Por la verdad de la violencia sexual que atravesó el cuerpo de las mujeres

Su verdad cuenta. Y no, no fue su culpa, ni lo merecía, ni se lo buscó, como le dijeron. Yolanda Perea tenía 11 años. Esa noche dormía hasta que sintió un revólver en la cabeza y escuchó una amenaza en contra de sus hermanos si se rebelaba y “hacía bulla”. Yolanda fue violada en un rincón de la casa por un guerrillero del frente 57 de las Farc que se asentaba en esa vereda en la cuenca del río Truandó, en Riosucio, Chocó.

Era el año de 1997. Al día siguiente, Yolanda no salió a saludar a su mamá entre saltos, como acostumbraba. La encontraron ensangrentada y adolorida. Su mamá la cargó en brazos y escuchó de parte de ella el relato de un delito. La pequeña se enteraría después de que su madre fue esa misma tarde al campamento guerrillero a reclamar lo sucedido.

“Los braveó y se enojó mucho por no reconocer lo que había pasado, ningún comandante le creyó”. La niña no volvió a jugar. Sólo bajaba a pescar a la playa de su casa. Fue en una de esas oportunidades que el hombre que la violó llegó acompañado por otros para golpearla “por sapa”. Su abuela la encontró sangrando. “Mija, usted estaba embarazada, me dijo. En ese momento ni siquiera sabía qué era tener el período”. Yolanda guardó silencio.

Meses después llegaron siete integrantes de las Farc fuertemente armados a su casa. Dijeron que iban a comprar un ganado y unos cerdos, y preguntaron por su madre. “Vi que ella se paró y yo me paré detrás, siempre quería saber ella qué hacía, porque quería ser como ella. Pero me miró seria esta vez y me dijo: Yolanda Perea Mosquera, esta vez no, de ahora en adelante te harás cargo de tus hermanos. No entendí nada hasta que se formó la balacera en la que murió”.

(Le puede interesar: Infancias interrumpidas por la violencia sexual)

Yolanda queda en silencio, por un momento se escucha su respiración. Después dice: “No es fácil, pero toca seguir”, y cuenta cómo ha recibido ayuda psicosocial para hablar de esto y trabajar por otras mujeres que no han podido quebrar ese silencio, por miedo o por vergüenza. Por el desplazamiento forzado, Yolanda llegó a Urabá, donde conoció a dos psicólogas, una del hospital de Apartadó y otra de la Iniciativa de Mujeres por la Paz, que le ayudaron a recobrar su vida y a sacudirse la culpa.

“Mi abuelito me decía que, si no hubiera hablado, su hija estuviera viva. Cuando me fui recuperando, con ayuda también de la Ruta Pacífica de Mujeres, entendí que podía ayudar a otras, luego llegaron las amenazas”. La primera la recibió en 2011 en Medellín; la última, hace 15 días en un panfleto intimidante. Ya va a cumplir tres períodos como representante en la Mesa Nacional de Víctimas. Fue allí donde conoció a la periodista y activista Jineth Bedoya, también sobreviviente de violencia sexual dentro del conflicto armado, y donde arrancó la idea de crear un formato que les permitiera recoger parte de la información de este delito que han padecido miles de mujeres en Colombia, a la que se unió también la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales.

“La otra delegada para los delitos de violencia sexual en el marco del conflicto está muy amenazada. Su nombre es Rubiela Benítez”. Yolanda habla de ella como de las cerca de 100 mujeres, representantes de víctimas, que ayer se encontraron en la Jurisdicción Especial de Paz en Bogotá para entregar dos mil casos de mujeres  que fueron violentadas sexualmente por actores armados, todos, sin excepción. La información también la tiene ahora la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Comisión de la Verdad.

(Lea también: La guerra que se inscribió en el cuerpo de las mujeres)

En Colombia, 15.076 personas han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual desde 1958, según el Observatorio de Memoria y Conflicto. De estas, el 91,6 % han sido niñas, adolescentes y mujeres adultas. Casi la mitad de los casos ocurrieron entre 2000 y 2005, cuando la arremetida paramilitar se recrudeció. Los paramilitares son responsables del 32,2 % de los casos y las guerrillas del 31,5 %. A los agentes del Estado se les acusa de cometer 206 de estos actos.

“¿Qué esperamos de la JEP? Que por fin los armados asuman su responsabilidad sobre estos delitos, que la sociedad colombiana entienda la dimensión y el impacto de la violencia sexual, que se usó como arma y el cuerpo de las mujeres y de algunos hombres como botín de esa guerra”, relata Yolanda, y subraya que esperan que no se repitan los errores que se cometieron en Justicia y Paz. En este tribunal, que se creó para el proceso de desmovilización de las autodefensas, se conocieron varios de los más crudos capítulos de violencia sexual en el conflicto armado. Hoy varias organizaciones no quieren que la JEP tenga el mismo sistema, porque aseguran que las puso en riesgo y las revictimizó.

El primer paso para que esto no ocurra ya lo dio el tribunal de paz con la creación de un protocolo para la presentación de informes elaborados por organizaciones de víctimas. El documento detalla que, en el caso de los informes sobre violencia de género, incluida la violencia sexual, serían tramitados bajo medidas especiales de confidencialidad y de seguridad.

(Vea: Cómo se han violentado las mujeres en el conflicto, en cifras)

“Mi verdad cuenta”, dijo Yolanda y las otras mujeres que con valentía buscan esclarecer estos episodios, convencidas de que es tiempo de que se rompa el pacto machista que ha silenciado el poder armado que ejercieron con violencia sobre sus cuerpos y vidas.

Su verdad cuenta. Y no, no fue su culpa, ni lo merecía, ni se lo buscó, como le dijeron. Yolanda Perea tenía 11 años. Esa noche dormía hasta que sintió un revólver en la cabeza y escuchó una amenaza en contra de sus hermanos si se rebelaba y “hacía bulla”. Yolanda fue violada en un rincón de la casa por un guerrillero del frente 57 de las Farc que se asentaba en esa vereda en la cuenca del río Truandó, en Riosucio, Chocó.

Era el año de 1997. Al día siguiente, Yolanda no salió a saludar a su mamá entre saltos, como acostumbraba. La encontraron ensangrentada y adolorida. Su mamá la cargó en brazos y escuchó de parte de ella el relato de un delito. La pequeña se enteraría después de que su madre fue esa misma tarde al campamento guerrillero a reclamar lo sucedido.

“Los braveó y se enojó mucho por no reconocer lo que había pasado, ningún comandante le creyó”. La niña no volvió a jugar. Sólo bajaba a pescar a la playa de su casa. Fue en una de esas oportunidades que el hombre que la violó llegó acompañado por otros para golpearla “por sapa”. Su abuela la encontró sangrando. “Mija, usted estaba embarazada, me dijo. En ese momento ni siquiera sabía qué era tener el período”. Yolanda guardó silencio.

Meses después llegaron siete integrantes de las Farc fuertemente armados a su casa. Dijeron que iban a comprar un ganado y unos cerdos, y preguntaron por su madre. “Vi que ella se paró y yo me paré detrás, siempre quería saber ella qué hacía, porque quería ser como ella. Pero me miró seria esta vez y me dijo: Yolanda Perea Mosquera, esta vez no, de ahora en adelante te harás cargo de tus hermanos. No entendí nada hasta que se formó la balacera en la que murió”.

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Yolanda queda en silencio, por un momento se escucha su respiración. Después dice: “No es fácil, pero toca seguir”, y cuenta cómo ha recibido ayuda psicosocial para hablar de esto y trabajar por otras mujeres que no han podido quebrar ese silencio, por miedo o por vergüenza. Por el desplazamiento forzado, Yolanda llegó a Urabá, donde conoció a dos psicólogas, una del hospital de Apartadó y otra de la Iniciativa de Mujeres por la Paz, que le ayudaron a recobrar su vida y a sacudirse la culpa.

“Mi abuelito me decía que, si no hubiera hablado, su hija estuviera viva. Cuando me fui recuperando, con ayuda también de la Ruta Pacífica de Mujeres, entendí que podía ayudar a otras, luego llegaron las amenazas”. La primera la recibió en 2011 en Medellín; la última, hace 15 días en un panfleto intimidante. Ya va a cumplir tres períodos como representante en la Mesa Nacional de Víctimas. Fue allí donde conoció a la periodista y activista Jineth Bedoya, también sobreviviente de violencia sexual dentro del conflicto armado, y donde arrancó la idea de crear un formato que les permitiera recoger parte de la información de este delito que han padecido miles de mujeres en Colombia, a la que se unió también la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales.

“La otra delegada para los delitos de violencia sexual en el marco del conflicto está muy amenazada. Su nombre es Rubiela Benítez”. Yolanda habla de ella como de las cerca de 100 mujeres, representantes de víctimas, que ayer se encontraron en la Jurisdicción Especial de Paz en Bogotá para entregar dos mil casos de mujeres  que fueron violentadas sexualmente por actores armados, todos, sin excepción. La información también la tiene ahora la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Comisión de la Verdad.

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En Colombia, 15.076 personas han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual desde 1958, según el Observatorio de Memoria y Conflicto. De estas, el 91,6 % han sido niñas, adolescentes y mujeres adultas. Casi la mitad de los casos ocurrieron entre 2000 y 2005, cuando la arremetida paramilitar se recrudeció. Los paramilitares son responsables del 32,2 % de los casos y las guerrillas del 31,5 %. A los agentes del Estado se les acusa de cometer 206 de estos actos.

“¿Qué esperamos de la JEP? Que por fin los armados asuman su responsabilidad sobre estos delitos, que la sociedad colombiana entienda la dimensión y el impacto de la violencia sexual, que se usó como arma y el cuerpo de las mujeres y de algunos hombres como botín de esa guerra”, relata Yolanda, y subraya que esperan que no se repitan los errores que se cometieron en Justicia y Paz. En este tribunal, que se creó para el proceso de desmovilización de las autodefensas, se conocieron varios de los más crudos capítulos de violencia sexual en el conflicto armado. Hoy varias organizaciones no quieren que la JEP tenga el mismo sistema, porque aseguran que las puso en riesgo y las revictimizó.

El primer paso para que esto no ocurra ya lo dio el tribunal de paz con la creación de un protocolo para la presentación de informes elaborados por organizaciones de víctimas. El documento detalla que, en el caso de los informes sobre violencia de género, incluida la violencia sexual, serían tramitados bajo medidas especiales de confidencialidad y de seguridad.

(Vea: Cómo se han violentado las mujeres en el conflicto, en cifras)

“Mi verdad cuenta”, dijo Yolanda y las otras mujeres que con valentía buscan esclarecer estos episodios, convencidas de que es tiempo de que se rompa el pacto machista que ha silenciado el poder armado que ejercieron con violencia sobre sus cuerpos y vidas.