‘Nos preocupan las falsas víctimas de despojo de tierras en Urabá': Asociación Tierra y Paz

Ayineth Pérez hace parte de la segunda generación reclamante de tierras en el Urabá antioqueño. Junto a su familia, fue desplazada por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes, desde la década de los ochenta, comenzaron a disputar las tierras de la región de Tulapas, donde vivía. Lo mismo le pasó a otras 500 familias a quienes también las obligaron a abandonar o, en el mejor de los casos, vender sus propiedades por precios irrisorios al Fondo Ganadero de Córdoba que, en la época, se alió con los paramilitares para tomar posesión y control de las 19 veredas de la zona. Aunque todos estos años ha sido la Fiscalía quien ha buscado justicia por este delito, ahora los afectados buscan abrirse paso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Benito Molina Velarde es, hasta ahora, una de las piezas más importantes para esclarecer lo ocurrido en Urabá. Fue presidente del Fondo Ganadero entre 1997 y 2007, y es uno de los pocos condenados por los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos y concierto para delinquir agravado. En septiembre de este año, la JEP aceptó su sometimiento como tercero civil, es decir, como colaborador o financiador del conflicto armado, y la semana pasada asistió a su primera audiencia ante este tribunal.

Además de Molina, en la audiencia también compareció Sor Teresa Gómez también, una de las fichas claves para desenredar el tema del conflicto armado en esta región, pues esta mujer, familiar de Vicente y Carlos Castaño, estuvo durante dos décadas al lado de los hermanos como gerente de la Funpazcor y, según sentencias judiciales, era quien lideraba la logística del despojo de tierras en zona rural de Córdoba, Antioquia y Chocó. Por esto fue condenada a 40 años de prisión. Aunque a la primera audiencia asistió sin su abogado y alegó no tener comunicación con él, los magistrados le exigieron la presencia de algún representante legal para la segunda sesión con el fin de que hiciera claridad sobre su compromiso a la verdad y los hechos que contaría en la JEP, en caso de ser aceptada.

Y, por último, estuvieron exempleados del Fondo, quienes están siendo investigados por estos hechos: Jaime Augusto García Exbrayat (directivo suplente del Fondo), Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán (asesor jurídico), Luis Gonzalo Gallo Restrepo (directivo principal del Fondo) y Marco Fidel Furnieles Salgado (comisionista).

Todos los comparecientes pidieron perdón a las víctimas y aseguraron que este fenómeno no se puede repetir. Sin embargo, hubo un relato que llamó especialmente la atención. Se trata de Marco Fidel Furnieles, quien aseguró que, aunque apoya que haya una restitución de tierras, no tiene propiedades a su nombre y que no tiene cómo reparar a sus víctimas. Hoy, según él, vive de la caridad desde que está privado de la libertad. Furnieles fue uno de los comisionistas que hacía el puente entre la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor), la organización creada por los hermanos Castaño, y el Fondo Ganadero.

La magistratura fue enfática en que quienes deciden someterse a la JEP deben hacer aportes de verdad hasta ahora desconocidos por la justicia ordinaria o por otros procesos transicionales como Justicia y Paz, el tribunal con el que se juzgaron a los grupos paramilitares. El togado Mauricio García advirtió que “no pueden ser ofrecimientos vagos, sin contenido, abstractos y que se limitan a lo que ya está probado judicialmente”.

Aunque no hay una cifra exacta del número de hectáreas de la que fueron despojados campesinos e indígenas en el Urabá antioqueño y chocoano, en el informe Operación Colombia de Acnur se habla de cerca de cuatro millones de colombianos despojados de, por lo menos, 5 o 6 millones de hectáreas de tierra. La responsabilidad de este fenómeno se le atribuye en un 56 % a los paramilitares.

En la diligencia, les explicaron cómo funciona este tribunal y en qué va el caso 04, sobre Situación territorial del Urabá. Las víctimas, por su parte, hicieron varias intervenciones exigiendo que cuenten la verdad sobre el despojo de tierras y las reparen a través de la restitución de sus predios. Una de las organizaciones que más ha hecho seguimiento a este fenómeno es la Asociación Tierra y Paz, presidida por Ayineth Pérez. En entrevista con este diario, Pérez aseguró que, en caso de que los seis condenados o investigados sean aceptados por esta justicia especial, pondrán la lupa sobre las “falsas víctimas” que, según ella, buscan quedarse con las tierras que restituirán los responsables.

(Le puede interesar: “¿Cómo nos quitan la tierra?”: una serie sobre despojo y violencia)

¿Usted cree en ese compromiso de verdad de las personas investigadas o condenadas que asistieron a la audiencia?

Esperamos que ellos digan la verdad, reparen a las víctimas y restituyan las tierras. Lo clave es que, estén en la justicia que estén, nos cumplan a nosotros. Quedamos con una preocupación después de la audiencia y es que ellos dicen que en la región de Tulapas hay 130 familias que vivieron el despojo y eso es mentira. Ellos siempre han manejado el mismo discurso, pero la realidad es que de la región fueron 19 veredas afectadas y somos 560 familias, no 130. Desafortunadamente, no sabemos cuál es su objetivo. Ellos tienen que reconocer que en Tulapas todos fuimos afectados por ellos.

Como Asociación, ¿qué han documentado ustedes sobre el despojo en esta región?

Nosotros hemos entregado varios informes a la JEP y a la Comisión de la Verdad, en los que hemos desmentido que sean sólo esas víctimas. Sabemos que fueron los paramilitares, pero también hubo políticos y empresarios involucrados que financiaron y apoyaron en la época. De eso nadie ha querido hablar ni inculpar, es como si no hubiera pasado. Eso es lo que deberían decir en la JEP, pero yo no los vi muy comprometidos en la audiencia, muchos ni siquiera hablaron con sus abogados para prepararse. En los informes también hemos señalado las falsas víctimas que hay en Tulapas, que en realidad son los repobladores. Esa es nuestra mayor preocupación, porque ellos también están buscando entrar a la JEP y eso puede terminar legalizando el despojo de tierras.

¿Cómo es eso de las falsas víctimas?

Los repobladores son las personas que llegaron después de las verdaderas víctimas. Son quienes tomaron posesión de nuestras tierras cuando nosotros salimos de Las Tulapas. Las verdaderas víctimas de despojo del paramilitarismo no vivimos en la región, todos estamos por fuera. Quienes viven allá no son víctimas ni vivieron lo que nosotros vivimos. Eso lo hemos denunciado porque hay personas que, sin el aval ni apoyo de ninguna organización o institución, están buscando la restitución. Nosotros que vivimos en el campos sabemos cuando una persona es nativa, nos damos cuenta quiénes buscan el beneficio propio y esperamos que la reparación sea a las verdaderas víctimas. Eso es algo que estamos documentando y que no permitiremos, en caso de que ellos sean aceptados en la JEP.

(Vea: La fábula que narra la lucha de Yolanda Izquierdo, lideresa de tierras en Córdoba)

¿Esas falsas víctimas de las que usted habla están organizadas o cómo se dieron cuenta?

Son los mismos opositores a nuestro proceso y lucha por la restitución de tierras. Las falsas víctimas están organizadas porque a ellos se les facilita eso mucho más que a nosotros. Ellos buscan recursos más fácilmente. Por eso es clave que se restablezca la confianza con las víctimas, porque nosotros no confiamos en las instituciones ni la justicia.

¿Quiénes son los opositores de la restitución de tierras en el Urabá?

En muchos casos son los administradores de las fincas de despojo de la época, personas a quienes les pagaron por eso y ahora se quedaron con esos terrenos porque repoblaron, pero no vivieron el despojo sino que hicieron parte de él. Sobre esto no puedo dar más detalles porque es algo que estamos documentando como Asociación para tener todos los soportes adicionales a lo que hemos denunciado, pero tememos que esto sea la formalización del despojo de tierras.

¿Cómo le pareció el relato de los condenados e investigados?

No creemos en su supuesto compromiso. Por ejemplo, Marco Fidel dijo que no tenía tierras para restituirnos y aunque eso no le corresponde sólo a él, lo cierto es que él se enriqueció a costillas de los campesinos, de nuestras tierras, entonces que no venga a decir que vive con lo que le regalan los amigos, porque eso es falso. ¿Cuántos años no se beneficiaron y se lucraron con lo de nosotros y de nuestros padres?

Ustedes ya pasaron por un proceso de justicia transicional, que fue Justicia y Paz, ¿qué aportes recibieron ahí?

Los despojos de tierras de Tulapas y los desplazamientos fueron acreditados en el proceso de Justicia y Paz cuando hubo procesamientos del bloque Elmer Cárdenas de las Auc y de otras estructuras de Córdoba y Urabá. Ahí hubo parte de la restitución de tierras, pero fue mínimo. No recibimos mayor verdad porque Salvatore Mancuso era el que más tenía por decir, sin embargo, no alcanzó a revelar muchas verdades porque lo extraditaron. Otro de quienes tienen muchos pendientes con nosotros es El Alemán (Freddy Rendón Herrera). Hay interrogantes irresueltos: ¿por qué lo hicieron?, ¿quiénes se beneficiaban?, ¿cómo elegían a las víctimas?, etc. Nosotros sabemos qué fue lo que pasó, ellos no nos pueden decir mentiras.

Ustedes están siendo partícipes de este proceso ante la JEP, ¿ahora en qué enfocarán sus esfuerzos como asociación?

De manera inmediata, buscamos proteger a las víctimas que rindieron testimonios ante la JEP en esas audiencias virtuales. Ellos están muy preocupados por su seguridad porque pusieron la cara por cientos de víctimas de despojo. Además sabemos que no hay garantías de seguridad para nosotras las víctimas, así que esperamos que estén comprometidos, porque se postularon voluntariamente. Además no fue sólo el despojo, también el desplazamiento, las amenazas, los homicidios, el secuestro y la desaparición forzada. Son muchos los delitos por esclarecer y sentimos que se están centrando sólo en las tierras.

Ayineth Pérez hace parte de la segunda generación reclamante de tierras en el Urabá antioqueño. Junto a su familia, fue desplazada por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes, desde la década de los ochenta, comenzaron a disputar las tierras de la región de Tulapas, donde vivía. Lo mismo le pasó a otras 500 familias a quienes también las obligaron a abandonar o, en el mejor de los casos, vender sus propiedades por precios irrisorios al Fondo Ganadero de Córdoba que, en la época, se alió con los paramilitares para tomar posesión y control de las 19 veredas de la zona. Aunque todos estos años ha sido la Fiscalía quien ha buscado justicia por este delito, ahora los afectados buscan abrirse paso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Benito Molina Velarde es, hasta ahora, una de las piezas más importantes para esclarecer lo ocurrido en Urabá. Fue presidente del Fondo Ganadero entre 1997 y 2007, y es uno de los pocos condenados por los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos y concierto para delinquir agravado. En septiembre de este año, la JEP aceptó su sometimiento como tercero civil, es decir, como colaborador o financiador del conflicto armado, y la semana pasada asistió a su primera audiencia ante este tribunal.

Además de Molina, en la audiencia también compareció Sor Teresa Gómez también, una de las fichas claves para desenredar el tema del conflicto armado en esta región, pues esta mujer, familiar de Vicente y Carlos Castaño, estuvo durante dos décadas al lado de los hermanos como gerente de la Funpazcor y, según sentencias judiciales, era quien lideraba la logística del despojo de tierras en zona rural de Córdoba, Antioquia y Chocó. Por esto fue condenada a 40 años de prisión. Aunque a la primera audiencia asistió sin su abogado y alegó no tener comunicación con él, los magistrados le exigieron la presencia de algún representante legal para la segunda sesión con el fin de que hiciera claridad sobre su compromiso a la verdad y los hechos que contaría en la JEP, en caso de ser aceptada.

Y, por último, estuvieron exempleados del Fondo, quienes están siendo investigados por estos hechos: Jaime Augusto García Exbrayat (directivo suplente del Fondo), Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán (asesor jurídico), Luis Gonzalo Gallo Restrepo (directivo principal del Fondo) y Marco Fidel Furnieles Salgado (comisionista).

Todos los comparecientes pidieron perdón a las víctimas y aseguraron que este fenómeno no se puede repetir. Sin embargo, hubo un relato que llamó especialmente la atención. Se trata de Marco Fidel Furnieles, quien aseguró que, aunque apoya que haya una restitución de tierras, no tiene propiedades a su nombre y que no tiene cómo reparar a sus víctimas. Hoy, según él, vive de la caridad desde que está privado de la libertad. Furnieles fue uno de los comisionistas que hacía el puente entre la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor), la organización creada por los hermanos Castaño, y el Fondo Ganadero.

La magistratura fue enfática en que quienes deciden someterse a la JEP deben hacer aportes de verdad hasta ahora desconocidos por la justicia ordinaria o por otros procesos transicionales como Justicia y Paz, el tribunal con el que se juzgaron a los grupos paramilitares. El togado Mauricio García advirtió que “no pueden ser ofrecimientos vagos, sin contenido, abstractos y que se limitan a lo que ya está probado judicialmente”.

Aunque no hay una cifra exacta del número de hectáreas de la que fueron despojados campesinos e indígenas en el Urabá antioqueño y chocoano, en el informe Operación Colombia de Acnur se habla de cerca de cuatro millones de colombianos despojados de, por lo menos, 5 o 6 millones de hectáreas de tierra. La responsabilidad de este fenómeno se le atribuye en un 56 % a los paramilitares.

En la diligencia, les explicaron cómo funciona este tribunal y en qué va el caso 04, sobre Situación territorial del Urabá. Las víctimas, por su parte, hicieron varias intervenciones exigiendo que cuenten la verdad sobre el despojo de tierras y las reparen a través de la restitución de sus predios. Una de las organizaciones que más ha hecho seguimiento a este fenómeno es la Asociación Tierra y Paz, presidida por Ayineth Pérez. En entrevista con este diario, Pérez aseguró que, en caso de que los seis condenados o investigados sean aceptados por esta justicia especial, pondrán la lupa sobre las “falsas víctimas” que, según ella, buscan quedarse con las tierras que restituirán los responsables.

(Le puede interesar: “¿Cómo nos quitan la tierra?”: una serie sobre despojo y violencia)

¿Usted cree en ese compromiso de verdad de las personas investigadas o condenadas que asistieron a la audiencia?

Esperamos que ellos digan la verdad, reparen a las víctimas y restituyan las tierras. Lo clave es que, estén en la justicia que estén, nos cumplan a nosotros. Quedamos con una preocupación después de la audiencia y es que ellos dicen que en la región de Tulapas hay 130 familias que vivieron el despojo y eso es mentira. Ellos siempre han manejado el mismo discurso, pero la realidad es que de la región fueron 19 veredas afectadas y somos 560 familias, no 130. Desafortunadamente, no sabemos cuál es su objetivo. Ellos tienen que reconocer que en Tulapas todos fuimos afectados por ellos.

Como Asociación, ¿qué han documentado ustedes sobre el despojo en esta región?

Nosotros hemos entregado varios informes a la JEP y a la Comisión de la Verdad, en los que hemos desmentido que sean sólo esas víctimas. Sabemos que fueron los paramilitares, pero también hubo políticos y empresarios involucrados que financiaron y apoyaron en la época. De eso nadie ha querido hablar ni inculpar, es como si no hubiera pasado. Eso es lo que deberían decir en la JEP, pero yo no los vi muy comprometidos en la audiencia, muchos ni siquiera hablaron con sus abogados para prepararse. En los informes también hemos señalado las falsas víctimas que hay en Tulapas, que en realidad son los repobladores. Esa es nuestra mayor preocupación, porque ellos también están buscando entrar a la JEP y eso puede terminar legalizando el despojo de tierras.

¿Cómo es eso de las falsas víctimas?

Los repobladores son las personas que llegaron después de las verdaderas víctimas. Son quienes tomaron posesión de nuestras tierras cuando nosotros salimos de Las Tulapas. Las verdaderas víctimas de despojo del paramilitarismo no vivimos en la región, todos estamos por fuera. Quienes viven allá no son víctimas ni vivieron lo que nosotros vivimos. Eso lo hemos denunciado porque hay personas que, sin el aval ni apoyo de ninguna organización o institución, están buscando la restitución. Nosotros que vivimos en el campos sabemos cuando una persona es nativa, nos damos cuenta quiénes buscan el beneficio propio y esperamos que la reparación sea a las verdaderas víctimas. Eso es algo que estamos documentando y que no permitiremos, en caso de que ellos sean aceptados en la JEP.

(Vea: La fábula que narra la lucha de Yolanda Izquierdo, lideresa de tierras en Córdoba)

¿Esas falsas víctimas de las que usted habla están organizadas o cómo se dieron cuenta?

Son los mismos opositores a nuestro proceso y lucha por la restitución de tierras. Las falsas víctimas están organizadas porque a ellos se les facilita eso mucho más que a nosotros. Ellos buscan recursos más fácilmente. Por eso es clave que se restablezca la confianza con las víctimas, porque nosotros no confiamos en las instituciones ni la justicia.

¿Quiénes son los opositores de la restitución de tierras en el Urabá?

En muchos casos son los administradores de las fincas de despojo de la época, personas a quienes les pagaron por eso y ahora se quedaron con esos terrenos porque repoblaron, pero no vivieron el despojo sino que hicieron parte de él. Sobre esto no puedo dar más detalles porque es algo que estamos documentando como Asociación para tener todos los soportes adicionales a lo que hemos denunciado, pero tememos que esto sea la formalización del despojo de tierras.

¿Cómo le pareció el relato de los condenados e investigados?

No creemos en su supuesto compromiso. Por ejemplo, Marco Fidel dijo que no tenía tierras para restituirnos y aunque eso no le corresponde sólo a él, lo cierto es que él se enriqueció a costillas de los campesinos, de nuestras tierras, entonces que no venga a decir que vive con lo que le regalan los amigos, porque eso es falso. ¿Cuántos años no se beneficiaron y se lucraron con lo de nosotros y de nuestros padres?

Ustedes ya pasaron por un proceso de justicia transicional, que fue Justicia y Paz, ¿qué aportes recibieron ahí?

Los despojos de tierras de Tulapas y los desplazamientos fueron acreditados en el proceso de Justicia y Paz cuando hubo procesamientos del bloque Elmer Cárdenas de las Auc y de otras estructuras de Córdoba y Urabá. Ahí hubo parte de la restitución de tierras, pero fue mínimo. No recibimos mayor verdad porque Salvatore Mancuso era el que más tenía por decir, sin embargo, no alcanzó a revelar muchas verdades porque lo extraditaron. Otro de quienes tienen muchos pendientes con nosotros es El Alemán (Freddy Rendón Herrera). Hay interrogantes irresueltos: ¿por qué lo hicieron?, ¿quiénes se beneficiaban?, ¿cómo elegían a las víctimas?, etc. Nosotros sabemos qué fue lo que pasó, ellos no nos pueden decir mentiras.

Ustedes están siendo partícipes de este proceso ante la JEP, ¿ahora en qué enfocarán sus esfuerzos como asociación?

De manera inmediata, buscamos proteger a las víctimas que rindieron testimonios ante la JEP en esas audiencias virtuales. Ellos están muy preocupados por su seguridad porque pusieron la cara por cientos de víctimas de despojo. Además sabemos que no hay garantías de seguridad para nosotras las víctimas, así que esperamos que estén comprometidos, porque se postularon voluntariamente. Además no fue sólo el despojo, también el desplazamiento, las amenazas, los homicidios, el secuestro y la desaparición forzada. Son muchos los delitos por esclarecer y sentimos que se están centrando sólo en las tierras.