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En la 20° sesión del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas y su examen al Estado colombiano, los correlatores de esta instancia enfatizaron en lo confusas que resultan las cifras sobre los desaparecidos forzados en Colombia. Mientras la Unidad para las Víctimas habla de alrededor de 50 mil desaparecidos, el Centro Nacional de Memoria Histórica habla de cerca de 83 mil. Sin embargo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, entidad creada tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y la antigua guerrilla de las Farc, dice que podría haber 120.000 personas, entre desaparecidas forzadamente, reclutadas, secuestradas y fallecidas tras enfrentamientos.
Este no es un tema nuevo. En Colombia, debido a las diferentes competencias que tienen instituciones que buscan desaparecidos (Fiscalía, la Comisión de Búsqueda de Personas desaparecidas y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd)), las cifras varían. La delegación colombiana, en cabeza de la Vicecanciller Adriana Mejía Hernández, respondió aportando las diferentes cifras y, ante el Comité, Luz Marina Monzón, directora de la Ubpd, dijo que “la oportunidad que se abre es poder tener, en el marco del conflicto armado, la centralización, actualización e información completa de las personas desaparecidas. El Estado asume esta oportunidad y podrá avanzar en dar unas cifras claras”.
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En el examen sobre Colombia, que se desarrolló durante dos días (19 y 20 de abril), los correlatores Carmen Rosa Villa y Juan José López Ortega hicieron diferentes preguntas enfocadas a establecer el universo de víctimas de desaparición forzada en Colombia; el acceso a la justicia para las víctimas; las acciones tomadas o futuras del Estado para prevenir las desapariciones forzadas; y temas referentes a los derechos de las personas privadas de la libertad. Estos son algunos de los puntos que pidió aclarar la ONU.
1. ¿Por qué el caso de la niña embera violentada sexualmente por siete militares no fue catalogado como una desaparición forzada?
Juan José López preguntó a la delegación colombiana cómo iban las acciones judiciales contra los militares implicados en la violación a una niña indígena de 14 años y, ante la respuesta de Colombia, que explicó que los soldados estaban privados de la libertad y pendientes de ser condenados por acceso carnal violento, el correlator español preguntó por qué no se había enjuiciado a los responsables por desaparición forzada, en tanto la niña fue secuestrada y su familia la reportó como desaparecida. “En la situación actual, esta niña nunca podrá pedir el amparo del Comité si no se reconoce que fue desaparición forzada”, dijo.
2. La desaparición forzada en la justicia transicional.
Varias de las preguntas del Comité estuvieron enfocadas a cómo se investiga este delito en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues esta institución no tiene abierto un macrocaso específico para investigarlo. El magistrado Alejandro Ramelli, representante de la JEP en la delegación colombiana, explicó que el delito es analizado en los siete macrocasos que tiene abierto este tribunal, y agregó que en el auto de imputación a los antiguos miembros del secretariado de las Farc por secuestro se les exigió trabajar con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para construir un plan de búsqueda de los secuestrados y desaparecidos.
Además, dijo el magistrado, han priorizado seis territorios para investigar las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública. “Llevamos 367 versiones voluntarias de integrantes de la Fuerza Pública, entre los que hay 12 generales y 35 coroneles. Se les está preguntando por hechos que no habían sido investigados antes y se está llamando a personas que no habían sido investigadas”, dijo Ramelli, que también destacó que, en el cementerio de Dabeiba, debido a una versión de un exmilitar, se han hecho cuatro jornadas de prospecciones con 80 hallazgos forenses que corresponderían a 75 víctimas, según Medicina Legal.
3. El juzgamiento de los militares y los ascensos.
El Comité insistió en otros puntos referentes a los militares. La correlatora Carmen Rosa Villa, por ejemplo, dijo que el Comité tenía conocimiento del “Plan 002811”, por medio del cual varios militares estarían coordinando una visión de lo sucedido en el conflicto armado. Ante esto, el magistrado Ramelli dijo que, en caso de ser cierto que existe este plan, del que no tiene conocimiento, ha fallado. “Muchos de los comparecientes han mencionado y confesado hechos jamás investigados. Están involucrando a personas jamás investigadas e incluyendo a altos mandos. De llegar a existir ese plan, considero que ha fracasado”, dijo.
Pero el Comité hizo más preguntas. Por ejemplo, dijeron que tenían información de que en las versiones a los militares no se les estaba preguntando por desaparición forzada. El magistrado respondió que a todas las personas se les pregunta por todos los temas que, en su investigación, la JEP considera que tienen información. Dijo también que los cuestionarios son exhaustivos y que las víctimas participan de su preparación. “Si las personas (los responsables) no aportan verdad, pierden los beneficios. (…) No están obligados a autoincriminarse, pero si mienten o no aportan verdad, pierden los beneficios”.
Además, preguntaron por cómo ascendían los militares implicados en crímenes como las desapariciones forzadas. La explicación de Colombia fue que los coroneles o generales que van a ascender hacen el concurso en el Senado de la República, y que “se respetan las garantías procesales”, como la presunción de inocencia.
4. Los menores de edad desaparecidos
El Comité detuvo su examen en este punto varias veces. El tema de las cifras, por ejemplo, fue uno de los puntos en los que más insistió. De acuerdo con la información aportada por la delegación de Colombia, la Fiscalía tiene registro de 10.499 niños víctimas de desaparición forzada. El director de Justicia Transicional de esta entidad, José Salomón Strusberg, explicó que, de ese universo, 530 casos están asociados a reclutamiento ilícito; 9.964 víctimas continúan sin establecer su paradero; 246 han sido encontrados muertos; y 249 fueron hallados vivos.
Sin embargo, hubo un momento de confusión debido a que, en el Sistema de Información de Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), se registran más de 44mil niños desaparecidos. Esta duda fue aclarada por la delegación colombiana: esos 44 mil niños desaparecidos no corresponden únicamente a desaparecidos forzados en contextos de conflicto armado, sino también en otros contextos como trata de personas o violencia intrafamiliar.
Aún así, el comité pidió a la delegación que envíe por escrito la información. Asimismo, Colombia deberá remitir las bases de datos de desaparición forzada.
5. La búsqueda de los desaparecidos
Finalmente, las estrategias de búsqueda y coordinación entre las entidades fue otro tema sobre el que el Comité de la ONU preguntó a Colombia. ¿Cómo trabajan de manera conjunta las entidades? ¿Cómo es el trabajo con las víctimas? ¿Cuál es el avance del Plan Nacional de Búsqueda y de los planes regionales? ¿Es cierto que en la Fiscalía les han pedido a las víctimas que, tras identificar una fosa común, vayan y exhumen los cuerpos?
Las entidades del Estado, como Fiscalía, Medicina Legal, Unidad de Búsqueda y Comisión de Búsqueda explicaron cómo se articulan y cuáles son las acciones que planean para continuar la tarea de encontrar a los desaparecidos.
Por ejemplo, la Fiscalía explicó que pronto, en conjunto con Procuraduría, harán una intervención en Tibú (Norte de Santander) para “combatir de manera certera” la desaparición transfronteriza. Además, plantearán “una intervención en cada departamento para tomar muestras biológicas suficientes para identificarlas”. Además, la Unidad de Búsqueda explicó que están trabajando en la búsqueda en cuerpos de agua en Buenaventura y están formulando un documento operativo que establezca metas, tiempos, cronogramas y coordinaciones. La última pregunta, sobre las irregularidades en las respuestas a las víctimas que piden exhumaciones, no fue respondida, pero la delegación colombiana podrá aportar la respuesta por escrito.
En las próximas dos semanas el Comité entregará sus reflexiones y recomendaciones para que Colombia satisfaga los derechos de las víctimas.