¿Por qué las víctimas de El Naya no aceptan el perdón del Ejército?

Mientras en Cuba se concreta cómo los actores armados pedirán perdón a sus víctimas y contarán la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado, en Colombia un puñado de familias víctimas de la masacre de El Naya, perpetrada en 2001 por hombres de Hebert Veloza, alias "HH", jefe de los paramilitares del Bloque Calima, rechazaron en la Unidad de Víctimas el perdón que les había pedido el Ejército, pues adujeron que no fue sincero y que no se hizo con todos los afectados. Además, pidieron que lo haga el presidente Juan Manuel Santos y en sus propios territorios.

Pero la cosa va más allá. Víctimas como Licinia Collazos, esposa de Audilio Rivera, asesinado en esa semana de abril, exigieron que el perdón debe ser simultáneo al relato de la verdad que hagan los victimarios. “Exigimos que sea el Presidente Santos y que sea a todas las víctimas, no solo a las 7 a las que nos pidió perdón el Ejército (son 21 familias). Además, que en ese mismo instante narren los hechos y se mencione a los cómplices de los victimarios”. En conclusión, Collazos dice: “perdón sí, pero no así”.

Seguidamente, le pidieron a la Unidad de Víctimas, que se haga efectiva la reparación colectiva para esas comunidades. “Reclamamos al Gobierno que haya restablecimiento en educación, salud, vivienda, vías, porque ni la vía nos pertenece. Es de un finquero que nos da permiso para pasar por ahí y poder entrar o salir de nuestro territorio. Todo eso es el resarcimiento que demandamos si queremos que haya una verdadera paz”.

Así fue el perdón del Ejército en 2015

Un día antes de que el Ejército le pidiera perdón por su responsabilidad en la masacre de El Naya, Luz Mary Guetio volvió a la floristería que frecuenta desde hace 14 años. Esa noche pidió un ramo de flores rojas y amarillas, con el que al día siguiente recordaría la memoria de su hermano de 16 años, Evelio Guetio Guejia, masacrado por los paramilitares del Bloque Calima en la semana santa de abril de 2001. Mientras escribían el nombre del difunto en una cintilla blanca, la mujer indígena contó que hace un mes, en esa misma casa de flores muertas, mandó a hacer la lápida de su sobrina, Ingrit Yaneri Guetio Güejía, la menor de 7 años que murió tras pisar un artefacto explosivo en 2014 en la vereda Aguaclara de Buenos Aires, norte del Cauca. La enterraron junto a su primo en la misma región de El Naya.

Para las víctimas, las tragedias del conflicto armado siguen presentes entre sus vidas. Hace un año, siete de las 21 familias víctimas se volvieron a encontrar en el municipio de Buenos Aires para hacer cumplir la sentencia con la que el juzgado octavo administrativo de Popayán ordenó al Ejército Nacional a repararlas y a pedirles perdón por la omisión que facilitó la incursión paramilitar y la masacre.

Durante la ceremonia, las palabras del comandante del Batallón Pichincha, Willian Suárez Correa, fueron cortas y dolorosas: “quisiera ofrecer mis sinceras disculpas y perdón por aquellas circunstancias que llevaron a que se causara tanto desconsuelo a seres queridos de los pobladores de la región del Alto Naya…Con esto queremos reconocer los errores cometidos por algunos malos procedimientos, que en algún momento mancillaron el buen nombre de todo el Ejército. Actos como los ocurridos en el mes de abril del año 2001 son inconcebibles”.

Pero este perdón para las víctimas fue a medias. No creen que haya nacido del corazón, porque está mediado por la decisión de un juez, porque la sentencia es de 2013 y se cumplió dos años después y porque la lucha jurídica fue por más de diez años. De hecho, en la sentencia la controversia que libró el Ministerio de Defensa fue tal, que al final las mismas pruebas que aportó comprobaron la hipótesis de la justicia.

“Las ordenes de operaciones que conformaron las pruebas del proceso, evidencian que con anterioridad a la fecha de la masacre de El Naya, las autoridades estaban alertadas sobre la posible ocurrencia de los hechos descritos, resaltando que la palabra masacre se menciona repetidamente en los informes del batallón, lo cual ameritaba una respuesta seria y oportuna”, resalta el fallo de la juez.

En un oficio del 2 de marzo de 2001, que envió el comandante de policía de Buenos Aires al comandante Distrito Dos de Santander de Quilichao, quedó consignado por qué las fuerzas militares sí sabían de la presencia de los paramilitares en la región: “al respecto informo, el fenómeno delincuencial en esta unidad a nivel de cabecera municipal, corregimientos y veredas, ha disminuido en gran magnitud, esto por la presión ejercida por los Grupos de Autodefensas Unidas de Colombia las cuales vienen ejecutando integrantes de pequeñas bandas delincuenciales”, dice la misiva.

Al frente de la tarima en la plaza principal de Buenos Aires estaba vestida de blanco y negro la mamá de Alexander Quina. Ya tiene 60 años, y antes de llegar a la ceremonia tuvo que ser canalizada para soportar el perdón de las fuerzas militares.

Como la familia Guetio, ella también tiene tragedias recientes. Cuando perdió a su hijo de 27 años, juró que no volvería al Naya, y así lo cumplió. Pero hace dos años tuvo que recordar que su hijo había muerto torturado y a merced de los animales que se lo fueron devorando antes de que Medicina Legal hiciera el levantamiento. Lo recordó al tener que reconocer a su hija Marta Cecilia, a quien encontraron con torturas en el cuello y un golpe en la frente en el baño de su casa.

Su hija de 44 años había enviado varias cartas a Justicia y Paz, para pedir que se esclareciera la verdad de la muerte de su hermano y para que le ayudaran con una vivienda que nunca tuvo. “La muerte de mi hija se comprobó que fue por asfixia mecánica, y que se dio después de que ella enviara en esas cartas su nombre, su cédula y su dirección para que alguien escuchara sus peticiones”, dice la madre.       

Durante la ceremonia de perdón el año pasado, ni siquiera aplaudieron las palabras del comandante del Batallón Pichincha, Willian Suárez. Su inconformismo era evidente: para ellos, fue un perdón incompleto porque no se convocó a todas las víctimas (sino a las siete que menciona la sentencia) y porque perdón sin verdad, es sentir el mismo vacío de haber tenido que enterrar a sus hijos o familiares, sin una oreja, sin un brazo o sin los ojos. 

La justicia también está en mora con estas víctimas. Han pasado 14 años y, según el abogado de la Asociación Minga, que representa a estas familias, hasta ahora han sido condenados 60 paramilitares que declararon su responsabilidad tras desmovilizarse y sólo están vinculados a la investigación el capitán (r) Mauricio Zambrano Castro, quien salpicó al entonces comandante del batallón Pichincha, Tony Alberto Vargas Petecua, porque supuestamente colaboraba con las Auc y les suministraba uniformes y armas.

Igualmente, es investigado el general (r) Francisco René Pedraza, excomandante de la tercera División del Ejército, quien amplió declaración el 9 de mayo del 2012 en un proceso que se abrió en el 2009 por homicidio agravado, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y terrorismo. El oficial estuvo detenido cuatro días en el 2009 por esa investigación. Finalmente, es investigada la señora Claudia Jaimes, esposa del cabo Antonio Castellanos, quien según un exparamilitar, entregó camuflados y chalecos directamente al comandante del Bloque Calima, Ever Veloza, alias "HH".

Al finalizar la ceremonia, Alberto Guetio y Licinia Collazos hablaron de sus seres queridos. Recordaron quiénes eran Evelio Guetio Guegia, Alexander Serna Quina, Audilio Rivera, Cayetano Cruz, Guillermo León Trujillo, Henry Aponzá y Wilson Casos Guetio. “Estoy aquí esta mañana para limpiar el nombre de nuestros familiares, para recordarle al Ejército Nacional, que ellos no eran guerrilleros, eran campesinos como nosotros”, mencionó Alberto Guetio.

Seguidamente, habló Licinia Collazos. Dijo que en ese acto de perdón quiso ver a todas las víctimas para empezar a cicatrizar las heridas: “no espero desfallecer nunca, quiero ver ese perdón en cada territorio, en el sitio donde nosotros nos encontramos (resguardo indígena de Kitek Kiwe en Timbío), un sitio donde en la actualidad no hay agua, ni energía, porque nos tocó abandonar el que tenía abundantes ríos y quebradas”.

Al concluir la ceremonia, las familias se dirigieron a la vía que conduce al cementerio de Buenos Aires. Allí se tomaron la foto del recuerdo y cada una sembró un árbol. Un año después, siguen sin perdonar y esperan una respuestas más contundente por parte del Estado. 

*@eabolanos

Mientras en Cuba se concreta cómo los actores armados pedirán perdón a sus víctimas y contarán la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado, en Colombia un puñado de familias víctimas de la masacre de El Naya, perpetrada en 2001 por hombres de Hebert Veloza, alias "HH", jefe de los paramilitares del Bloque Calima, rechazaron en la Unidad de Víctimas el perdón que les había pedido el Ejército, pues adujeron que no fue sincero y que no se hizo con todos los afectados. Además, pidieron que lo haga el presidente Juan Manuel Santos y en sus propios territorios.

Pero la cosa va más allá. Víctimas como Licinia Collazos, esposa de Audilio Rivera, asesinado en esa semana de abril, exigieron que el perdón debe ser simultáneo al relato de la verdad que hagan los victimarios. “Exigimos que sea el Presidente Santos y que sea a todas las víctimas, no solo a las 7 a las que nos pidió perdón el Ejército (son 21 familias). Además, que en ese mismo instante narren los hechos y se mencione a los cómplices de los victimarios”. En conclusión, Collazos dice: “perdón sí, pero no así”.

Seguidamente, le pidieron a la Unidad de Víctimas, que se haga efectiva la reparación colectiva para esas comunidades. “Reclamamos al Gobierno que haya restablecimiento en educación, salud, vivienda, vías, porque ni la vía nos pertenece. Es de un finquero que nos da permiso para pasar por ahí y poder entrar o salir de nuestro territorio. Todo eso es el resarcimiento que demandamos si queremos que haya una verdadera paz”.

Así fue el perdón del Ejército en 2015

Un día antes de que el Ejército le pidiera perdón por su responsabilidad en la masacre de El Naya, Luz Mary Guetio volvió a la floristería que frecuenta desde hace 14 años. Esa noche pidió un ramo de flores rojas y amarillas, con el que al día siguiente recordaría la memoria de su hermano de 16 años, Evelio Guetio Guejia, masacrado por los paramilitares del Bloque Calima en la semana santa de abril de 2001. Mientras escribían el nombre del difunto en una cintilla blanca, la mujer indígena contó que hace un mes, en esa misma casa de flores muertas, mandó a hacer la lápida de su sobrina, Ingrit Yaneri Guetio Güejía, la menor de 7 años que murió tras pisar un artefacto explosivo en 2014 en la vereda Aguaclara de Buenos Aires, norte del Cauca. La enterraron junto a su primo en la misma región de El Naya.

Para las víctimas, las tragedias del conflicto armado siguen presentes entre sus vidas. Hace un año, siete de las 21 familias víctimas se volvieron a encontrar en el municipio de Buenos Aires para hacer cumplir la sentencia con la que el juzgado octavo administrativo de Popayán ordenó al Ejército Nacional a repararlas y a pedirles perdón por la omisión que facilitó la incursión paramilitar y la masacre.

Durante la ceremonia, las palabras del comandante del Batallón Pichincha, Willian Suárez Correa, fueron cortas y dolorosas: “quisiera ofrecer mis sinceras disculpas y perdón por aquellas circunstancias que llevaron a que se causara tanto desconsuelo a seres queridos de los pobladores de la región del Alto Naya…Con esto queremos reconocer los errores cometidos por algunos malos procedimientos, que en algún momento mancillaron el buen nombre de todo el Ejército. Actos como los ocurridos en el mes de abril del año 2001 son inconcebibles”.

Pero este perdón para las víctimas fue a medias. No creen que haya nacido del corazón, porque está mediado por la decisión de un juez, porque la sentencia es de 2013 y se cumplió dos años después y porque la lucha jurídica fue por más de diez años. De hecho, en la sentencia la controversia que libró el Ministerio de Defensa fue tal, que al final las mismas pruebas que aportó comprobaron la hipótesis de la justicia.

“Las ordenes de operaciones que conformaron las pruebas del proceso, evidencian que con anterioridad a la fecha de la masacre de El Naya, las autoridades estaban alertadas sobre la posible ocurrencia de los hechos descritos, resaltando que la palabra masacre se menciona repetidamente en los informes del batallón, lo cual ameritaba una respuesta seria y oportuna”, resalta el fallo de la juez.

En un oficio del 2 de marzo de 2001, que envió el comandante de policía de Buenos Aires al comandante Distrito Dos de Santander de Quilichao, quedó consignado por qué las fuerzas militares sí sabían de la presencia de los paramilitares en la región: “al respecto informo, el fenómeno delincuencial en esta unidad a nivel de cabecera municipal, corregimientos y veredas, ha disminuido en gran magnitud, esto por la presión ejercida por los Grupos de Autodefensas Unidas de Colombia las cuales vienen ejecutando integrantes de pequeñas bandas delincuenciales”, dice la misiva.

Al frente de la tarima en la plaza principal de Buenos Aires estaba vestida de blanco y negro la mamá de Alexander Quina. Ya tiene 60 años, y antes de llegar a la ceremonia tuvo que ser canalizada para soportar el perdón de las fuerzas militares.

Como la familia Guetio, ella también tiene tragedias recientes. Cuando perdió a su hijo de 27 años, juró que no volvería al Naya, y así lo cumplió. Pero hace dos años tuvo que recordar que su hijo había muerto torturado y a merced de los animales que se lo fueron devorando antes de que Medicina Legal hiciera el levantamiento. Lo recordó al tener que reconocer a su hija Marta Cecilia, a quien encontraron con torturas en el cuello y un golpe en la frente en el baño de su casa.

Su hija de 44 años había enviado varias cartas a Justicia y Paz, para pedir que se esclareciera la verdad de la muerte de su hermano y para que le ayudaran con una vivienda que nunca tuvo. “La muerte de mi hija se comprobó que fue por asfixia mecánica, y que se dio después de que ella enviara en esas cartas su nombre, su cédula y su dirección para que alguien escuchara sus peticiones”, dice la madre.       

Durante la ceremonia de perdón el año pasado, ni siquiera aplaudieron las palabras del comandante del Batallón Pichincha, Willian Suárez. Su inconformismo era evidente: para ellos, fue un perdón incompleto porque no se convocó a todas las víctimas (sino a las siete que menciona la sentencia) y porque perdón sin verdad, es sentir el mismo vacío de haber tenido que enterrar a sus hijos o familiares, sin una oreja, sin un brazo o sin los ojos. 

La justicia también está en mora con estas víctimas. Han pasado 14 años y, según el abogado de la Asociación Minga, que representa a estas familias, hasta ahora han sido condenados 60 paramilitares que declararon su responsabilidad tras desmovilizarse y sólo están vinculados a la investigación el capitán (r) Mauricio Zambrano Castro, quien salpicó al entonces comandante del batallón Pichincha, Tony Alberto Vargas Petecua, porque supuestamente colaboraba con las Auc y les suministraba uniformes y armas.

Igualmente, es investigado el general (r) Francisco René Pedraza, excomandante de la tercera División del Ejército, quien amplió declaración el 9 de mayo del 2012 en un proceso que se abrió en el 2009 por homicidio agravado, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y terrorismo. El oficial estuvo detenido cuatro días en el 2009 por esa investigación. Finalmente, es investigada la señora Claudia Jaimes, esposa del cabo Antonio Castellanos, quien según un exparamilitar, entregó camuflados y chalecos directamente al comandante del Bloque Calima, Ever Veloza, alias "HH".

Al finalizar la ceremonia, Alberto Guetio y Licinia Collazos hablaron de sus seres queridos. Recordaron quiénes eran Evelio Guetio Guegia, Alexander Serna Quina, Audilio Rivera, Cayetano Cruz, Guillermo León Trujillo, Henry Aponzá y Wilson Casos Guetio. “Estoy aquí esta mañana para limpiar el nombre de nuestros familiares, para recordarle al Ejército Nacional, que ellos no eran guerrilleros, eran campesinos como nosotros”, mencionó Alberto Guetio.

Seguidamente, habló Licinia Collazos. Dijo que en ese acto de perdón quiso ver a todas las víctimas para empezar a cicatrizar las heridas: “no espero desfallecer nunca, quiero ver ese perdón en cada territorio, en el sitio donde nosotros nos encontramos (resguardo indígena de Kitek Kiwe en Timbío), un sitio donde en la actualidad no hay agua, ni energía, porque nos tocó abandonar el que tenía abundantes ríos y quebradas”.

Al concluir la ceremonia, las familias se dirigieron a la vía que conduce al cementerio de Buenos Aires. Allí se tomaron la foto del recuerdo y cada una sembró un árbol. Un año después, siguen sin perdonar y esperan una respuestas más contundente por parte del Estado. 

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