Siete cuerpos recuperados en Antioquia por la UBPD y la JEP tienen signos de muerte violenta

Como parte del proyecto para proteger los cuerpos de personas desaparecidas en cementerios, el cual comenzó desde el pasado 26 de octubre en Antioquia, y el estudio de medidas cautelares que solicitó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) a 17 lugares del país donde estarían inhumadas víctimas del conflicto armado, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lograron la primera recuperación de siete cuerpos de personas no identificadas y que tenían evidencias de muerte violenta.

Tres de estos cuerpos habían sido exhumados del cementerio de Orobajo en Sabanalarga, donde hoy está el proyecto Hidroituango, y cuatro restantes fueron recuperados de varias fosas en el Cementerio El Universal de Medellín. Dichos cuerpos hacen parte del grupo de 300 que está custodiado en el laboratorio de osteología antropológica de la Universidad de Antioquia, hoy protegido por la JEP, después de que los magistrados se enteraran que podrían ser víctimas del conflicto armado.

Los cuerpos de Orobajo llegaron hasta ahí, después de que la Fiscalía General de la Nación le otorgara un permiso a Empresas Públicas de Medellín (EPM) de trasladarlos del camposanto a la Universidad de Antioquia, pues no tendrían relación con el conflicto armado y así adelantar la megaobra de infraestuctura. Sin embargo, en medio de una audiencia de la JEP, realizada en 2019 en Medellín, las autoridades y las organizaciones involucradas revelaron no tener la certeza de que las personas exhumadas no fuesen víctimas de la guerra. Por otro lado, también existen dudas de la procedencia de los cuerpos del cementerio Universal, pues temen que sean desaparecidos de la Comuna 13.

Vea: Inicia proyecto para proteger cuerpos de desaparecidos en el Cementerio El Universal de Medellín

Desde febrero de este año, tanto UBPD como la JEP han venido trabajando en una mesa técnica para avanzar en su identificación o causa de muerte. Al evidenciar los signos de violencia, ambas entidades decidieron remitir los cuerpos a Medicina Legal para que esta entidad haga los análisis respectivos y determine las lesiones.

“El trabajo que se adelanta en estos dos lugares nuevamente hace evidentes los riesgos que corren los cuerpos que allí fueron inhumados y por tanto, se hace necesario, según las organizaciones de víctimas y derechos humanos, una intervención urgente e inmediata por parte de la Unidad de Búsqueda en el marco del Plan Cementerios, para garantizar la recuperación de los cuerpos y el avance en términos de identificación y posterior entrega digna a los familiares”, aseguró el Movice a través de un comunicado.

Hay que recordar que tanto organizaciones de víctimas de desaparición forzada como la misma directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, le han solicitado al Gobierno Nacional y entidades locales que dispongan de manera adecuada los cuerpos de personas fallecidas por COVID-19 para no poner en riesgo el sinnúmero de cuerpos sin nombre que podrían ser víctimas del conflicto. No más en el cementerio El Universal fueron inhumadas 1.030 personas no identificadas entre 1989 y 1995.

Lea: Las tumbas que guardan la verdad de los desaparecidos en Samaná, Caldas

Esta trabajo continuará hasta mañana 30 de octubre y beneficiará a por lo menos 300 familiares de personas desaparecidas y a 180 hombres y mujeres que pertenecen a la organización de derechos humanos en Antioquia.

Como parte del proyecto para proteger los cuerpos de personas desaparecidas en cementerios, el cual comenzó desde el pasado 26 de octubre en Antioquia, y el estudio de medidas cautelares que solicitó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) a 17 lugares del país donde estarían inhumadas víctimas del conflicto armado, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lograron la primera recuperación de siete cuerpos de personas no identificadas y que tenían evidencias de muerte violenta.

Tres de estos cuerpos habían sido exhumados del cementerio de Orobajo en Sabanalarga, donde hoy está el proyecto Hidroituango, y cuatro restantes fueron recuperados de varias fosas en el Cementerio El Universal de Medellín. Dichos cuerpos hacen parte del grupo de 300 que está custodiado en el laboratorio de osteología antropológica de la Universidad de Antioquia, hoy protegido por la JEP, después de que los magistrados se enteraran que podrían ser víctimas del conflicto armado.

Los cuerpos de Orobajo llegaron hasta ahí, después de que la Fiscalía General de la Nación le otorgara un permiso a Empresas Públicas de Medellín (EPM) de trasladarlos del camposanto a la Universidad de Antioquia, pues no tendrían relación con el conflicto armado y así adelantar la megaobra de infraestuctura. Sin embargo, en medio de una audiencia de la JEP, realizada en 2019 en Medellín, las autoridades y las organizaciones involucradas revelaron no tener la certeza de que las personas exhumadas no fuesen víctimas de la guerra. Por otro lado, también existen dudas de la procedencia de los cuerpos del cementerio Universal, pues temen que sean desaparecidos de la Comuna 13.

Vea: Inicia proyecto para proteger cuerpos de desaparecidos en el Cementerio El Universal de Medellín

Desde febrero de este año, tanto UBPD como la JEP han venido trabajando en una mesa técnica para avanzar en su identificación o causa de muerte. Al evidenciar los signos de violencia, ambas entidades decidieron remitir los cuerpos a Medicina Legal para que esta entidad haga los análisis respectivos y determine las lesiones.

“El trabajo que se adelanta en estos dos lugares nuevamente hace evidentes los riesgos que corren los cuerpos que allí fueron inhumados y por tanto, se hace necesario, según las organizaciones de víctimas y derechos humanos, una intervención urgente e inmediata por parte de la Unidad de Búsqueda en el marco del Plan Cementerios, para garantizar la recuperación de los cuerpos y el avance en términos de identificación y posterior entrega digna a los familiares”, aseguró el Movice a través de un comunicado.

Hay que recordar que tanto organizaciones de víctimas de desaparición forzada como la misma directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, le han solicitado al Gobierno Nacional y entidades locales que dispongan de manera adecuada los cuerpos de personas fallecidas por COVID-19 para no poner en riesgo el sinnúmero de cuerpos sin nombre que podrían ser víctimas del conflicto. No más en el cementerio El Universal fueron inhumadas 1.030 personas no identificadas entre 1989 y 1995.

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Esta trabajo continuará hasta mañana 30 de octubre y beneficiará a por lo menos 300 familiares de personas desaparecidas y a 180 hombres y mujeres que pertenecen a la organización de derechos humanos en Antioquia.