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La idea de impulsar una constituyente a través del Acuerdo de Paz —algo que por ahora no tiene sustento jurídico— mantiene una puja entre el Gobierno de Gustavo Petro y personas cercanas, como el destituido canciller Álvaro Leyva, y el ala política del expresidente Juan Manuel Santos, uno de los arquitectos de ese acuerdo. La pugna no solo es por el planteamiento de que a través del pacto de La Habana se podría cambiar la Constitución —hasta ahora sin sustento—, sino por la serie de ataques que se le han hecho por parte del Gobierno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El más reciente capítulo de ese choque es la carta que Santos le envió el pasado 31 de mayo —pero que solo se conoció hasta el lunes— al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. En la misiva, Santos le advierte que el Acuerdo de Paz de 2016 no contempla en ninguno de sus puntos la opción de citar a una Asamblea Nacional Constituyente, como lo viene diciendo desde hace días Leyva.
“En lo que respecta a su incorporación y desarrollo, el Acuerdo Final lejos de prever mecanismos extrainstitucionales o de buscar eludir los procedimientos establecidos en la Constitución de Colombia”, se lee en la carta con la que el expresidente se le adelanta a Petro quien también dijo querer con el Consejo de Seguridad de la ONU. En esta, Santos también señaló que todos los aspectos de la implementación que exigían cambios en la carta política de 1991 ya fueron tramitados conforme a la ley.
Y agrega: “Ningún aparte del Acuerdo Final propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente. La Corte Constitucional revisó la compatibilidad con la Constitución, no solo de las leyes que desarrollaron el Acuerdo, sino también de las reformas constitucionales”, explica Santos.
En otro apartado de su carta, Santos se refirió también a las otras interpretaciones —a su juicio erradas— sobre el actuar de la JEP. “Se ha pretendido desconocer la letra y el espíritu del Acuerdo, así como la independencia de la JEP creada para evitar la impunidad, tratando de imponerle una manera de proceder mediante afirmaciones en el sentido de que ‘deberá aplicar la JEP el mandato universal y garantista de la favorabilidad penal’, ‘deberá proceder de manera preferente y rápida a aplicar el derecho a la amnistía’ (...) afirmaciones que he tomado de la carta que le remitió a usted el Presidente Gustavo Petro el 19 de octubre de 2023″, dijo Santos.
Justamente en la carta a la que hace referencia Santos, Petro dijo que la JEP “tendrá que tener en cuenta toda la Competencia Personal a ella asignada. Esta no podrá ser limitada ni condicionada”. El presidente ha dicho en varias oportunidades que la verdad judicial ha sido fragmentada desde el momento en que se crearon tribunales, como Justicia y Paz, que no incluyen a todos los actores del conflicto.
Santos, quien también ganó el premio Nobel de Paz, afirmó también: “Nada en el Acuerdo Final puede ser distorsionado para abrir la posibilidad de conceder amnistías, indultos, exoneraciones o perdones por tales crímenes de connotación internacional, mucho menos a los máximos responsables”, explicó.
Por su parte, Leyva rechazó que el exmandatario enviara esa carta a Naciones Unidas porque “eso sería olvidar que quien representa hoy al Estado no es él, sino Gustavo Petro. El sindicato del pasado nos quiere arrebatar el futuro, pero no podrá”, aseguró.
En una entrevista este martes con el periodista Daniel Coronell, el expresidente volvió a referirse a esa tema y dijo que aunque reconoce que la JEP ha tenido demoras, especialmente en el otorgamiento de amnistías, “no tiene sentido ni acogida” modificar ese tribunal que ha sido un ejemplo de justicia transicional y restaurativa en el mundo.
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Los dardos de Leyva a la JEP
La génesis de estos cambios que pide el Gobierno Petro fueron los constantes señalamientos del excanciller Leyva, ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Uno de los momentos más álgidos fue el pasado 12 de octubre de 2023, cuando el entonces canciller asistió a la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación. Al tomar la palabra, Leyva se despachó contra la JEP y señaló que se estaba “descarrilando” del trabajo para el que fue creado ese tribunal de paz.
“La institución modelo para el mundo entero, aquella diseñada para hacer justicia tras décadas de horrible conflicto interno, más concretamente la Jurisdicción Especial para la paz, se está descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”, dijo Leyva.
Leyva también indicó que se debería “revisar” la actuación de la JEP para “perfeccionarlo”. Y agregó que no ha tenido en cuenta otras voces para ampliar los relatos de verdad. “Se ha limitado la comparecencia de quienes tienen derecho a esta justicia especial (...) se ha condicionado el relato de la verdad, cerrando e impidiendo el paso a que esta, la verdad, llegue plenamente a la JEP y a conocimiento de las víctimas y de la opinión pública en general”, indicó.
Pero esa no fue la única vez que el excanciller hizo llamados a la JEP ante la ONU. Tres meses antes, en la entrega del informe para el 13 de julio de 2023, Leyva señaló que el tribunal debía abrir un macrocaso sobre la responsabilidad del Estado en el conflicto armado en Colombia y de paso ampliar el acceso a otros actores como los paramilitares.
Según Leyva, tanto el Estado como las FARC pueden usar instrumentos del Derecho Internacional Humanitario para “acelerar procedimientos” en pro de la implementación del Acuerdo de Paz. “Es el caso, por ejemplo, el quitar de por medio trabas que impiden el acceso de paramilitares a la Jurisdicción Especial para la Paz sin justificación alguna; la apertura del macrocaso de la responsabilidad del Estado por ser actor del conflicto armado, ya por acción, ya por omisión”, afirmó en ese momento.
Otra de las peticiones que Leyva elevó ante el Consejo de Seguridad de la ONU fue la creación de una Comisión Internacional de Investigaciones de ONU para Colombia para evaluar el Acuerdo de Paz que estaba siendo afectado, según él, “mediante el entrampamiento realizado por extraños”. De esa idea sí salió un informe de la experta de la ONU, Antonia Urrejola, que se entregó en marzo pasado y donde se dijo que sí había obstáculos para la implementación del acuerdo y que se habría usado un “agente provocador” en caso de entrampamiento a Jesús Santrich.
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Uno de los más recientes dardos que Leyva le lanzó a la JEP fue el pasado 7 de noviembre. Esa vez, a través de su cuenta en X, el ex canciller cuestionó el trabajo de la JEP y aseguró que el tribunal estaría actuando en contravía de los postulados con los que fue creado. Aunque no profundizó en sus declaraciones, aseguró que la entidad “si cercena la verdad, hace ‘trizas la paz’, contrario de lo que se buscó con su diseño: el evitar la quiebra moral de la República”.
Petro también pidió, durante la visita del Consejo de Seguridad de la ONU a Colombia en febrero pasado, que se abriera la posibilidad de que la JEP escuchara a otros actores del conflicto como paramilitares y agentes del Estado.
“Se creó la JEP en esos acuerdos con este objetivo. Si miramos si ha aparecido la verdad judicial, hay un esfuerzo de la Comisión de la Verdad, pero el esfuerzo de la verdad judicial, que es el que tiene que acabar la impunidad durante todas estas décadas de conflicto, tenemos que decir que no se ha cumplido, lo que ha existido es que la verdad se fragmentó en diversos tribunales de acuerdo con el tipo de sujeto de violencia”, aseguró entonces el mandatario.
Sin embargo, esas declaraciones que envió Petro a Guterres fueron profundamente rechazadas por el magistrado Roberto Vidal, presidente de esa jurisdicción, quien pidió total respeto por la independencia del tribunal. “Desde sus inicios, la JEP ha tomado decisiones con absoluta independencia de todos los poderes públicos, únicamente sometida a los mandatos de la Constitución Política y a las normas que rigen el Estado de Derecho”, dijo Vidal.
El togado enfatizó en que por más que esa jurisdicción haya sido originada por el Acuerdo Final de Paz, “no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo. Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-EP no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP”.
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