Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Arles Edison Guzmán vivía en la Comuna 13, de Medellín, donde atendía, con su esposa Luz Enith Franco, el restaurante Asados el 20. El 30 de noviembre de 2002, hombres sin identificar llegaron al restaurante preguntando por él, argumentando que un “patrón” necesitaba hacerle unas preguntas.
“Uno de ellos me dijo: ‘Tranquila, madrecita que él vuelve’, pero yo le dije: ‘No, vámonos juntos’. Lo único que me contestó fue: ‘No, yo voy, no me demoro. Lo único que quiero que sepa es que yo la amo’”, recuerda Luz Enith sobre lo sucedido esa noche.
Su desaparición ocurrió un mes después de la Operación Orión, perpetrada el 16 y el 17 de octubre del 2002 por cerca de 1.000 hombres armados, en el marco de la política de seguridad democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, con la que se buscaba combatir a los grupos insurgentes del país.
En contexto: Operación Orión en comuna 13 de Medellín: 20 años de impunidad y falta de verdad
Durante esos dos días, militares, policías, agentes de inteligencia, el Ejército, el Gaula de Medellín, el CTI, el DAS en connivencia con integrantes del bloque paramilitar Cacique Nutibara se tomaron siete de los 23 barrios de la Comuna 13, en lo que se considera la incursión militar urbana más grande de Colombia. Este hecho desencadenó el control territorial de los paramilitares en esa comuna, convirtiéndose en el único bloque urbano de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Cientos de personas de la Comuna 13 fueron víctimas de desaparición, homicidio o privadas de su libertad durante la operación y después. Una de ellas fue Arles Edison, cuyo caso es el primero que logra llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Operación Orión.
Lea también: La Comuna 13 de Medellín conmemora los 20 años de la Operación Orión
Esa institución judicial recibió el caso el 5 de septiembre de 2021, 10 años después de ser aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adonde llegó tras una denuncia interpuesta en 2004 por el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH). Esta corporación sin ánimo de lucro, ubicada en Medellín, surgió en junio del año 2000 con integrantes del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, y acompaña este proceso desde diciembre de 2002.
La audiencia en la Corte IDH
El próximo martes 31 de enero se realizará en Costa Rica —donde está la sede de la Corte— la audiencia pública sobre el caso de Arles Edison, una diligencia que tiene un alto significado para las organizaciones de derechos humanos de la Comuna 13 porque evidencia la desaparición forzada vivida como resultado de la Operación Orión.
Ese día, la Corte escuchará a dos peritos y a la esposa de Arles Edison sobre los hechos y su proceso de búsqueda. Se espera que en la diligencia el Estado colombiano asuma la responsabilidad sobre los hechos para que se dicte una sentencia. En caso de ser así, se establecerían los compromisos de Colombia en las labores de búsqueda y los mecanismos de reparación.
Lea también: Víctimas de la Escombrera piden que inicie la búsqueda de sus desaparecidos
Según la Corporación Jurídica Libertad en la zona de La Escombrera, en Medellín, podría haber más de 400 cuerpos de personas desaparecidas de la Comuna 13, unos 100 de los cuales fueron víctimas de la Operación Orión. Aunque desde 2015 se inició la búsqueda en ese punto, que tiene medidas cautelares por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no se ha encontrado nada.
Para Luz Enith, que el caso de su esposo haya llegado a esta instancia significa una esperanza después de 20 años de búsqueda sin resultados. “Soy feliz, por fin logré algo que estaba deseando con todo mi corazón. Estoy ansiosa de saber cuál será el resultado de la audiencia. Por fin, después de 20 años, logré llegar hasta bien lejos”, expresó.
Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, afirma que esta es una forma de vencer la impunidad. “Así sea un caso el que se lleve a la Corte, les abre esperanzas a las demás víctimas de que es posible que se haga justicia frente a la desaparición, se supere la impunidad y se exija al Estado colombiano avanzar en el cumplimiento del derecho a la búsqueda que tienen los familiares”, señaló.
Esta audiencia es la primera que se hará con representantes del gobierno de Gustavo Petro, del que tanto la familia de Arles como las organizaciones sociales esperan un reconocimiento de responsabilidad por los hechos en nombre del Estado.
María Victoria Fallón, abogada del GIDH, le dijo a Colombia+20 que hay altas expectativas con los nuevos delegados tras la fallida acción durante el gobierno de Iván Duque. “Tenían una clara defensa de la política de seguridad democrática de Uribe, no reconocimiento de las violaciones ni respeto para las víctimas. Esos agentes fueron relevados y ahora asumió directamente la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Martha Lucía Zamora Ávila. Esperamos que este Gobierno, que dice ser del cambio y que respeta a las víctimas, haga un reconocimiento de responsabilidad en la audiencia y no llegue 20 años después a seguir insistiendo en que el Estado no tiene nada que ver con eso”, explicó.
La Comuna 13 en la Corte IDH
Aunque el caso de Arles es el primero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Operación Orión, no es el primero que toma esa institución sobre la Comuna 13. El 22 de noviembre de 2016 este órgano judicial condenó a Colombia por las violaciones a los derechos humanos de Ana Teresa Yarce, Socorro Mosquera Londoño, Mercy Naranjo, Luz Dary Ospina y Miryam Eugenia Rúa, lideresas y defensoras comunitarias de la zona.
En contexto: Corte Interamericana condena al Estado por abusos en la Comuna 13 de Medellín
Estas mujeres, integrantes de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI), fueron víctimas de amenazas, desplazamiento, hostigamiento y estigmatización por su labor comunitaria en la Comuna 13 y por denunciar las violaciones de derechos humanos que se presentaron con las operaciones militares.
“En agosto de 2003, Ana Yarce denunció ante la Fiscalía General las amenazas de paramilitares en su contra. Yarce fue asesinada por paramilitares el 6 de octubre de 2004 por el hecho de denunciar las violaciones cometidas en la Comuna 13″, dijo entonces la Corte.