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Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), habla de la importancia de los avances de la JEP en su investigación en el Caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate o “falsos positivos”, y resalta que el Tribunal de Paz esté dejando atrás los años de impunidad de estos crímenes.
¿Por qué es tan importante esta priorización de la JEP?
Un delito tan masivo y sistemático requiere que la JEP concentre su capacidad investigativa en las unidades militares, lugares y periodos en los que con mayor intensidad se presentaron los hechos punibles y se verificaron los patrones asociados a los mismos. De este modo se apunta a los máximos responsables, comenzando por la base local. Esta priorización es importante porque permite extender el alcance de la investigación a nuevas zonas en donde se cometieron estos crímenes, todo ello con el fin de tener una visión más comprensiva del fenómeno. Una vez se tenga todo el análisis completo se podrá tener una dimensión completa de lo sucedido y se podrán adoptar las decisiones correspondientes.
¿Cómo se estimó la cifra? Sabemos que fue un cruce de base de datos, pero ¿cómo se confirmó cada caso?
La Sala de Reconocimiento hace un estudio de toda la información proveniente de la Fiscalía General de la Nación y la cruza con la de las organizaciones de víctimas. A partir de ello la contrasta con los comparecientes en sus versiones voluntarias y con otros elementos de pruebas adicionales, incluidas las revelaciones de personas que tomaron parte en los hechos.
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Aunque apenas es una priorización, las víctimas se preguntan cuándo se hará la imputación formal.
Lo que viene ahora es la práctica de las versiones voluntarias que faltan, y sobre esa base continua el proceso de sistematización y de observaciones de las víctimas, para proceder a dictar el auto de determinación de hechos y conductas con el que hace la calificación jurídica correspondiente y se imputa a quienes se identifican como máximos responsables.
Los magistrados de la Sala de Reconocimiento acaban de hacer lo que ninguna otra entidad había hecho hasta ahora: reconocer las cifras que las organizaciones sociales habían recolectado. Aunque no pueden lanzar juicios por ahora, ¿qué conclusiones puede resaltar de esa primera fase de investigación?
El resultado es muy positivo: los más graves crímines no quedarán impunes. La ciudadanía está viendo el trabajo de la JEP, comprendiendo su misión y, sobre todo, su papel en la consolidación de la paz con verdad en Colombia. Pero además está viendo que, como lo dijo la comisionada de la ONU para los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, la JEP es un instrumento importante en la lucha contra la impunidad en Colombia.
¿Por qué la JEP decidió estudiar este caso desde los soldados hasta los generales?
Es una estrategia de investigación. Recoge primero evidencia de los autores materiales de la conducta y poco a poco va determinando la cadena de mando, si hubo órdenes y hasta dónde llegaron.
Las víctimas temen que corra el tiempo y no se investigue a fondo lo que hicieron los altos mandos y solo se quede la investigación en mandos medios.
La JEP está dispuesta y está trabajando para llegar al fondo de lo ocurrido. Pero para lograrlo debe contar con el apoyo del Estado y que le dejen hacer su trabajo sin obstáculos. La comunidad internacional tiene los ojos puestos sobre el país y sabe que la jurisdicción especial es uno de los pilares sobre los cuales se fundamenta la paz de Colombia, pues la verdad que va a entregar va a permitir atribuir responsabilidades y adoptar las reformas necesarias. El camino de la justicia y la verdad es también el camino de la reconciliación. Eso ya comienza a comprenderse mejor.
¿Cree usted que la cifra aumentará con la verdad que digan los militares?
No se trata de si aumenta o no la cifra, sino de que sea precisa y esté bien fundamentada y sustentada probatoriamente. Nuestro trabajo es de una precisión extrema. Cada pieza debe estar bien colocada y bien atada. Nos recuerda, si me permite, a Baruch Spinoza y su trabajo como pulidor de vidrios ópticos. Así como su filosofía permitía una visión mejor de la existencia humana, nuestro trabajo de pulidores va a permitir una mejor comprensión de las dinámicas criminales que se dieron en el conflicto colombiano. Más que el horror frente a la cifra de atrocidades, es el sufrimiento infinito de las víctimas la que debe obligar a dar una viraje como sociedad y esto aplica a las instituciones y, no en menor medida, a la sociedad misma y a sus resortes éticos.
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¿Por qué las versiones de los militares no son públicas, como lo han hecho ya los exFarc en los casos de reclutamiento o del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado?
La publicidad es la regla general en la jurisdicción especial. Sin embargo, se puede limitar o aplazar si la Sala considera que existen razones para ello. En el caso de Álvaro Gómez la Sala ha considerado importante que las diligencias sean públicas y que se transmitan via streaming. La Sala no está obligada a transmitir las audiencias, pero puede decidir hacerlo. En otros casos lo que se hace es que se toma la versión voluntaria y en el transcurso de ella la Sala decide si hay piezas que puedan ser objeto de reserva, entre otras razones, para asegurar en muchos casos la vida de las personas. Pero, como lo sostuvo la Sección de Apelación, para limitar la publicidad de las diligencias se deben dar muy buenas razones.
¿Podría la JEP llamar a declarar a otros comandantes de las Fuerzas Militares, ministros o expresidentes, aunque no estén sometidos ante este tribunal?
La Sala puede llamar a testificar a las personas que conozcan de los hechos y a comparecer a quienes hayan tomado parte en ellos, siempre que sean personas que caen bajo nuestra jurisdicción. No hay más limitaciones que las que imponen la Constitución y la ley.
En muchos casos esos crímenes de falsos positivos fueron cometidos en conjunto con los paramilitares, sobre todo en Casanare y Meta, ¿los tendrá en cuenta la JEP en su caso 03, teniendo en cuenta que podrían aportar una verdad que esclarezca lo que sucedió en este fenómeno?
La Sala viene estudiando todo lo relativo a los autores de la conducta, pero también se ocupa de los colaboradores hayan sido o no integrantes de los grupos paramilitares. En su momento se ocupará de estos terceros y adoptará las decisiones que correspondan.
¿Qué acciones ha tomado la JEP tras enterarse, según denuncias de sus comparecientes, que se les ha pedido a algunos militares cambiar sus versiones sobre este crimen?
La JEP ha pedido que se investigue a todas aquellas personas que pudieran afectar la integridad del proceso transicional. Dentro del trámite se pueden adoptar medidas de corrección, pero ante indicios de fraude se les comunica a las autoridades correspondientes. Pero también estamos trabajando en un proceso de pedagogía del funcionamiento de la JEP. Los comparecientes deben entender que la JEP es un espacio procesal en el cual deben contribuir con la verdad para acceder a los beneficios del sistema. Claramente quienes no reconozcan responsabilidad o aporten a la verdad exhaustiva, como lo señala la Constitución, se exponen a sanciones de prisión hasta de 20 años si más adelante en el procedimiento adversarial son encontrados culpables. Tenemos suficientes mecanismos para hacerle frente a tretas y estratagemas que no se concilian con el espiritu de la justicia que imparte la JEP y necesita el país.
El general Mario Montoya ha decidido guardar silencio en sus versiones. ¿Hasta cuándo podrá darse esa licencia en el Tribunal?
El comportamiento de los comparecientes, de colaboración o de resistencia, tiene que ser analizado por la Sala y adoptar las medidas correspondientes. Pero esta es una competencia de la Sala que puede ejercer teniendo en cuenta las pruebas existentes.
¿Cuál cree que fue el error de la justicia ordinaria para no entender la magnitud de este fenómeno macrocriminal?
Yo creo que la lógica del caso a caso impide ver la magnitud del fenómeno y las conexiones entre diferentes actores y regiones. El modelo investigativo de la JEP le permite encontrar esas conexiones y presentar la gravedad de lo ocurrido. Pero por eso existe esta institución, para hacer justicia en donde, por diversas razones, la justicia ordinaria no pudo llegar.
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¿Qué opina usted de la respuesta del expresidente Álvaro Uribe y el último pronunciamiento del general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército? Uno dice que la consolidación de las cifras está manipulada porque viene de organizaciones enemigas de su gobierno y el otro publicó en sus redes sociales un mensaje alentando a sus soldados de los “ataques de las víboras”.
Es importante que todos los actores del Estado respeten no solamente la autonomía sino la majestad de la justicia. Quien ataque a las instituciones de justicia del Estado colombiano deberá responder ante las autoridades competentes. No nos corresponde salir a contestar afirmaciones que no entendemos como ataques a nuestra labor. Las conclusiones que hace la JEP en los casos de su competencia no son apresuradas, sino el resultado de un proceso cuidadoso de análisis y contrastación, con otras pruebas, pero también, y esto es importante destacarlo, con los comparecientes, que en muchos casos han aportado verdad y han confesado la comisión de estos delitos. Debe entenderse que la función de la JEP no es atacar o favorecer a ninguna institución del Estado, sino dar cuenta de la verdad de lo sucedido para que se adopten las medidas correspondientes de modo que estos crímenes no se repitan. El gobierno colombiano destacó, en la audiencia por el caso de la UP ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el trabajo que viene realizando la JEP y mostró su importancia y valor como garante de los derechos de las victimas y como instrumento de lucha contra la impunidad.