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Al menos ocho casos de personas trans, hombres gays y hombres trans que, en medio del conflicto armado en la región del sur del Tolima, Caquetá y la costa pacífica nariñense, fueron víctimas de reclutamiento forzado o utilización por parte de la exguerrilla de las Farc. Así lo ha documentando Colombia Diversa, una organización por la defensa de los derechos de las personas LGBTI en Colombia.
La investigación de los delitos contra la comunidad LGBTII durante el conflicto colombiano ha sido un eje tan fundamental, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una decisión histórica en febrero pasado abriendo una sublínea de investigación en el caso 07 (Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado) para indagar sobre las violencias que vivió esta población en medio de la guerra. Según la jurisdicción especial, de las 400 víctimas acreditadas en el caso que investiga esta conducta criminal, 64 de ellas fueron niños, niñas y adolescentes que, además de vivir el horror de ser reclutados, fueron víctimas de violencia sexual y violencia de género por su orientación sexual o identidad y expresión de género.
Valentina Parra, abogada de esa organización, explica que aunque en los cuatro informes que han presentado a la Jurisdicción han pedido que se abra un caso sombrilla que se dedique exclusivamente a indagar y juzgar los crímenes contra población LGBTI de todos los actores armados, celebran que en el caso de reclutamiento se empiece a allanar el camino con esta sublínea de investigación. Sin embargo, piden que la justicia transicional tenga celeridad para juzgar estos crímenes con enfoque diferencial en sus siete casos y no solo en uno de ellos.
En entrevista con esa jurista, que representa a las víctimas LGBTI, explicó que es necesario que la JEP “vaya más allá de lo que ya fue Justicia y Paz al determinar que los actores armados -como los paramilitares-, cometieron crímenes por odio y discriminación hacia esa población”. En diálogo con Colombia+20 explicó los retos que tiene la justicia transicional para abordar el problema de fondo y mencionó la necesidad de una reparación económica por fuera de la JEP, más allá de las sanciones simbólicas.
Hace ya un mes que la JEP abrió esta sublínea de investigación en el caso de reclutamiento, ¿qué tan recurrente fue ese delito contra la población LGBTI?
Dependía de quiénes fueran las víctimas o cómo las viera el actor armado. De reclutamiento como tal a las filas, solo hemos documentado ocho casos: en Tumaco, el sur de Tolima y algunos en Caquetá. La mayoría eran de hombres gais, pero también tenemos casos de mujeres trans y de un hombre trans. De mujeres lesbianas, por ejemplo, no hemos tenido el primer caso, aunque sí conocemos algunas mujeres que a temprana edad tuvieron que casarse para evitar que el actor armado pensara que eran lesbianas y tomaran medidas de corrección. Pero usualmente la intención de reclutar a esta población, en el caso de los hombres, era volverlos “machos” porque había esta idea de que un niño no podía tener expresiones femeninas, entonces intentaban “corregirlos” y que fueran “más hombres” poniéndoles, por ejemplo, labores de mucho peso. Con las mujeres trans la situación era diferente, era un poco lo peor de ambos mundos porque las obligaban a ocultar sus procesos de transición y en el peor de los casos, eran violadas.
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¿Pero los actores armados sabían de la condición sexual de esa persona cuando la iban a reclutar o se podría inferir que esa no era la razón para llevarlos?
Usualmente sí lo sabían o era un secreto a voces. Tenemos algunos casos en los que los actores armados prácticamente los obligaban a salir del clóset con sus familias, que no estaban enteradas. Sabemos del caso de una chica lesbiana que sus padres no sabían y la guerrilla les dijo en la casa que su hija era lesbiana y la menor en ese momento tuvo que negarlo e intentar convencer a su madre. Ella decía que si se enteraba que era verdad, la mamá la iba entregar a los actores armados. Eso es muy grave porque genera rupturas de sus redes de apoyo en una etapa de la vida muy temprana.
Otras veces se presentaban como amenazas a nivel de la comunidad pero también hacían visitas a sus casas o a su familias. Conocemos casos en los que los actores armados les daban el mensaje a los abuelos, padres o madres. Hay uno que nos marcó mucho porque es el de una mujer trans que tenía un hijo al que querían reclutar, entonces cuando ella intentó protegerlo, ellos ejercieron violencia sexual contra ella y la trataron como si fuera un hombre ‘maricón’ por ser transexual. Entonces en estos casos no solo se atacaba a los menores, sino también a sus familiares.
Ustedes siempre han tenido la hipótesis de que había una persecución contra las personas LGBTI, ¿entonces por qué habría de reclutarlos si la intención era castigarlos o acabar con ellos?
Sí, nosotros hemos dicho que la violencia contra personas LGBTI fue una persecución motivada en el género y la sexualidad de las víctimas porque lo que querían los actores armados no era únicamente castigar a una persona en concreto, sino que también ese castigo diera un mensaje a todas las personas LGBTI de que no era correcto ser así. En la mayoría de casos que tenemos y que representamos, no necesariamente había una intención de sumarlos a sus filas para aprovecharse militarmente, sino en muchos casos para “enderezarlos”.
Hay algunas personas que fueron golpeadas en espacios públicos y con golpizas. En esos casos el mensaje era muy claro y es que no estaba permitido ser LGBTI ni en la sociedad civil ni al interior de sus filas. Entonces hay muchas personas que lo que vivieron fue intentos de reclutamiento como un modo de amenazarlos con llevárselos si no se “corregían”. También está esa creencia de que ser homosexual se contagia, entonces conocimos historias de personas que cuentan que se llevaban a esas personas LGBTI bajo la supuesta justificación de que si los dejaban compartir con otros niños, los iban a “homosexualizar”.
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¿Cómo eran vistos estos delitos para la sociedad civil de esos territorios?
Ese es el otro asunto. Lo peligroso es que en algunos casos la sociedad civil era cómplice al legitimar esos “castigos” porque existía un prejuicio muy fuerte contra las personas LGBTI. En algunas zonas del país todavía se piensa que si los actores armados se los llevaban era para “corregirlos” y entonces, como creen en esa forma de “castigo”, no denuncian. Muchos casos quedan en el subregistro porque nunca fueron vistos como delito. En esos casos se aumenta la vulnerabilidad de las personas porque no hay una postura colectiva de rechazo frente a esos hechos.
Ustedes han trabajado en tres territorios distintos, ¿cuáles son las particularidades de cada uno frente a los crímenes contra población LGBTI?
En términos generales en los tres territorios encontramos que estaba muy fuerte la idea de “enderezar” a los hombres y enseñarles a ser machos. En el sur del Tolima había una afectación principal contra las mujeres trans muy fuerte y diciente contra sus cuerpos y sus formas de ser mujer. Hay algo muy importante como el hecho de que les cortaran el cabello: el pelo para una mujer trans es muy importante porque es su dignidad y su forma de ser mujer, entonces esas afectaciones no eran solo físicas sino que eran contra la dignidad de las mujeres trans. En Tumaco fueron más las víctimas de violencia sexual, golpizas y estigmatización; mientras que en Caquetá evidenciamos que había una hipervigilancia, es decir que las personas LGBTI están vigiladas en diferentes niveles en todas las esferas de su vida por la guerrilla.
Más allá de la cultura patriarcal y machista, ¿por qué estaba mal ser LGBTI para los grupos armados?
Además de eso, porque se relacionaba con hechos negativos. Se solía pensar que ser LGBTI era ser marihuanero, ser ladrón, tener algún virus de transmisión sexual o ser delincuentes. Esa es la creencia y por eso muchas de esas personas solían caer en las “limpiezas sociales”. Son evidentemente crímenes por prejuicio.
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¿Qué pasaba después con esas personas victimizadas y discriminadas?
Había unas tres opciones: una es que fueran reclutados y se los llevaran a engrosar las filas. Si ese era el caso, tenían que ocultar completamente su identidad de género y su orientación sexual para proteger su vida en la guerrilla porque no había forma de ser LGBTI y salir ileso. Pero si no eran reclutados y se quedaban en el territorio tenían que ocultar al máximo esos rasgos para no ser castigados a futuro o no ser desplazado. Lo otro que pasaba es que ya estar en esas zonas era incompatible y desde muy temprana edad salían desplazados. Era como elegir entre dejarlo todo atrás para irse y poder ser, o esconderse para quedarse en el territorio y no poder ser ellos mismos.
Hay algo muy preocupante y son las afectaciones al proyecto de vida. Muchos de ellos terminaron desplazándose de sus territorios y luego llegaban a otras zonas como habitantes de calle, en muchos casos y con ninguna posibilidad de acceder a las mismas oportunidades que quizás tenían en su territorio.
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¿Por qué es importante para ustedes que la JEP haya abierto esa sublínea de investigación en el caso de reclutamiento?
Esa decisión es muy importante porque es algo que desde Colombia Diversa hemos venido insistiendo desde que inició el trabajo en la JEP, no solo en el Caso 07 sino que hemos hecho algunos hallazgos sobre el reclutamiento, entendiendo por ejemplo que es importante diferenciar los tipos de violencia de esta población a los de las personas cisgénero. Esa mirada permite encontrar motivaciones diferentes de la guerrilla y permite entender por qué para esas personas retomar su proyecto de vida es tan difícil, entre otras cosas porque hay una ruptura de sus redes de apoyo en un momento importante de su desarrollo.
¿Qué antecedentes en la justicia existen sobre este tema?
Esa es una pregunta muy difícil que hasta ahora estamos entrando a resolver porque la JEP tiene esta limitación de la no reparación económica, sino simbólica y las personas LGBTII han quedado en una vida precarizada, con trabajos mal remunerados y es muy difícil pretender responderles a un problema que de base estructuralmente sí ha sido falta de acceso a oportunidades laborales y educativas. Lo simbólico juega un papel importante, pero el acceso a vivienda, educación, empleo es fundamental. Ahora bien, lo primero debe ser que les digan que no fue su culpa, que se quite ese estigma que sobre muchas de las víctimas recae que todavía creen que se merecían lo que les pasó. Eso es lo primordial, vivir en un entorno en el que no sean reprochados por ser quien son y no sean vistos como monstruos o ajenos al territorio en el que están.