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“Yo llevo 35 años, nueve meses y seis días con mi compañero desaparecido y sé que de pronto es uno más que nunca se va a encontrar porque no hay ninguna pista de su desaparición. ¿Cuántos años necesitará Colombia para que efectivamente los desaparecidos sean identificados y entregados dignamente? No sé cuántos, pero sí sé que la esperanza y el amor por los seres queridos es lo que lo mantiene a uno aportando en la medida de las posibilidades”, así lo afirma Luz Marina Hache, quien también es vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Al igual que Luz Marina, más de 99 mil familias en Colombia aún continúan buscando a sus familiares desaparecidos, según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Esta entidad creada con el Acuerdo de Paz tiene un mandato de 20 años, que puede ser prorrogable, habla de 99.235 personas dadas por desaparecidas al cruzar la información de las tres entidades del Sistema Integral para la Paz conformado por la UBPD, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la saliente Comisión de la Verdad. De estas a 30 de julio de 2022, 90.088 personas continúan desaparecidas en el país. En los cuatro años de funcionamiento de la entidad, se han recuperado 511 cuerpos y han sido entregados 155, un promedio de 38 al año. Esto significa que al ritmo actual, la entrega de todos los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas tardaría más de 2.000 años.
Aunque las acciones adelantadas por la Unidad se han realizado en coordinación con la Unidad de Víctimas, Medicina Legal, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y con el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de personas desaparecidas (Grube) de la Fiscalía, los esfuerzos no son vistos por las víctimas como suficientes. Esto se debe a que desconocen los procesos que se están llevando porque no soy informadas ni tenidas en cuenta, según le manifestaron las familias a Colombia +20, y las dificultades que estas entidades afrontan a nivel institucional, de seguridad y de articulación.
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“Tampoco hay una información oportuna que permita que los familiares sepamos que efectivamente se están buscando, que están en el terreno”, le contó a Colombia +20 Gloria Gómez Cortés, coordinadora de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Colombia (Asfaddes).
“Los procesos y las solicitudes de búsqueda siguen en el olvido. Después de todo lo que insistimos en los diferentes intentos de diálogo, fuimos a La Habana y planteamos la necesidad de crear un instrumento, un mecanismo que nos garantizara totalmente la búsqueda inmediata y exclusivamente para buscar a las personas desaparecidas, frente a la incapacidad de la Fiscalía”,
Gloria Gómez, coordinadora de Asfaddes.
Juan Pablo Aranguren Romero, profesor asociado del departamento de Psicología y director académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, también identificó la comunicación externa como uno de los problemas en los avances. “El tema de la cifra obliga, de alguna manera, a empezar a encontrar, a empezar a hacer hallazgos significativos, empezar a hacer procesos de entrega y a comunicarlos de manera efectiva para que la sociedad tenga también una mayor sensibilidad”, señaló.
Las demoras en los avances del proceso de búsqueda también ha reforzado la desconfianza que muchas víctimas tienen hacia las instituciones del Estado, en este caso a la Unidad. Esto se traduce a que no todas las personas registran a sus familiares desaparecidos en bases de datos y deciden realizar la búsqueda por su cuenta. Colombia +20 se contactó con las entidades respectivas para conocer la contraparte de las apreciaciones de las víctimas pero no se recibió .
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Este es uno de los síntomas del subregistro que existe sobre cuántas personas realmente están desaparecidas en Colombia y los inconvenientes de consolidar una cifra oficial. Mientras la UBPD registró 99.235 personas de las cuales, 90.088 continúan desaparecidas, el Registro Único de Víctimas consolidó hasta la fecha un total de 50.704 víctimas de desaparición forzadas; y Medicina Legal tiene 34.482 personas registradas como desaparecidas presuntamente forzadas. Por su parte, la Comisión de la Verdad estimó que teniendo en cuenta el subregistro, se podría estar hablando de cerca de 210.000 víctimas de desaparición forzada.
El subregistro de las víctimas también responde al miedo que viven muchos de sus familiares por las represalias que puedan afrontar si denuncian. Este hecho sigue siendo utilizado por los diferentes grupos armados ilegales en el país, que a su vez, también dificulta la entrada de personal capacitado para los procesos de búsqueda y exhumación de cuerpos. Adriana Arboleda de la Corporación Jurídica Libertad señaló que en la actualidad, la desaparición forzada está ligada a otros delitos como el reclutamiento forzado, la trata de personas, la explotación sexual de menores, entre otros, dificultando el proceso de registro y encuentro.
“El problema no es solamente que haya condiciones de conflicto, sino que se aseguren las condiciones de seguridad para entrar al terreno, porque eso es costoso y ahí es donde viene la voluntad institucional”
Juan Pablo Aranguren Romero.
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Aunque la presencia de los actores armados ilegales en los territorios colombianos se convierte en obstáculo en los procesos de búsqueda, a lo largo de la historia, estos mismos actores han brindado información sobre áreas claves para desarrollar labores forenses. En el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares y con el Acuerdo de Paz con las Farc, ambos grupos armados entregaron información e incluso, conformaron equipos de búsqueda para aportar con el proceso, como la Corporación Reencuentros de exguerrilleros de las Farc. Sin embargo, las condiciones geológicas de los terrenos, las transformaciones naturales y el paso de la guerra siguen sumando más retos al momento de “remover ese pasado bajo tierra”, como enfatizó el profesor Aranguren.
¿Qué hace falta para avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia?
“40 años de resistencia, contra el olvido y la impunidad, pero lo más frustrante es la falta de compromiso del Estado colombiano en la búsqueda de todas las personas desaparecidas pero también en las acciones que permitan que no se vuelva a desaparecer ninguna persona en Colombia ni en el mundo”, expresó Gloria Gómez Cortés, coordinadora de Asfaddes.
Las personas en Colombia siguen desapareciendo, las luchas por encontrarlos continúan pero se necesita capacidad institucional, apoyo y formación de más profesionales porque ya las manos no alcanzan para este proceso. “Debe haber un real compromiso del Estado con la Unidad de Búsqueda y con Medicina Legal, dotándolas con más gente porque por falta de personal hay zonas del país que no han podido cumplir”, resaltó la vocera de Movice.
Una de las consecuencias de ello es la demora en el proceso de identificación de cuerpos, que Adriana Arboleda lo describió como “un cuello de botella” porque a los más de 10.000 cuerpos identificados por Medicina Legal se suman los de la Unidad de Búsqueda y la JEP. “Tenemos miles de cuerpos con los que no hay avances significativos en la identificación porque no hay dinero, porque Medicina Legal está colapsada, porque no hay personal pero lo cierto es que no hay una voluntad política, hasta ahora, para brindar los recursos y las garantías para que se pueda avanzar en esos procesos de identificación”, resaltó Arboleda.
Esto responde a las acciones que se han realizado en conjunto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con las medidas cautelares a diferentes cementerios del país, que ha aportado a la búsqueda y recuperación de cuerpos. Sin embargo, la continua desaparición de personas y las demoras en los procesos de identificación de cuerpos siguen saturando el sistema que no da a basto.
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Por eso, uno de los caminos que plantearon las entrevistadas de Movice y Asfaddes es integrar un componente de capacitación a lo familiares de las víctimas de desaparición forzadas, quienes empíricamente han adquirido conocimientos técnicos, legales, entre otros, pero requieren de mejores herramientas para contribuir y sumarse activamente al proceso de búsqueda.
Luz Marina Hache le contó a Colombia +20 que un camino para solventar esta problemática es capacitar a los familiares con herramientas técnicas para aportar a la búsqueda de forma más acertada. “La búsqueda debe contar con los familiares de las personas desaparecidas porque finalmente hemos sido nosotros los que hemos buscado, los que nos hemos convertido en investigadores para ubicar el sitio donde posiblemente puede estar nuestro familiar pero necesitamos herramientas para preservar efectivamente una investigación y tener una cadena de custodia de la información”, enfatizó.
Para la coordinadora de Asfaddes, esta participación no se está dando y es visto como una violación al derecho a la búsqueda que tienen como familiares de víctimas desaparecidas. “El sistema integral que nosotros soñamos que iba a ser el mecanismo idóneo para garantizar los derechos que las víctimas de desaparición forzada, no nos han garantizado estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la búsqueda que tenemos como familias a la luz de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, comentó Gómez.
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Para convertir esta alternativa realidad, los esfuerzos también deben estar encaminados en formar a profesionales de talento humano, antropólogos forenses, a psicólogos y demás personal que puede desarrollar labores humanitarias de búsqueda para que acompañen y capaciten a los familiares. El profesor Juan Pablo Aranguren Romero señaló el importante reto que tienen las instituciones de educación superior públicas y privadas en apuntarle a esto. “Necesitamos cualificar a los equipos en herramientas psicosociales para hacer una ayuda efectiva y fomentar programas forenses para entrar a apoyar procesos de búsqueda en un país como Colombia”, enfatizó Aranguren.
La voluntad institucional en este aspecto de formación también integra al Estado, para que destine recursos y fortalezca los programas académicos encaminados en estas áreas. Además, las víctimas esperan que en estos próximos años se continúe avanzando con mejor ritmo y haya un real apoyo económico, institucional y de seguridad, por parte del Estado colombiano.