Sistema Integral de Paz lanza mecanismo que alerta violencias contra líderes
Las tres entidades del Sistema Integral para la Paz lanzaron el Mecanismo Unificado de Monitoreo, una herramienta digital que permite visualizar datos y mapas de los municipios en los que se presentan mayores afectaciones a la vida e integridad de víctimas del conflicto armado, desmovilizados y miembros de organizaciones sociales, para prevenir acciones que puedan ponerlos en riesgo.
El fin de la guerra entre el Estado colombiano y las extintas Farc no resolvió los problemas estructurales que provocan la violencia en diferentes zonas del país.
Según registros de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desde la firma del Acuerdo final, hace cinco años, han sido asesinados 1.025 líderes y lideresas sociales, de los cuales un 26% formaron parte, en alguna medida, de las instancias del Sistema Integral para la Paz, conformado por la JEP, la Comisión de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
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Las personas que le han apostado a la paz han sido blancos directos de distintos repertorios de violencia durante el posconflicto. Esto no discrimina víctimas, firmantes del Acuerdo o miembros de organizaciones sociales.
En esa materia, los últimos años han sido tan turbios que, según cifras oficiales de la JEP, cerca del 30% de las víctimas acreditadas ante este tribunal han sufrido afectaciones a sus derechos humanos. Buena parte de las conductas criminales se han concentrado en 100 municipios, donde los grupos armados activos siembran terror.
¿Cómo confiar en la construcción de paz y en la protección estatal con ese panorama? Sobre este tipo de inquietudes, la UIA se encargó de desarrollar el Mecanismo Unificado de Monitoreo, una herramienta tecnológica creada para visualizar y alertar los problemas de inseguridad que pueden vivir las personas que participan en el Sistema Integral, cuya vida puede correr riesgo constante, por sus trabajos de defensa en torno a los derechos de sus comunidades.
Este martes, en San Jacinto (Bolívar), fue lanzado el mecanismo, en medio de dudas y temores de líderes y lideresas de la región Caribe -especialmente de los Montes de María- que asistieron al evento, para conocer sus pormenores y exponer las situaciones humanitarias que enfrentan todos los días.
Las amenazas forman parte de su cotidianidad y al ver pocas o nulas intervenciones por parte de sus autoridades políticas locales para protegerlos, muchos de ellos ven en esta plataforma una aliada que les pueda dar pistas para aislarse de factores de riesgo.
Así lo dijo Gabriel Antonio Pulido, vocero del Consejo Comunitario de Mampuján (María la Baja), quien además denunció que “en mi territorio la violencia nunca ha cesado. La sensación constante es que regresamos a los noventa y al año 2000; nadie nos escucha y dentro de nuestras pocas opciones para huirle a los violentos está confiar en esta plataforma que al menos estará al tanto de nosotros en tiempo real y nos puede alertar. Por lo demás hay desazón porque todo lo que pasa acá es del pleno conocimiento de las autoridades. Algo diferente es que se hagan los de la vista gorda”.
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¿Cómo funcionará el monitoreo?
Para tratar casos como los que expuso Gabriel Pulido, la UIA sistematizó información proveniente de 160 medios de comunicación a nivel nacional, cerca de 200 Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y 372 cuentas de Twitter de organizaciones defensoras, organismos multilaterales y entidades del Estado, cuyo fin será rastrear mediante mapas interactivos los lugares con mayores afectaciones a civiles, analizar repertorios de violencia en las regiones, monitorear casos de violencia y los posteriores procesos judiciales contra los responsables; y, a su vez, generar alertas sobre violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Esta información recopilada se verá por medio de boletines diarios de monitoreo, informes temáticos y de riesgo y reportes con fines judiciales, mediante los cuales se puedan evaluar medidas cautelares de protección colectiva a las víctimas.
Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, dijo que el país va a tener síntomas de mejoría cuando este mecanismo se necesite poco y se piense más desde un Estado protector que reactivo. “Normalizamos tantos carros blindados y un Estado que actúa de forma reactiva. Este mecanismo es un avance y esperamos que sirva en lo relacionado con las garantías de no repetición”, sentenció.
En la página web de la JEP está habilitado el Mecanismo Unificado de Monitoreo, cuenta con opción de ingreso vía código QR y permitirá a los usuarios descargar la información en archivos de Excel.
Si bien esta iniciativa fue de la UIA, en cuestiones técnicas, logísticas y de acompañamiento, el desarrollo del mecanismo contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De acuerdo con Sara Ferrer, representante residente de esta oficina de la ONU en Colombia, “este es uno de los hitos más importantes que ha tenido el país en materia de análisis de riesgo, de prevención por alertas y de respuestas institucionales eficaces. Es un paso más en el que el centro de la discusión son las víctimas”.
Ferrer añadió que desde PNUD confían en que este tan solo sea uno de los pasos dentro del posconflicto en el que la cooperación internacional trabaje de forma articulada con organizaciones sociales y pueblos étnicos que por tantos años han sido invisibilizados y a quienes recayeron de formas más desproporcionales los rigores de la guerra.
“La comunidad tiene que pararse duro frente a los violentos”
Serbio Macareno Sierra es líder social en Sucre e intervino con angustia en el evento del lanzamiento del mecanismo. “En todas las mesas de víctimas las personas están amenazadas y los responsables están en connivencia con las autoridades. De hecho, nos han amenazado tanto que nos quitaron hasta el miedo y ya no dudamos a la hora de denunciarlos”, aseveró.
Los demás líderes presentes comenzaron a clamar por temas similares, pero dejaron la idea de que sus denuncias no van a cesar hasta que haya mayores garantías de no repetición y se ajusten los mecanismos judiciales para reducir las tasas de impunidad sobre los delitos que los afectan a ellos y a sus familias.
Vea: 3.000 mujeres en resistencia frente a 3.000 hombres armados en el Bajo Cauca
Recogiendo todas esas ideas, las reflexiones finales estuvieron a cargo del presidente de la CEV, Francisco de Roux, quien invitó a los que han sido afectados por los grupos armados a denunciarlos para que el país entero conozca sus alcances.
“Ninguna empresa vale más que la vida de las personas. La dignidad de ustedes siempre está de primero y se tiene que respetar. La vida de un ser humano no es negociable y por eso hay que creer en las comunidades; son ellas las que cuidan a los líderes y sirven como primer mecanismo de prevención, allí está la clave. Por eso la comunidad tiene que pararse duro frente a los violentos. Hay que hacerlos sentir como lo que son, como criminales”, concluyó.
El fin de la guerra entre el Estado colombiano y las extintas Farc no resolvió los problemas estructurales que provocan la violencia en diferentes zonas del país.
Según registros de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desde la firma del Acuerdo final, hace cinco años, han sido asesinados 1.025 líderes y lideresas sociales, de los cuales un 26% formaron parte, en alguna medida, de las instancias del Sistema Integral para la Paz, conformado por la JEP, la Comisión de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
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Las personas que le han apostado a la paz han sido blancos directos de distintos repertorios de violencia durante el posconflicto. Esto no discrimina víctimas, firmantes del Acuerdo o miembros de organizaciones sociales.
En esa materia, los últimos años han sido tan turbios que, según cifras oficiales de la JEP, cerca del 30% de las víctimas acreditadas ante este tribunal han sufrido afectaciones a sus derechos humanos. Buena parte de las conductas criminales se han concentrado en 100 municipios, donde los grupos armados activos siembran terror.
¿Cómo confiar en la construcción de paz y en la protección estatal con ese panorama? Sobre este tipo de inquietudes, la UIA se encargó de desarrollar el Mecanismo Unificado de Monitoreo, una herramienta tecnológica creada para visualizar y alertar los problemas de inseguridad que pueden vivir las personas que participan en el Sistema Integral, cuya vida puede correr riesgo constante, por sus trabajos de defensa en torno a los derechos de sus comunidades.
Este martes, en San Jacinto (Bolívar), fue lanzado el mecanismo, en medio de dudas y temores de líderes y lideresas de la región Caribe -especialmente de los Montes de María- que asistieron al evento, para conocer sus pormenores y exponer las situaciones humanitarias que enfrentan todos los días.
Las amenazas forman parte de su cotidianidad y al ver pocas o nulas intervenciones por parte de sus autoridades políticas locales para protegerlos, muchos de ellos ven en esta plataforma una aliada que les pueda dar pistas para aislarse de factores de riesgo.
Así lo dijo Gabriel Antonio Pulido, vocero del Consejo Comunitario de Mampuján (María la Baja), quien además denunció que “en mi territorio la violencia nunca ha cesado. La sensación constante es que regresamos a los noventa y al año 2000; nadie nos escucha y dentro de nuestras pocas opciones para huirle a los violentos está confiar en esta plataforma que al menos estará al tanto de nosotros en tiempo real y nos puede alertar. Por lo demás hay desazón porque todo lo que pasa acá es del pleno conocimiento de las autoridades. Algo diferente es que se hagan los de la vista gorda”.
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¿Cómo funcionará el monitoreo?
Para tratar casos como los que expuso Gabriel Pulido, la UIA sistematizó información proveniente de 160 medios de comunicación a nivel nacional, cerca de 200 Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y 372 cuentas de Twitter de organizaciones defensoras, organismos multilaterales y entidades del Estado, cuyo fin será rastrear mediante mapas interactivos los lugares con mayores afectaciones a civiles, analizar repertorios de violencia en las regiones, monitorear casos de violencia y los posteriores procesos judiciales contra los responsables; y, a su vez, generar alertas sobre violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Esta información recopilada se verá por medio de boletines diarios de monitoreo, informes temáticos y de riesgo y reportes con fines judiciales, mediante los cuales se puedan evaluar medidas cautelares de protección colectiva a las víctimas.
Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, dijo que el país va a tener síntomas de mejoría cuando este mecanismo se necesite poco y se piense más desde un Estado protector que reactivo. “Normalizamos tantos carros blindados y un Estado que actúa de forma reactiva. Este mecanismo es un avance y esperamos que sirva en lo relacionado con las garantías de no repetición”, sentenció.
En la página web de la JEP está habilitado el Mecanismo Unificado de Monitoreo, cuenta con opción de ingreso vía código QR y permitirá a los usuarios descargar la información en archivos de Excel.
Si bien esta iniciativa fue de la UIA, en cuestiones técnicas, logísticas y de acompañamiento, el desarrollo del mecanismo contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De acuerdo con Sara Ferrer, representante residente de esta oficina de la ONU en Colombia, “este es uno de los hitos más importantes que ha tenido el país en materia de análisis de riesgo, de prevención por alertas y de respuestas institucionales eficaces. Es un paso más en el que el centro de la discusión son las víctimas”.
Ferrer añadió que desde PNUD confían en que este tan solo sea uno de los pasos dentro del posconflicto en el que la cooperación internacional trabaje de forma articulada con organizaciones sociales y pueblos étnicos que por tantos años han sido invisibilizados y a quienes recayeron de formas más desproporcionales los rigores de la guerra.
“La comunidad tiene que pararse duro frente a los violentos”
Serbio Macareno Sierra es líder social en Sucre e intervino con angustia en el evento del lanzamiento del mecanismo. “En todas las mesas de víctimas las personas están amenazadas y los responsables están en connivencia con las autoridades. De hecho, nos han amenazado tanto que nos quitaron hasta el miedo y ya no dudamos a la hora de denunciarlos”, aseveró.
Los demás líderes presentes comenzaron a clamar por temas similares, pero dejaron la idea de que sus denuncias no van a cesar hasta que haya mayores garantías de no repetición y se ajusten los mecanismos judiciales para reducir las tasas de impunidad sobre los delitos que los afectan a ellos y a sus familias.
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Recogiendo todas esas ideas, las reflexiones finales estuvieron a cargo del presidente de la CEV, Francisco de Roux, quien invitó a los que han sido afectados por los grupos armados a denunciarlos para que el país entero conozca sus alcances.
“Ninguna empresa vale más que la vida de las personas. La dignidad de ustedes siempre está de primero y se tiene que respetar. La vida de un ser humano no es negociable y por eso hay que creer en las comunidades; son ellas las que cuidan a los líderes y sirven como primer mecanismo de prevención, allí está la clave. Por eso la comunidad tiene que pararse duro frente a los violentos. Hay que hacerlos sentir como lo que son, como criminales”, concluyó.