La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó la semana pasada a 10 exmandos medios de las FARC que fueron responsables directos de perpetrar secuestros durante el conflicto armado en Tolima, Huila y Quindío.
A lo largo de varios folios, diligencias judiciales, testimonios, algunas verdades a medias y un sinfín de conductas criminales que tuvieron estas personas durante la guerra, se ha dificultado un poco el hecho de humanizar, mostrar identidades y hablar de los antecedentes de estas personas para darles la cara a sus víctimas con el ánimo de no repetir nunca más lo que hicieron.
Esta decisión de la justicia transicional marcó un precedente porque además de tocar algunas cuestiones de fondo del macrocaso 01 de la JEP (secuestro), es la primera vez que un auto con decisiones tan concretas se centra en exguerrilleros que no fueron parte del secretariado de esa exguerrilla, sino en mandos medios, comandantes cuyos frentes fueron responsables de que las privaciones de libertad y toma de rehenes se convirtieron en un negocio lucrativo para financiar la guerra de este grupo armado en casi todo el país.
Concretamente, la decisión judicial abarca a 10 antiguos integrantes de Comando Conjunto Central (CCC) guerrillero que tendrán que responder por los delitos de secuestro, asesinato, desaparición forzada, entre otros ocurridos en esos tres departamentos.
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Los guerrilleros que serán imputados por la JEP son: Luis Eduardo Rayo, Marlon; Enoc Capera Trujillo, Giovanni; Jhon Jairo Oliveros Grisales, Armando Pipas; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Gonzalo; Édgar Ramírez Medina, Onofre Camargo; Víctor Hugo Silva, Erick o el Chivo, Raúl Agudelo, Olivo Saldaña y Wilson Ramírez Guzmán, conocido como Teófilo.
Los ocho son máximos responsables por su liderazgo. Ostentaron el mando sobre seis frentes, tres columnas y tres compañías, además de las comisiones Financiera Manuelita Sáenz y Política René González.
¿Quiénes son los imputados?
Raúl Agudelo Medina
Conocido en la guerra como Olivo Saldaña, perteneció al Bloque Central de las FARC donde cometió todo tipo de delitos: secuestró por negocio, extorsionó, torturó rehenes y lideró operaciones militares en el norte del Tolima.
En 2004 huyó de las FARC con parte de los dineros que esa extinta guerrilla había obtenido a punta de extorsiones. Como tercer comandante del frente 21 y segundo comandante de la Comisión Financiera Manuelita Sáenz (estructura económico-militar creada por Alfonso Cano para manejar finanzas de la guerrilla y administrar dineros de, por ejemplo, secuestros extorsivos) supo de primera mano cómo se tenían que mover las FARC para lograr viabilidad financiera. Era para ese grupo armado el gran financista.
Como reza el Auto 01 de 2023 de la JEP, Agudelo era una figura clave para las cuentas de la guerrilla y tenía solvencia para entender la estrategia militar que llevó a las FARC a la comisión de innumerables crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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“Además de conocer la relación de la política financiera con la práctica de secuestros, participó de manera directa y a través de otros miembros de la estructura guerrillera, en su mayoría milicianos que seguían sus órdenes, en las distintas fases de la división del trabajo criminal y en ejecución de los secuestros en labores de inteligencia financiera. Para ello, Raúl Agudelo Medina estableció vínculos con grupos de delincuencia común y ejecutó acciones conjuntas con otras estructuras guerrilleras, hizo parte de la comisión de cuido de algunas personas secuestradas, estuvo al tanto de cuestiones logísticas para la ejecución de las acciones y el abastecimiento de las comisiones”, agrega el auto.
Estando en manos del Ejército, fuerza que lo capturó cuando dejó las filas de las FARC hace 19 años, comenzó a arrojar pistas para dar con más combatientes de la guerrilla. Según un informe oficial, los aportes de Agudelo permitieron el paradero de al menos 70 personas alzadas en armas.
Algunos se entregaron y otros fueron capturados entre 2004 y 2006. La carga de pruebas contra Agudelo, a raíz del testimonio de víctimas, lo llevaron a esta imputación en el que la JEP lo insta a profundizar “en las circunstancias concretas de manera de estos hechos, incluyendo el nombre de quienes los cometieron como autores directos, su relación con la organización armada, el conocimiento que como mando del Frente 21 tuvo de la situación”, dice el auto.
Luis Eduardo Rayo
En los episodios de entregas y capturas que protagonizó Agudelo Medina quedó otro actor de reparto. Un hombre escurridizo para la justicia, a quien la fuerza pública pensó que tenía en el radar y nunca apareció: Luis Eduardo Rayo, Marlon.
De acuerdo con la JEP, Rayo fue uno de los 47 exmandos de FARC llamados por la Sala de Reconocimiento de esa jurisdicción para rendir versión por reclutamiento y utilización de niños y niñas en las filas de las FARC. Desde ese momento, la justicia transicional le siguió la pista de lleno junto a otros tres de los imputados por secuestro en el auto 01 (John Jairo Oliveros, Enoc Capera y Raúl Agudelo). Allí habló de su participación en crímenes relacionados con el caso 07 (Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado) y fue vinculado con casos de privaciones graves de libertad.
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Rayo es conocido también en los tribunales de justicia ordinaria porque habría estado vinculado en el asesinato de Elizabeth Obando Murcia, vendedora del diario “El Nuevo Día” en 2002. Ese caso no se esclareció en segunda instancia dentro del Tribunal Superior de Ibagué y el excomandante del frente 21 de las FARC quedó absuelto.
Ante los casos de secuestro, Rayo fue conocido en las filas de la guerrilla como un estratega en el rapto de militares y policías. En referencia a esto, el auto 01 describe que “el compareciente (Marlon) tomó decisiones operativas para privarlos de la libertad con el fin de forzar el intercambio de guerrilleros presos, cumpliendo un rol esencial del plan criminal establecido por la antigua guerrilla”. Y que si bien las pruebas llegaron desde fuentes que no son víctimas acreditadas, es obligación del exmando contar al detalle su conducta frente a estas situaciones.
Enoc Capera Trujillo
Otro nombre que retumba dentro de los imputados por la justicia transicional es el de Enoc Capera Trujillo, reseñado por este medio por participar, entre otros hechos, en el secuestro de los hermanos Varón Herrán (menores de edad al momento de los hechos, en el año 2000), cuando iban a su colegio en una vía tolimense.
Este histórico comandante del Frente 21 de las FARC, formado en las comisiones de finanzas de la guerrilla, ha sido uno de los que más ha aportado ante los tribunales sobre su responsabilidad en hechos de secuestro.
Como señala la JEP, “Capera Trujillo hizo aportes esenciales para la privación de la libertad de alcaldes municipales en el Tolima implementando la decisión de la dirigencia nacional de las FARC en la operación ‘Despedida a Ernesto Samper’. Así, el compareciente concurrió para la realización material de las privaciones de la libertad, por medio de la división del trabajo o reparto de funciones y realizando una contribución trascendente en las fases de preparación o ejecución de la conducta penal”.
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John Jairo Oliveros
El último comandante del frente 21, antes de la firma del Teatro Colón, fue John Jairo Oliveros, conocido con el nombre de guerra de Armando Pipas. Vinculado con filas tolimenses de las FARC desde 2006, este hombre es uno de los comparecientes mejor estudiados por la JEP.
Tras años de audiencias, cotejo pruebas con testimonios de víctimas y revisiones judiciales, este exmando llegó a ser imputado por “el crimen de guerra de homicidio y el crimen de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. En cuanto coautor cumplió el rol esencial de liderazgo para materializar las políticas de secuestro de la organización armada, determinadas en el Auto No. 19 de 2021, y que incluían la posibilidad de asesinar a las víctimas, como también se determinó en el Auto No. 19. Por lo tanto, también es coautor del crimen de guerra de homicidio y de lesa humanidad de asesinato”, como dicta la justicia transicional.
Contrario a sus otros excompañeros de filas ya mencionados en esta nota, Oliveros es el único que tiene una solicitud expresa y específica por aportes a la verdad. Mireya Argenis Tovar, familiar de una persona secuestrada por el frente 21, bajo la directriz de Oliveros, le aseguró a la Sala de Reconocimiento de la JEP que no ha tenido acceso a relatos plenos de este excomandante.
El excomandante del frente 25 de las FARC, entre 2008 y 2010, fue Nelson Antonio Jiménez. Con el nombre de guerra de Gonzalo, este excombatiente se caracterizó por mover las finanzas de sus filas.
En marzo de 2012, Jiménez y otros seis guerrilleros de la época se vieron las caras con la justicia ordinaria tras ser capturados luego de jugar un partido de fútbol en una finca ubicada en el norte del Huila.
Fungió como figura de gestor de paz, lo que le otorgó la libertad y desde sus aportes testimoniales ayudó a entender cómo funcionaban las finanzas y los hilos de poder intrafilas en el Comando Conjunto Central. Explicó cómo funcionaban las “operaciones de canje” -como lo documentó la JEP- y otras conductas criminales.
En la JEP sus verdades han sido a medias. Si bien ha dado relatos sobre modos de operar, la jurisdicción transicional indicó que sobre hechos específicos el hombre no dio mayores detalles a decir que “muchas veces las milicias eran responsables de los secuestros y eso sobrepasaba mis labores como mando de frente”.
Wilson Ramírez Guzmán
Otro de los imputados por la JEP sobre los cuales pesa documentación en distintos estrados judiciales es Wilson Ramírez Guzmán, conocido en las filas de las FARC como Teófilo González. Esta persona se desempeñó como comandante de la Compañía ‘Alfredo González’ entre 2002 y 2012, y posteriormente fue el comandante de la columna Héroes de Marquetalia, entre 2012 y 2014. Este último brazo armado fue, por ejemplo, el perpetrados de los desplazamientos forzados en Puerto Saldaña (jurisdicción de Rioblanco), en el año 2000.
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En 2007, la Fiscalía General de la Nación ofreció $30 millones por su captura, al ser señalado de cometer actos de rebelión y concierto para delinquir con fines terroristas, pues la ‘Alfredo González’ se caracterizó en la guerra por ser una de las facciones de las FARC en el centro del país que más preparaba explosivistas. En la mira, los hombres de Ramírez Guzmán siempre tuvieron los enfrentamientos con la Brigada 8 del Ejército Nacional.
Fue en el posconflicto que la justicia determinó la importancia de esta persona en secuestros que se realizaban en los límites entre Tolima y Huila. De acuerdo con el auto 01 del 2023 de la JEP, este compareciente imputado “cumplió un rol esencial para la planeación y materialización de estos crímenes de acuerdo al plan (sic.) común de hacerlo en los términos descritos a lo largo de este Auto, para materializar las políticas de secuestro de la organización armada, determinadas en el Auto No. 19 de 2021, y que incluían la decisión de asesinar a las víctimas”.
Los otros imputados
Édgar Ramírez Medina, Onofre Camargo; Víctor Hugo Silva, Chivo; Álvaro Henner López, Jhon Jairo Paz; y Gustavo Bocanegra, Donald, son los otros cuatro exmandos medios de las FARC que completan la lista de imputados. En el caso de los últimos dos como máximos responsables del extinto Frente Tulio Varón.
Si bien su información es menos detallada que el de los otros comparecientes referenciados en este artículo, su accionar no fue menos grave. Siguiendo el auto de la JEP, ellos fueron responsables directos de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la realización de conductas criminales relacionadas con el secuestro.
Estás personas tendrán un mes para dar respuesta al auto y reconocer, o no, la imputación que los involucra. Desde el 18 de septiembre de 2020 se llevan adelantando diligencias de reconocimiento caso 01 en Tolima y Huila, por los que las formas de proceder ya están claras para los comparecientes.
De hecho, en esa jornada de hace tres años, exmandos como Enoc Capera, Víctor Silva, Gustavo Bocanegra y John Jairo Oliveros reconocieron su responsabilidad, por lo que sería una sorpresa absoluta que no hicieran lo mismo al ser contestatarios de esta última decisión de la JEP.
Voceros de colectivos de víctimas en Rioblanco, Chaparral y Ataco, consultadas por Colombia+20 aseguran que confían en decisiones de fondo de la JEP y en la honestidad de los comparecientes, para no dar más vueltas a estos asuntos y tener en cambio pronto acceso a canales de reparación y más verdad.
“Ya sabemos que son hombres mayores y que a muchos de ellos les faltan cosas por contar. Hace unos años ya se hicieron responsables y lo mínimo es que no cambien esa idea ahora que tienen una decisión más grande de la justicia sobre ellos. Sólo pedimos que reconozcan y hagan valer nuestros derechos”, sentenció una lideresa en Rioblanco que optó por mantener la reserva para no interferir en ninguna etapa del proceso con la JEP.