“No se sabe el paradero de 60 desaparecidos en el Paro Nacional”: Adriana Arboleda

Desde el 28 de abril, día en el que estalló el Paro Nacional en Colombia, a la fecha no hay claridad de la cifra total de personas desaparecidas en medio de las protestas y manifestaciones sociales. La Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada, conformada por 26 organizaciones sociales, fue la primera en dar la cifra de 379 casos. Luego otras organizaciones como Indepaz y Temblores hablaron de más de 500 personas.

Hasta el 14 de junio, la Fiscalía había ubicado a 335 personas y el 27 de agosto, el fiscal Francisco Barbosa sustentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que de las seis denuncias formales por desaparición forzada que tenía esta entidad, cinco no estaban relacionadas con las jornadas de protestas.

Le puede interesar: De 6 denuncias de desaparición forzada, 5 no tienen relación con el paro: Fiscalía

Sin embargo, para Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad e integrante de la Mesa de Trabajo y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Fiscalía “sistemáticamente se ha negado a una investigación integral del caso y sigue defendiendo la tesis de que la búsqueda es de acuerdo con las denuncias que se hayan hecho”.

Basarse en esto, según ella, es problemático porque hay familias que no denuncian porque, por un lado, no tienen confianza en esta entidad y segundo, porque tienen miedo ante la estigmatización de “vándalos” y “terroristas” que hay sobre los jóvenes que marcharon.

Ad portas de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, este 30 de agosto, Adriana habló con este medio sobre los patrones en los casos del Paro Nacional y sus similitudes con las desapariciones cometidas por el Estado en los años ochenta; sobre la importancia de que el Gobierno de Iván Duque ratifique el Comité contra las Desapariciones Forzadas y su balance sobre el trabajo que ha hecho el Sistema Integral de Paz para investigar este crimen de lesa humanidad.

¿En qué va la búsqueda de los desaparecidos del paro?

Seguimos teniendo los mismos problemas. Desde el 28 de abril a la fecha no tenemos un registro único de las personas que fueron desaparecidas en el marco el paro, la Fiscalía sistemáticamente se ha negado a una investigación integral del caso y sigue defendiendo la tesis de que la búsqueda es de acuerdo con las denuncias que las familias hayan hecho. En eso hay varios problemas: primero que no hay confianza en la Fiscalía para denunciar, mucho más cuando está haciendo estas redadas de capturas de los muchachos que han participado las marchas. Lo otro es que las familias tienen mucho miedo porque públicamente, a través de los medios, dicen que son vándalos, que son terroristas.

Vea también: Naciones Unidas y Unidad de Búsqueda piden garantías para prevenir la desaparición

Hoy no tenemos certeza de qué ha pasado con un número de aproximadamente sesenta personas que siguen desaparecidas del paro. Puede ser que algunas de ellas hayan aparecido y que no quieran decir, por esta desestimulación de la denuncia, o definitivamente siguen desaparecidas y la Fiscalía no tiene una estrategia clara de búsqueda. Y está el agravante de que muchos jóvenes que fueron reportados como desaparecidos aparecieron muertos en varias ciudades. Lo que nosotros le estamos planteando a la Fiscalía es que es necesario definir una estrategia clara de investigación de lo que pasó con las desapariciones forzadas en el marco del paro.

Tenemos una discusión con la Fiscalía y con la Defensoría porque ellos se niegan a hablar de desaparición forzada. Aluden a un criterio que no existe ni en el Derecho Internacional ni en el derecho nacional y es el tiempo. Dicen que cuando una persona estuvo unas horas desaparecida realmente no es una desaparición forzada, sino que estaban privados de la libertad o fueron trasladados por protección y simplemente la familia no sabía. Pero nosotros alegamos que, mientras cumplan los criterios de que fueron privados ilegalmente de la libertad y se negó su paradero o se ocultó, son desapariciones forzadas.

¿Cuáles patrones se dieron con estas desapariciones?

La mayoría de las personas aparecieron con vida, pero en los testimonios que hemos podido recoger sufrieron torturas y tratos crueles y degradantes. Fueron golpeadas, sometidas a actos de intimidación y humillantes. En el caso de las mujeres, por ejemplo, hubo acoso sexual. Dos jóvenes de la población LGBTI fueron desnudados y puestos a merced de otras personas privadas de la libertad para que los golpearan.

También vimos que se quiere hacer parecer que no fueron privaciones de la libertad, o una detención arbitraria, sino un traslado por protección por unas horas. Lo que no dicen es que en muchos de estos casos, las personas estuvieron retenidas por 12, 24 o 62 horas. Incluso identificamos casos de personas que estuvieron hasta cinco días en estas circunstancias.

¿Ve semejanzas en estos casos con las desapariciones cometidas en los ochenta o noventa?

La desaparición forzada surgió como un crimen de Estado que estaba dirigido exclusivamente a sectores sociales organizados y de oposición política. En los ochenta, los desaparecidos fueron líderes sindicales, de organizaciones estudiantiles, del Partido Comunista, o de los mismos grupos ilegales que eran capturados y en vez de ser entregados a un juez eran desaparecidos. Ahorita volvemos un poco a esa lógica. Se da contra una población en concreto: los jóvenes de que están en la Primera Línea, los que están en las marchas sean o no de organizaciones sociales, pero que son vistos como enemigos. Esa vieja lógica del enemigo interno.

Organizaciones sociales y de víctimas llevan años pidiéndole al Estado colombiano que ratifique el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. ¿Qué hace este Comité y por qué el país no lo ha ratificado?

Es un mecanismo que está establecido en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para hacer seguimiento y apoyar a los Estados y, sobre todo, para apoyar a las víctimas y que puedan presentarle directamente acciones urgentes en la búsqueda. Podría, por ejemplo, intervenir para que se busque en un centro carcelario o en una guarnición militar.

La trampa que es muy común de Colombia es que suscribe los convenios, pero luego no acepta la competencia de los instrumentos que los que hacen efectivos. En este caso, Colombia aceptó la competencia de la Convención Internacional desde 2010, pero no aceptó la competencia del Comité. Lo que alega el Estado es que acá ya existen esos mecánicos como el mecanismo de búsqueda urgente, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) o la Comisión Nacional de Búsqueda y que no necesitaría esos procesos de impulso que harían a través del Comité, pero es un mecanismo complementario, no entra a suplir lo que ya existe sino a reforzar.

Este Comité tiene competencias hacia al futuro una vez se firma y en el caso, por ejemplo, de los desaparecidos del Paro Nacional hubiera podido intervenir porque la UBPD sólo tiene competencia para los casos ocurrido hasta el 1 de diciembre de 2016.

¿De qué manera le están insistiendo al presidente Iván Duque?

Lo que hicimos fue recoger firmas desde finales de 2019. Inicialmente teníamos como meta recoger una firma por cada desaparecido, o sea, 86.000. No las hemos recogido todas, pero sí buscamos decirle al Gobierno que no solamente las víctimas, sino que un sector de la sociedad, de la academia y de la iglesia lo respaldan. El 31 de agosto vamos a entregarle las firmas.

Recoger esas firmas ha implicado que hagamos actos simbólicos, acciones en universidades, en iglesias, en la calle, explicándole a la gente por qué es tan importante que la sociedad apoye la búsqueda. Nosotros quisiéramos ser como Argentina y Chile, donde hay una conciencia nacional de la desaparición forzada. Aquí en Colombia se logró con el secuestro, que todo el mundo sepa qué es y que haya un rechazo unánime. Pero no existe ese misma esa misma voluntad social en relación con este crimen.

Lea: Los nuevos casos de la JEP para masacres, desplazamiento, desaparición y violencia sexual

¿Cómo ha visto el trabajo del Sistema Integral para la Paz (JEP, Comisión de la Verdad y UBPD) en relación con el esclarecimiento y búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada?

Fue muy importante que el Sistema se pronunciara sobre lo que estaba pasando en el marco el Paro Nacional. Si bien no tienen la competencia porque son casos actuales, desde la perspectiva de las garantías de no repetición y los derechos de las víctimas, creo que era importante. Va a ser importante que la Unidad de Búsqueda y la JEP hagan análisis de lo que han sido los patrones, las dinámicas, las estrategias de las desapariciones y que esos elementos sirvan como insumo a las investigaciones y a los procesos de búsqueda de las desapariciones actuales.

Y creo que en un futuro habrá que replantearse el tiempo de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Yo soy de las que creo que no debería ser un mecanismo transicional, sino que en un país como Colombia debería ser un mecanismo permanente hasta tanto se encuentran a los desaparecidos.

Por el lado de la JEP vamos a seguir insistiendo para que abra un macrocaso de desaparición forzada. El 30 de agosto tenemos varias acciones simbólicas y discusiones con el Sistema. Este crimen no se puede ver como consecuencia de otro caso o delito. Se trata de un crimen de Estado, hubo estrategias de la Fuerza Pública e institucionales que permitieron la desaparición forzada.

Desde el 28 de abril, día en el que estalló el Paro Nacional en Colombia, a la fecha no hay claridad de la cifra total de personas desaparecidas en medio de las protestas y manifestaciones sociales. La Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada, conformada por 26 organizaciones sociales, fue la primera en dar la cifra de 379 casos. Luego otras organizaciones como Indepaz y Temblores hablaron de más de 500 personas.

Hasta el 14 de junio, la Fiscalía había ubicado a 335 personas y el 27 de agosto, el fiscal Francisco Barbosa sustentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que de las seis denuncias formales por desaparición forzada que tenía esta entidad, cinco no estaban relacionadas con las jornadas de protestas.

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Sin embargo, para Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad e integrante de la Mesa de Trabajo y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Fiscalía “sistemáticamente se ha negado a una investigación integral del caso y sigue defendiendo la tesis de que la búsqueda es de acuerdo con las denuncias que se hayan hecho”.

Basarse en esto, según ella, es problemático porque hay familias que no denuncian porque, por un lado, no tienen confianza en esta entidad y segundo, porque tienen miedo ante la estigmatización de “vándalos” y “terroristas” que hay sobre los jóvenes que marcharon.

Ad portas de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, este 30 de agosto, Adriana habló con este medio sobre los patrones en los casos del Paro Nacional y sus similitudes con las desapariciones cometidas por el Estado en los años ochenta; sobre la importancia de que el Gobierno de Iván Duque ratifique el Comité contra las Desapariciones Forzadas y su balance sobre el trabajo que ha hecho el Sistema Integral de Paz para investigar este crimen de lesa humanidad.

¿En qué va la búsqueda de los desaparecidos del paro?

Seguimos teniendo los mismos problemas. Desde el 28 de abril a la fecha no tenemos un registro único de las personas que fueron desaparecidas en el marco el paro, la Fiscalía sistemáticamente se ha negado a una investigación integral del caso y sigue defendiendo la tesis de que la búsqueda es de acuerdo con las denuncias que las familias hayan hecho. En eso hay varios problemas: primero que no hay confianza en la Fiscalía para denunciar, mucho más cuando está haciendo estas redadas de capturas de los muchachos que han participado las marchas. Lo otro es que las familias tienen mucho miedo porque públicamente, a través de los medios, dicen que son vándalos, que son terroristas.

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Hoy no tenemos certeza de qué ha pasado con un número de aproximadamente sesenta personas que siguen desaparecidas del paro. Puede ser que algunas de ellas hayan aparecido y que no quieran decir, por esta desestimulación de la denuncia, o definitivamente siguen desaparecidas y la Fiscalía no tiene una estrategia clara de búsqueda. Y está el agravante de que muchos jóvenes que fueron reportados como desaparecidos aparecieron muertos en varias ciudades. Lo que nosotros le estamos planteando a la Fiscalía es que es necesario definir una estrategia clara de investigación de lo que pasó con las desapariciones forzadas en el marco del paro.

Tenemos una discusión con la Fiscalía y con la Defensoría porque ellos se niegan a hablar de desaparición forzada. Aluden a un criterio que no existe ni en el Derecho Internacional ni en el derecho nacional y es el tiempo. Dicen que cuando una persona estuvo unas horas desaparecida realmente no es una desaparición forzada, sino que estaban privados de la libertad o fueron trasladados por protección y simplemente la familia no sabía. Pero nosotros alegamos que, mientras cumplan los criterios de que fueron privados ilegalmente de la libertad y se negó su paradero o se ocultó, son desapariciones forzadas.

¿Cuáles patrones se dieron con estas desapariciones?

La mayoría de las personas aparecieron con vida, pero en los testimonios que hemos podido recoger sufrieron torturas y tratos crueles y degradantes. Fueron golpeadas, sometidas a actos de intimidación y humillantes. En el caso de las mujeres, por ejemplo, hubo acoso sexual. Dos jóvenes de la población LGBTI fueron desnudados y puestos a merced de otras personas privadas de la libertad para que los golpearan.

También vimos que se quiere hacer parecer que no fueron privaciones de la libertad, o una detención arbitraria, sino un traslado por protección por unas horas. Lo que no dicen es que en muchos de estos casos, las personas estuvieron retenidas por 12, 24 o 62 horas. Incluso identificamos casos de personas que estuvieron hasta cinco días en estas circunstancias.

¿Ve semejanzas en estos casos con las desapariciones cometidas en los ochenta o noventa?

La desaparición forzada surgió como un crimen de Estado que estaba dirigido exclusivamente a sectores sociales organizados y de oposición política. En los ochenta, los desaparecidos fueron líderes sindicales, de organizaciones estudiantiles, del Partido Comunista, o de los mismos grupos ilegales que eran capturados y en vez de ser entregados a un juez eran desaparecidos. Ahorita volvemos un poco a esa lógica. Se da contra una población en concreto: los jóvenes de que están en la Primera Línea, los que están en las marchas sean o no de organizaciones sociales, pero que son vistos como enemigos. Esa vieja lógica del enemigo interno.

Organizaciones sociales y de víctimas llevan años pidiéndole al Estado colombiano que ratifique el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. ¿Qué hace este Comité y por qué el país no lo ha ratificado?

Es un mecanismo que está establecido en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para hacer seguimiento y apoyar a los Estados y, sobre todo, para apoyar a las víctimas y que puedan presentarle directamente acciones urgentes en la búsqueda. Podría, por ejemplo, intervenir para que se busque en un centro carcelario o en una guarnición militar.

La trampa que es muy común de Colombia es que suscribe los convenios, pero luego no acepta la competencia de los instrumentos que los que hacen efectivos. En este caso, Colombia aceptó la competencia de la Convención Internacional desde 2010, pero no aceptó la competencia del Comité. Lo que alega el Estado es que acá ya existen esos mecánicos como el mecanismo de búsqueda urgente, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) o la Comisión Nacional de Búsqueda y que no necesitaría esos procesos de impulso que harían a través del Comité, pero es un mecanismo complementario, no entra a suplir lo que ya existe sino a reforzar.

Este Comité tiene competencias hacia al futuro una vez se firma y en el caso, por ejemplo, de los desaparecidos del Paro Nacional hubiera podido intervenir porque la UBPD sólo tiene competencia para los casos ocurrido hasta el 1 de diciembre de 2016.

¿De qué manera le están insistiendo al presidente Iván Duque?

Lo que hicimos fue recoger firmas desde finales de 2019. Inicialmente teníamos como meta recoger una firma por cada desaparecido, o sea, 86.000. No las hemos recogido todas, pero sí buscamos decirle al Gobierno que no solamente las víctimas, sino que un sector de la sociedad, de la academia y de la iglesia lo respaldan. El 31 de agosto vamos a entregarle las firmas.

Recoger esas firmas ha implicado que hagamos actos simbólicos, acciones en universidades, en iglesias, en la calle, explicándole a la gente por qué es tan importante que la sociedad apoye la búsqueda. Nosotros quisiéramos ser como Argentina y Chile, donde hay una conciencia nacional de la desaparición forzada. Aquí en Colombia se logró con el secuestro, que todo el mundo sepa qué es y que haya un rechazo unánime. Pero no existe ese misma esa misma voluntad social en relación con este crimen.

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¿Cómo ha visto el trabajo del Sistema Integral para la Paz (JEP, Comisión de la Verdad y UBPD) en relación con el esclarecimiento y búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada?

Fue muy importante que el Sistema se pronunciara sobre lo que estaba pasando en el marco el Paro Nacional. Si bien no tienen la competencia porque son casos actuales, desde la perspectiva de las garantías de no repetición y los derechos de las víctimas, creo que era importante. Va a ser importante que la Unidad de Búsqueda y la JEP hagan análisis de lo que han sido los patrones, las dinámicas, las estrategias de las desapariciones y que esos elementos sirvan como insumo a las investigaciones y a los procesos de búsqueda de las desapariciones actuales.

Y creo que en un futuro habrá que replantearse el tiempo de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Yo soy de las que creo que no debería ser un mecanismo transicional, sino que en un país como Colombia debería ser un mecanismo permanente hasta tanto se encuentran a los desaparecidos.

Por el lado de la JEP vamos a seguir insistiendo para que abra un macrocaso de desaparición forzada. El 30 de agosto tenemos varias acciones simbólicas y discusiones con el Sistema. Este crimen no se puede ver como consecuencia de otro caso o delito. Se trata de un crimen de Estado, hubo estrategias de la Fuerza Pública e institucionales que permitieron la desaparición forzada.