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Las medidas cautelares que solicitó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre 17 lugares donde habría personas dadas por desaparecidas, ha sido un portón para que otras organizaciones se animen a hacer lo mismo. No solo quieren que esta justicia adopte algunos procesos adelantados, sino que también las ayude a recolectar información para asumir la discusión sobre la protección a más sitios. Aunque en el fondo, reconocen, son pasos para llegar a una de las metas que se trazaron: lograr que se abra un nuevo macrocaso de desaparición.
La mayor preocupación de estas organizaciones está en los cementerios. Si bien, según el Ministerio del Interior, en Colombia existen 26.000 personas no identificadas en 450 cementerios, Carolina Hoyos, miembro del Colectivo Orlando Fals Borda, cree que esa lista puede aumentar si se intervienen los camposantos y se hace un estudio riguroso sobre ellos.
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Prueba de su afirmación es el proceso de búsqueda del Grupo interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) de la Fiscalía en 22 cementerios de Meta, Guaviare, Casanare, Nariño y Caquetá, que el Colectivo Fals Borda, desde hace 10 años, ha acompañado. “Solo en los cementerios de Villavicencio, Granada, San José del Guaviare, Vista Hermosa y Macarena se inhumaron 2.302 personas”. De ellas, 250 fueron entregadas, pero falta identificar a las demás y resolver cuántos cuerpos de ese universo murieron por conflicto armado.
Hoyos aclara que todavía deben averiguar cuántos cuerpos de ese universo de desaparecidos murieron por el conflicto armado y quiénes fueron los responsables de estos hechos, una labor que, considera, debe quedar en manos de la JEP. "En nuestro registro tenemos que, al menos, 1.400 fueron reportados como muertos en combate".
El problema es que el Grube, que nació con la Ley de Justicia y Paz, con la que se desmovilizaron los paramilitares000, tiene vigencia hasta 2022. El Colectivo Fals Borda teme que esos procesos, que ya se han adelantado y han traído amplios aprendizajes en la búsqueda de desaparecidos, queden en el limbo y los cementerios no tengan su protección. Por eso, esta semana, la organización le solicitará a la JEP que los asuma con sus respectivos avances.
“Creemos que este es el momento para que se logre una articulación entre las entidades que buscan a los desaparecidos, sobre todo con las nuevas entidades que nacieron después del Acuerdo, como la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Ahora eso no existe. Solo en casos específicos, como las medidas cautelares del Movice, pero las víctimas merecen una respuesta integral”, dice Hoyos.
Con la necesidad de la articulación está de acuerdo Francisco Henao, integrante de la Corporación Jurídica Yira Castro, la que ha adelantado procesos de búsqueda en cuatro departamentos, entre ellos Tumaco, donde sus habitantes denuncian que hay muchos cementerios veredales donde habría decenas de desaparecidos. También asumieron Magdalena, donde han documentado 26 casos en Chibolo, Plato, Sabanas de San Ángel y Remolino.
Henao explica que explorar estos territorios y seguir el rastro de esos casos es crucial para entender el fenómeno de la desaparición: "Cada departamento tenía su particularidad. En Magdalena, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que era una estrategia de despojo y desplazamiento de las familias". Toda la información recolectada se la entregaron a la JEP y ahora están a la espera de que sea analizada, pero los territorios necesitan de intervención y protección.
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Al igual que el Colectivo Orlando Fals Borda, espera que se abra cuanto antes el octavo macrocaso de esta justicia. En las últimas dos semanas, la JEP y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) se han reunido con organizaciones nacionales e internacionales para hablar de la desaparición forzada y analizar la viabilidad de su apertura.
"Es una decisión importante y necesaria de la Jurisdicción. Cumplimos con todos los elementos de la tipificación del delito y el alto número de casos. El acompañamiento de la Unidad de Búsqueda es indispensable para encontrar a los desaparecidos, pero no tienen como labor encontrar a los responsables, que es lo que queremos de la JEP. Ambas podrían esclarecer qué sucedió con los familiares en el marco de un proceso de verdad", señala el abogado.
Natalia Herrera, también de Corporación Jurídica Yira Castro, considera que si se analiza territorialmente la desaparición no se puede ahondar en su carácter sistemático: "Por ejemplo, la JEP podría ver los casos de Tumaco dentro del caso 02, pero solo se ve como una victimización que ocurre en un territorio y la desaparición es una de las violaciones de derechos humanos que más ha sucedido en el país".
La jurista explica que es un reto metodológico, porque la desaparición se cruza con los casos territoriales, pero también con otras victimizaciones, como las ejecuciones extrajudiciales. Mientras esas incógnitas se resuelven, ve necesario que las medidas cautelares se extiendan a otros territorios, sobre todo con las actuales circunstancias de la pandemia: "Tememos que algunos cuerpos se trasladen, que colapsen los cementerios, que no haya buenas prácticas y algo les pase a los cuerpos de esas personas dadas por desaparecidas".
Las peticiones de las organizaciones van más allá. Algunas, aunque tienen información de dónde hay desaparecidos, solicitan apoyo de las entidades transcionales para adelantar la investigación. Ese es el caso de la Corporación para el Desarrollo Regional, a quien hoy le preocupa el cementerio de Siloé, en Cali. “Históricamente, en este lugar se enterraban las personas no identificadas que llegaban a Medicina Legal. Hay un osario inmenso de NN. Queremos que lo protejan y se indague por la gente inhumada sin nombre”, cuenta Martha Burbano, vocera de la Corporación.
Según Burbano, también hay una inquietudes por casos de desaparición que no han sido investigados en el jarillón del río Cauca: "Solo nosotros tenemos tres casos, pero la gente cuenta que hubo decenas por la presencia de grupos armados que reclutaban y asesinaba a la gente allí".
Hoy esperan seguir en la documentación de casos para entregárselos a la JEP y la UBPD, y más adelanta solicitar la protección, principalmente, del cementerio de Siloe, porque la búsqueda en ríos es más compleja y aún no hay lineamientos claros. "Las medidas cautelares, y en general el acuerdo de paz, han vuelto a poner en la agenda a los desaparecidos y no queremos que esas oportunidad se pierda", agrega Burbano.
Estas preocupaciones las engloba Diana Arango, directora del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), dentro de la ausencia de una política pública sobre el cuidado de los cementerios, donde estaría un gran porcentaje de los desaparecidos del país. Aunque el Ministerio del Interior dice que ya consolidó las cifras, para Arango, aún no hay un censo serio sobre su estado: "Falta responder cuántos son, dónde están ubicados, quiénes los administran y cómo están. En el país se habla de 450 cementerios, pero tenemos más de 1.000 municipios y en cada uno hay un cementerio".
Cuando un cementerio llega a un 80% de su capacidad, según la normatividad, hay que hacer un plan de expansión para cubrir la demanda. De acuerdo con investigaciones de Equitas, en Chocó, Nariño, Antioquia, Cesar, Valle del Cauca, los Llanos Orientales, la mayoría de los cementerios ya está en condiciones de desbordamiento o hacinamiento, y necesitan planes maestros para ampliarse o trasladarse.
"Por esta situación, en varios casos ha ocurrido que llegan cuerpos de personas identificadas, se inhuman y luego son sacados a los cuatro años y arrojados en una fosa común porque los familiares no lo reclaman o se necesita más espacio. Y los no identificados también se inhuman en estos lugares, pero luego quienes administran el cementerio no saben dónde dejaron a la persona y la Fiscalía no puede hacer su labor, por ejemplo, en los casos de muertes violentas. Hay un desorden institucional en el manejo de la muerte, que lleva al escenario de pérdidas de cuerpos", explica. Y a eso hay que sumarle el riesgo de que esto empeore con la pandemia.
Arango concluye que no se trata solo de establecer medidas cautelares. Si bien cree que el proceso del Movice y la JEP ha sido útil y hay cementerios que necesitan protección urgente, porque podría haber pérdidas irreparables que atentan contra las víctimas, esta no es una responsabilidad de la Jurisdicción: “No le podemos endilgar una crisis estructural e histórica a la JEP y no podemos resolverlo a punta de medidas cautelares. Existe una legislación, pero queremos una normatividad unificada y, principalmente, una política pública acompañada de un buen censo. Hay que aplicarla, cumplirla, pero eso es lo que no se hace en Colombia”.
Hasta ahora la JEP ha aceptado estudiar los casos que, según víctimas, organizaciones y entidades gubernamentales son críticos. Hace tres semanas la Jurisdicción anunció que empezará a estudiar el caso del cementerio central de Neiva, donde, según la Gobernación de Huila y la Diócesis, habría 300 cuerpos no identificados por hechos relacionados con el conflicto armado. La puerta, afirma la JEP, está abierta, pero hasta ahora no han llegado más solicitudes formales.