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La última comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Sor Teresa Gómez Álvarez, conocida en las filas paramilitares como La Negra, fue el 6 de octubre de 2022. El tribunal transicional requería a la mujer, desmovilizada del bloque Élmer Cardenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para que rindiera su versión sobre la situación de conflicto que padecieron habitantes de Córdoba cuando las AUC, a través del Fondo Ganadero del departamento, despojaron de sus predios a más 150 familias.
Gómez, pertenecía a la casa Castaño —por ser cuñada de Fidel, Vicente y Carlos— que dio origen a ese grupo paramilitar responsable de una ola de violencia en varias zonas del país.
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Gómez fue la representante legal de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), una entidad fundada por Fidel Castaño que funcionaba como una fachada de ese despojo.
Esa red criminal involucraba a directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, testaferros, notarios, madereras, el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) y empresarios de palma con los que ejecutaban despojos jurídicos. Su modus operandi era obligar a trabajadores y dueños de tierras en el noroccidente antioqueño, el sur de Córdoba, y el Urabá y Darién chocoano, a firmar documentos que simularan ventas de predios, que en realidad eran la confirmación de destierros que por cerca de dos décadas permanecieron en la impunidad.
De hecho, sentencias de Justicia y Paz y documentos de juzgados especializados de Cundinamarca le atribuyen a Gómez más de 2.000 víctimas directas de despojos y desplazamientos a lo largo de Curvaradó y Jiguamiandó (Carmen del Darién, Chocó), Mutatá (Antioquia) y decenas de veredas en Tulapas (un conjunto de 58 zonas rurales en tres municipios del Urabá antioqueño).
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La audiencia duró más de seis horas, pero dejó cabos sueltos y dudas sobre información relacionada con sus socios en la comisión de despojos colectivos, en la década de los 90, algunos de los cuales están en la mira de la Procuraduría.
Esa diligencia ante la JEP llamó la atención de la Procuraduría porque hubo un nombre que no se escuchó: el de Guido Vargas, empresario que fungía como comisionista de tierras para los paramilitares en el Urabá, luego se convirtió en testaferro de la casa Castaño y un paramilitar conocido como Camisa Verde.
Esto motivó a la Procuraduría a solicitarle a la JEP, el fin de semana pasado, que llamara a Vargas a rendir testimonios por los beneficios que en su momento él y otras personas habrían recibido de esos despojos.
El papel de Camisa Verde y el relato de Monoleche
La justicia colombiana demostró que entre 1997 y 2005, cerca de 40.000 hectáreas de tierras les fueron despojadas a familias campesinas de la zona de Tulapas. Las AUC estuvieron a la cabeza de esos delitos, con Sor Teresa Gómez construyendo desde Funpazcor una red delictiva para ello.
Uno de los mayores aliados de Gómez y del Fondo de Ganaderos de Córdoba para despojar tierras era Vargas. En el departamento era reseñado por ser comerciante de ganado y luego por las intimidaciones que hacía en fincas del Urabá antioqueño para sacar a miles de familias de sus tierras.
Aunque siempre estuvo presente en la actividad delictiva de Sor Teresa Gómez, la mujer no ha dado detalles ante la JEP sobre cuál fue el papel específico de Vargas en los despojos, cómo se benefició y a quiénes podría inculpar como cómplices.
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Jesús Ignacio Roldán Monoleche es de los pocos paramilitares que lo han mencionado ante los tribunales. Ante Justicia y Paz dijo que la forma más habitual de efectuar despojos en Antioquia y Chocó era con “los intermediarios como Sor Teresa Gómez, Libardo Díaz y Guido Vargas. Ellos iban hasta el lugar donde estaban las familias, en muchos casos después del desplazamiento forzado del que habían sido víctimas, y les manifestaban el interés que su patrón tenía en el predio. Si se oponían los presionaban, manifestando que comprarían la tierra a menor precio”.
Sor Teresa omitió este tipo de detalles cuando le preguntaron por el tema en audiencia. Habló de Monoleche (que también fue su yerno), habló de Funpazcor, habló de la incidencia del antiguo Incora en los despojos, pero omitió la responsabilidad concreta de Guido Vargas en esos actos.
Justamente el sábado, el exjefe paramilitar, cercano a los hermanos Castaño, fue recapturado dentro de la investigación que se sigue por el asesinato de Yolanda Yamile Izquierdo Berrío, ocurrido en enero 2007, una campesina reclamante de tierras que representaba a más de 800 familias en casos de despojo.
Colombia+20 supo que en el llamado del Ministerio Público de la JEP hay un interés particular por conocer los relatos de Guido Vargas y que apenas se cuente con la autorización del INPEC se adelantaría esta diligencia sin trabas procesales.
A su turno, los directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, que hablaron ante la JEP el 6 de diciembre de 2022, volverán a verse las caras con la justicia transicional para contrastar los relatos de Sor Teresa Gómez. Se espera también que brinden aportes nuevos para que se conozcan más pesquisas sobre su unión con los palmicultores y con hombres como Guido Vargas.
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¿Y los palmicultores?
Otro del que no habló Sor Teresa fue Héctor Duque Echeverry. Él y su familia son dueños de Urapalma S.A., una poderosa compañía dedicada a la producción y venta de palma de aceite en el Urabá antioqueño y Chocó.
En 2013, Duque fue condenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín por la comisión de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento, debido a su incidencia jurídicamente comprobada cuando su conglomerado de empresas tenía nexos con paramilitares; principalmente con la casa Castaño.
Colombia+20 conoció parte de su sentencia en justicia ordinaria, que detalla a Urapalma S.A. como pionera en la alianza entre palmicultores del noroccidente colombiano con estructuras criminales como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), posteriormente convertidas en Auc (en 1997).
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“Sus nexos [de Duque] con Carlos y Vicente Castaño ayudaron a la conformación de un bloque de empresas dedicada al cultivo de palma que realizaron despojos jurídicos. Entre estas se encontraron Palmas de Bajirá S.A., Palmas de Curvaradó S.A., Palmadó S.A. y Agropalma Limitada”, dice el documento en poder de este diario.
Los directivos de estas compañías fueron condenados en 2010 y hubo procesos que apenas tuvieron sentencia en 2014. Entre ellos está Gabriel Jaime Sierra, representante legal de Palmas de Curvaradó, quien junto a Duque habló del asesoramiento de Sor Teresa a sus empresas para el acumulamiento amañado de tierras. El Ministerio Público no entiende por qué Gómez solo dijo que conocía a Duque Echeverry “por ser un comprador constante de fincas de Vicente Castaño Gil”.
Es decir, Sor Teresa no hizo referencia ni se defendió de las afirmaciones de empresarios de palma que ante la justicia ordinaria hablaban de ella como una socia cercana y pieza clave para que los palmicultores entraran a participar en los despojos de títulos individuales y colectivos entre 1997 y 2005.
El pasado 11 de marzo, la Procuraduría también solicitó la inclusión en audiencias de Marco Furnieles Salgado, socio de Guido Vargas. Esto debido a que en la comparecencia que ella tuvo el 6 de octubre mencionó a Furnieles, pero sin dar mayores detalles de cómo trabajaba de la mano con Benito Osorio Villadiego (exgobernador de Córdoba condenado por alianzas con paramilitares en despojos de tierras), Diego Murillo Bejarano Don Berna o el mismo Guido Vargas, un nombre recurrente en temas de despojos en la justicia ordinaria, pero del que poco se sabe en los folios que ha investigado la JEP.
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Furnieles tiene encima una ratificación de condena desde agosto de 2016 y lo que se sabe de su forma de proceder en los despojos es que era el conductor de Sor Teresa Gómez y se encargaba de “engañar e intimidar campesinos de la región del Urabá para después desterrarlos”, según dijo Gómez Álvarez ante la JEP; testimonio que concuerda con un informe del Tribunal Superior de Medellín.