La reciente sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dejó varios anuncios para Colombia. Uno de los que más llamaron la atención es el nombramiento “cuanto antes, de un experto o una experta internacional en derechos humanos que se encargue de detectar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016, en particular los que anunció públicamente en marzo de 2023 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.
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Aunque la resolución de la ONU no lo menciona explícitamente, se refiere a la denuncia que presentó la JEP contra funcionarios de la Fiscalía General de la Nación de la administración de Néstor Humberto Martínez, quienes habrían ocultado información a la jurisdicción en el proceso que terminó frenando la extradición del exjefe de las FARC Seuxis Pausias Hernández, conocido como “Jesús Santrich”.
Se trata de un caso revelado en 2020 por el periodista Edinson Bolaños, de Colombia+20, en una investigación que despertó una dura controversia y llegó a los estrados judiciales.
Santrich, quien perteneció al Secretariado de las FARC, fue señalado por la Fiscalía de Martínez como parte de una estructura que enviaba drogas a Estados Unidos. Luego de ser vinculado a un proceso por narcotráfico, abandonó el Acuerdo de Paz y formó la disidencia de la Segunda Marquetalia junto a Iván Márquez.
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Desde Ginebra (Suiza), la representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, le explicó a Colombia+20 que “la experta o experto tendrá que definir cómo implementar el mandato, que se refiere específicamente a la denuncia de la JEP, y debe presentar un informe a más tardar a finales de 2023, que también será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.
El tema salió a la luz en el informe trimestral del secretario general de la ONU sobre la implementación del Acuerdo de Paz, que se presentó en abril pasado ante el Consejo de Seguridad de ese organismo.
“La Jurisdicción Especial para la Paz presentó una denuncia penal contra antiguos funcionarios de la Fiscalía General por presunta obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio en 2018, durante el proceso relativo a la garantía de no extradición del exlíder de las FARC-EP Seuxis Paucias Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich, quien volvió a las armas”, se afirmó en ese documento.
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Días después, el canciller Álvaro Leyva le pidió al Consejo de Seguridad una Comisión Internacional de Investigaciones de Naciones Unidas o Grupo de Expertos independientes con el apoyo de Naciones Unidas para blindar el proceso de paz, argumentando que este se había afectado “mediante el entrampamiento realizado por extraños”.
“Algunos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso siento como obligación llamar la atención sobre el Consejo de Seguridad porque sí tenemos enemigos del proceso de paz. De allí, después de reflexionarlo, veremos si es conducente la creación de una Comisión Internacional de Investigaciones de las Naciones Unidas”, afirmó.
Y agregó: “Como consecuencia de la creciente necesidad de implementar mecanismos para evitar que se continúe afectando el proceso de paz -mediante el entrampamiento realizado por extraños-, lo cual ha ocasionado la conformación de disidencias y el debilitamiento del Acuerdo, se hace necesaria la creación de una Comisión Internacional de Investigaciones de las Naciones Unidas o Grupo de Expertos con el acompañamiento del Secretario General de la ONU”.
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Por ahora, se espera que en los próximos días se defina el nombre del experto internacional, que tiene menos de seis meses para investigar el caso y entregar sus conclusiones.
¿Qué denunció la JEP?
El tribunal de justicia transicional presentó la denuncia contra varios funcionarios de la Fiscalía de Martínez luego de adelantar una investigación propia acompañada con un estudio forense realizado por Guernica Chambers, una firma de abogados inglesa, que halló múltiples irregularidades.
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Según la JEP, el ente acusador le habría ocultado información en momentos en los que estaba estudiando si frenaba la extradición de “Jesús Santrich”, en mayo de 2018.
Una de las exfuncionarias denunciadas es Ana Fabiola Castro Rivera, exdirectora de asuntos internacionales de la Fiscalía, quien le habría negado el acceso a pruebas claves a la JEP.
Según la denuncia, esos documentos habrían podido incidir en la decisión que terminó frenando la extradición del jefe guerrillero, quien en ese momento estaba preso por delitos de narcotráfico.
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En su momento, en entrevista con El Espectador, el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, se refirió a los hechos.
“Hemos puesto una denuncia en persona determinada, a la antigua directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía (Ana Fabiola Castro). Sobre ella tenemos pruebas concretas. Era la funcionaria responsable de responder a las obligaciones de ofrecer información a la Jurisdicción. Pero también hicimos una denuncia en persona indeterminada, que es cualquier persona que hubiera estado en conexión con ella y que hubiera tenido responsabilidad, por acción u omisión“, dijo el Togado.
