JEP cuestiona a comisionado Rueda: “¿Paz total le quita fuerza al Acuerdo de Paz?”
La magistratura de la jurisdicción le llamó la atención al funcionario del Gobierno Petro en una audiencia en la que debía presentar la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, una tarea que el Gobierno Duque no cumplió. Pidieron plazo hasta el 25 de mayo.
“Noventa días es un término bastante largo. La magistratura ha ordenado hace más de dos años al Gobierno Nacional, no importa cuál sea el de turno, que emita esa política (de desmantelamiento de organizaciones criminales). Debe ser objeto de reflexión que se entregue en el menor tiempo posible”. Con esa observación de la magistrada Reinere Jaramillo, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se dio cierre este martes a una audiencia en la que se le hicieron varios llamados de atención al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
El objetivo de la diligencia era hacer seguimiento a las medidas cautelares para proteger a los excombatientes de las Farc (de los cuales más de 356 han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz) y escuchar, por parte de Rueda, la presentación de la política pública para desmontar a las estructuras que atentan contra la vida de líderes sociales y exFarc. Se trata de un punto clave del Acuerdo, que no se cumplió durante el cuetrienio de Iván Duque en la Presidencia, y para el que se le había dado plazo al actual gobierno hasta el pasado 16 de enero.
En contexto: JEP cita a Alto Comisionado por plan de protección a excombatientes de Farc
Aunque Rueda dijo que se ha “logrado avanzar, a pesar de los pesares y dificultades”, no presentó ni la política ni el plan. De hecho, en la audiencia se conoció que el comisionado ya no es el secretario técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), creada para darle vida a esa estrategia, pues le delegó ese rol a Gloria Cuartas, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Ante los magistrados de la JEP, Cuartas se comprometió a entregar el 25 de mayo (en 90 días) la política pública de desmantelamiento y el plan de acción.
La preocupación de la JEP
En varios momentos, tanto los togados como la Procuraduría y los miembros de organizaciones de derechos humanos cuestionaron la lentitud del avance de la tarea de la CNGS y preguntaron si el hecho de estar implementando la política de ‘paz total’, bandera del presidente de la República, le está quitando fuerza a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.
“Le voy a ser sincero: la preocupación que asiste a varios de los magistrados es ¿por avanzar en el proceso de ‘paz total’ se puede ir en desmedro del Acuerdo de Paz firmado en el 2016?”, cuestionó el magistrado Gustavo Salazar.
Frente al interrogante, el comisionado Rueda respondió: “Para nada. Si no cumplimos el Acuerdo de Paz, no hay nada que hacer, pero si no tenemos una intervención integral del Gobierno en esos territorios, difícilmente se logrará”, y agregó que los escenarios de diálogo que se están abriendo con los grupos armados en el marco de la ‘paz total’ pueden posibilitar la implementación de lo negociado en La Habana.
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A su turno, la Procuraduría alertó que en la Oficina del Alto Comisionado y en la Unidad de Implementación del Acuerdo aún no se han consolidado los equipos que estarán a cargo del manejo de la Comisión, lo que puede generar dificultades en la formulación de la política pública. El ente de control añadió que “no hay una ruta clara frente a la articulación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con los desarrollos normativos en materia de ‘paz total’”.
Otra de las críticas que la JEP expresó fue que en los seis meses del Gobierno Petro la CNGS solo se ha reunido en tres ocasiones, pese a que debería haber una reunión mensual. Precisamente esta fue una de las críticas que en el pasado llevaron a recurrentes llamados de atención a Miguel Ceballos y Emilio Archila, comisionado de Paz y consejero para la Estabilización y la Consolidación durante el Gobierno Duque, respectivamente.
De hecho, para subsanar la falta de avances, en octubre de 2022 el presidente Petro relanzó la CNGS y la CSIVI (Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación a la implementación del Acuerdo), decisión que en su momento fue aplaudida pero que, cuatro meses después, no parece haber sido ejecutada con eficacia.
Colombia+20 conoció que algunas de las plataformas de derechos humanos presentes en la Comisión de Garantías de Seguridad han criticado la “falta de importancia” que el Gobierno le está dando a la instancia, así como el hecho de que “no se les tenga en cuenta” en la ‘paz total’.
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Eso sí, durante la audiencia de este martes el comisionado Rueda condenó el asesinato de líderes sociales y exguerrilleros de las Farc, y aseguró que el Gobierno no solo ha atendido a las alertas para prevenir y atender los hechos de violencia, sino que parte de su política de ‘paz total’ es la implementación cabal de la política de desmantelamiento.
También dijo que se ha avanzado “en una premisa para el desmantelamiento: las garantías de seguridad requieren un enfoque étnico, de género, interseccional y territorial que genere impactos transformadores, a través de acciones diferenciadas y medidas focalizadas de seguridad, prevención, protección (...) de seguridad humana, así como investigación y judicialización”.
Por su parte, Gloria Cuartas, al justificar el nuevo plazo que le pedía a la jurisdicción, explicó que “tenemos que hacer un profundo esfuerzo para que al interior de las instituciones prime la protección de la vida. Eso que parece ser fácil, no lo es. Los acercamientos, la construcción del plan conjunto, tener un plan de acción en confianza y en armonía, requiere un tiempo”.
Las críticas de los delegados de la Comisión al Gobierno
Ana María Rodríguez, delegada por las plataformas de derechos humanos ante la CNGS, hizo un duro llamado tras mencionar los avances de esta instancia.
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“El Gobierno y las demás entidades que integran la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad tienen una visión limitada de su rol y mandato. Ninguna de ellas ve el potencial que esta comisión puede tener para contribuir a la materialización de la ‘paz total’, como si esta comisión fuera una instancia creada por el Acuerdo de 2016, diseñada para responder exclusivamente a los retos en materia de seguridad derivados del conflicto de aquella época”, dijo Rodríguez.
Y agregó: “Pareciera que no se considera que el mandato de esta comisión pueda proponer acciones que conduzcan al desmantelamiento efectivo de otra estructuras criminales, como aquellas que se mantienen incluso después de la firma del Acuerdo de Paz. Estamos convencidos de que una política fuerte de desmantelamiento puede contribuir a la desactivación de diversos grupos y estructuras armadas, y a brindar garantías de no repetición de la violencia que son muy necesarias para poder hacer realidad la política de paz total”.
Una de las críticas, por ejemplo, fue el no haber involucrado a la comisión en la formulación de iniciativas legislativas como la Ley de Paz Total y el proyecto de ley de sometimiento a la justicia.
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Por ahora, habrá que esperar a que los magistrados de la JEP estudien los insumos presentados por el Gobierno en la audiencia de este martes y se pronuncien en un auto. Sin embargo, el magistrado Salazar dejó en claro que los plazos solicitados “son supremamente extensos” y llamó a reformularlos y “mejorar los tiempos de esta política pública”.
“Noventa días es un término bastante largo. La magistratura ha ordenado hace más de dos años al Gobierno Nacional, no importa cuál sea el de turno, que emita esa política (de desmantelamiento de organizaciones criminales). Debe ser objeto de reflexión que se entregue en el menor tiempo posible”. Con esa observación de la magistrada Reinere Jaramillo, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se dio cierre este martes a una audiencia en la que se le hicieron varios llamados de atención al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
El objetivo de la diligencia era hacer seguimiento a las medidas cautelares para proteger a los excombatientes de las Farc (de los cuales más de 356 han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz) y escuchar, por parte de Rueda, la presentación de la política pública para desmontar a las estructuras que atentan contra la vida de líderes sociales y exFarc. Se trata de un punto clave del Acuerdo, que no se cumplió durante el cuetrienio de Iván Duque en la Presidencia, y para el que se le había dado plazo al actual gobierno hasta el pasado 16 de enero.
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Aunque Rueda dijo que se ha “logrado avanzar, a pesar de los pesares y dificultades”, no presentó ni la política ni el plan. De hecho, en la audiencia se conoció que el comisionado ya no es el secretario técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), creada para darle vida a esa estrategia, pues le delegó ese rol a Gloria Cuartas, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Ante los magistrados de la JEP, Cuartas se comprometió a entregar el 25 de mayo (en 90 días) la política pública de desmantelamiento y el plan de acción.
La preocupación de la JEP
En varios momentos, tanto los togados como la Procuraduría y los miembros de organizaciones de derechos humanos cuestionaron la lentitud del avance de la tarea de la CNGS y preguntaron si el hecho de estar implementando la política de ‘paz total’, bandera del presidente de la República, le está quitando fuerza a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.
“Le voy a ser sincero: la preocupación que asiste a varios de los magistrados es ¿por avanzar en el proceso de ‘paz total’ se puede ir en desmedro del Acuerdo de Paz firmado en el 2016?”, cuestionó el magistrado Gustavo Salazar.
Frente al interrogante, el comisionado Rueda respondió: “Para nada. Si no cumplimos el Acuerdo de Paz, no hay nada que hacer, pero si no tenemos una intervención integral del Gobierno en esos territorios, difícilmente se logrará”, y agregó que los escenarios de diálogo que se están abriendo con los grupos armados en el marco de la ‘paz total’ pueden posibilitar la implementación de lo negociado en La Habana.
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A su turno, la Procuraduría alertó que en la Oficina del Alto Comisionado y en la Unidad de Implementación del Acuerdo aún no se han consolidado los equipos que estarán a cargo del manejo de la Comisión, lo que puede generar dificultades en la formulación de la política pública. El ente de control añadió que “no hay una ruta clara frente a la articulación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con los desarrollos normativos en materia de ‘paz total’”.
Otra de las críticas que la JEP expresó fue que en los seis meses del Gobierno Petro la CNGS solo se ha reunido en tres ocasiones, pese a que debería haber una reunión mensual. Precisamente esta fue una de las críticas que en el pasado llevaron a recurrentes llamados de atención a Miguel Ceballos y Emilio Archila, comisionado de Paz y consejero para la Estabilización y la Consolidación durante el Gobierno Duque, respectivamente.
De hecho, para subsanar la falta de avances, en octubre de 2022 el presidente Petro relanzó la CNGS y la CSIVI (Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación a la implementación del Acuerdo), decisión que en su momento fue aplaudida pero que, cuatro meses después, no parece haber sido ejecutada con eficacia.
Colombia+20 conoció que algunas de las plataformas de derechos humanos presentes en la Comisión de Garantías de Seguridad han criticado la “falta de importancia” que el Gobierno le está dando a la instancia, así como el hecho de que “no se les tenga en cuenta” en la ‘paz total’.
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Eso sí, durante la audiencia de este martes el comisionado Rueda condenó el asesinato de líderes sociales y exguerrilleros de las Farc, y aseguró que el Gobierno no solo ha atendido a las alertas para prevenir y atender los hechos de violencia, sino que parte de su política de ‘paz total’ es la implementación cabal de la política de desmantelamiento.
También dijo que se ha avanzado “en una premisa para el desmantelamiento: las garantías de seguridad requieren un enfoque étnico, de género, interseccional y territorial que genere impactos transformadores, a través de acciones diferenciadas y medidas focalizadas de seguridad, prevención, protección (...) de seguridad humana, así como investigación y judicialización”.
Por su parte, Gloria Cuartas, al justificar el nuevo plazo que le pedía a la jurisdicción, explicó que “tenemos que hacer un profundo esfuerzo para que al interior de las instituciones prime la protección de la vida. Eso que parece ser fácil, no lo es. Los acercamientos, la construcción del plan conjunto, tener un plan de acción en confianza y en armonía, requiere un tiempo”.
Las críticas de los delegados de la Comisión al Gobierno
Ana María Rodríguez, delegada por las plataformas de derechos humanos ante la CNGS, hizo un duro llamado tras mencionar los avances de esta instancia.
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“El Gobierno y las demás entidades que integran la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad tienen una visión limitada de su rol y mandato. Ninguna de ellas ve el potencial que esta comisión puede tener para contribuir a la materialización de la ‘paz total’, como si esta comisión fuera una instancia creada por el Acuerdo de 2016, diseñada para responder exclusivamente a los retos en materia de seguridad derivados del conflicto de aquella época”, dijo Rodríguez.
Y agregó: “Pareciera que no se considera que el mandato de esta comisión pueda proponer acciones que conduzcan al desmantelamiento efectivo de otra estructuras criminales, como aquellas que se mantienen incluso después de la firma del Acuerdo de Paz. Estamos convencidos de que una política fuerte de desmantelamiento puede contribuir a la desactivación de diversos grupos y estructuras armadas, y a brindar garantías de no repetición de la violencia que son muy necesarias para poder hacer realidad la política de paz total”.
Una de las críticas, por ejemplo, fue el no haber involucrado a la comisión en la formulación de iniciativas legislativas como la Ley de Paz Total y el proyecto de ley de sometimiento a la justicia.
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Por ahora, habrá que esperar a que los magistrados de la JEP estudien los insumos presentados por el Gobierno en la audiencia de este martes y se pronuncien en un auto. Sin embargo, el magistrado Salazar dejó en claro que los plazos solicitados “son supremamente extensos” y llamó a reformularlos y “mejorar los tiempos de esta política pública”.