Los siete integrantes del último secretariado que tuvo las extintas FARC radicaron el martes un documento judicial ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que anunciaron la renuncia a su derecho de presunción de inocencia —es decir, que reconocen su responsabilidad por la totalidad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado—, pero le hace dos peticiones puntuales a ese tribunal: que haya una única resolución de conclusiones y que renuncie a la persecución penal de sus bases.
La petición incluye los ya reiterados cuestionamientos de los exguerrilleros a la manera en que la JEP ha trabajado desde su creación, pues consideran que ha sido lenta, poco clara y ha permitido que se abran otras investigaciones que, a su parecer, ha sobrepasado la función para la que fue creada ese tribunal de paz.
El presidente de la JEP, Roberto Vidal, respondió el martes en una rueda de prensa, que la solicitud será estudiada con detenimiento por los magistrados, para entender cuáles serían las repercusiones jurídicas de la petición de los ex-Farc y, sobre todo, porque cualquier decisión que se tome debe tener en cuenta los derechos de las víctimas.
De acuerdo con los abogados defensores de los comparecientes, la respuesta tendría que darse en 15 días.
La solicitud puede ser leída como una forma en los excombatientes buscan celeridad en los procesos que se siguen en la jurisdicción, pero también son una muestra de las tensiones que han tenido con la JEP porque al menos dos de las solicitudes que se hacen en el documento que se conoció el martes corresponden a las críticas que los firmantes vienen haciendo. La pugna con las antiguas FARC empezó en febrero de este año, cuando los siete miembros del último secretariado de esa extinta guerrilla enviaron una dura carta al presidente Gustavo Petro diciéndole que la JEP había perdido el rumbo y que estaban pensando “apartarse de esa justicia”.
El documento recogía tres preocupaciones que desde hace varios meses han venido expresando los excombatientes: La primera que la JEP tiene la idea de dictar resoluciones por cada macrocaso —actualmente hay 11 abiertos—. Otro reclamo es la poca diligencia de la JEP en la resolución de amnistías. La tercera preocupación es la vinculación en las investigaciones de exintegrantes de esa guerrilla de escala media y baja del mando. Según la carta de febrero -aunque es un reclamo que aún hoy se sigue haciendo-, esto es contrario a buscar a los máximos responsables y “centrar el esfuerzo en los casos más representativos que constituyen patrones de conductas violatorias del DIH y los Derechos Humanos”.
Los firmantes del documento son: Rodrigo Londoño (Timochenko); Jaime Alberto Parra (Mauricio Jaramillo), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda.
Este documento se presenta el mismo día en que se dará a conocer el informe trimestral que hace la Misión de Verificación de la ONU en Colombia sobre la implementación del Acuerdo de Paz y cuya presentación será el próximo 15 de octubre ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad en Nueva York.
En una rueda de prensa donde participaron Gallo, Granda y Catatumbo, ampliaron algunos de los alcances de las solicitudes.
¿De qué se tratan las solicitudes del antiguo secretariado de las FARC y qué alcances tiene?
1. Renuncia a la Presunción de Inocencia
De acuerdo con el documento, los firmantes renuncian al derecho a la presunción de inocencia respecto a los hechos y conductas ocurridos durante el conflicto armado, los cuales han reconocido plenamente ante la JEP. “Notificamos que renunciamos a nuestro derecho universal a la presunción de inocencia, respecto a todos los hechos, conductas previamente definidos y contrastadas que hasta ahora nos han sido atribuidos en todos los Macrocasos investigados en esta Jurisdicción y en las que hemos aceptado nuestra participación y responsabilidad, y la seguiremos aceptando. Hechos y conductas de las que manifestamos que debemos ser considerados los “máximos responsables”, asumiendo la responsabilidad por hechos ocurridos durante, con ocasión y en relación directa con el conflicto armado, realizados por el personal a nuestro cargo.
Sobre este punto, Gallo, quien es senador por el partido Comunes, dijo la idea de este punto es abreviar los tiempos judicial basados en el aporte de verdad que todos los miembros del antiguo secretariado han hecho a la JEP. “No queremos que la JEP se siga adentrando en ese laberinto jurídico que nos ha llevado a los microprocesos, perdiendo el rumbo y sobre todo negándole a las víctimas el acceso a la justicia. Ellas están esperando las decisiones judiciales”, dijo.
Este punto, sin embargo aún genera dudas. Como el documento especifica que se renuncia a la presunción de inocencia de “todos los hechos, conductas previamente definidos y contrastadas” pero que ya hayan sido imputados.
Gallo afirmó que aceptan la responsabilidad total, pero hacen la claridad de que será solo por los delitos por los cuales “se les ha llamado a comparecer” o que hayan rendido versiones voluntarias y aceptación de los cargos”.
“Le pregutaban al magistrado Vidal si no íbamos a aceptar otros delitos, pero es que no sabemos qué delitos nos vayan a imputar. Nosotros dejamos claro en el documento que es por aquellos delitos frente a los cuales ya hemos rendido versiones, hemos aceptado responsabilidad y que por lo tanto hemos aportado verdad”, afirmó.
El único delito imputado que la excúpula de las FARC no ha admitido -hay otros que no han sido imputados, pero hay investigación como reclutamiento de menores y violencia sexual- es el de esclavitud. El 29 de abril pasado, la JEP ratificó esa imputación y el 6 de junio, no aceptó el delito y presentó una solicitud de nulidad parcial del documento porque, para ellos, no existe evidencia sobre estos actos o la intención de cometerlos. Plantean la posibilidad de que estas acusaciones sean cambiadas por el delito de trabajos forzados.
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“Procesalmente hablando, la Jurisdicción Especial para la Paz, en el criterio de la defensa, no acudió ni cumplió el estándar de imputar el delito de esclavitud en su debido momento, sino esto es un anexo que se hizo después de la audiencia a reconocimiento. Es un adendo lo cual, procesalmente hablando, llama mucho la atención y deja en vilo la seriedad con la que la Jurisdicción Especial para la Paz ha venido actuando toda. Lo que estamos diciendo acá es acumulen, reorienten la metodología y garanticen tanto la seguridad jurídica de los firmantes del acuerdo”, explicó a Colombia+20 Camilo Fagua, abogado defensor de los comparecientes.
Preguntado específicamente sobre si este delito se incluiría entre los que aceptan responsabilidad, Fagua respondió: “Tendríamos que revisarla”.
Los otros delitos que podrían estar en duda sobre si los ex-FARC aceptarían o no son reclutamiento de menores y violencia sexual (que incluyen abortos forzados). La duda surge porque estos delitos, aunque están siendo investigados por la JEP aún no han llegado a la etapa de imputación. Sobre esto Gallo respondió en la rueda de prensa que
“Podemos responder por los cuales tenemos ya conocimiento. Es muy difícil hacia futuro extenderle un cheque en blanco a la Jurisdicción Especial para la Paz sin conocer cuáles serían los delitos por los cuales se nos podrían hacer nuevas imputaciones”, dijo.
El Sistema Autónomo de Defensoría y Defensa (SADD - firmantes), integrado por abogados defensores de los ex-FARC, publicó una serie de trinos en su cuenta de X en los que afirmabam que esta decisión, “sin precedentes, tiene como objetivo acelerar el proceso judicial y demostrar el compromiso de los firmantes con la verdad y la reconciliación”.
Gallo, por su parte, también afirmó que con esto espera que se acumulen todos los procesos y se expida una resolución única de conclusiones -que es la segunda petición-.
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🚨Histórico. El antiguo secretariado de las FARC-EP renuncia a su presunción de inocencia en todos los macrocasos de la #JEP y piden una resolución única de conclusiones, reconociendo su responsabilidad en los crímenes cometidos durante el conflicto armado. #JusticiaTransicional pic.twitter.com/cM0zxe5eqZ
— Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (@SAADfirmantes) October 8, 2024
2. Solicitud de una única resolución de conclusiones
En el docummento, el antiguo secretariado también pide a la JEP que emita una resolución única de conclusiones que agrupe todos los hechos y conductas atribuidas a los firmantes en los diferentes macrocasos.
¿Qué es una resolución de conclusiones? Es el documento judicial por medio de la cual la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y. Conductas (SRVR) recoge el ofrecimiento de verdad y, cuando sea del caso, la aceptación de responsabilidad de las personas que se acogieron al procedimiento de la JEP, con la identificación de los casos más graves y las conductas más representativas. Además, hace la individualización de las responsabilidades y la calificación jurídica propia de las conductas. Si hay reconocimiento de responsabilidad, se envía la resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz, para la fijación e imposición de la sanción propia que contempla el marco jurídico de la JEP.
“El Acuerdo Final de Paz y el marco legal de la Jurisdicción Especial para la Paz hablan de una única resolución de conclusiones. Lamentablemente, la Jurisdicción se ha obstinado de mantener una resolución parcial en el caso 01, un caso que ya acumula casi ocho años. La JEP hoy tiene 11 casos abiertos, de los cuales ocho de ellos vinculan a los firmantes del Acuerdo de Oaz de las antiguas FARC, ¿cada caso va a durar ocho años? Lo que pedimos es una sola resolución que permitirá unificar los procesos y evitar la fragmentación que ha venido ocurriendo, lo que a su vez facilitará el cierre jurídico del conflicto”, explica el abogado Fagua.
En este punto, surge nuevamente la duda sobre qué pasaría con investigaciones que no han concluido y sobre las que no se podría aplicar aún esa resolución.
“Estamos pidiendo que se acumulen todos los procesos. Si siguen con el caso a caso va a ser imposible. ¿Qué decimos? Metodológicamente por la investigación se entiende que se hayan dividido en macrocasos, pero eso finalmente hay que agruparlo. Es que si nosotros decimos que asumimos la responsabilidad, que somos los máximos responsables, ¿qué van a seguir investrigando? Esa acumulación está contemplada tanto en la ley estatutaria de la jurisdicción especial como en el código general del proceso, que en virtud de esa acumulación se expida una resolución única de conclusiones y, surtido el proceso, una única sanción por cada uno de los comparecientes”, explicó Gallo.
El 25 de noviembre de 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz presentó la primera resolución de conclusiones en el macrocaso 01, que abarca la investigación adelantada contra el antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las Farc por más de 20.000 secuestros cometidos durante el conflicto. En el texto se recomiendan ocho años de sanciones para todos los miembros del antiguo secretariado, menos para Rodrigo Granda, para quien sugiere cinco.
La resolución reconoce que cada uno de los miembros del secretariado aportaron verdad en el proceso que llevó esa justicia, participaron en las entregas voluntarias de testimonios realizadas y aceptaron su responsabilidad en los hechos. Además, expone uno a uno las responsabilidades de los siete excomandantes de la guerrilla como coautores mediatos o responsables de mando por estos hechos, y hace un repaso de su ingreso a la guerrilla, los bloques comandados y los delitos y actos violentos cometidos para su mando; así como las audiencias en las que estuvo y los aportes de verdad.
Para el abogado Fagua como esta resolución de noviembre es parcial y solo del macrocaso 01 no serviría para efectos de convertirse en esa única resolución que los excombatientes piden en el documento judicial, sino que se necesitaría una nueva que agrupe todos los hechos.
“”No esa no puede ser porque esa de noviembre es una resolución parcial de un solo caso. Debe ser una resolución como lo mandata la ley y que la Jurisdicción Especial para la Paz no ha cumplido hasta el momento”, afirmó.
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Hace unos días, en diálogo con este diario, el presidente Vidal, aclaró que solo habrá una sanción y que en eso el tribunal ha sido reiterativo.
Para los miembros del secretariado, la jurisdicción especial se ha “empeñado en investigar indefinidamente hechos ya conocidos” y no ha realizado “imputaciones en una resolución única sobre los hechos y conductas ocurridos durante el conflicto armado” que les permitan asumir sus responsabilidades.
Por eso, en la carta los ex-Farc reiteran que “se requiere con urgencia la drástica transformación de la actual situación”. El problema, en realidad, es mucho más complejo, pues la JEP ha insistido en que el tiempo que se ha tomado en resolver los casos responde a la complejidad de los casos de las víctimas que se han acercado a este sistema transicional para exigir verdad, justicia, reparación y no repetición.
La jurisdicción tiene once macrocasos en los que se investigan secuestro; violencia sexual y basada en género; ejecuciones extrajudiciales; crímenes cometidos por la fuerza pública, otros agentes de Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles; la violencia contra la Unión Patriótica (UP); reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto; crímenes contra pueblos y territorios étnicos; crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las Farc; y la violencia en las regiones del Urabá, norte del Cauca y el Sur del Valle del Cauca, y Nariño.
3. Renuncia a la persecución penal para los no máximos responsables
Finalmente, los firmantes piden que la JEP renuncie a la persecución penal de aquellos que no son considerados máximos responsables del conflicto, facilitando la amnistía y otorgando la seguridad jurídica necesaria para quienes han sido considerados partícipes no determinantes. Esto se alinea con el compromiso de garantizar un proceso de paz integral y justo, sin dilaciones innecesarias.
“Estas solicitudes son para evitar que el sistema de justicia se pierda su rumbo, afectando el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz. Además, instan a la JEP a cumplir con su mandato y emita decisiones que respeten los principios de celeridad y justicia”, dice el SAAD.
De acuerdo con el documento judicial entregado por el antiguo secretariado que, dicen que se basa en información proporcionada por la propia jurisdicción, hasta la fecha, y después de siete años, no se ha emitido ninguna sentencia y “solamente se han concedido 18 renuncias a la persecución penal y la Sala de Reconocimiento ha emitido tres (3) resoluciones parciales de conclusiones”. En el caso de las amnistías, de 4.622 amnistías solicitadas solo se han concedido 827; habiendo sido negadas 4.238.
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Los 97 mil casos que aún tiene la Fiscalía
En la rueda de prensa también se afirmó que en una reunión realizada el martes con delegados de la Fiscalía, esa entidad afirmó que la JEP no ha pedido el traslado de los casos que involucran a excombatientes de las extintas FARC.
“Ayer con sorpresa nos encontramos que en la Fiscalía General reposan 97.000 en los archivos de la Justicia y Paz y en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, lo cual nos llama la atención profundamente porque desde el año 2019 existe un convenio de cooperación interinstitucional entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz. O sea, ocho años después de la firma del acuerdo y atendiendo a los principios de seguridad jurídica, la Jurisdicción Especial para la Paz no ha cumplido su función de ser el juez natural, de contemplar todos los hechos relacionados con ocasiones en el contexto del conflicto armado y garantizar por ende también los derechos a la verdad, la justicia de las víctimas que han acudido a dicha jurisdicción para que se satisfagan dichos derechos. Eso li vemos con preocupación”, explicó el Fagua.
De acuerdo con el abogado, eso permitiría clasificar y sopesar todos los hechos y dar un “cierre definitivo” de los casos judiciales.
“Le estamos diciendo al país, le estamos diciendo a las víctimas, le estamos diciendo a la jurisdicción y a la comunidad internacional, ahora que vamos a tener reuniones en el marco de la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que la JEP debe retomar el rumbo, debe cumplir la función constitucional para la cual fue creada, debe cumplir la función política y social para la cual fue creada y que hasta el momento no la ha cumplido y desafortunadamente vemos una realidad”, aseguró.
El abogado se refirió, por último, a la llegada de un nuevo presidente o presidenta de la JEP, cuya votación se dará al final de esta semana. “Esperamos que quien ejerza la presidencia de la Jurisdicción esté a la altura del momento político y del momento jurídico. Y que reciba, así como lo manifestó el martes la jurisdicción, de la manera más benévola el acto de reconocimiento de responsabilidad que está elevando la alta parte contratante y la metodología que está proponiendo. En las solicitudes está implícita una metodología. Una metodología que, creemos, debe ser la metodología que debe adoptar la jurisdicción. Para concretar mejor la asunción de responsabilidad que ya ha hecho el secretariado de la JEP”, dijo.
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