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En las últimas dos semanas Iván Márquez y Henry Castellanos Garzón, conocido como ‘Romaña’, han sido noticia por cuenta de sus incumplimientos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aquí les vamos a explicar cómo han incumplido y cuáles son las consecuencias de esto.
¿En que han fallado?
Los magistrados los han citado dos veces para que den su versión sobre los delitos de desaparición y homicidio, vinculados al caso sobre los secuestros cometidos por la guerrilla de las Farc en el conflicto armado. Y las dos veces han fallado.
Los dos han argumentado, a través de sus abogados, que no hay medidas de seguridad para que puedan asistir.
Por eso, la Sala de Reconocimiento de la JEP les abrió un incidente de verificación tanto a Iván Márquez, como Henry Castellanos Garzón, de quienes hoy se desconoce su paradero.
Pero primero lo primero, ¿qué es lo que están verificando?
Todo esto comenzó cuando firmaron el Acuerdo de Paz. En ese momento, a los exguerrilleros de las Farc les otorgaron varios beneficios y garantías. Algunos de estos se trataban de amnistías por delitos políticos o una renta básica mensual del 90% de un salario mínimo. Otro fue el poder ser juzgados por una justicia restaurativa (La JEP), con sanciones que no necesariamente se debían cumplir en una cárcel, entre otros.
Sin embargo, esos beneficios no se dan así no más y tampoco son automáticos.
Los excombatientes tienen que cumplir con una serie de obligaciones: dejar las armas, ir a las citaciones que les impongan los magistrados de la JEP, contar la verdad de los hechos ocurridos en la guerra, reparar a las víctimas y garantizar que no vayan a cometer delitos de nuevo.
Exacto, todo eso lo tienen que verificar los magistrados de la JEP para que los excombatientes continúen teniendo los beneficios.
Ahora, ¿qué sucede si no cumplen con esa lista de obligaciones?
Pues los magistrados abren un proceso investigativo para examinar los comportamientos de quienes se acogen a esta justicia, ya sean guerrilleros o militares. Y, ahí sí, verificar si están o no incumpliendo con lo que se comprometieron a realizar.
Esto se conoce como el incidente de verificación de incumplimiento.
Sí, revisan punto a punto si están cumpliendo con su tarea. Es decir: si están contando lo que saben, si están yendo a rendir las versiones, si entregan informes, si continúan su proceso de reincorporación y si están planeando la reparación a sus víctimas.
¿Y cómo pueden constatar todo eso?
Aquí viene un proceso que incluye a varias entidades estatales, audiencias, prácticas de pruebas y cosas varias.
Primero, los magistrados les piden a las entidades del gobierno y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición información sobre las acciones del excombatiente. Por ejemplo, le pueden pedir a la Fiscalía o al Ministerio de Defensa investigaciones que revelen si la persona está delinquiendo de nuevo.
Segundo, citan a una audiencia. En ella escuchan al excombatiente y a su abogado, quienes deben explicar por qué no han cumplido con sus compromisos adquiridos. También va la Procuraduría, entidad que debe entregar su análisis sobre el caso.
En esa diligencia los magistrados imponen una sanción, en caso de que se confirme que están incumpliendo los acuerdos con esta justicia.
¿Los sacan de la JEP?
No. Hay un principio que tiene esta justicia y es que las sanciones deben imponerse de una manera gradual y proporcional al incumplimiento. Eso quiere decir que a los excombatientes no los expulsan por la primera falla.
Por ejemplo, Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, conocido como ‘El Paisa’ no asistió a las audiencias por el caso de secuestro. Tampoco presentó informes y jamás informó sobre su paradero.
Por eso la JEP decidió quitarle el beneficio de la libertad condicional, la renta mensual y la posibilidad de no ir a la cárcel.
Aunque pidieron de inmediato su captura, no lo expulsaron, porque no hay pruebas de que está delinquiendo otra vez, que sería la falta más grave.
¿Por qué es tan importante el incidente de verificación de incumplimiento?
Porque con él, los exguerrilleros y los militares no pueden hacer lo que se les dé la gana. No se trata de acogerse a la JEP y luego no responder. Los magistrados deben hacer cumplir los acuerdos, pues lo más importante es cuidar los derechos de las víctimas.
Sí, el derecho a saber la verdad que tienen en sus manos los actores del conflicto armado y a ser reparadas. Si los excombatientes cumplen, ellas serán las más beneficiadas.