"Sin ‘El Paisa’, una parte de la verdad del conflicto quedará oculta": víctimas

Las reacciones ante la orden de captura que emitió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, conocido en la guerra como ‘El Paisa’, fueron inmediatas. Mientras algunos celebraran la decisión y aseguraban que la JEP no es un tribunal de impunidad, otros, muy pocos, se preocupaban por la ausencia del exjefe guerrillero, quien es responsable, según la justicia ordinaria, de más de 128 procesos.

¿Por qué fue tan importante esta decisión de su captura? ¿Qué repercusiones tiene en el proceso de paz? ¿Quiénes son los más perjudicados con el silencio de ‘El Paisa en la JEP? Son sólo algunas preguntas que aún se debaten en la opinión pública.

Vea también: ¿Por qué la JEP ordenó capturar al "Paisa"?

La pérdida de la libertad condicional de Velásquez Saldarriaga fue una decisión histórica. Es la primera vez que los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la JEP le quitan los beneficios a alguien que decidió acogerse a esta justicia por no cumplir con sus compromisos. Los togados dejaron claro que la JEP y el compromiso con la verdad y la reparación de las víctimas deben tomarse en serio.

Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la U. Libre, considera que esta decisión desvirtúa que esta jurisdicción signifique impunidad. “Se trata de una jurisdicción transicional que aplica justicia restaurativa con apego al debido proceso y que actúa con independencia. Significa, entonces, que el Acuerdo Final de Paz valió la pena, que los colombianos y las víctimas pueden confiar en la JEP”.

Esta opinión fue una de las más sobresalientes de los defensores de la paz después de la decisión de los magistrados. Expertos en justicia transicional aseguran que una de las maneras más eficaces para que la JEP tenga legitimidad y se blinde- si es que puede- de los ataques de quienes aún están en contra de su creación es a través de estas decisiones que demuestran su mano firme.

O eso cree Diana Guiza, investigadora de DeJusticia, quien en el pasado conversatorio sobre la JEP de El Espectador, en la Feria del Libro, también resaltó la importancia del buen funcionamiento de esta justicia, tal y como se planteó en el Acuerdo Final, firmado entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc. Sin embargo, insistió en la necesidad de construir un consenso político sobre la paz.

Aunque eso, sin duda, no sólo llegará por las determinaciones de los magistrados de la JEP. La paz, a fin de cuentas, se teje también con las víctimas y una sociedad civil dispuesta a reconciliarse. Por eso, para Juan Carlos Ospina, coordinador de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que le hayan retirado los beneficios a ‘El Paisa’ no es un motivo de celebración.

Ospina asegura que sólo se trata de “una consecuencia normal desde la administración de justicia a una persona que no atendió a los requerimientos que se le hicieron, a pesar de haber recibido incentivos por haberse acogido a esta jurisdicción”. Por decirlo en palabras más sencillas: la gente está celebrando una decisión como si fuese una ocurrencia de los magistrados o una respuesta a una presión sobre la legitimidad de la jurisdicción, pero lo cierto es que la norma ya estaba estructurada así desde que se creó el Acuerdo de Paz. Los magistrados sólo están cumpliendo con su trabajo y si hay una mayor legitimidad después de esto, es tan sólo una consecuencia indirecta.

Lea también: La JEP ordena la captura de "El Paisa"

Por otro lado, y en esto fue muy enfático el coordinador de la CCJ, que ‘El Paisa’ no aparezca y lo hayan sancionado es un hecho lamentable. No porque no lo merezca, sino porque su ausencia tiene un impacto con las expectativas de las víctimas, quienes esperan saber qué fue lo que sucedió en sus hechos victimizantes y tienen una esperanza de por fin ser reparadas.

Esto es, en definitiva, lo que más les preocupa a las víctimas. Y no es para menos. Velásquez Saldarriaga es un hombre clave para las verdades que se revelarán en la JEP, pues fue el exjefe de la columna móvil Téofilo Forero de las Farc, una de las unidades con mayores responsabilidades sobre los crímenes más atroces cometidos por las Farc. Fue creada en 1993 para proteger al Secretariado y dentro de los delitos que se le atribuyen a ‘El Paisa’ y la Teófilo Forero están el secuestro y asesinato de los 12 diputados del Valle del Cauca, la toma de Miraflores (Guaviare) y la bomba del club El Nogal.

Bertha Lucía Fríes, víctima del atentado contra El Nogal, dice que, a pesar de ser absolutamente acertada la decisión de la JEP, como víctima, defensora del proceso de paz y portadora de la bandera de la reconciliación, siente que es una pérdida no poder contar con las verdades que Velásquez Saldarriaga podría aportar como uno de los máximos dirigentes de las Farc, pues una parte del conflicto quedará oculta.

Fríes lo tiene claro: “La verdad es clave para lograr el perdón y la reconciliación. ‘El Paisa’ tiene 128 procesos entre homicidios, terrorismo, acceso carnal, secuestros, entre otros. ¿Cuántas verdades estamos dejando de recibir?". En su caso, espera que ‘El Paisa’ cuente todos los detalles de cómo se planeó el operativo, quiénes fueron los que participaron, dé los nombres de los involucrados y diga a quiénes estaba dirigida la bomba.

Lea también: “Reactivar las órdenes de captura sería desconocer el Acuerdo de Paz”: abogado de ‘El Paisa’

En caso de que Velásquez Saldarriaga no responda a los llamados de la JEP, Fríes se aferra a la idea de que el comando central de las Farc responda estas preguntas, como parte del cumplimiento del acuerdo. “Hay responsables directos como el caso de 'El Paisa', quien manejó la operación, y hay responsables desde la alta jerarquía de las Farc, quienes tomaron la decisión y son los autores intelectuales y responsables del mayor atentado urbano a la capital del país, que dejó 36 muertos y 198 heridos”, agrega Fríes.

Para Juan Carlos Ospina, tampoco hay que desechar la posibilidad de que ‘El Paisa’ comparezca. Aún existe una segunda oportunidad para Velásquez Saldarriaga. Cabe mencionar que la JEP decidió no expulsarlo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, debido a que no se comprobó que haya cometido la falta más grave: volver a las armas y cometer de nuevo delitos. 

Sin embargo, otras víctimas son escépticas. No creen que el exguerrillero se presente, pues en más de tres ocasiones ha ignorado el llamado de la JEP. Por eso están inconformes con la decisión de esta jurisdicción de no haberlo expulso aún del Sistema Integral. Ese es el caso de Jaime Felipe Lozada, secuestrado por las Farc y también hijo de Gloria Polanco, secuestrada por orden de ‘El Paisa’, y de Jaime Lozada, político y exgobernador del departamento del Huila asesinado por esta guerrilla.

Para Lozada, quien hoy es representante a la Cámara por el Huila,  ‘El Paisa’ nunca va a reconocer a sus víctimas: “Tuvo una oportunidad histórica de resarcir tanto dolor y doblar la página con los delitos que cometió. Fue negociador en La Habana y fue líder de proyectos productivos en Caquetá. Tuvo tiempo suficiente y necesario para contar la verdad y darle la cara al país. Pero tomó decisiones que van en contravía a lo firmado en el Acuerdo Final: abandonar las zonas veredales y renunciar a los beneficios. ‘El Paisa’ no tiene voluntad de paz y por eso queremos que la justicia actúe y lo saquen de la JEP, para que responda ante la justicia ordinaria”.

Lozada no cree que la seguridad sea un argumento para no responder ante las víctimas, pues los exjefes guerrilleros cuentan con robustos esquemas de seguridad y con apoyo de entidades y otros organismos internacionales, incluso, si así lo requiere, de las víctimas: “Si necesita que las víctimas lo acompañemos para que comparezca, aquí estamos. Si quiere que esté a su lado para salvaguardar su integridad física, estoy dispuesto a hacerlo, pero que no tenga la cobardía de buscar excusas insulsas para no garantizarle los derechos a las víctimas y seguirse burlando del país”.

Lea también: ¿Para qué la JEP está buscando a El Paisa?

Si bien coincide en que no hay mayor reparación que la verdad y que los victimarios reconozcan los hechos y pidan perdón, no está dispuesto a aguantar la revictimización ni la burla de quienes en su momento le hicieron tanto daño, así no sepa por qué le hicieron tanto daño a su familia, así una parte de la verdad de la guerra quede oculta. Por eso le pide a la JEP tomar una decisión definitiva, que sea coherente con el objetivo de esta jurisdicción: darle el protagonismo a las víctimas. De no ser así, advierte el congresista, se está jugando su credibilidad, pues puede reabrir heridas dándole preponderancia a los derechos de los victimarios. Insiste en que el caso pase a la justicia ordinaria, donde lo obligarían a responder por sus delitos. 

Colombia2020 intentó comunicarse con el partido Farc, pero aseguraron que por ahora no darán declaraciones hasta que no definan entre todos una postura oficial.

Las reacciones ante la orden de captura que emitió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, conocido en la guerra como ‘El Paisa’, fueron inmediatas. Mientras algunos celebraran la decisión y aseguraban que la JEP no es un tribunal de impunidad, otros, muy pocos, se preocupaban por la ausencia del exjefe guerrillero, quien es responsable, según la justicia ordinaria, de más de 128 procesos.

¿Por qué fue tan importante esta decisión de su captura? ¿Qué repercusiones tiene en el proceso de paz? ¿Quiénes son los más perjudicados con el silencio de ‘El Paisa en la JEP? Son sólo algunas preguntas que aún se debaten en la opinión pública.

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La pérdida de la libertad condicional de Velásquez Saldarriaga fue una decisión histórica. Es la primera vez que los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la JEP le quitan los beneficios a alguien que decidió acogerse a esta justicia por no cumplir con sus compromisos. Los togados dejaron claro que la JEP y el compromiso con la verdad y la reparación de las víctimas deben tomarse en serio.

Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la U. Libre, considera que esta decisión desvirtúa que esta jurisdicción signifique impunidad. “Se trata de una jurisdicción transicional que aplica justicia restaurativa con apego al debido proceso y que actúa con independencia. Significa, entonces, que el Acuerdo Final de Paz valió la pena, que los colombianos y las víctimas pueden confiar en la JEP”.

Esta opinión fue una de las más sobresalientes de los defensores de la paz después de la decisión de los magistrados. Expertos en justicia transicional aseguran que una de las maneras más eficaces para que la JEP tenga legitimidad y se blinde- si es que puede- de los ataques de quienes aún están en contra de su creación es a través de estas decisiones que demuestran su mano firme.

O eso cree Diana Guiza, investigadora de DeJusticia, quien en el pasado conversatorio sobre la JEP de El Espectador, en la Feria del Libro, también resaltó la importancia del buen funcionamiento de esta justicia, tal y como se planteó en el Acuerdo Final, firmado entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc. Sin embargo, insistió en la necesidad de construir un consenso político sobre la paz.

Aunque eso, sin duda, no sólo llegará por las determinaciones de los magistrados de la JEP. La paz, a fin de cuentas, se teje también con las víctimas y una sociedad civil dispuesta a reconciliarse. Por eso, para Juan Carlos Ospina, coordinador de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que le hayan retirado los beneficios a ‘El Paisa’ no es un motivo de celebración.

Ospina asegura que sólo se trata de “una consecuencia normal desde la administración de justicia a una persona que no atendió a los requerimientos que se le hicieron, a pesar de haber recibido incentivos por haberse acogido a esta jurisdicción”. Por decirlo en palabras más sencillas: la gente está celebrando una decisión como si fuese una ocurrencia de los magistrados o una respuesta a una presión sobre la legitimidad de la jurisdicción, pero lo cierto es que la norma ya estaba estructurada así desde que se creó el Acuerdo de Paz. Los magistrados sólo están cumpliendo con su trabajo y si hay una mayor legitimidad después de esto, es tan sólo una consecuencia indirecta.

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Por otro lado, y en esto fue muy enfático el coordinador de la CCJ, que ‘El Paisa’ no aparezca y lo hayan sancionado es un hecho lamentable. No porque no lo merezca, sino porque su ausencia tiene un impacto con las expectativas de las víctimas, quienes esperan saber qué fue lo que sucedió en sus hechos victimizantes y tienen una esperanza de por fin ser reparadas.

Esto es, en definitiva, lo que más les preocupa a las víctimas. Y no es para menos. Velásquez Saldarriaga es un hombre clave para las verdades que se revelarán en la JEP, pues fue el exjefe de la columna móvil Téofilo Forero de las Farc, una de las unidades con mayores responsabilidades sobre los crímenes más atroces cometidos por las Farc. Fue creada en 1993 para proteger al Secretariado y dentro de los delitos que se le atribuyen a ‘El Paisa’ y la Teófilo Forero están el secuestro y asesinato de los 12 diputados del Valle del Cauca, la toma de Miraflores (Guaviare) y la bomba del club El Nogal.

Bertha Lucía Fríes, víctima del atentado contra El Nogal, dice que, a pesar de ser absolutamente acertada la decisión de la JEP, como víctima, defensora del proceso de paz y portadora de la bandera de la reconciliación, siente que es una pérdida no poder contar con las verdades que Velásquez Saldarriaga podría aportar como uno de los máximos dirigentes de las Farc, pues una parte del conflicto quedará oculta.

Fríes lo tiene claro: “La verdad es clave para lograr el perdón y la reconciliación. ‘El Paisa’ tiene 128 procesos entre homicidios, terrorismo, acceso carnal, secuestros, entre otros. ¿Cuántas verdades estamos dejando de recibir?". En su caso, espera que ‘El Paisa’ cuente todos los detalles de cómo se planeó el operativo, quiénes fueron los que participaron, dé los nombres de los involucrados y diga a quiénes estaba dirigida la bomba.

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En caso de que Velásquez Saldarriaga no responda a los llamados de la JEP, Fríes se aferra a la idea de que el comando central de las Farc responda estas preguntas, como parte del cumplimiento del acuerdo. “Hay responsables directos como el caso de 'El Paisa', quien manejó la operación, y hay responsables desde la alta jerarquía de las Farc, quienes tomaron la decisión y son los autores intelectuales y responsables del mayor atentado urbano a la capital del país, que dejó 36 muertos y 198 heridos”, agrega Fríes.

Para Juan Carlos Ospina, tampoco hay que desechar la posibilidad de que ‘El Paisa’ comparezca. Aún existe una segunda oportunidad para Velásquez Saldarriaga. Cabe mencionar que la JEP decidió no expulsarlo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, debido a que no se comprobó que haya cometido la falta más grave: volver a las armas y cometer de nuevo delitos. 

Sin embargo, otras víctimas son escépticas. No creen que el exguerrillero se presente, pues en más de tres ocasiones ha ignorado el llamado de la JEP. Por eso están inconformes con la decisión de esta jurisdicción de no haberlo expulso aún del Sistema Integral. Ese es el caso de Jaime Felipe Lozada, secuestrado por las Farc y también hijo de Gloria Polanco, secuestrada por orden de ‘El Paisa’, y de Jaime Lozada, político y exgobernador del departamento del Huila asesinado por esta guerrilla.

Para Lozada, quien hoy es representante a la Cámara por el Huila,  ‘El Paisa’ nunca va a reconocer a sus víctimas: “Tuvo una oportunidad histórica de resarcir tanto dolor y doblar la página con los delitos que cometió. Fue negociador en La Habana y fue líder de proyectos productivos en Caquetá. Tuvo tiempo suficiente y necesario para contar la verdad y darle la cara al país. Pero tomó decisiones que van en contravía a lo firmado en el Acuerdo Final: abandonar las zonas veredales y renunciar a los beneficios. ‘El Paisa’ no tiene voluntad de paz y por eso queremos que la justicia actúe y lo saquen de la JEP, para que responda ante la justicia ordinaria”.

Lozada no cree que la seguridad sea un argumento para no responder ante las víctimas, pues los exjefes guerrilleros cuentan con robustos esquemas de seguridad y con apoyo de entidades y otros organismos internacionales, incluso, si así lo requiere, de las víctimas: “Si necesita que las víctimas lo acompañemos para que comparezca, aquí estamos. Si quiere que esté a su lado para salvaguardar su integridad física, estoy dispuesto a hacerlo, pero que no tenga la cobardía de buscar excusas insulsas para no garantizarle los derechos a las víctimas y seguirse burlando del país”.

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Si bien coincide en que no hay mayor reparación que la verdad y que los victimarios reconozcan los hechos y pidan perdón, no está dispuesto a aguantar la revictimización ni la burla de quienes en su momento le hicieron tanto daño, así no sepa por qué le hicieron tanto daño a su familia, así una parte de la verdad de la guerra quede oculta. Por eso le pide a la JEP tomar una decisión definitiva, que sea coherente con el objetivo de esta jurisdicción: darle el protagonismo a las víctimas. De no ser así, advierte el congresista, se está jugando su credibilidad, pues puede reabrir heridas dándole preponderancia a los derechos de los victimarios. Insiste en que el caso pase a la justicia ordinaria, donde lo obligarían a responder por sus delitos. 

Colombia2020 intentó comunicarse con el partido Farc, pero aseguraron que por ahora no darán declaraciones hasta que no definan entre todos una postura oficial.