“Somos una jurisdicción de paz, no de venganza”: presidenta de la JEP

En compañía de las víctimas del conflicto armado, magistrados, congresistas, académicos y funcionarios del Estado, la presidenta de la Jurisdicción Especial para La Paz, Patricia Linares, abrió el evento que conmemora un año de funcionamiento de esa jurisdicción y cuyo nombre es: “JEP y Víctimas. Balance y proyección”, con un discurso sobre los avances de las salas y comisiones de en su primer año de funcionamiento.

Linares destacó que justo hace un año Colombia recibía a la JEP en medio de una fuerte polarización. Si bien una gran parte del país le abría las puertas a un nuevo y novedoso sistema, existía otra que ratificaba su falta de confianza frente a “un modelo desconocido, inédito, sobre el que pesa la incertidumbre de generaciones que vieron naufragar otros intentos de paz”.

Ha sido, según la presidenta, “un camino complejo y difícil e intenso”. Sin embargo, dio un balance positivo sobre la ejecución de los magistrados durante año y celebró que hoy el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición sea una realidad que día a día se abre paso. “Hoy las entidades que la constituyen son realidades jurídicas y éticas, que avanzan articuladamente con el único y principal propósito de contribuir a la paz y a la reconciliación de Colombia”, agregó Linares.

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El primer resultado, destacó la magistrada, fue el reconocimiento de 32.200 de víctimas en los cinco grandes casos seleccionados y priorizados, a partir de dos criterios: primero, los tipos de victimización que azotaron al país durante cinco décadas, y segundo, el impacto devastador que sufrieron extensos territorios y comunidades altamente vulnerables.

También resaltó la participación de 105 víctimas en el marco de las 13 audiencias públicas y privadas convocadas por las salas, además de los 168 informes recibidos por parte de diferentes actores, incluyendo instituciones del Estado.  Destacó el trabajo de organizaciones sociales, que hasta hoy han entregado 62 de ellos.

Para la magistrada, ha sido clave “construir confianza y legitimidad entre los comparecientes”. No en vano, hoy 11.661 personas se han comprometido a comparecer ante la JEP. De ellas, 9.687 corresponden a las FARC-EP y 1.938 a integrantes de la Fuerza Pública. Linares resaltó que el 90 % de ellas han respondido a las solicitudes de los magistrados.

Asimismo, destacó el fortalecimiento de las relaciones con las organizaciones sociales y los entes territoriales en 19 zonas del país. Su presencia ha ayudado a asesorar a las víctimas para la elaboración de informes escritos u orales y la ejecución de consultas con las comunidades étnicas en tanto receptoras de los más graves impactos de la guerra.

La presidenta se refirió también a las decisiones trascendentales que deberá tomar la JEP en este 2019 y enfatizó que no serán tomadas a partir de las presiones políticas o mediáticas, “pues el costo pondría en riesgo el proceso mismo y desconocería la esencia… pueden tener la certeza y la tranquilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz actúa y actuará respetando el Estado de Derecho y el marco normativo nacional e internacional que se le impone”.

Aunque reconoció que aún hay sectores del país que tienen críticas sobre el sistema, recalcó que la Jurisdicción es de paz, no de venganza o retaliación. Su cometido, entonces, es “la verdad como presupuesto necesario para la reparación integral de casi 9 millones de víctimas y el aporte a la superación de las causas estructurales de una guerra interna que ha cobrado más de 280 mil víctimas mortales, más de siete millones de desplazados internos, medio millón de refugiados y exiliados alrededor del mundo, 84 mil desaparecidos, 37 mil secuestrados, 15 mil víctimas de violencia sexual y 9 mil víctimas de minas antipersona y munición sin explotar, entre otras”.

Finalmente, Linares hizo un reconocimiento a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado por el cumplimiento de sus funciones, y a la Fiscalía y a la Contraloría por la elaboración de los informes que han sido insumos importantes para la construcción de los grandes casos que adelantará la JEP.

Finalmente, agradeció a las miles de víctimas que exigen verdad, reparación, dignificación y visibilización en esta era de posconflicto, y recordó a las 164 familias de los líderes sociales y las víctimas que han sido asesinadas en los últimos meses: “A ellas nuestro reconocimiento y solidaridad y el llamado categórico de nuestra parte para que nos unamos como sociedad y las defendamos, contribuyendo así a que se silencien definitivamente los fusiles”.

En compañía de las víctimas del conflicto armado, magistrados, congresistas, académicos y funcionarios del Estado, la presidenta de la Jurisdicción Especial para La Paz, Patricia Linares, abrió el evento que conmemora un año de funcionamiento de esa jurisdicción y cuyo nombre es: “JEP y Víctimas. Balance y proyección”, con un discurso sobre los avances de las salas y comisiones de en su primer año de funcionamiento.

Linares destacó que justo hace un año Colombia recibía a la JEP en medio de una fuerte polarización. Si bien una gran parte del país le abría las puertas a un nuevo y novedoso sistema, existía otra que ratificaba su falta de confianza frente a “un modelo desconocido, inédito, sobre el que pesa la incertidumbre de generaciones que vieron naufragar otros intentos de paz”.

Ha sido, según la presidenta, “un camino complejo y difícil e intenso”. Sin embargo, dio un balance positivo sobre la ejecución de los magistrados durante año y celebró que hoy el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición sea una realidad que día a día se abre paso. “Hoy las entidades que la constituyen son realidades jurídicas y éticas, que avanzan articuladamente con el único y principal propósito de contribuir a la paz y a la reconciliación de Colombia”, agregó Linares.

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El primer resultado, destacó la magistrada, fue el reconocimiento de 32.200 de víctimas en los cinco grandes casos seleccionados y priorizados, a partir de dos criterios: primero, los tipos de victimización que azotaron al país durante cinco décadas, y segundo, el impacto devastador que sufrieron extensos territorios y comunidades altamente vulnerables.

También resaltó la participación de 105 víctimas en el marco de las 13 audiencias públicas y privadas convocadas por las salas, además de los 168 informes recibidos por parte de diferentes actores, incluyendo instituciones del Estado.  Destacó el trabajo de organizaciones sociales, que hasta hoy han entregado 62 de ellos.

Para la magistrada, ha sido clave “construir confianza y legitimidad entre los comparecientes”. No en vano, hoy 11.661 personas se han comprometido a comparecer ante la JEP. De ellas, 9.687 corresponden a las FARC-EP y 1.938 a integrantes de la Fuerza Pública. Linares resaltó que el 90 % de ellas han respondido a las solicitudes de los magistrados.

Asimismo, destacó el fortalecimiento de las relaciones con las organizaciones sociales y los entes territoriales en 19 zonas del país. Su presencia ha ayudado a asesorar a las víctimas para la elaboración de informes escritos u orales y la ejecución de consultas con las comunidades étnicas en tanto receptoras de los más graves impactos de la guerra.

La presidenta se refirió también a las decisiones trascendentales que deberá tomar la JEP en este 2019 y enfatizó que no serán tomadas a partir de las presiones políticas o mediáticas, “pues el costo pondría en riesgo el proceso mismo y desconocería la esencia… pueden tener la certeza y la tranquilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz actúa y actuará respetando el Estado de Derecho y el marco normativo nacional e internacional que se le impone”.

Aunque reconoció que aún hay sectores del país que tienen críticas sobre el sistema, recalcó que la Jurisdicción es de paz, no de venganza o retaliación. Su cometido, entonces, es “la verdad como presupuesto necesario para la reparación integral de casi 9 millones de víctimas y el aporte a la superación de las causas estructurales de una guerra interna que ha cobrado más de 280 mil víctimas mortales, más de siete millones de desplazados internos, medio millón de refugiados y exiliados alrededor del mundo, 84 mil desaparecidos, 37 mil secuestrados, 15 mil víctimas de violencia sexual y 9 mil víctimas de minas antipersona y munición sin explotar, entre otras”.

Finalmente, Linares hizo un reconocimiento a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado por el cumplimiento de sus funciones, y a la Fiscalía y a la Contraloría por la elaboración de los informes que han sido insumos importantes para la construcción de los grandes casos que adelantará la JEP.

Finalmente, agradeció a las miles de víctimas que exigen verdad, reparación, dignificación y visibilización en esta era de posconflicto, y recordó a las 164 familias de los líderes sociales y las víctimas que han sido asesinadas en los últimos meses: “A ellas nuestro reconocimiento y solidaridad y el llamado categórico de nuestra parte para que nos unamos como sociedad y las defendamos, contribuyendo así a que se silencien definitivamente los fusiles”.