“Garantizar los recursos para que esto sea posible”. Esa es la petición que hacen al Congreso las organizaciones de víctimas y familias que buscan a los desaparecidos de la guerra en el país, para que esa corporación apruebe el Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos contemplado en el artículo 158 del Plan Nacional de Desarrollo.
El documento “Colombia, potencia mundial de la vida” condensa las propuestas del gobierno de Gustavo Petro para los próximos cuatro años y fue radicado ante el Congreso el pasado 7 de febrero. Allí quedó incluido este sistema que parte de una propuesta presentada por las organizaciones de familiares víctimas de desaparición forzada junto al Ministerio de Justicia y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos (UBPD) para financiar, fortalecer y respaldar la labor de búsqueda en el país.
“Para nuestra organización es muy importante esta decisión, porque veníamos desde hace años insistiendo en que se incluyera y asumiera una verdadera política pública frente a la situación de la desaparición forzada en Colombia”, resaltó Gloria Gómez, coordinadora de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Colombia (Asfaddes), que lleva más de 40 años en esta lucha.
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Según lo establecido en el proyecto, bajo el liderazgo de la UBPD y en coordinación con el Ministerio de Justicia se articularán procesos de búsqueda con las diferentes ramas del poder público, entidades como la Fiscalía, Medicina Legal y el Sistema Integral de Paz, y organizaciones de derechos humanos. De allí saldrá una política pública integral que proteja los derechos de las víctimas y contribuya en prevenir y erradicar la desaparición forzada de personas en el país.
Para que esto sea posible, las organizaciones de víctimas resaltan la importancia de garantizar recursos suficientes para no repetir la historia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que califican como “una política pública de atención a víctimas desfinanciada”.
“Esto solo se va a lograr si en el Congreso se aprueba y se garantizan recursos, porque hoy hay una debilidad absoluta. Tenemos problemas para contar con suficiente personal, para que se despliegue efectivamente el enfoque territorial, para que el Instituto de Medicina Legal cuente con laboratorios, personal y tecnología que nos permita avanzar con la identificación de miles de cuerpos”, explicó Adriana Arboleda, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
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Las demoras en los procesos de identificación de los cuerpos, bajo custodia de Medicina Legal, son una de las quejas que las víctimas han manifestado durante décadas, pero no ha habido soluciones. Por eso insisten en la garantía de recursos y en posibles alianzas con laboratorios forenses de universidades u otras instituciones, para avanzar en la identificación y el análisis de las pruebas de perfiles genéticos.
Dentro de la asignación de recursos, las víctimas también señalaron la importancia de respaldar a las organizaciones de familiares para ser más partícipes de los procesos de construcción de herramientas y que no solo entreguen información.
“Queremos participar en la construcción y el fortalecimiento de estas herramientas que han sido puestas al servicio de las víctimas para encontrar a las personas desaparecidas y erradicar la desaparición forzada y la impunidad”, resaltó la coordinadora de Asfaddes.
Cesar Santoyo, director del Colectivo Orlando Fals Borda, aseguró que el Sistema Nacional de Búsqueda no puede existir sin el reconocimiento de las víctimas y su labor de búsqueda cargada de aprendizajes. “No solo estamos hablando de personas desaparecidas forzosamente en razón de la violencia sociopolítica, sino también de las que fueron reclutadas y secuestradas, lo que implica crear condiciones para entender esa normatividad que gira alrededor de estas variables tan específicas”, explicó.
Trabajar en equipo: un reto en el proceso de búsqueda
La articulación entre instituciones, entidades y organizaciones sociales es uno de los grandes retos que la nueva persona que asuma la dirección de la UBPD tendrá que afrontar, desde el Sistema Nacional de Búsqueda, para avanzar significativamente en este proceso.
Según las víctimas, la competencia, poca comunicación y procesos desarticulados es lo que ha evitado tener los resultados esperados. “Desafortunadamente la falta de coordinación y de articulación no permitió que herramientas que tenemos desde hace varios años realmente produzcan esos resultados tan esperados por los familiares”, explicó Gloria Gómez.
Un ejemplo de esto es la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD), creada en el año 2000 por la Ley 587, donde se articuló el trabajo de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, Medicina Legal, representantes de organizaciones de víctimas y otras entidades. Sin embargo, las víctimas aseguraron no haber visto resultados.
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Gómez también recordó la inclusión del artículo 12 de la Constitución Política de 1991 que dice: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto, en 1991 se registraron 1.610 víctimas de desaparición forzada, pero comenzó un crecimiento exponencial hasta 2002, año en que se registró el mayor número de víctimas de este hecho, con 7.971 personas desaparecidas.
Las organizaciones ven al Sistema Nacional de Búsqueda como una oportunidad clave para acelerar la búsqueda, algo más técnico que permitirá crear y diseñar estrategias específicas para desarrollar acciones claras. Por eso, seguirán de cerca la discusión en el Congreso durante los próximos meses sobre el PND. Una vez aprobado, será el Minjusticia el que reglamente la composición, funciones, procedimientos, alcances, órganos o entidades a las cuales corresponderá desarrollar las actividades de dirección, programación y ejecución de este nuevo sistema.
La búsqueda de los desaparecidos en los territorios
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) tiene cobertura en 384 municipios, a través de los Planes Regionales de Búsqueda. En el documento de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno Petro agregó que dentro del Sistema Nacional de Búsqueda se incorporarán instrumentos de planeación y una línea específica al fortalecimiento en la gestión de cementerios con procesos de exhumación y que tengan cuerpos o restos de personas.
“La búsqueda es parte de la realidad que vivimos en los territorios; los congresistas tienen que ayudarnos a estimular un camino de planes, programas y proyectos que generen y gestionen esa búsqueda como una realidad que camine por los territorios”, comentó César Santoyo, del Colectivo Orlando Fals Borda.
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Juan Pablo Aranguren Romero, profesor del departamento de Psicología de la Universidad de los Andes y experto en acompañamiento psicosocial a familiares de desaparición forzada y víctimas de tortura, también resaltó el fortalecimiento de los planes regionales de búsqueda como una estrategia efectiva para avanzar.
“Estos planes necesitan poner en práctica la ruta con un poco más de celeridad para no quedarse simplemente en documentos, como ha pasado históricamente con los desaparecidos en Colombia. Adelantar procesos de exhumación, aprovechar la información de cementerios y lugares específicos de entierro, y llevarlo a un proceso de exhumación y respuestas”, señaló.