Senador Iván Cepeda y su hermana fueron acreditados como víctimas en la JEP
El político y su hermana le pidieron a esta justicia participar dentro del Caso 06, sobre Victimizaciones a miembros de la Unión Patriótica, por el homicidio de su padre, el entonces senador Manuel Cepeda Vargas. Hasta ahora, argumentaron, no ha habido condenas a altos mandos militares presuntamente involucrados en este hecho.
Colombia en Transición
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió acreditar como víctimas al senador Iván Cepeda y María Cepeda, su hermana, en el caso 06, sobre Victimizaciones a miembros de la Unión Patriótica (UP), por el homicidio de su padre, el entonces senador Manuel Cepeda Vargas.
"En atención a estos lineamientos, la Sala considera que el homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas, el 9 de agosto de 1994, es un hecho probado ante instancias judiciales del orden nacional e internacional", dijo la JEP. En su decisión citó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que se constató que en la planeación y ejecución del homicidio participaron otros miembros del Ejército y de grupos paramilitares.
“La ejecución del Senador Cepeda Vargas fue propiciada, o al menos permitida, por el conjunto de abstenciones de varias instituciones y autoridades públicas de adoptar las medidas necesarias para proteger su vida”, sentenció esta órgano judicial internacional.
(Puede interesarle: ¿En qué van las investigaciones por los asesinatos de los dirigentes de la UP?)
La JEP también tuvo en cuenta la sentencia del Consejo de Estado, en la que resolvió declarar como responsable a la Nación, el Ministerio de Defensa y el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por el asesinato del dirigente político.
El senador Iván Cepeda, en diálogo con Colombia 2020, mencionó que él y su hermana esperan que la JEP "esclarezca con claridad la cadena de mando que operó para asesinar a mi padre porque hay que recordar que a él lo asesinaron sicarios pertenecientes a grupos paramilitares y suboficiales del Ejército".
El 8 de agosto de 2019, 25 años después de su asesinato, su hijo le envió a la JEP la solicitud, refiriéndose "a la ausencia de una determinación judicial de la responsabilidad penal individual de los determinadores del homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas y de altos mandos militares presuntamente involucrados en este hecho".
Además de la acreditación, y teniendo en cuenta que se cumplen 25 años del magnicidio de su padre, los hermanos Cepeda le solicitaron a la magistratura que, a partir de los informes que han sido presentados ante la JEP y la Comisión de la Verdad, se "llame a José Miguel Narváez y a los demás máximos responsables que en esos documentos han sido relacionados con este caso".
Sobre Narváez, el senador dijo que "según lo que dicen paramilitares, el exdirector del DAS no solamente era profesor en la academia militar y asesor de la Federación de Ganaderos (Fedegan), sino que también paralelamente participaba como asesor de los grupos paramilitares, asesorando al señor Carlos Castaño, involucrado en la ejecución de determinados crímenes".
También pidieron "una audiencia pública conjunta de la JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV)" para contar su testimonio sobre el caso. Los solicitantes insistieron en la necesidad de garantizar verdad y justicia "en este caso que se mantiene en la impunidad debido al dilatado proceso judicial".
La JEP le recordó al senador que a partir de su condición de víctima se le otorga la calidad de interviniente especial, "lo que garantiza las facultades necesarias para participar de manera efectiva en las actuaciones de la JEP". Desde interpelar las versiones voluntarias de los responsables, asistir a las audiencias, entregar pruebas y crear, junto con los responsables, un plan de reparación hacen parte de los derechos a los que tendrá Cepeda y su hermana.
Un homicidio impune
El 8 de agosto de 1994, el entonces senador de la UP Manuel Cepeda Vargas recibió amenazas, mediante papeles y llamadas, en las que le decían que en los próximos días lo asesinarían. Al día siguiente, cuando salió de su casa a las 8:30 a.m. hacia la sede del Congreso de la República, en compañía de su conductor y su escolta, fue interceptado por un sicario, quien acabó con su vida.(Vea también: La herida abierta de la Unión Patriótica)
De acuerdo con el informe que le entregó la Fiscalía a la JEP, hasta el momento se han obtenido dos sentencias por este asesinato contra los sargentos del Ejército Nacional Hernando medina Camacho y Justo Gil Zúñiga, a 43 años de prisión, como coautores del delito de homicidio agravado, aunque absolvió al líder de grupos de autodefensa Carlos Castaño Gil. En otra decisión, el 25 de julio de 2014, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá también condenó, como cómplice de ese homicidio, a Jesús Emiro Rivera, a 127 meses de prisión. Por otro lado, los comandantes de las autodefensas Hébert Veloza, alias “H.H”, y Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, en declaración ante la Fiscalía, denunciaron la presunta participación del exsubdirector del DAS José Miguel Narváez.
En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia contra el Estado por la ejecución extrajudicial del senador y señaló que no se investigó con diligencia, no se sancionó a los responsables ni se generó reparación favor de los familiares de la víctima. También, en 2014, este delito fue declarado de lesa humanidad. Actualmente, se encuentra en etapa de instrucción contra Enrico Ballardini, propietario de la pistola con la que se perpetró el asesinato.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió acreditar como víctimas al senador Iván Cepeda y María Cepeda, su hermana, en el caso 06, sobre Victimizaciones a miembros de la Unión Patriótica (UP), por el homicidio de su padre, el entonces senador Manuel Cepeda Vargas.
"En atención a estos lineamientos, la Sala considera que el homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas, el 9 de agosto de 1994, es un hecho probado ante instancias judiciales del orden nacional e internacional", dijo la JEP. En su decisión citó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que se constató que en la planeación y ejecución del homicidio participaron otros miembros del Ejército y de grupos paramilitares.
“La ejecución del Senador Cepeda Vargas fue propiciada, o al menos permitida, por el conjunto de abstenciones de varias instituciones y autoridades públicas de adoptar las medidas necesarias para proteger su vida”, sentenció esta órgano judicial internacional.
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La JEP también tuvo en cuenta la sentencia del Consejo de Estado, en la que resolvió declarar como responsable a la Nación, el Ministerio de Defensa y el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por el asesinato del dirigente político.
El senador Iván Cepeda, en diálogo con Colombia 2020, mencionó que él y su hermana esperan que la JEP "esclarezca con claridad la cadena de mando que operó para asesinar a mi padre porque hay que recordar que a él lo asesinaron sicarios pertenecientes a grupos paramilitares y suboficiales del Ejército".
El 8 de agosto de 2019, 25 años después de su asesinato, su hijo le envió a la JEP la solicitud, refiriéndose "a la ausencia de una determinación judicial de la responsabilidad penal individual de los determinadores del homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas y de altos mandos militares presuntamente involucrados en este hecho".
Además de la acreditación, y teniendo en cuenta que se cumplen 25 años del magnicidio de su padre, los hermanos Cepeda le solicitaron a la magistratura que, a partir de los informes que han sido presentados ante la JEP y la Comisión de la Verdad, se "llame a José Miguel Narváez y a los demás máximos responsables que en esos documentos han sido relacionados con este caso".
Sobre Narváez, el senador dijo que "según lo que dicen paramilitares, el exdirector del DAS no solamente era profesor en la academia militar y asesor de la Federación de Ganaderos (Fedegan), sino que también paralelamente participaba como asesor de los grupos paramilitares, asesorando al señor Carlos Castaño, involucrado en la ejecución de determinados crímenes".
También pidieron "una audiencia pública conjunta de la JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV)" para contar su testimonio sobre el caso. Los solicitantes insistieron en la necesidad de garantizar verdad y justicia "en este caso que se mantiene en la impunidad debido al dilatado proceso judicial".
La JEP le recordó al senador que a partir de su condición de víctima se le otorga la calidad de interviniente especial, "lo que garantiza las facultades necesarias para participar de manera efectiva en las actuaciones de la JEP". Desde interpelar las versiones voluntarias de los responsables, asistir a las audiencias, entregar pruebas y crear, junto con los responsables, un plan de reparación hacen parte de los derechos a los que tendrá Cepeda y su hermana.
Un homicidio impune
El 8 de agosto de 1994, el entonces senador de la UP Manuel Cepeda Vargas recibió amenazas, mediante papeles y llamadas, en las que le decían que en los próximos días lo asesinarían. Al día siguiente, cuando salió de su casa a las 8:30 a.m. hacia la sede del Congreso de la República, en compañía de su conductor y su escolta, fue interceptado por un sicario, quien acabó con su vida.(Vea también: La herida abierta de la Unión Patriótica)
De acuerdo con el informe que le entregó la Fiscalía a la JEP, hasta el momento se han obtenido dos sentencias por este asesinato contra los sargentos del Ejército Nacional Hernando medina Camacho y Justo Gil Zúñiga, a 43 años de prisión, como coautores del delito de homicidio agravado, aunque absolvió al líder de grupos de autodefensa Carlos Castaño Gil. En otra decisión, el 25 de julio de 2014, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá también condenó, como cómplice de ese homicidio, a Jesús Emiro Rivera, a 127 meses de prisión. Por otro lado, los comandantes de las autodefensas Hébert Veloza, alias “H.H”, y Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, en declaración ante la Fiscalía, denunciaron la presunta participación del exsubdirector del DAS José Miguel Narváez.
En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia contra el Estado por la ejecución extrajudicial del senador y señaló que no se investigó con diligencia, no se sancionó a los responsables ni se generó reparación favor de los familiares de la víctima. También, en 2014, este delito fue declarado de lesa humanidad. Actualmente, se encuentra en etapa de instrucción contra Enrico Ballardini, propietario de la pistola con la que se perpetró el asesinato.