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Este 23 de septiembre, por primera vez, miembros de la cúpula de las Farc como Rodrigo Londoño o Pastor Álape, se sentaron ante un tribunal para responder por la decisión de la exguerrilla de secuestrar civiles y su responsabilidad en su cautiverio, muertes o desapariciones.
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Lo que sucedió ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este lunes fue la “primera entrega parcial” a los magistrados por parte de la exguerrilla de tres informes y tres cds para continuar avanzando en el caso 001, sobre retenciones ilegales. En estos documentos debían responder a un temario. “Se espera una descripción detallada de cómo se adoptó dentro de la guerrilla la decisión de retener civiles, cuál era su finalidad, a qué tipos de personas se secuestró y en qué regiones; cuáles fueron las órdenes respecto al trato, cuál fue el total de la financiación que recibieron por los secuestros y cuál es el paradero de las personas desaparecidas”, aseveró la magistrada Julieta Lemaitre al comienzo de la versión colectiva.
Rodrigo Londoño, actual dirigente del partido político de las Farc, y Pastor Alape, declararon antes de la entrega de los informes que su presencia ante la JEP es un compromiso con la verdad y reparación hacia las víctimas y la construcción de paz en Colombia.
“Reconocemos la existencia de retenciones ilegales llevadas a cabo por nuestra organización y asumimos nuestra responsabilidad. Este es un primer aporte colectivo”, aseguró Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como "Timochenko". También pidió perdón a las víctimas, en nombre de la organización.
Según Londoño, los informes son un relato resumido de los orígenes de la organización y los principios organizativos y normativos de las Farc que guiaron su actuar militar. “Las Farc aprobamos las leyes 002 y 003 que dieron forma a la política de retenciones. Buscaban minimizar las retenciones en la guerrilla, pero por las dinámicas de la guerra y nuestra condición de ejército irregular, nos impidió, en muchos casos, que estas normas se cumplieran”.
También afirmó que la decisión dentro de la guerrilla de retener figuras políticas se dio por la “situación de franca desventaja militar” en la que se encontró la guerrilla frente al Ejército durante los años de guerra.
Los informes no contienen casos individuales, sino que explican, por ejemplo, las condiciones en las que vivían las personas detenidas por la organización.
Según la magistrada Lemaitre, la tarea de la Sala desde ahora será revisar estos informes y contrastarlos con las versiones voluntarias individuales, los documentos de la Fiscalía y aportes de las víctimas y organizaciones de derechos humanos. “Si hay contradicciones haremos una ampliación de las versiones y pediremos pruebas”, añadió.
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Los excombatientes que participaron en la versión colectiva fueron:
Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Jaime Parra, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Luis Óscar Úsuga, Jesús Mario Arenas, Juan H. Cabrera, Milton de Jesús Toncel y Abelardo Caicedo.
Casos de desaparición tras el cautiverio
Mónica Cifuentes, procuradora delegada ante la JEP y representante de las víctimas, afirmó durante la versión colectiva que espera que estos informes den respuesta en detalle a las inquietudes de las víctimas sobre el tiempo, modo y lugar de los hechos, así como las experiencias de vida de quienes murieron en cautiverio y el paradero de los desaparecidos tras el secuestros.
De igual manera, le expresó a los exmiembros de las Farc y a los magistrados de la Sala de Reconocimiento que el Ministerio ha recogido información de por lo menos 522 casos de personas que murieron en cautiverio y de las cuales no se conoce su ubicación, por ende, sus cuerpos no se han podido entregar a sus familias. Le entregó a la Sala este informe y le pidió a los presentes trabajar en conjunto para ubicar el paradero de estas personas, recuperar sus cuerpos y hacer una entrega digna de los cuerpos.
Los excomandantes de las Farc manifestaron que ya vienen haciendo un trabajo para la ubicación e identificación de víctimas civiles, excombatientes, militares, y paramilitares que murieron en combates o después de un secuestro. Para eso crearon la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, que a la fecha ha entregado información sobre 354 casos a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Se comprometieron a seguir colaborando con la recolección de información desde los territorios.
Por parte de la JEP, la magistrada Lemaitre señaló que están trabajando con la UBPD para la ubicación de estos 522 casos, aproximadamente. Sin embargo, manifestó que esta labor enfrenta una gran dificultad y es encontrar información más detallada de estas personas y los posibles lugares donde estarían. Por ahora, aseguró, hay información más detallada de 48 personas con las cuales se está comenzando esta labor con la UBPD.