Senadores piden a la JEP que abra caso sobre desaparición forzada

Según la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, el conflicto armado dejó alrededor de 120.000 personas desaparecidas.

Foto: Cristian Garavito

Hace diez años, el 22 de julio de 2010, un grupo de senadores, delegados del Parlamento Europeo y organizaciones sociales realizaron una audiencia pública en La Macarena (Meta) que sirvió de plataforma para dar a conocer al resto del país las denuncias sobre casos de desaparición forzada, desplazamiento, falsos positivos, violencia sexual y despojo de tierras que estaban viviendo los habitantes del bajo Ariari.

Esa audiencia, que por entonces se llamó “Crisis humanitaria en los Llanos Orientales” fue un antes y después en la búsqueda de los casi 83.000 desaparecidos que dejó el conflicto, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Reveló que en al menos cinco cementerios (La Macarena, Vista Hermosa, Granada y Villavicencio en el Meta, y el del San José del Guaviare) había fosas comunes clandestinas con miles de cuerpos no identificados.

(Le puede interesar: Llegan a la JEP casos de falsos positivos y desapariciones en cementerios de los Llanos)

Luego de que se acabara la zona de despeje de San Vicente del Caguán y el expresidente Andrés Pastrana desplegara el Plan Colombia, las Fuerzas Militares arremetieron contra las Farc en estas regiones, afectando también a la población civil. En ese entonces, los campesinos y organizaciones como el Colectivo Orlando Fals Borda o el Cinep contaron cómo miembros del Ejército tiraban cadáveres en terrenos aledaños a las bases militares, justificando que eran posibles guerrilleros caídos en combate.

Según las organizaciones, los batallones implicados en estas acciones para ese momento pertenecían a la Séptima Brigada del Ejército Nacional, a su vez adscrita a la Cuarta División; la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (Futco) y todas sus unidades militares como la Fudra, el Comando Específico de Oriente y otras Brigadas Móviles.

Hoy se sabe que habría al menos 2.304 cuerpos inhumados en los cinco cementerios y que más de la mitad de ellos, 1.674, serían posibles casos de ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron entre el año 2002 y 2010. El Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) de la Fiscalía ha exhumado a la fecha 1.371 cuerpos, identificado 899 y entregado a sus familias 221.

“Habíamos calculado que la identificación plena y entrega digna de todas las personas inhumadas en esos cementerios nos iban a tomar algo más de 104 años, con las velocidades previas a la creación del Sistema de Verdad y Reparación del acuerdo de paz con las Farc. Suponemos que ahora, con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas este tiempo pueda ser mucho más corto”, manifestó César Santoyo, director del COFB.

A la luz de los diez años de esta audiencia, los senadores Iván Cepeda, Roy Barreras y Gustavo Bolívar, junto a las organizaciones sociales convocaron a una audiencia pública a las 3:00 p.m. para hacer un balance de los resultados de la búsqueda y protección de estos cementerios luego de una década.

Están invitados el fiscal Francisco Barbosa; el director general (e) de Medicina Legal, Jorge Arturo Jiménez; la ministra del Interior, Alicia Arango; la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón; el procurador, Fernando Carrillo; el presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux; la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares; la nueva representante de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, Juliette Rivero, y el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch.

“Vamos a instar a las autoridades a que se hagan todos los esfuerzos para que la Unidad de Búsqueda pueda contar con las mejores condiciones para seguir avanzando en este proceso”, afirmó el senador Cepeda. Agregó que la audiencia también se hará para responder a las preocupaciones de víctimas y organizaciones de que se pierdan cuerpos de personas desaparecidas en cementerios debido al incremento en el número de muertos por COVID-19.

Por su parte, Roy Barreras le aseguró a Colombia2020 que le solicitarán a la JEP la apertura de capítulo especial sobre los cementerios de los Llanos Orientales “para poder sistematizar la búsqueda de personas desaparecidas en esa zona y dar con los responsables en esa época”. Los tres senadores se unieron a la propuesta de víctimas y organizaciones de que se abra un macro caso en la JEP sobre desaparición forzada en medio del conflicto.

“Hoy tenemos una deuda enorme con estas familias, por ello acompañamos a las víctimas y las organizaciones de derechos humanos en esta petición. La paz debe traer consuelo y justicia, los victimarios deben contar dónde están los desaparecidos. Muchas familias tienen su vida en pausa generación tras generación y esto tiene que parar”, añadió Gustavo Bolívar. El senador también habló sobre la propuesta de un gran pacto nacional por la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas.

Ante las recientes denuncias de otros lugares donde habría más casos de falsos positivos que revivió la JEP, como el cementerio de Dabeiba o Jardines del Ecce Homo de Valledupar, la UBPD, víctimas y organizaciones han trabajado para que desde el Gobierno Nacional se formule una política pública que garantice la protección de los cementerios del país y su adecuación para que las víctimas y colombianos sean enterrados dignamente.

“Con 26.395 personas inhumadas como no identificadas en apenas 426 cementerios es necesario indagar y construir un mecanismo de identificación, búsqueda y entrega digna que sea eficiente. Estamos en un conflicto abierto aún y está el riesgo de extravío de cadáveres, de no encontrar a las familias, de deterioro de los cuerpos o de impunidad, eso hace que tengamos que ser más ágiles en los procesos de búsqueda”, señaló César Santoyo.

Frente a esta pregunta, Cepeda confirmó que a través de controles políticos desde el Congreso sí pueden contribuir a que surja esta política pública. Barreras, por el contrario, cree que no debe crearse una nueva reglamentación sino fortalecer las que hay y, sobre todo, que el gobierno de Iván Duque garantice los recursos para que la Unidad de Búsqueda y Medicina Legal sean fortalecidas.

“Hay que recordar que a los desaparecidos los asesinaron y los enterraron para esconder la verdad y nosotros estamos en la tarea de desenterrar la verdad. Esa es la verdadera razón de la oposición al acuerdo de paz: no quieren que se conozca la verdad”, sostuvo.

Después del acuerdo de paz

De acuerdo con Santoyo, la audiencia puso en la agenda pública nacional e internacional la dimensión de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. A partir de ahí han logrado articularse con más víctimas y organizaciones de derechos humanos para procesos de búsqueda en todo el país.

Esa articulación les permitió ser escuchadas y atendidas durante las negociaciones de paz en La Habana. Así, el 17 de octubre de 2015 se conoció el comunicado 062, en el cual el Estado colombiano y las Farc se comprometieron a buscar a los desaparecidos y se definió la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Desde junio de 2019, la UBPD ya ha recibido 889 solicitudes de búsqueda de al menos 15 municipios del Meta que corresponden a 1.098 personas desaparecidas. Cuarenta de estas solicitudes corresponden a personas desaparecidas en el municipio de La Macarena.

La Unidad cuenta ya con dos planes regionales de búsqueda en esta región que ya están en fase de implementación y están construyendo otros planes que agrupen 453 personas dadas por desaparecidas en las zonas del alto y medio Ariari; Duda – Guayabero; Capital y Piedemonte; y Puerto Gaitán.

(Vea también: Comisión de la Verdad recibe 6.000 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales)

Cerca de 290 familias que acompaña el Colectivo OFB y que tienen familiares desaparecidos en estos cinco cementerios ya están trabajando con la UBPD. Algunas también se han acreditado en la JEP y el caso fue entregado a este tribunal de paz el 1 de agosto de 2019 a través del informe “Desenterrar la verdad en los Llanos Orientales”.

Durante la audiencia, el magistrado de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, Alejandro Ramelli presentó algunos de los avances que ha hecho la JEP con respecto a casos de desaparición y falsos positivos. Explicó de entrada que sobre la solicitud de un macro caso de desaparición, la JEP por ahora está trabajando e investigando este delito de manera transversal en cinco de los siete casos abiertos y a través de las medidas cautelares decretadas en 40 lugares y cementerios donde hay cuerpos no identificados.

Sobre el caso 003, de ejecuciones extrajudiciales, afirmó que a la fecha están acreditadas 488 víctimas a nivel nacional, han recibido 245 versiones voluntarias y que pronto darán a conocer los escritos de determinación de hechos y conductas. Sobre el Meta en particular, aseguró que están trabajando de manera articulada en siete cementerios son la Fiscalía y el Grube para indagar por más inhumaciones y personas desaparecidas en esos lugares. Han agrupado 68 hechos de ejecuciones extrajudiciales y han rendido versiones voluntarias 140 miembros del Ejército que operaron en el Meta y el Casanare.

Uno de los hallazgos hasta el momento es que altos mando del Ejército han confesado un número mayor de casos a los que les investigan en la justicia ordinaria. Puso el ejemplo de un hombre condenado por un hecho, procesado por 25 y que confesó en la JEP responsabilidad en 17 nuevos casos. Así mismo, han citado a personas que nunca antes habían sido llamadas y tienen información de otros lugares donde habrían víctimas de falsos positivos.

“Todo esto era impunidad, eran hechos jamas denunciados en la justicia ordinaria que están siendo confesados en la JEP. Aquí lo que está saliendo es la verdad que muchos no quieren escuchar”, señaló.

Para conocer más detalles sobre estos cinco cementerios explore esta línea de tiempo: