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Por las calles del corregimiento de El Guayabo, en el Magdalena Medio, aún resuenan los relatos de los campesinos que un día vieron cómo paramilitares llegaron fuertemente armados hasta esa comunidad, sacaron a una mujer de uno de los ranchos y la asesinaron frente a todo el pueblo. Los disparos se escucharon a lo largo del río Magdalena, mientras que los niños y las mujeres del caserío callaban el llanto ante los gritos de los “paras”.
“Ese día, las AUC (las extintas Autodefensas Unidas de Colombia) sacaron a toda la comunidad de sus casas y en frente de todos nosotros asesinaron a esa muchacha, la descuartizaron y la llenaron de piedras para tirarla al río Magdalena. Yo no quisiera ni recordar lo que pasó”, dijo a Colombia +20 Yesid Payares, uno de los líderes campesinos del corregimiento de El Guayabo que pidió hace unas semanas que el río Magdalena sea reconocido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como víctima del conflicto armado en Colombia. El pedido se hace en medio de lo que temen las comunidades sea el regreso de esta práctica.
En las últimas semanas se han vuelto a ver varios cadáveres sobre el río Magdalena. El caso más reciente fue registrado este lunes 11 de noviembre a la altura del municipio de Calamar, Bolívar. El cuerpo tenía varios impactos de bala en la cabeza y evidentes signos de tortura.
Otro caso similar fue registrado a finales de septiembre, cuando la comunidad de Morales, en el sur del departamento, rescató un cuerpo semidesnudo que estaba en alto estado de descomposición e iba bajando por la cuenca del río.
En ese lugar están el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC al mando de Calarcá Córdoba y la guerrilla del ELN.
La petición para recuperar el ecosistema
La petición formal que hizo ante la JEP, hace unas semanas, un grupo de organizaciones de Puerto Berrío, Yondó, Cantagallo, San Pablo, Simití, Morales, Arenal, Cimitarra, Puerto Parra, Barrancabermeja y Puerto Wilches para que el río Magdalena sea declarado víctima del conflicto y sujeto especial de derecho fue con el fin de que este canal hídrico tenga el estatus necesario para que las víctimas puedan generar propuestas con contenido restaurativo y sean tenidas en cuenta las afectaciones que tuvo y sigue teniendo.
Además, manifiestan la necesidad de preservar y recuperar este ecosistema en el que, con el tiempo, se ha hecho más difícil encontrar los cuerpos de desaparecidos y representa la subsistencia de comunidades campesinas, afros e indígenas que viven en la ribera del río.
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“Hay una serie de precedentes en Colombia sobre cómo los ríos han sido reconocidos como víctimas y sujetos especiales de derechos. Esto se trata del reconocimiento de lo que significó para estos cuerpos de agua viva el conflicto y la importancia de estas arterias en la vida campesina y rural en el caso del Magdalena Medio y de todo el país”, aseguró en diálogo con Colombia +20 Catalina Díaz, magistrada de la JEP, quien recibió la solicitud de las víctimas.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), más de 320 cadáveres fueron arrojados por paramilitares a esta “fosa común” en un intento por no dejar rastro de las violaciones a los derechos humanos que cometieron desde 1982.
Los pescadores del afluente dicen que durante la época más dura de la violencia al río Magdalena le cayó una “maldición”, pues la poca pesca que podían conseguir en medio de las aguas llegaba con restos de cuerpos humanos como dedos y otras extremidades que arrojaban los paramilitares en su estrategia para intimidar a la población.
“En el Magdalena pasaron muchas cosas, no solo en el segmento del Magdalena Medio, sino también en el Canal del Dique que se convirtió en una fosa común, entonces a mí me parece que tiene toda la lógica del mundo que se reconozca como sujeto especial de derechos. Eso tiene consecuencias porque los ríos van ejerciendo vocería a través de las comunidades”, explicó a este diario Saúl Franco, excomisionado de la Comisión de la Verdad.
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En caso reconocerse al río Magdalena como víctima se volvería un ecosistema bajo protección y se velaría por que no haya afectaciones como en el vertimiento de químicos o el desvío de su caudal para otros proyectos, como ocurrió, por ejemplo, en Ituango con la construcción de la hidroeléctrica.
Los ríos de Colombia, víctimas del conflicto
El CNMH ha señalado que por lo menos 1.080 personas fueron arrojadas en 190 ríos del país durante los años del conflicto y que la cifra podría ser aún mayor, teniendo en cuenta que muchos de cuerpos fueron mutilados en actos de tortura.
El río Cauca fue uno de los ecosistemas que más sufrió afectaciones porque, además de convertirse en una fosa común, también se vertieron químicos usados para la minería ilegal y la producción de sustancias ilícitas. Debido a esto, la JEP reconoció en 2023 al caudal del Cauca víctima del conflicto armado, en respuesta a varias solicitudes que consejos comunitarios que viven a orillas del río habían pedido desde el 2019.
En Chocó, el río Atrato también fue declarado sujeto especial de derechos tras una sentencia histórica de la Corte Constitucional que busca proteger, conservar y mantener el caudal por años explotado por guerrillas y paramilitares.
De hecho, hay quienes dicen que Atrato fue un “teatro de guerra”y que por sus cuencas vieron pasar cuerpos mutilados que terminaban enredados cuando los pescadores salían con sus atarrayas en busca de la pesca.
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