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A punto de cumplirse 21 años de la masacre de Mondoñedo (Cundinamarca), que ocurrió el 6 y 7 de septiembre de 1996, el Juzgado 8 Penal Especializado de Bogotá acaba de condenar a 38 años de prisión a seis exmiembros de la Policía por el secuestro y asesinato de los estudiantes de la Universidad Distrital Vladimir Zambrano, Jénner Mora, Juan Palacios, Arquímedes Moreno, Federico Quesada y Martín Valdivieso. Según el juez, los seguimientos por parte de los entonces miembros de la Dijín contra las víctimas se realizaron porque los jóvenes habrían hecho parte de las milicias urbanas de las Farc y eran considerados responsables de ataques a la estación de Policía de Kennedy en 1995, en donde murieron tres uniformados.
El crimen tuvo lugar tras un antecedente importante en materia de orden público. En la noche del 30 de agosto, una semana antes de los asesinatos en zona rural de Cundinamarca, un comando guerrillero de las Farc tomó por asalto la base militar de Las Delicias, ubicada en la espesa selva del Putumayo, en el sur del país. La acción subversiva dejó un saldo de 28 uniformados muertos, y 60 secuestrados. Algunos familiares de las víctimas se preguntaron si la sórdida muerte de los jóvenes se trató de una especie de ajuste de cuentas de la Fuerza Pública contra las Farc.
Los macabros hechos, según el Juzgado, ocurrieron así: ese fin de semana de septiembre, los estudiantes Zambrano, Mora, Palacios y Moreno salieron de sus respectivas casas para encontrarse en la bolera El Salitre, con el propósito de hablar sobre su seguridad personal, ya que sentían que estaban siendo objeto de seguimientos por parte de la Fuerza Pública. Solo se volvió a tener noticia de ellos cuando sus cuerpos fueron encontrados el 7 de ese mes con tiros de gracia, atados, con señales de tortura e incinerados en terrenos de la hacienda El Fute, ubicada en una zona llamada el Alto de Mondoñedo, en la vía que une a Soacha y Mosquera.
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Horas después de que los cuatro cuerpos de los estudiantes fueran hallados, los universitarios Federico Quesada y Martín Valdivieso, también señalados de pertenecer a las milicias de la guerrilla, fueron asesinados cuando salían de sus casas. El primero, en el barrio Argelia de la localidad de Kennedy; mientras que Valdivieso fue asesinado en la localidad de Fontibón, noroccidente bogotano. Los asesinatos de los estudiantes se investigaron y se juzgaron de manera conjunta porque, según el Juzgado, los universitarios “habrían hecho parte de la red urbana de las Farc” y porque el grupo de policías condenados hacían parte de una organización dentro de la Dijín conocida como “Armados Ilegales”.
Los exintegrantes de la Dijín condenados recientemente son el capitán (r) Carlos Alberto Niño Flórez y los suboficiales (r) Filemón Fabara Zúñiga, Milton Mora Polanco, Néstor Barrera Ortiz, Hernando Villalba Tovar y Pablo Salazar Piñeros, quienes, por estos homicidios, según la justicia, no contarán con ningún beneficio penal. Por este crimen masivo, también fueron sentenciados los policías José Albeiro Carrillo Montiel, José Ignacio Pérez Díaz y Carlos Ferlein Alfonso Pineda el 31 de enero del 2003 a 40 años de cárcel. El mayor (r) Héctor Édisson Castro, por el asesinato de los seis universitarios, fue sentenciado a los mismos años de prisión en diciembre de 2013.
Las primeras indagaciones no fueron realizadas por las autoridades. Quien se puso tras el rastro de los culpables de la masacre fue Alfonso Mora León, padre de Jénner Alfonso Mora. Durante los años siguientes al crimen masivo, Mora recibió informaciones anónimas en las que le contaban sobre los pormenores de la operación que desarrollaron los miembros de la Dijín para acabar con la vida de los universitarios. Otros familiares de las víctimas también empezaron a recibir llamadas, en las que daban nombres de los oficiales que habrían cometido el crimen. Para 1998, Alfonso Mora empezó a recibir amenazas y tuvo que exiliarse.
La investigación empezó a tomar un curso más sólido contra los informados cuando, en agosto de 2001, un policía de la Dijín confesó los hechos de la masacre ante la Fiscalía General. El testigo declaró que, aunque no participó, conocía a quienes lo hicieron. Agregó que los uniformados, comandados por el mayor (r) Castro, contaban con un infiltrado en las Farc y que fue éste quien les ayudó a secuestrar y luego asesinar a los presuntos milicianos universitarios. Igualmente, sostuvo que los asesinos le contaron que estaban “confiados de que judicialmente no les iba a pasar nada, porque habían incinerado a las víctimas para evitar que fueran reconocidas”.
“Se hizo justicia”
En entrevista con El Espectador, Ómar Zambrano, hermano de Vladimir Zambrano, aseguró que esta decisión se produce gracias a la lucha que durante estos casi 21 años dieron los familiares de las víctimas. “Estos casos en que los jóvenes de pensamiento eran asesinados o desaparecidos por policías y militares, siempre quedaban en la total impunidad. Nosotros (los familiares) nunca desfallecimos y pudimos ver en vida a los responsables de tan atroz crimen. Es una muestra de que a los miembros de la Fuerza Pública se les puede condenar en este país. Espero que esta decisión pueda abrir el camino sobre los asesinatos y desapariciones de otros jóvenes”, manifestó Zambrano.
Aunque la familia de Zambrano siempre fue consciente de que Vladimir hacía parte de las milicias de la guerrilla, asegura que la opinión pública ha tratado de justificar la masacre. “Los días previos a su asesinato, él nos advirtió del peligro que corría. Lo que no se entiende, por parte de la Policía, es que si ellos tenían las pruebas suficientes para enjuiciarlos sobre los atentados a la estación de Policía, ¿por qué no los capturaron como dice la ley que deben hacer?”.