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En 1982, trece familias bogotanas recibieron en las puertas de sus casas la visita del padre Javier Giraldo, sacerdote jesuita, defensor de DD.HH e investigador, que había encontrado sus datos por las publicaciones que por separado habían hecho esas familias en periódicos locales. En los diarios, fue encontrando fotos, direcciones y teléfonos. Datos que por separado parecieran no decir mucho y que sin embargo escondían un práctica atroz: la desaparición forzada por parte del Estado.
El sacerdote había conocido del drama de las desapariciones forzadas en Francia mientras acompañaba a familias de desaparecidos de Argentina, Chile y Brasil -producto de las dictaduras- y que tuvieron que exiliarse en el país europeo. Cuando recogió suficientes recortes de periódico, hizo la visita a cada familia y luego las convocó para que, entre todas, ayudaran a buscar respuestas sobre el paradero de estos jóvenes, en su mayoría estudiantes de universidades públicas y simpatizantes de partidos de izquierda.
Al principio, según cuenta el padre, las familias marchaban semanalmente, pero luego terminaron organizándose jurídicamente para crear la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). Giraldo lleva 40 años acompañando a estas familias, conocidas también como el caso Colectivo 82, un hito dentro de la historia de la desaparición forzada en Colombia, en la que familiares de 13 personas torturadas, asesinadas y desaparecidas por agentes del F2, una estructura de inteligencia de la Policía en los años ochenta, se unieron sin conocerse para buscarlos.
El pasado 18 de marzo y como parte de la conmemoración de esas cuatro décadas de lucha, una de esas familias, la Sanjuán Arévalo, se convirtió en la primera del país en recibir un grado honorífico de un desaparecido. Se trataba de Alfredo Sanjuán Arévalo, estudiante de Ingeniería Catastral de la Universidad Distrital de Bogotá, desaparecido junto con su hermano en marzo de 1982.
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Desde entonces lideraron la lucha para que este delito fuera tipificado en Colombia. A pesar de sus logros, hay casos que llevan más de 40 años de impunidad, como denuncia Luz Marina Hache, quien hace parte de esta organización. “No ha habido justicia porque el Estado atacó a sus opositores políticos desapareciéndolos”, dice.
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Yaneth Bautista lleva 35 años buscando justicia para su hermana Nydia Érika Bautista, detenida y desaparecida en 1987 y trabajando en una fundación, que lleva el nombre de su hermana, donde acompaña a otras familias de desaparecidos. Ella afirma que las dificultades que han enfrentado por décadas las familias de personas detenidas-desaparecidas radican en que “el Estado es juez y parte en el delito”. Por eso la impunidad es un factor alto y común en estos casos.
El desgaste emocional y físico, agrega Yaneth, ha trascendido las generaciones: “Nuestros cuerpos han sufrido enfermedades, nuestros hijos y nietos también han cambiado sus proyectos de vida para buscar justicia, es el peor de los crímenes”, agrega.
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Además, Luz Marina y Yaneth coinciden en que los casos de detenidos desaparecidos no han tenido la misma relevancia ante el Estado, como los casos de desapariciones cuyos responsables son otros grupos armados. “Hay y ha habido encubrimiento” dice Luz Marina. Yaneth, por su parte afirma que a pesar de que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) fue un logro de las organizaciones de víctimas, los resultados que esta entidad pueda dar “siguen siendo una expectativa”. La Fundación Nydia Erika Bautista ha entregado información detallada de 136 casos a la UBPD que, afirma, no han avanzado en esta institución.
Justamente la última semana de mayo se realiza la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, que conmemora a las personas que fueron detenidas por agentes del Estado y después desaparecidas. Dicha semana fue instaurada en la década del 80 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, una de las organizaciones abanderadas para que este delito se reconozca como uno de lesa humanidad.
En Colombia, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Estado sería responsable de más de 2.500 desapariciones, bajo esta modalidad. El informe Hasta Encontrarlos del CNMH, documentó dos formas que el Estado usó para desaparecer personas: por un lado, “detenciones en que en algún momento se pierde el rastro de la persona detenida y, encontrándose bajo la custodia de miembros de las Fuerzas Armadas, no aparece” y por otro lado, “detenciones que se efectúan en la clandestinidad, sin orden judicial y cuya ejecución se realiza mediante el uso de la fuerza o de la investidura institucional, no de la invocación de la ley, casos en que los miembros de las Fuerzas Militares niegan tener en su poder a las víctimas”, se lee en el documento.
En esta entrevista, el padre Giraldo cuenta detalles del inicio de lucha de las familias de desaparecidos en Colombia en los años 80, los logros de las organizaciones, y la deuda del Estado para repararlas.
Usted trabajó con familiares de desaparecidos de las dictaduras del Cono Sur en Francia, ¿cuándo se encuentra con que en Colombia estaban pasando cosas similares?
Cuando regresé a Colombia en el año 82, yo estaba como convencido que aquí eso no ocurría, que eso ocurría solo en los países del sur. Pero a los pocos meses empecé a ver en los periódicos unos avisitos pequeños: con una fotografía, unas direcciones, unos teléfonos y decían: “Si usted ha visto a esta persona en algún sitio, por favor, comuníquese con el teléfono la dirección”.
Yo empecé a recortar esos avisos y cuando ya tenía como como 8 o 10 recorticos de prensa, me fui en búsqueda de todas esas direcciones. Cuando salía alguien de la familia y les mostraba esos papelitos, ellos se ponían a llorar y me empezaban a contar la historia de del desaparecido.
En ese entonces yo trabajaba en el Cinep y los invité a una reunión porque me di cuenta de que las familias no estaban conectadas entre sí. Al final de la reunión llegamos a la conclusión de que estas desapariciones recaían siempre sobre un organismo que se llamaba el F2: entonces el organismo de inteligencia de la Policía. Quedó claro que en Colombia se estaba dando esa práctica de la desaparición de personas y que venía del Estado.
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¿Es ahí cuando comienzan a movilizarse?
Sí, y una de las primeras cosas que se nos ocurrió fue inspirada en las imágenes de las madres de Argentina. Así que dijimos: “hagamos lo mismo que están haciendo en las madres de Plaza de Mayo” y empezamos a preparar unas manifestaciones semanales. Durante un año y medio estuvimos saliendo todos los jueves al mediodía. Nos reuníamos a la Plaza de Bolívar e íbamos al palacio presidencial y caminábamos hasta donde quedaba la Procuraduría en esa época.
Además, vimos la necesidad de ir configurando una personería jurídica de las familias. Conseguimos un abogado que nos ayudó a hacer unos estatutos y así nació la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). Además, muchas organizaciones sindicales populares empezaron a invitarnos, a que contáramos lo que estaba pasando y a dar visibilidad al problema.
Hicimos lo que permitía en aquel momento la el aparato judicial: Se pusieron las denuncias, cuando se tenía alguna pista del paradero de alguna persona, se buscaba, se agotaba a esa esa medida. Pero al final todo fue inútil. Era un momento muy complicado porque a pesar de que el gobierno del presidente Belisario Betancur estaba hablando de paz, de negociar con las guerrillas, este fenómeno de la desaparición se empezó a multiplicar tremendamente.
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¿Cuál fue la respuesta del Estado?
Sabíamos que en varios casos los autores eran miembros del F2, y había una familia que conocía a la familia del comandante del F2, Yanine Díaz, porque ambas eran de Ocaña. Cuando le preguntaron, él les mandó mensajes diciendo no se preocuparan, que ellos estaban bien que muy pronto iban a aparecer. Todo fue falso, pero esa respuesta reveló él sí estaba implicado en eso y que conocía la suerte de ellos.
La otra respuesta del Estado vino desde el palacio presidencial: el presidente Betancur llegó un día mientras estábamos en la marcha y le gritaba: “¡dónde están los desaparecidos!” A la semana siguiente le dio orden a sus consejeros de que se reunieran con las familias. Como daban solamente cinco cupos, entraron cinco mamás que salieron llorando: Fue una reunión de intimidación porque las amenazaron diciéndoles que esas marchas eran perjudiciales para la imagen del gobierno.
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No paramos y Betancur siguió insistiendo que nos reuniéramos, pero este otra vez con todos los jefes de los organismos de seguridad del Estado: el comandante del F2, del B2 (organismo de inteligencia del Ejército) y el jefe del DAS. Yo estaba en la reunión y Yanine empezó a repartirnos unas fotocopias con las fotografías de los desaparecidos y una leyenda que decía: “si usted sabe dónde está este se ha visto a esta persona, por favor, comuníquese con estos teléfonos del F2″
A mí me indignó profundamente esa esa estrategia yo le dije: “Esto sirve cuando se trata de personas extraviadas. Pero estas personas no están extraviadas, todos ellos fueron detenidos por funcionarios de su organismo”. El se puso furioso y hasta ahí duro la reunión.
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¿Cómo se puede entender el hecho de que esta haya sido una práctica del Estado?
Estudiando un poco este fenómeno, hemos documentado que el origen de esta práctica está en Alemania fue un decreto del dictador Adolfo Hitler que se llamó el decreto Noche y Niebla. Se llama así y porque precisamente buscaban desaparecer a la gente, sumergirla en la en la oscuridad y en la neblina para que no se le volviera a saber de ellos.
Esa política de desapariciones él lo explicaba diciendo que ese era el método más eficaz para quebrar la resistencia contra la política de resistencia en los países que se opusieron al régimen. El decreto mandaba a que la gente simpatizante o de la resistencia fuera detenida, escondida y enviada a Alemania en secreto, de tal manera que sus familiares no se enteraran y que nunca más volvieran a saber sobre su paradero.
En el sur adoptaron esa lógica militar de desgastar, de detener a los opositores de la dictadura, y en Colombia fue igual. Personas que pudieran criticar al establecimiento, o tener ideas diferentes eran desaparecidas.
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Hay casos que llevan 40 años en la impunidad. ¿Qué tiene que cambiar para que haya justicia para estas familias?
Bueno, pues se han intentado muchas cosas, condenas internacionales, poner en acción todos los mecanismos que tiene la justicia, pero eso no, no ha sido eficaz. Yo creo que la desaparición forzada está muy ligada al modelo de Estado que tenemos con unas fallas estructurales profundas, a la medida de una sociedad excluyente injusta violenta y que utiliza esta estos mecanismos como como parte de sus prácticas.
Entonces yo creo que la desaparición forzada jamás va a dejar de existir como un mecanismo aislado, sino que es parte de unas estructuras criminales que vivimos en el Estado colombiano y que tienen una trayectoria muy antigua. Hay que cambiar eso para que haya justicia, para que esto no se vuelva a repetir.
Usted ha acompañado de cerca a las familias, ¿cuál es la consecuencia emocional para ellas?
La desaparición forzada de involucra, una cantidad de afectaciones a los Derechos Humanos. Destruye la psiquis humana en muchos aspectos. Empezando por la situación de indefinición existencial no se sabe si la persona está muerta o está viva y eso afecta psicológicamente, y de forma muy profunda, a las familias. Podría compararse con una tortura permanente al imaginarse todo el tiempo dónde estará, qué estará sufriendo, cómo lo estarán tratando.
Hay muchas historias sobre todo de sueños. Ellas cuentan que los desaparecidos aparecen muchas veces en sueños. Y cuando el que sueña con ellos está a punto de entrar en comunicación o encontrarlos, se despiertan. Es algo muy doloroso.
Muchísimas familias afirman que preferirían que sus parientes hubieran sido asesinados porque tendrían la certeza de que están muertos y podrían hacerle un funeral, buscarle una sepultura digna, en fin, tener y cerrar el duelo. Por eso yo creo que es uno de los crímenes más horrendos que se han podido inventar y que ha formado como parte de ese elenco, pues de represión de medidas de represión terribles, que se han inventado las los regímenes opresores a quién piense distinto.
En imágenes: Familias buscadoras crearon constelaciones con los nombres de los desaparecidos
A pesar de todo el dolor, las familias han conseguido también muchas cosas por medio de su presión al Estado y a organismos internacionales. ¿Cómo ha sido esta lucha por el reconocimiento?
Sí, el logro más grande es quizás que, no solamente en Colombia sino en otros países, esta práctica no estaba tipificada en el derecho penal. Cuando se denunciaba una desaparición los fiscales o los jueces la tenían que recibir como un secuestro porque era el tipo de evento que más se parecía.
Gracias a las al trabajo que hicieron internacional las Madres de Plaza de Mayo esto llegó a las Naciones Unidas y se empezó a trabajar con apoyos internacionales la elaboración de una Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada de Personas, que se firmó en 1992. Allí se tipificaba la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad.
A nivel latinoamericano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró otra convención, incluso mejor que la internacional. Colombia se demoró muchos años para firmar esa convención, pero finalmente la firmó también, gracias a la presión de las familias de las víctimas.
Agenda de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido en Colombia
Varias organizaciones han organizado eventos para conmemorar a las víctimas de desapariciones por parte del Estado colombiano. Colombia+20 extiende la invitación de las organizaciones para que la sociedad civil les acompañe y, en palabras de Yaneth Bautista, “se conmuevan con esta tragedia que han vivido miles de familias en nuestro país”. La agenda completa se puede encontrar aquí.