado un total de 2.528 víctimas individuales a través de 45 autos de acreditación. Ellos a través de sus representantes legales y de manera directa han sido participes de los diálogos, contrastes de información, peticiones de rectificación a los responsables y demás procesos que ha adelantado el tribunal de paz para garantizarles verdad y garantías de no repetición. Ahora, las víctimas tienen 30 días hábiles para responder a esta decisión de la JEP. Asimismo, los acusados y la procuraduría deben hacerlo en el mismo tiempo.
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