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                                                                                                                                Persecución contra el Partido Comunista llega a la JEP

                                                                                                                                Esa colectividad y la Juventud Comunista entregarán un informe que da cuenta de que 525 de sus integrantes fueron asesinados o desaparecidos en medio del conflicto. Aseguran que hubo un genocidio político y que el anticomunismo ha sido una política de Estado.

                                                                                                                                Nicolás Sánchez A. / @ANicolasSanchez

                                                                                                                                Magnolia Agudelo era secretaria política de la Juco Medellín. Se salvó de una masacre en 1987 porque estaba en Ibagué el día que la perpetraron. / Mauricio Alvarado
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Así registró el diario El Espectador la masacre de los jóvenes comunistas.Archivo El Espectador“Después de eso no fue posible reconstruir el trabajo”, cuenta Agudelo. Antes de la masacre, la Juco hizo un censo en el que determinó que solo en Medellín tenía 300 integrantes. La organización realizaba labores intensas en colegios, universidades y barrios de esa ciudad. “Nadie quiso volver a entrar, hubo una desbandada muy grande. Yo creo que hoy no tenemos ni 50 militantes en esa ciudad”, se lamenta.

                                                                                                                                A pesar de que Agudelo se salvó porque el día de la masacre estaba en Ibagué, su vida se volvió angustia. Durmió en 120 casas diferentes por el temor de ser asesinada o desaparecida. “Más de una vez llegaron hombres armados preguntttando por mí, pero yo había salido cinco minutos antes”, relata. Un día un compañero del partido, para demostrarle el riesgo en el que estaba, le preguntó: “¿La camarada va a ser historiadora en la tumba?”. Esa frase la marcó y decidió desplazarse a Bogotá, donde vive desde el 28 de septiembre de 1998.

                                                                                                                                Esta fue la página del Semanario Voz cuando ocurrió la masacre.Semanario VozHoy, 32 años después de la masacre, Agudelo asegura que la JEP significa una esperanza: “Se acude a esa jurisdicción como un reconocimiento a su buen juicio y por el papel que tiene para mostrarle un camino diferente a este país: la justicia restaurativa y no la de la venganza”.

                                                                                                                                Un documento sobre la infamia

                                                                                                                                “Es un genocidio político continuado”, enfatiza Rubiel Vargas, quien realizó el informe y es el secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. En el documento hay consignados 525 asesinatos y desapariciones contra miembros del Partido Comunista y de la Juco. “El partido fue destruido en municipios como El Castillo (Meta). En Urabá ahora no hay presencia de militantes cuando en los 70, 80 y 90 era muy grande”, complementa Vargas.

                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                El informe es preliminar; la colectividad entregará otro en diciembre con más datos. El que entregan hoy tiene cinco capítulos: el primero señala a 156 posibles responsables de la persecución, basados en sentencias judiciales, investigaciones de organizaciones de derechos humanos y el Semanario Voz; el segundo tendrá el universo de los 525 casos, de los cuales pedirán que se prioricen 100; el tercero muestra las 15 regiones donde se registraron víctimas, de las cuales pedirán especial atención a Meta, Urabá y el Magdalena Medio; en el cuarto mostrarán alrededor de 250 leyes y decretos anticomunistas expedidos por el Estado (como la prohibición de entrada al país de los comunistas en 1920 o la declaratoria de ilegalidad del partido en 1954), y en el último argumentan que la persecución contra los comunistas se debería considerar un genocidio político.

                                                                                                                                (Lea también: En Colombia la niñez sí va a la guerra: Organizaciones entregan informe a la JEP)

                                                                                                                                En la ceremonia de entrega del informe también hablarán familiares de algunos dirigentes del partido, como Teófilo Forero (asesinado el 27 de febrero de 1989), Miguel Ángel Díaz (desaparecido desde el 5 de septiembre de 1984), Jaime Pardo Leal (asesinado el 11 de octubre de 1989) y de los sindicalistas de la colectividad que fueron asesinados. Agudelo, que presentará el caso de la Juco en Medellín, dice que lo mínimo es que “las familias sepan qué fue lo que pasó, que se devele ante la sociedad colombiana quiénes estuvieron detrás de la masacre”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Magnolia Agudelo era secretaria política de la Juco Medellín. Se salvó de una masacre en 1987 porque estaba en Ibagué el día que la perpetraron. / Mauricio Alvarado
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Así registró el diario El Espectador la masacre de los jóvenes comunistas.Archivo El Espectador“Después de eso no fue posible reconstruir el trabajo”, cuenta Agudelo. Antes de la masacre, la Juco hizo un censo en el que determinó que solo en Medellín tenía 300 integrantes. La organización realizaba labores intensas en colegios, universidades y barrios de esa ciudad. “Nadie quiso volver a entrar, hubo una desbandada muy grande. Yo creo que hoy no tenemos ni 50 militantes en esa ciudad”, se lamenta.

                                                                                                                                A pesar de que Agudelo se salvó porque el día de la masacre estaba en Ibagué, su vida se volvió angustia. Durmió en 120 casas diferentes por el temor de ser asesinada o desaparecida. “Más de una vez llegaron hombres armados preguntttando por mí, pero yo había salido cinco minutos antes”, relata. Un día un compañero del partido, para demostrarle el riesgo en el que estaba, le preguntó: “¿La camarada va a ser historiadora en la tumba?”. Esa frase la marcó y decidió desplazarse a Bogotá, donde vive desde el 28 de septiembre de 1998.

                                                                                                                                Esta fue la página del Semanario Voz cuando ocurrió la masacre.Semanario VozHoy, 32 años después de la masacre, Agudelo asegura que la JEP significa una esperanza: “Se acude a esa jurisdicción como un reconocimiento a su buen juicio y por el papel que tiene para mostrarle un camino diferente a este país: la justicia restaurativa y no la de la venganza”.

                                                                                                                                Un documento sobre la infamia

                                                                                                                                “Es un genocidio político continuado”, enfatiza Rubiel Vargas, quien realizó el informe y es el secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. En el documento hay consignados 525 asesinatos y desapariciones contra miembros del Partido Comunista y de la Juco. “El partido fue destruido en municipios como El Castillo (Meta). En Urabá ahora no hay presencia de militantes cuando en los 70, 80 y 90 era muy grande”, complementa Vargas.

                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                El informe es preliminar; la colectividad entregará otro en diciembre con más datos. El que entregan hoy tiene cinco capítulos: el primero señala a 156 posibles responsables de la persecución, basados en sentencias judiciales, investigaciones de organizaciones de derechos humanos y el Semanario Voz; el segundo tendrá el universo de los 525 casos, de los cuales pedirán que se prioricen 100; el tercero muestra las 15 regiones donde se registraron víctimas, de las cuales pedirán especial atención a Meta, Urabá y el Magdalena Medio; en el cuarto mostrarán alrededor de 250 leyes y decretos anticomunistas expedidos por el Estado (como la prohibición de entrada al país de los comunistas en 1920 o la declaratoria de ilegalidad del partido en 1954), y en el último argumentan que la persecución contra los comunistas se debería considerar un genocidio político.

                                                                                                                                (Lea también: En Colombia la niñez sí va a la guerra: Organizaciones entregan informe a la JEP)

                                                                                                                                En la ceremonia de entrega del informe también hablarán familiares de algunos dirigentes del partido, como Teófilo Forero (asesinado el 27 de febrero de 1989), Miguel Ángel Díaz (desaparecido desde el 5 de septiembre de 1984), Jaime Pardo Leal (asesinado el 11 de octubre de 1989) y de los sindicalistas de la colectividad que fueron asesinados. Agudelo, que presentará el caso de la Juco en Medellín, dice que lo mínimo es que “las familias sepan qué fue lo que pasó, que se devele ante la sociedad colombiana quiénes estuvieron detrás de la masacre”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Por Nicolás Sánchez A. / @ANicolasSanchez

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